11/10/18

BENETTON Y SU NUEVO NEGOCIO EN ARGENTINA: CACERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE GUANACOS


A veces la realidad no deja de sorprendernos: si bien la campaña sistemática encarada por el Grupo Benetton con el objetivo de quedarse con territorio de los Pueblos Originarios (despojo mediante y teniendo a su disposición la totalidad del aparato represivo del Estado, cuyo punto cúlmine es sin dudas la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado) ha sido lo peor que ha exhibido esta corporación en la República Argentina; ahora nos encontramos con otro negocio millonario de esta corporación, basado en el lucro particular por el usufructo de un bien protegido que pertenece a todos los habitantes del país, que lamentablemente cuenta con todos los avales del estado: la cacería de guanacos y la comercialización de su carne, a pesar de tratarse de una especie de la fauna autóctona (y por lo tanto, patrimonio de todas y todos) y protegida por CITES (Concención Internacional contra el Tráfico de Especies Silvestres). Entendemos que el objetivo de esta acción no es el aprovechamiento de la especie en sí, sino eliminarla de sus propiedades.

El Grupo Benetton no quiere guanacos en sus propiedades


A modo de tener un contexto previo para encarar la lectura de esta nota, sugiero echarle un vistazo al trabajo de investigación que realizamos en este espacio de expresión sobre el Grupo Benetton en Argentina haciendo click acá.

Para llevar adelante el negocio de la cacería de guanacos y la comercializacón de su carne en el país y el exterior, Benetton (una corporación transnacional que ya cuenta con un enorme imperio tan sólo en Argentina) primero armó un andamiaje de empresas nuevas y luego realizó acciones de lobbying corporativo ante el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Cruz, para obtener las autorizaciones para realizar esta actividad que está prohibida en todo el mundo.
Los últimos balances de las empresas del Grupo Benetton revelan en total un capital neto de casi € 13.000.000.000.- (trece mil millones de euros), con lo cual estamos hablando de una de las corporaciones más grandes del mundo, nucleadas en el holding Edizione.
Desde ya, la campaña de difamación pública lanzada oportunamente por Benetton contra los Pueblos Originarios (a través de los medios hegemónicos de la República Argentina y el aparato comunicacional del Estado en todos sus ámbitos) ha tenido como finalidad quedarse con sus tierras y generar una cortina de humo para ocultar las maniobras que realizan sus lobbystas locales para dar un marco legal a este tipo de negocios espurios; como lo es el tráfico de especies protegidas de la fauna nativa, uno de los negocios ilegales más redituables del mundo, después del narcotráfico y la venta de armas.
En el medio, se cruza el debate por la hegemonía de la ganadería ovina en Santa Cruz y su lobbyng corporativo, algo respecto de lo cual existe abundante material escrito, tanto respecto de su imposición histórica como actividad económica preponderante, mal llamada economía regional (ya que se trata de una explotación de tipo enclave que incide muy poco en las estadísticas de empleo y fuga la casi totalidad de sus ganancias), que solamente beneficia una selecta oligarquía local descendiente de los colonos ingleses que financiaron la "conquista del desierto"; y que hoy únicamente está amenazada por el avance irrestricto de la megaminería y el fracking en las zonas ganaderas de Sata Cruz y no por el guanaco, como pretenden infundadamente hacer creer los empresarios latifundistas.


Ganadera Cóndor

La Estancia El Cóndor (Benetton) tiene 220.000 hectáreas de
superficie, 30 kilómetros de costa en el Océano Atlántico y
80 kilómetros de frontera con Chile, incluido un paso por ruta.
Ganadera Cóndor (GC) es una suerte de empresa fantasma, que en pocos meses apareció como una PYME y luego se capitalizó mil veces (diez mil por ciento), para convertirse en una de las corporaciones ganaderas más grandes de la Patagonia. En el medio cambió dos veces de directorio y de propósitos empresariales.

Según una publicación del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) del 21/11/2016, el grupo Benetton, a través de sus representantes locales, registró formalmente una nueva sociedad denominada "Ganadera Cóndor" (GC) con un capital de $ 120.000.- monto que resulta a todas luces excesivamente exiguo en relación a las millonarias inversiones del Grupo Benetton.

El agente local no es otro que el argentino Diego Perazzo, el máximo representante del Grupo Benetton en Argentina y apoderado legal de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), quien se presenta en representación del holding Edizione, la corporación madre que controla todas las empresas del Grupo Benetton en el mundo. No obstante, la sociedad que se inscribe es argentina y originalmente está constituida por argentinos. Perazzo aparece al principio como presidente de esta nueva sociedad.

Un mes después, la sociedad GC se inscribe en AFIP. Lo curioso es que según el BORA, la sociedad formalmente constituida tiene como objetivo explotación de establecimientos agroganaderos, industrialización de productos y subproductos de este origen y comercialización de los mismos. Sin embargo, en su inscripción tributaria, la empresa declara además de lo anterior otras actividades como caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, servicios empresariales y transporte de sustancias refrigeradas. Hasta donde se puede saber, todos estos cambios no aparecen en las actas de la sociedad.

Meses después, una publicación del BORA del día 03/05/2017, da cuenta de la conformación un mes antes del directorio de GC, donde vuelve a aparecer Perazzo como presidente y dos directores argentinos que también están en CTSA: Guillermo José Ryan, Gabriel Andrés Levy y Alberto Muzzachelli.

En otra publicación del BORA, del día 05/04/2017, aparece que CTSA realiza una transferencia extraordinaria de dinero a GC por un total de $ 124 millones (aproximadamente el 22% del total de su capital declarado que es de $ 590 millones), en una maniobra que multiplica el capital de la nueva sociedad por mil (o sea, un diez mil por ciento). El otro detalle es que las dos firmas tienen el mismo domicilio.

Finalmente, el 02/07/2018 aparece una nueva publucación en el BORA (esta vez con tres meses de retraso), respecto de cambios en el directorio de GC. En este caso, aparece como presidente Carlo Benetton y como vice Perazzo, además está Leone Benetton (hijo de Carlo) como director titular. Lo loco de todo esto es que Carlo Benetton murió días después, el 10/07/2018.

Con todos estos datos surge el interrogante respecto del motivo que ha llevado al Grupo Benetton a dividir sus inversiones ganaderas en Argentina, en dos empresas conformadas prácticamente por las mismas personas extranjeras y argentinas.
Una posible causa podría ser que Ganadera Cóndor es una empresa fantasma creada para dividir los activos de CTSA ante la posibilidad de que sea alcanzada por las leyes antimonopolio de Argentina o por la legislación que restringe la tenencia de tierras a extranjeros en zonas de frontera. En las publicaciones del BORA sólo se habla de montos de dinero, desconociendo concretamente cómo fue la división de bienes entre CTSA y GC.
De cualquier manera, el nombre es muy sugerente: la Estancia El Cóndor (la última adquisición de CTSA) está en gran parte rodeada por la frontera con Chile y el Océano Atlántico, donde ningún extranjero debería ser propietario sin autorización del Estado Argentino, previa rigurosa evaluación. Para sortear esto, es que pudieron haber transferido este bien a GC, una sociedad conformada en los papeles por argentinos y una vez anotada la Estancia El Cóndor en el Registro Nacional de la Propiedad, Benetton pasa a presidir la sociedad. Aunque por el tiempo transcurrido desde la compra hasta la conformación de GC, esta maniobra aparentemente no tendría sentido...
Recordemos también que en el escrito anterior sobre el Grupo Benetton se dio cuenta que Lázaro Báez (testaferro de la familia Kirchner y ex-amigo de Carlo Benetton) realizó numerosas transacciones comerciales con el grupo italiano, entre las que se cuentan la adquisición de 3 de las 25 estancias que poseía hasta ser procesado por la justicia. Luego de estas adquisiciones, en 2015, quiso comprarle la Estancia el Cóndor a CTSA, resultando que ante la negativa inicial terminó realizando diversas maniobras extorsivas contra Benetton e incluso operetas de prensa donde se afirmaba que ya la había adquirido, cuando en realidad eso no era así. Es probable también que los magnates italianos quisieron asegurarse que esto no volviera a ocurrir...
Recordemos además que esta operatoria de la empresa Ganadera Cóndor y sus maniobras de transferencia de activos y cambios repentinos de directorio, ya ha ocurrido varias veces en la historia empresarial de Argentina. Sin ir más lejos, tenemos el caso del británico Joseph Lewis en los años '90, que adquirió el campo que rodea el Lago Escondido en zona de frontera: la sociedad que hizo la compra estaba conformada por argentinos y una vez realizados los trámites de legitimación ante la Dirección de Zonas de Frontera y erl Registro Nacional de la Propiedad, los miembros de la sociedad cambiaron para pasar a ser él directamente el titular.

De todos modos, hay otro motivo para dividir la sociedad, que es este nuevo y prometedor negocio del Grupo Benetton en Argentina. Y para corroborar ello, una nota periodística de estos días da cuenta que es Ganadera Cóndor (y no CTSA) la empresa de Benetton que está directamente involucrada en este negocio específicamente.


La gestión de la gobernadora Alicia Kirchner está totalmente
consustanciada con los negocios de Benetton en Santa Cruz
y ha avalado con medidas oficiales todos sus requerimientos.
Acá aparece en el Frigorífico Faimali, junto a los patrones de
estancia del grupo italiano, en un acto oficial con motivo de
realizarse la primer faena de guanacos y su embalaje para
exportar la carne.
Frigorífico Faimali

Este establecimiento (con sede en Río Gallegos y sucursales en Tierra del Fuego) fue creado a mediados de los '80 por la familia Jamieson (terratenientes y grandes productores ovinos locales descendientes de los primeros colonos ingleses de esa provincia) para faenar corderos. La crisis en la ganadería ovina generada por las erupciones del Volcán Hudson casi hace desaparecer a la empresa. En ese entonces, parte del capital accionario del frigorífio es adquirido por la familia Kirchner y su crecimiento comenzó a ser sosotenido y exponencial desde que Nestor fue presidente. Es en estas circunstancias en que curiosamente por decisión del Gobierno Nacional, la exportación de carne ovina quedó exenta en su totalidad de las retenciones impuestas al resto de las exportaciones de carne durante las gestiones kirchneristas, que rondaba el 15%. En aquel entonces el Frigorífico Faimali era el principal exportador de esta producción, que rondaba las 3200 toneladas de carne ovina, siendo además el que procesa toda la producción de otra exportadora que es Estancias de la Patagonia. La capacidad operativa del establecimiento está montada para faenar 450.000 ovejas por año. Además, es el único que procesa en escala industrial carne de liebre, también para exportación en su totalidad.
No se tiene el dato exacto de cuándo fue que el grupo Benetton ingresó como accionista del Frigorífico Faimali, pero se sabe que ya en el 2008 poseía el 33% y para el año 2015 ya tenía el 62%. Tampoco se sabe cuándo y cómo se retiró la familia Kirchner de la empresa, ya que hasta donde se pudo averiguar, hoy no están en el directorio ni poseen acciones de la firma, por más que han tenido vínculos muy estrechos con la familia Jamieson, fundadores de la firma que aún son parte de la misma...
Actualmente, la web del Frigorífico Faimali directamente dice que la empresa pertenece a la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), del Grupo Benetton, sin dar detalles respecto de su real composición accionaria. Sin embargo, nuevamente en este caso el Boletín Oficial es un instrumento público revelador de este tipo de información que normalmente los canales institucionales de las empresas mantienen en reserva.
En este caso, tenemos el Boletín Oficial del Gobierno de Santa Cruz, en su edición del 2 de octubre de 2014 (pag. 15), que da cuenta que en ese entonces el capital dela firma era de 12 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares al cambio oficial de ese entonces), lo cual representa una parte muy ínfima del negocio del Grupo Benetton en Argentina. Desde ya, el negocio de la exportación de carne ovina representa cinco veces más que ese monto, a eso hay que agregarle los beneficios de este nuevo negocio del guanaco, aún no determinados. Con esto, tenemos al menos una pista de que esos números están dibujados...
En el mismo documento público se da cuenta que el directorio de la firma se conforma de miembros de CTSA y de la familia Jamieson. Nuevamente aparecen los nombres de Diego Perazzo, Alberto Muzzachelli, Gabriel Levy y Oscar Longhi; personas estas que aparecen, como ya dijimos, en los directorios de las otras empresas de Benetton en Argentina, como ser la CTSA, la nueva empresa Ganadera Códor, la minera canadiense Minsud y su subsidiaria local Minera Sud Argentina. Por la familia Jamieson figuran dos representantes. Además de ello, el presidente y vice de la firma son Marcelino Díaz y Miguel O'Byrne, representantes locales de Benetton en Santa Cruz.
La ruta comercial de la producción del frigorífico Faimali es bastante extraña: la producción va en camiones 800 kilómetros desde Río Gallegos hasta Puerto Deseado, donde se embarca al exterior. Esta operatoria para desplazar por tierra toda su producción al puerto de aguas profundas más alejado de la provincia implica un desplazamiento que requiere de aproximadamente 1.000 viajes en camión por año, 1600 km. ida y vuelta, por la ya colapsada Ruta Nacional 3, única vía troncal asfaltada de esa provincia. Aparentemente, esta modalidad fue acordada hace años atrás para hacerse beneficiarios del no cobro de retenciones a las exportaciones.


Contaminadores seriales...

Vertidos del frigorífico Faimali en la Ría de Gallegos
Desde que el frigorífico Faimali se expandió de la mano del grupo Benetton, empezaron a haber problemas ambientales en Río Gallegos, donde se ubica su planta, precisamente a la vera de la "ría" (brazo de mar que entra al continente, donde se mezclan las aguas oceánicas saladas con las dulces provenientes de los ríos que allí desembocan). Concretamente las denuncias datan de 10 años atrás y dan cuenta del vertido de grandes cantidades de sangre proveniente de la faena a través de cañerías que vuelcan a la Ría de Gallegos. Estos vertidos contaminan el agua de la ría, producen olores nauseabundos y generan malestares respiratorios en la población circundante.
El frigorífico Faimali además está acusado de realizar quemas ilegales de sus deshechos sólidos, cuyas emanaciones son percibidas por los vecinos de la planta.
Desde ya, la empresa no se hace cargo de gestionar sus vertidos, así como tampoco el gobierno de Santa Cruz de sancionarlos por la contaminación que generan. Es el Estado quien con fondos públicos y créditos tomados en el exterior que paragemos todas y todos, está montando la infraestructura necesaria para llevar adelante esta tarea.
Desde ya, las sanciones para Benetton no caben en este sentido, al menos en la actual gestión provincial de Alicia Kirchner; ya que por la participación en el pasado de la ex-familia presidencial en los negocios de la empresa y el actual impulso del gobierno provincial a su negocio particular de la cacería de guanacos y comercialización de su carne, eso prácticamente sería imposible.


Los mandamás de Benetton en Santa Cruz

Marcelino Díaz y Miguel O'Byrne, representantes de Benetton en Santa Cruz
Así como en la anterior entrega sobre el grupo Benetton mencionamos que el apoderado legal de las empresas de Benetton es Diego Perazzo y su mandamás en las estancias de Chubut es Ronald Mc Donald, en Santa Cruz el personaje que ocupa este rol es Marcelino Díaz, quien está vincilado al grupo italiano desde que adquirió la Estancia El Condor, a fines de los '90s.
De la poca información que se tiene de esta persona se sabe que es un reconocido dirigente ruralista de Río Gallegos, con destacada participación en la Federación de Entidades Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). El actual presidente de esta entidad es Miguel O'Byrne, que también es representante de Benetton en GC y FF.

El otro dato concreto que se tiene es que Marcelino Díaz está inscripto en AFIP como empleador dueño de una empresa transportista de cargas refrigeradas en camiones. Con esto queda claro también que la operatoria de sacar la mercadería de expotación por Puerto Deseado, atravesando toda la provincia de Santa Cruz por tierra, es un costo que queda entre socios comerciales: Benetton contrata a la empresa de camiones de la misma persona que es su mandamás local.
El rol de Marcelino Díaz es fundamental en la operatoria previa de desinformación publica respecto del guanaco, para generar las condiciones propicias con la finalidad de abrir el negocio de su cacería y la comercialización de su carne por parte del Grupo Benetton; así como el lobbyng ejercido por este individuo en los diferentes estamentos del estado provincial y nacional, con el fin de obtener las autorizaciones para esta actividad prohibida a nivel internacional.
El mismo rol cumple Miguel O'Byrne, aunque esta persona es más bien la encargada de defender los intereses de Bentton ante el Estado y las entidades ruralistas que integra: la ya mencionada federación y la Sociedad Rural de Río Gallegos. Además de esto, tiene un cargo de "consejero regional" en el INTA sede Regional Patagonia Sur, y una consultora empresarial particular.


Un negocio basado en la mentira

En Santa Cruz hay un mito infundado respecto de que el guanaco "representa una plaga", el cual está basado exclusivamente en supuestos de particulares vinculados al negocio de la ganadería ovina y replicada por funcionarios provinciales y medios pautados, no habiendo ningún dato científico de base empírica respecto de cuánta es verdaderamente la población de esta especie naitva y menos aún, si realmente incide en esta actividad; que vale bien aclarar, se trata de una modalidad comercial que impacta negativamente en el medio natural y que jamás fue sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo exige la Ley Nacional 25.675.
Conviene tener en cuenta que numerosas publicaciones del CONICET dan cuenta de que la dieta del guanaco es en buena parte diferente de la del ganado ovino y mucho menor en cantidad: una oveja consume más del doble de alimento que un guanaco: de acuerdo a los diversos estudios que hay, las ovejas pueden comer en promedio hasta 530 kg de forraje por año; en cambio, los guanacos como mucho llegan a consumir 240 kg de forraje por año.
Además de esto, el guanaco con sus dientes aflilados corta las plantas por su follaje (como si fuera una podadora), en lugar de la oveja, que con su dentadura roma, las arranca de raiz, provocando la desertificación de los campos, tal como se puede constatar en vastos sectores de la provincia depredados por la ganadería ovina.
Conviene aclarar que (contrario a lo que sostienen infundadamente funcionarios y empresarios ganaderos) en todos los ámbitos científicos nacionales (e incluso a nivel internacional) hay un indudable consenso respecto de que el principal factor de desertificación y destrucción de la vegetación y el suelo en toda la Patagonia es la ganadería ovina. Además de ello, la Patagonia constituye la región de la República Argentina con mayor índice y cantidad de hectáreas desertificadas, con lo cual estamos en condiciones de afirmar que la ganadería ovina en la Patagonia es el mayor aportante la desertificación en todo el territorio nacional. El problema del sobrepastoreo ovino en la Patagonia es histórico y recurrente y ha sido motivo de numerosos estudios científicos que lo han demostrado de manera sistemática con datos fehacientes.
Estos datos están corroborados en el Mapa de la Desertificación de la República Argentina, en donde la provincia de Sata Cruz es la que mayor superficie desertificada presenta en todo el país (tanto en cantidad de hectáreas como en porcentaje respecto al total), siendo notable además que dentro del grado de desertificación, en Sata Cruz predomina la de tipo severa.
El otro dato no menor, es que (según el mapa anterior) la zona donde se localiza la Estancia El Cóndor es la que menos problemas presenta de defertificación y sobrepastoreo, con lo cual no existen fundamentos de índole técnico-científico para justificar la eliminación del guanaco en este establecimiento.
Con esto queda claro que el guanaco no arruina los campos ni los desertifica (sino que lo que lleva a esa situación es la propia ganadería ovina) y lejos está de poder ser considerado una plaga, ya que se trata de una especie natva que ocupa su propio hábitat de donde es originario. Tampoco se lo puede considerar estrictamente un competidor con las ovejas, puesto que la dieta en ambos casos es diferente y sólo compiten en caso de sobrecarga ganadera, un tema del cual en Santa Cruz "no se habla".
Mapa de la desertificación en la Republica Argentina
(click acá para ampliar)
Con respecto a la población de guanacos en Santa Cruz, los lobbystas de Benetton han llegado a tirar números de hasta 2 millones de individuos en toda la provincia, diciendo además que consumen el doble de forraje que una oveja, datos falaces que no tiene nigún tipo de respaldo técnico. Es más, ninguna entidad ganadera privada u organismo oficial del gobierno provincial ha efectuado un censo de la población de esta especie con metodología científica, así como tampoco de su dieta. Ni siquiera el INTA tiene el dato concreto, a pesar de que cada tanto hace conteos en vuelos aéreos y extrapolando a la superficie total de un territorio a considerar, metodología con elevados márgenes de error y basada casi por completo en cálculos probabilisticos, que no está avalada científicamente por ninguna institución idónea en materia de ecolgía y/o ciencias biológicas. Esta técnica es la que también emplea el Gobierno de Santa Cruz, que afirma que la población es de 1.300.000 guanacos, dato que tampoco cuenta con aval científico.
Los censos de camélidos americanos realizados con metodologías científicas avaladas internacionalmente, basadas en el conteo directo y sistemático de individuos a través de transectas periódicas efectuadas en el campo, dan cuenta de que en toda la Provincia de Santa Cruz la población ronda entre los 250.000 y 300.000 individuos.
Teniendo en cuenta que este dato es de hace 8 años y que en el supuesto caso que el guanaco no sea cazado y su habitat se encuentre en condiciones (ninguna de las dos cosas ocurre actualmente), el crecimiento vegetativo de la población podría llegar a ser de entre 10 y 12 % interanual (muy lejos del 15 a 20 % que sostienen los empresarios ganaderos y funcionarios de Santa Cruz). Con estos números, el cálculo más optimista que nos puede dar esta metodología para inferir la verdadera población actual de guanacos es de 700.000 individuos y el menos optimista de 500.000 individuos. Tomando este número y teniendo en cuenta que el hábitat de esta especie actualmente abarca las dos terceras partes de la provincia, estamos hablando de una densidad de un guanaco cada 30 hectáreas en el mejor de los casos.
Tomando el promedio de este rango y la superficie de la Estancia El Cóndor (220.000 has.) en relación al total del hábitat del guanaco en la Provincia de Santa Cruz, en dicho establecimiento deberían haber como máximo 7.000 guanacos. Este sería el dato más aproximado que se puede obtener, ya que hasta donde se pudo averiguar, en ese establecimiento jamás se hizo una transecta; de todos modos, como se verá más adelante, este número casi coincide con la cantidad autorizada para la cacería, lo cual da cuenta de que, como concluimos al final del trabajo, el objetivo final de Benetton con respecto a esta especie nativa en el fondo no es el aprovechamiento económico, sino, lisa y llanamente, la eliminación de la misma dentro de sus propiedades...

En contraposición a los datos de la población de guanacos, se dispone de las estadísticas oficiales respecto de la cantidad de ovejas que hay en esa provincial: rondando entre 2.800.000 y 3.100.000 ovejas, según el INTA, dato que se va a corroborar cunado finalice el censo nacional agropecuario que se está llevando a cabo en este momento. Este dato se contrapone a lo expuesto por las entidades rurales que afirman que las ovejas en esa provincia no llegan a 1.200.000 cabezas. No es una novedad en el ámbito rural que históticamente los dueños de los campos retaceen esta información o la den de manera parcial, ya que de estos números dependen en gran medida los impuestos que pagan...
Según datos extraoficiales, en la Estancia El Cóndor habrían 80.000 ovejas. Si se aplicara la fórmula de capacidad de carga ganadera para el tipo de forraje que presenta ese establecimiento (uno de los de mejor calidad de la Patagonia árida) que sería de aproximadamente 0,3 ovejas/hectáreas, el campo podría soportar con holgura una dotación de 68.000 ovinos; con lo cual, la estimaión anterior está dentro de los parámetros lógicos. Consecuentemente, en dicho latifundio hay 10 veces más ovejas que guanacos... ¿cuál de los dos es la plaga entonces?
De esta manera, temos por un lado el dato de las estadísticas oficiales y los censos realizados por instituciones científicas que dan cuenta que en Santa Cruz la población de guanacos es aproximadamente 8 veces menor que la de ovejas; y por otro lado el dato inventado por los lobbystas de Benetton, que dicen (infundadamente, claro está) que hay el doble de guanacos que de ovejas en esa provincia.
Sin embargo, cuando se habla de negocios, para el gobierno y los medios hegemónicos la palabra calificada es la del dueño de ese negocio, la sus representantes o la de sus voceros de prensa, por más que ésta sea infundada, intentando expresar una erudición en materia de ecología y medio ambiente que en verdad no tienen, y descartando de plano cualquier tipo de consideración científica al respecto...

Algo que tampoco se informa, pero que se sabe extra-oficialmente, es que en la Estancia El Cóndor hay una gran cantidad de locaciones petroleras. Es más, en algunos medios se ha filtrado solapadamente que el pago de las petroleras por el usfructo de su propiedad resulta ser más rentable para el Grupo Benetton que la ganancia que percibe por la actividad ganadera que se desarrolla en el establecimiento. Desde ya, hasta un principante en las ciencias del ambiente, pude determinar que la actividad hidrocarburífera intensiva (como la que se desarrolla en ciertos sectores de la Estancia El Cóndor) puede incidir negativamente mucho más en la ganadería ovina que cualquier factor natural.


Los accidentes en las rutas

Una de las excusas que se han puesto para  justificar la cacería del guanaco es la ocurrencia de accidentes viales en las rutas de esa provincia, algunos de ellos fatales. Al respecto, conviene considerar dos puntos:
El primero es que la infraestructura vial de esa provincia no cuenta con ninguna medida como las especificadas internacionalmente para la salvaguarda de la fauna nativa y la preservación de sus corredores biológicos; así como tampoco existe en la mayoría de las rutas señalización que advierta respecto de las precauciones a tomar respecto de la posibilidad de cruzarse con ejemplares de la especie.
El segundo es que en esa provincia no existe ningún tipo de restricciones a la velocidad máxima recomendada para aquellas rutas que atraviesan zonas con cruce de fauna nativa, que es entre 60 y 80 Km/h, según las densidades y topografía del terreno. Más allá de esto, tampoco hay en esa provincia controles viales en estas zonas.
Con esto, se demuestra sin más, que la responsabilidad por accidentes viales provocados por colisiones a guanacos es exclusivamente por falta de infraestructura adecuada en las obras viales de esa provincia, falta de señalización y/o advertencia en esas zonas, así como de imprudencia de los conductores al circular a muy altas velocidades en zonas con cruce de fauna.


Experiencia de silvestría de guanacos en la Reserva La Payunia
(Mendoza), llevada a cabo en todas sus estapas por la población
local: Arreo y encierre, esquila y liberación, y finalmente el proceso
industrial del hilado de la lana. Esto es "desarrollo sustentable",
no lo que quiere hacer Benetton con los guanacos de Santa Cruz.
Nada de uso sustentable para el guanaco en Santa Cruz, a pesar de que ya hay experiencias en otros lugares


Como se sabe, en diferentes lugares del país donde habita el guanaco se han realizado experiencias exitosas de uso sustentable de dicha especie, que a su vez ha permitido su monitoreo efectivo. Desde ya, estas alternativa no entran en los parámetros de Benetton
Quien suscribe ha participado en una experiencia de silvestría de guanacos, consistente en el arreo, esquila y suelta, realizada anualmente por pobladores originarios en la Reserva La Payunia, Provincia de Mendoza, desde hacen ya 15 años. Esta experiencia consiste en arrear los guanacos hacia una manga especialmente montada, por donde son llevados hasta corrales en donde se los tiene por dos días y son esquilados, mientras se les hace estudios biológicos y genéticos y se los individualiza y marca para luego seguirlos en sus rutas migratorias. Además de ello, los mismos puesteros realizan el hilado de la lana, ya sea de manera manual, con técnicas tradicionales o procesándola en una planta con maquinaria especial montada en la zona, que también es de ellos. Esta experiencia en particular (además de preservar la especie) ha sido diseñada y subsidiada por el Estado para beneficiar directamente a la población local (nucleados en una cooperativa) y no a los terratenientes. Por este motivo reúne los tres requisitos para ser considerado una actividad en el marco del desarrollo sustentable: económico, social y ambiental.
En el caso de la cacería de la especie propiciada y realizada por Benetton, no hay sustentabilidad (a pesar de que ellos insisten en decir que sí), ya que en el plano ambiental se está apuntando sin más al exterminio de la especie dentro de un campo particular (con el eufemismo de un supuesto "control de la población), exclusivamente  para beneficiar a otra actividad más depredadora del medio natural, como lo es la ganadería ovina. En la faz económica, el beneficio es sólo para las empresas de Benetton: Ganadera Cóndor y Frigorífico Faimali. En el plano social tampoco hay sustentabilidad, ya que las empresas de Benetton son las que menos cantidad de empleados tienen, ya sea si se mide el porcentaje de trabajadores por cantidad de hectáreas, cantidad de ovejas o tamaño de la inversión o emprendimiento.


El Plan Nacional del Manejo del Guanaco y los incumplimientos del Gobierno de Santa Cruz

En el año 2006 la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación publica el documento del Plan Nacional del Manejo del Guanaco, el cual posteriormente fue aprobado por la Resolución 477/2006 de ese organismo.
Encabezado del Plan Nacional del Manejo del Guanaco,
documento oficial que data de 2006 y que al momento
no ha sido actualizado. La mayoría de los lineamientos
expuestos allí no han sido cumplido por Santa Cruz.
En este documento se reconocen (entre otras) como amenazas directas para la conservación del guanaco la interacción interespecífica con el ganado ovino y la consecuente degradación y fragmentación de su hábitat natural. O sea, este documento público de carácter técnico nuevamente está demostrando que el problema es el de la ganadería ovina sobre el guanaco y no al revés.
A su vez, en el mismo documento, se reconocen (entre otras) como amenazas indirectas para la conservación de la especie, la debilidad institucional para el control y monitoreo, la estructura y tenencia de la tierra (como factor clave del sobrepastoreo ovino y la consecuente degradación del suelo y la flora, así como del avance de la desertificación) y la falta de áreas naturales protegidas necesarias para la adecuada conservación de la especie, tanto en cantidad y proporción de superficie. Actualmente la Patagonia Árida presenta menos del 1% de su superficie bajo este estatus legal de protección y con gestión efectiva en el terreno, constituyendo en números aproximados unas 700.000 hectáreas dentro de un total de 80.000.000 de hectáreas.
Asimismo, el documento destaca claramente que una amenaza concreta para la conservación del guanaco es la percepción negativa por parte de los productores ganaderos, que lo consideran un competidor con el ganado ovino, aclarando dicho escrito oficial que siempre este sector ha sobredimensionado la población existente.
Ninguna de estas amenazas han sido analizadas y/o estudiadas por el Gobierno de Santa Cruz en su territorio, y menos que menos aún, abordadas por el esatado provincial. Los funcionarios sólo se han dejado llevar por las consideraciones de los empresarios ganaderos (especialmente los grandes), los cuales evidentemente tienen una visión sesgada por sus negocios particulares, que evidentemente son contrarios al interés general representado por la protección del ambiente y la conservación de la naturaleza.
El Gobierno de Santa Cruz incluso (por pedido expreso del empresariado de la ganadería ovina al que se le suma el lobbying corporativo de la megamineria) promueve la aberración de prohibir por ley la creación de nuevas áreas naturales protegidas en su territorio provincial. Desde ya, esta medida es contraria a los Principios de la Política Ambiental establecidos en la Ley Nacincial 25.675, al Convenio Internacional de Diversidad Biológica (aprobado por Argentina mediante Ley Nacional 24.375), a los postulados más básicos de protección ambiental a nivel mundial, establecidos en documentos de amplio consenso internacional, como por ejemplo los Objetivos del Milenio o los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Desde ya, el Plan Nacional de Manejo de Guanaco está advirtiendo que las áreas naturales protegidas existentes en el hábitat del guanaco son escasas y recomienda su amplicación en cantidad y sobre todo en superficie, con lo cual esta medida descabellada del Gobierno de Santa Cruz es también contraria a los postulados del Plan para conservar la especie.


El Plan de Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz

Las autoridades nacionales en materia de protección ambiental jamás exigieron a Santa Cruz regularizar todos estos incumplimientos y por el contrario, allanaron el camino para autorizar la cacería comercial de guanacos, exclusivamente como parte de un negocio de Benetton, basándose en un documento denominado Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, elaborado en 2014.
Curiosamente, de acuerdo a lo que informan los medios locales, este documento (no disponible en la web) no tuvo intervención de ninguna autoridad de aplicación en materia de protección ambiental y/o conservación de la naturaleza a nivel provincial y sólo intervinieron en calidad de observadores algunos técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del Conicet.
De la misma fuente se confirma que el documento fue redactado exclusivamente por los propios interesados en el negocio de la cacería del guanaco: representantes del Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (entidad privada que nuclea a todas las sociedades rurales de esa provincia). De hecho, la presentación oficial del mismo estuvo a cargo del presidente de esa entidad, Miguel O'Byrne, quien a su vez (como ya se dijo) es miembro del directorio de las empresas de Benetton en Santa Cruz. El resto de los que fuguran sólo intervinieron en la validación del mismo.
Con esto se infiere que el contenido de dicho documento responde específicamente a los intereses particulares de quienes lo redactaron o a sus socios comerciales. El propio Miguel O'Byrne en la presentación del mismo dijo que el objetivo de este plan provincial es viabilizar el aprovechamiento comercial de la carne y la fibra de guanaco...
Conviene aclarar que en este documento se estima que la población del guanaco en Santa Cruz era de un millón de individuos. Desde ya, se trata de una cifra determinada con un alto grado de impresición y metodología no sistemática. No obstante, esa cifra (aún con todo lo tendenciosa que es) resulta ser la mitad de lo que expresan públicamente los mismos representantes de Benetton que participaron de la elaboración del mismo, como excusa (infundada, calro está) para justificar su eliminación de sus latifundios.


Se lanza la cacería...

Una vez redactado, presentado y validado el Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, el gobierno provincial procede a autorizar la cacería comercial en la temporada 2016, sin contar todavía con aval de la autoridad de aplicación nacional. conviene aclarar además que ya desde hace unos años estaba autorizada en esta provincia la "cacería deportiva", aunque con una serie de requisitos que la limitaba bastante.
La autorización nacional llega un año después, mediante la Resolución 711/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, mediante la cual se habilita un cupo de 200 individuos para la comercialización y transporte nacional e internacional de productos o subproductos cárnicos.
Unos días después de aprobada esta resolución, se aprueba otra, la Resolución 766/2017,  del mismo organismo del gobierno nacional, que habilita un cupo adicional de 6.000 ejemplares. Lo curioso de esta resolución son dos cosas:
Por un lado, el crecimiento exorbitante del cupo fijado apenas días antes de la primera resolución, instancia previa reciente que además no figura ni en el articulado ni en los considerandos de la nueva resolución.
Por otro lado la conformación de una "mesa interinstitucional sobre el manejo del guanaco" en donde se incluye a reparticiones del Ministrio de Ciancia y Tecnología, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Producción, el INTI, el SENASA y el CONICET, dejando afuera a dos autoridades de aplicación fundamentales en este tema: el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) y la Secretaría de CITES (Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), a los que solamente se las notifica de la novedad.
El dato no menor de todo esto, es que el cupo de 6.200 guanacos autorizados a cazar casi coincide con la estimación de la población de esta especie en la Estancia El Cóndor mencionada con anterioridad en el presente escrito, con lo cual se vuelve a ratificar que el propósito verdadero de Benetton es exterminar esta especie de sus peopiedades, que en definitiva es a la conclusión que se arriba tras este extenso y fundamentado análisis.
Si bien las mencionadas resoluciones son en lo concreto genéricas, la movida estuvo en un todo planificada y direccionada por los representantes de Benetton en Argentina, siendo que, además son prácticamente los únicos que pueden llevar adelante el procedimiento conpleto: cacería, faenamiento, distribución interna y exportación. Los otros interesados en la cacería comercial de guanacos (pero que no participaron en la elaboración del programa) son los dueños de La Anónima (familia Braun Menendez), que también tienen estancias con guanacos en Santa Cruz; pero desde ya, tendrían que compartir el cupo autorizado...


En el fondo, la intención de Benetton es deshacerse de la especie

A un año de implementada la comercialización de carne de guanaco a nivel nacional e internacional, con toda la movida realizada por el estado provincial y nacional (tan sólo para beneficiar a un grupo empresario que no da empleo, no incide para nada en las economías regionales y fuga al exterior absolutamente todo lo que produce y que gana), los capitostes locales de Benetton salieron a decir que no les resuta rentable el negocio, sin respaldar con ningún dato concreto tales afirmaciones. No obstante, no presentaron ninguna solicitud para dejar sin efecto las autorizaciiones que tienen para matar esos 6.000 guanacos de la segunda resolución, cupo que empezarán a usar este año, luego de los 200 de la primera resolución que mataron el año pasado, como "prueba piloto" de la cual, desde ya, no se ha dado a conocer ningún resultado.
Con esto queda claro que el fin exclusivo de toda esta puesta en escena montada por Benetton, definitivamente es hacer desaparecer los guanacos de sus propiedades en Santa Cruz, en nombre del "desarrollo sustentable", de la misma manera que están haciendo con los Pueblos Originarios en Chubut, aparato represivo estatal mediante.
   

10/10/18

JOSÉ "PEPE" MUJICA Y EL PARADIGMA DEL LOBO DISFRAZADO DE CORDERO COMO CABALLO DE TROYA DEL EXTRACTIVISMO


El lobbyng corporativo de la megaminería en Chubut no tuvo mejor idea que llevar a Mujica a exponer sobre las bondades del modelo extractivista, junto al dirigente del Pro, Mario Capello, asesor del presidente Macri en temas de megamienría. Justo en esa provincia, cuna de la resistencia socioambiental en Argentina, como una suerte de estrategia comunicacional que apunta al supuesto poder de convenciomiento que tiene la gestualidad de este personaje en los grupos que conforman las asambleas ciudadanas que integran este ámbito de lucha popular..


Mujica y Rockefeller en uno de sus encuentros


Nada mejor que un falso prestidigitador para intentar quebrar el movimiento del No a la Mina

Como todes sabemos, desde el año 2000, las comunidades locales los distintos parajes, pueblos y ciudades de Chubut vienen resistiendo en el marco de la lucha social y las movilizaciones populares, el avance de la megaminería en sus territorios, así como denunciando la imposición deliberada de demás variantes del modelo extractivista, como ser fracking, deforestación, saqueo pesquero, monocultivos transgénicos con agrotóxicos, negocios inmobiliarios con la tierra pública, etc. Básicamente es una resistencia organizada en diferentes espacios que ha podido sostenerse en el tiempo, a pesar de los gobiernos y las estrategias del lobbyng corporativo empresarial para quebrarla o cooptarla. Esta lucha tiene su centro más emblemático en Esquel, desde donde la resistencia a la megaminería, organizada de manera horizontal y participativa desde las asambleas vecinales, se propagó al resto de la Comarca Andina y la Provincia de Chubut, así como también al resto de Argentina y Latinoamérica, siendo la movida de esta localidad y esta provincia ejemplo y guía de lo que después nos pasó a todes en nuestros territorios.

Con el advenimiento del macrismo se hizo más fuerte la intencionalidad del gobierno nacional de quebrar la resistencia chubutense a la megaminería, mediante dos estrategias concretas:

2) La organización de eventos con políticos y empresarios locales para instalar el tema y su supuesta necesidad, con el aporte de autoridades nacionales y figuras de la política y/o la vida social de los pueblos, así como también organizaciones privadas encargadas de lavar la cara de las corporaciones extractivistas y los desastres y saqueos que provocan en todo el mundo. Particularmente, el evento organizado por el ex-ministro Juan José Aranguren en la lejana localidad de Telsen, terminó teniendo el rechazo masivo de la población y la intervención policial para repirimir a los manifestantes que se habían autoconvocado en el lugar.
Aún así, al día de hoy la resistencia no pudo ser quebrada, sin embargo las operaciones del lobbying megaminero siguen siendo muy fuertes, al punto que tienen planeado modificar leyes para imponer sus planes devastadores, aún con el rechazo de las instituciones científicas de la provincia.

Hay varios ejemplos a lo largo de estos casi 20 años de luchas y resistencias que no voy a detallar, pero de los cuales hay abundante información en la web de la Asamblea de Esquel.

Mario Capello, asesor del presidente Macri en temas de megaminería,
ha llegado a decir que el cianuro se puede beber sin consecuencias
para la salud, cuando fueron los derrames tóxicos de Veladero. Es
quien acompañará la disertación de Mujica en Chubut, organizada
por Green Cross. Evidentemente, el gobierno nacional está muy atento
a esta movida, en la cual está directamente involucrado.
Ahora, gobierno y lobbystas quieren traer a José "Pepe" Mujica, ex presidente de Uruguay, para supuestamente convencer a las comunidades locales de la provincia respecto de las bondades de la "minería sustentable". Desde ya, en este espacio de expresión venimos escribiendo bastante respecto del bastardeo del concepto de sustentabilidad, como estrategia discursiva de las corporaciones extractivista para penetrar en la opinión pública de aquellos lugares que pueden presentar resistencia a sus planes devastadores.

Resumidamente, conviene aclarar que "minería sustentable" es al mismo tiempo un eufemismo y un oxímoron y su propalación como entelequia válida representa una subestimación a la iteligencia de las personas, ya que la minería es una actividad basada exclusivamente en la extracción de bienens naturales no renovables; o sea, que en algún momento se agotarán, con lo cual su desarrollo encierra en sí mismo el germen de su propia auto-extinción. A mayor abundamiento sugiero echarle un vistazo a una de las primeras publicaciones de este blog, que es un escrito que quien suscribe hizo hace casi 20 años y aún sigue teniendo vigencia.

Qué es Green Cross y qué hace en Chubut?

Quienes quieren traer a Mujica a Chubut (más precisamente a Puerto Madryn) son los cráneos de Green Cross, una organización privada internacional que opera bajo la modalidad de "fundación", con sede central en Suiza (paraíso fiscal) y oficinas o filiales en 28 países del mundo, que bajo el falso mote de ONG u "organización independiente" pretende (mediante acciones de marketing publicitario y lobbying) lavar la imagen de las corporaciones megamienras que están acusadas en todo el mundo de saquear, contaminar y cometer crímenes de lesa humanidad para llevar a cabo su extracción y negocio, quebrando las resistencias de las comunidades locales que se oponen a sus planes devastadores. Ya desde su nombre sugerente se sumerge en ese propósito: Cruz Verde.

Green Cross es una organización creada porel ex-líder soviético, Mihail Gorbachov, tras el desmembrmiento de la Unión Soviética y luego de haber recibido el Premio Nobel de la Paz por llevar adelante dicho proceso. Al principio comenzó siendo financiada con el dinero de ese galardón, pero luego con el proveniente de las ex-empresas rusas estatales que tras la caída del comunismo fueron apropiadas por la burguesía local que permaneció agazapada en esos años. Posteriormente, su estrategia de marketing corporativo se expandió al resto del mundo.
Desde ya, su accionar tiene como objetivo principal y excluyente justificar el avance del extractivismo en diferentes partes del mundo como única estrategia de desarrollo para la humanidad, empleando para ello estrategias de comunicacion corporativa junto a las empresas interesadas; constituyendo además una modalidad subrepticia de lavar el dinero sucio de las mismas. Las acciones públicas llevadas a cabo por Green Cross tienen el aval de diferentes estamentos de la ONU, como la UNESCO, el PNUMA, el Panel del Cambio Climático, etc; chaperío con el cual logra condiciones de permeabilidad en todos los estamentos de los estados locales para que le den cabida y aire a su discurso.  La filial argentina de Green Cross está en Buenos Aires y es presidida por Marisa Arienza Mallmann, personaje que no goza de ninguna simpatía en las comunidades locales donde esta organización ha estado operando.

Marisa Arienza Mallmann, presidente de Green Cross Argentina, siempre tiene a disposición los micrófonos de los medios hegemónicos de Chubut para decir lo que quiera. En la foto del medio junto al ya fallecido ex-gobernador de Chubut, Mario Das Neves. En la foto de la derecha aparece junto a algunos referentes sociales del interior de esa provincia, cooptados por Green Cross para participar de eventos a favor de la megaminería.

Green Cross ha sido una de las organizaciones contratadas por las corporaciones mineras en Chubut, para diseñar su estrategia publicitaria supuestamente amigable con el ambiente, de penetración en la población para quebrar la resistencia popular en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica (que es precisamente la modalidad extractiva particular dentro de la minería en general, que quieren aplicar de manera masiva en esa provincia). Es una de las principales impulsoras de la megaminería en la meseta central de esa provincia, con una retórica que alcanza ribetes mesiánicos, cuyas acciones, desde ya, son difundidas por el aparato comunicacional de las propias corporaciones.
Actualmente su intervención está siendo determinante para que el Estado en todos sus ámbitos vaya contra el espíritu de la Ley Provincial 5001 (madre de la Ley 7722 mendocina), que prohibe el empleo del cianuro en la minería y considerada uno de los hitos de la lucha socio ambiental argentina.
Las estrategias de lobbying corporativo de Green Cross incluyen también la penetración en otras organizaciones de la sociedad civil, así como en temáticas reivindicativas actuales que atraviesan a toda la sociedad, como por ejemplo, la Perspectiva de Género, tema en el cual también han desarrollado sus eventos de despliegue comunicacional en Chubut.
Green Cross no sólo ha intentado quebrar o cooptar a las asambleas vecinales y demás grupos y organizaciones que resisten la megaminería, sino también a las comunidades de Pueblos Originarios de esa provincia que también conforman esa resistencia, pero que son más vulnerables, ya que habitan directamente sobre el territorio hostil de la meseta central de Chubut, en condiciones paupérrimas y sin ningún tipo de asistencia del estado, completamente expuestos a las prácticas clientelares de estas organizaciones. Los pueblos originarios son los primeros receptores de las estrategias de seducción orquestadas por Green Cross en esa provincia.
La organización Green Cross ha sido denunciada públicamente por presentar un informe con falsedad ideológica en el caso de la megausina de carbón de Río Turbio (Provincia de Santa Cruz).
   
Los antecedentes de Green Cross en Uruguay y su vínculo con Mujica.

Green Cross ha sido la organización contratada por las papeleras de Uruguay en la previa a su puesta en marcha, para romper la resistencia popular e incluso institucional que generó su instalación en toda la región del Río Uruguay, hace 15 años atrás. Una vez conseguido ese objetivo, las papeleras comenzaron a funcionar, siendo Mujica el que las terminó autorizando y Green Cross fue la encargada de establecer las supuestas condiciones mediante las cuales debían operar las pasteras. La Asamblea de Gualeguaychú recuerda con mucha bronca la andanada de mentiras y traiciones orquestada por los representantes de esta organización para avalar la contaminación de la entonces empresa Botnia, hoy UPM.
Desde ya, los resultados de esa intervención están a la vista: mientras Green Cross decía que Botnia no contaminaba, el Río Uruguay estaba empezando a volverse una cloaca a cielo abierto y en los sitios donde esos establecimientos vierten sus deshechos industriales la vida acuática prácticamente ha desaparecido por completo, así como también el impacto en la población generado por sus emanaciones de gases nocivos a la atmósfera. La propia población local puede dar cuenta de los padecimientos a los que debieron acostumbrarse de manera forzada, por más que las papeleras nunca tuvieron licencia social. No obstante, Green Cross se encarga de difundir que esas fábricas son limpias, a pesar de que incluso los propios informes oficiales revelaron que el Río Uruguay fue contaminado por los vertidos de estas empresas.
Por este motivo, está claro que el vínculo entre esta organización empresarial y Mujica viene de vieja data y siendo fuerte y sostenido en el tiempo, con un toma y daca de infinidad de favores políticos y corporativos para el sostenimiento de la gestión presidencial del "Pepe" y para la consolidación de la imagen pública de las corporaciones que financiaron la instalación y puesta en funcionamiento de las papeleras en el Río Uruguay. Con esto, queda claro que dicho vínculo, exede ámpliamente el mero contacto para traerlo de paseo con su termo y su mate a decir un par de eufemismos grandilocuentes para la tribuna en el paraíso de la ballena franca austral...

El mapa de "Pedidos mineros y otorgamientos" de Uruguay (Catastro Minero) muestra la explosión
de concesiones mineras metalíferas otorgadas durante el gobierno de Mujica a corporaciones extrajeras.
Los polígonos rectangulares corresponden a las más recientes.


El paradigma del lobo disfrazado de cordero como Caballo de Troya del extractivismo.

No será motivo de este escrito desarrollar respecto de las estrategias de los gobiernos latinoamericanos tildados de populistas y progresistas, para imponer el extractivismo y sus diferentes modalidades en cada uno de sus países, siguiendo con las bases estructurales de las estrategias de captación de inversiones y condiciones permisivas impuestas por los gobiernos neoliberales de los ´90s que los precedieron, en una clara muestra de políticas de estado que han trascendidos las supuestas impostaciones de desarrollo soberano que han sabido propalar sistemáticamente para justificar el genocidio del extractivismo en el continente, como una suerte de realización de la profecía esgrimida en la obra "Las Venas Abiertas de America Latina" del también uruguayo escritor y pensador Eduardo Galeano. Hay abundantísimo material respaldatorio al respecto, tanto en este espacio de extpresión como en otros sitios de la nube.
Tampoco lo será ahondar en el pasado "glorioso" de Mujica, ya que también existe abundante material, sólo reflexionar con una pregunta: ¿Don Pepe, tanta lucha y capital social acumulado para ESTO?


José Pepe Mujica y sus amistades con los principales mentores del capitalismo corporativo globalizado, como David Rockefeller (dueño de Chervron y el Council of Americas), George Soros (dueño de Monsanto y otras), la masonería y el sionismo.

José Pepe Mujica era amigo de David Rockefeller: se reunieron en varias oportunidades, tanto de manera pública como privada y el magnate norteamericano terminó pasando las últimas vacaciones de su vida en Uruguay, invitado por el en ese entonces presidente.
Uno de esos encuentros entre Mujica y Rockefeller fue en vístperas de liberarse en Uruguay el cultivo de la marihuana, reunión que para el Gobierno de Uruguay fue un "asusnto de estado", más allá de que en los medios, el entonces presidente uruguayo pretendió quedar como un criollo pícaro y jocoso que estaba adoptando una medida revolucionaria a nivel mundial, cuando en realidad estaba entregando su país a un privado multimillonario para experimentar respecto de uno de los mega-negocios particulares más prometedores del futuro.
Mujica también es amigo del magnate George Soros, uno de los dueños de Monsanto (junto a los también magnates Jacob Rothschild y Bill Gates). Soros, como parte de Monsanto, es uno de los principales interesados en la legalización del cultivo de marihuana en ese país, ya que evidentemente el territorio uruguayo constituye un gran laboratorio donde experimentar masivamente con variedades genéticamente modificadas de esa planta el control de ese negocio a nivel mundial.
Con respecto a sus vínculos con el sionismo y la masonería, mencionaremos el hito más importante de esta relación, cuando Mujica fue condecorado en 2010 (siendo ya presidente) con el "Premio Jerusalen" otorgado por la filial local del sionismo internacional y entregado al susodicho en persona por los representantes de dicho movimiento en el continente.

Mujica fue el presidente uruguayo que más decisiones de gobierno tomó para consolidar el modelo extractivista en su país; de hecho, algunos de los ámbitos elegidos para hacerlo fueron el propio Council of Americas y el Banco Mundial. Para diseñar, anunciar e implementar todas y cada una de estas decisiones políticas sin licencia social, se valió de su imagen falsa de campechano y "presidente pobre" y progresista, a fin de que las mismas quedaran en el imaginario popular de su país y el mundo, como supuestos actos revolucionarios. La legalización de la marihuana y su cultivo, como pantalla para desarrollar a gran escala el negocio mundial de cannabis transgénico de Monsanto en su territorio es tal vez el ejemplo más concreto de esa estrategia. Recordemos que Monsanto (propiedad del magnate George Soros, también amigo de Mujica), junto a Barrick y Chevron son las corporaciones "fundadoras" que controlan el "Americas Society", estamento superior del Council of Americas de Rockefeller. Desde ya, este multimillonario ya fallecido no era un individuo que operaba todo por sí solo y por cuenta propia, sino la cara visible de un puñado de corporaciones que controlan la producción y comercialización de commodities y manofacturas en todo el mundo (especialmente en América Latina); con lo cual, después de su muerte es este conglomerado el que continúa con su legado y planes, para cuya prosecusión Mujica ha sido un fiel servidor.
   
La megamineria transnacional en Uruguay de la mano del Pepe

Con respecto al tema que nos compete, conviene mencionar que Mujica tiene el tristemente célebre antecedente de haber introducido las megaminería en Uruguay y de haber impulsado y promulgado la Ley 18.813 que habilita esta modalidad (en su país denominada "minería de gran porte"). El contenido de esta ley es análogo al paquete de leyes y decretos sancionados en Argentina en los años ´90s por el menemismo. Inmediatamente de salida la ley, el catastro minero de ese país multiplicó su superficie diez veces.
Conviene recordar además que los departamentos de Tacuarembó y Lavalleja tienen normas locales que prohiben la munería con uso de sustancias tóxicas, sin embargo el presidente Mujica las ignoró a la hora de otorgar concesiones y promover explotaciones metalíferas en esas zonas del país.
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El proyecto megaminero Aratirí, fuértemente impulsado por
el presidente Mujica, tuvo el rechazo generalizado de vastos
sectores de la población local, hecho que fue determinante
para hacerlo caer definitivamente, sin pena ni gloria, tras
la finalización de su mandato.
Además, en su momento, lo medular de habilitar la megaminería en este país era poder contar con el marco legal para autorizar el mega-proyecto Aratirí, que bajo la pantalla de mostrarse como un emprendimiento de extracción de hierro, en realidad tiene como finalidad extraer oro, titanio y diamantes. La mayoría de las corporaciones megamineras que ingresaron a Uruguay de la mano del presidente Mujica son de los países de la Commonwealth y están interesados de manera casi excluyente por esos minerales preciosos.
El proyecto Aratirí fue uno de los caballos de batalla más grandes de la gestión Mujica y pretendía ser llevado adelante por Zamin Ferrous, una corporación inglesa con sede en Suiza, acusada de contaminación en Brasil en dos oportunidades. Únicamente pudo ser frenado mediante la persistente lucha socioambiental de las asambleas vecinales y otras organizaciones de la República Oriental.
Actualmente la corporación dueña de Aratirí ha iniciado una demanda a Uruguay ante el CIADI por la caída de su proyecto, reclamando una indemnización de 3.650 millones de dólares e invocando un "Tratado de Protección para inversiones Británicas en Uruguay" suscripto en Londres en 1991. Con esto, la aventura megaminera del "Pepe" (que afortunadamente no pudo llevarse a cabo) terminó con un potencial perjuicio para las arcas públicas del estado uruguayo, que de perder ese juicio, puede llegar a ser el más grande en la historia de ese país....
   
Mujica también pretendió introducir el fracking en Uruguay

Los contratos de exploración fueron suscriptos entre 2011 y 2013 por el ente estatal petrolero de Uruguay, denominado ANCAP con las empresas Schuepbach (Australia), YPF (Argentina) y Total (Francia). En todos los casos por un período de 30 años, en zonas colindantes con Argentina y Brasil. Originalmente contaban con clausulas de confidencialidad (similares a las condiciones impuestas en el acuerdo YPF-Chevron del kirchnerismo en Argentina), la que al igual que de este lado del Río de la Plata, debieron ser informadas por una demanda presentada por asociaciones ciudadanas, aduciendo una ley uruguaya de libre acceso a la información pública.
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Mapa de concesiones petroleras otorgadas durante el gobierno de Mujica
para búsqueda y exploración de hidrocarburos no convencionales en Uruguay
La población empezó a movilizarse ante la presunción de que estos contratos, cuya existencia trascendió extraoficialmente, eran para proyectos de fracking, cosa que gobierno y empresas desmintieron categoricamente ante la opinión pública uruguaya. Sin embargo, una de las empresas informó en portales internacionales específicos de la actividad petrolera, que sus exploraciones iban a ser en formaciones con esquistos (la roca que contiene hidrocarburos no convencionales).
Ante el creciente malestar social en regiones del interior del país, los departamentos de Paysandú y Tacuarembó emitieron normativas específicas de prohibición al fracking, las cuales también, tal como ocurrió con las que limitan la megaminería, pretendieron ser ignoradas por Mujica.
Después de terminado el mandato de Mujica (principal promotor del fracking en Uruguay), el impulso del gobierno de ese país por esta actividad se frenó en la misma proporción que fue aumentando el descontento social. De todos modos, las corporaciones siguieron avanzando en sus planes de buscar hidrocarburos no convencionales en la Banda Oriental. En esas circunstancias es que a fines de 2017, el Congreso de Uruguay (a instancias del propio gobierno) sanciona una ley de moratoria al fracking por 4 años, una restricción bastante alejada de la que solicitaban los ambientalistas, que es la prohibición total.
   
Sorpresa o no tanto...

La movida para llevar a Mujica a Chubut para disertar, junto a Mario Capello (dirijente del Pro y asesor del Presidente Macri en materia de minería), sobre las bondades del extractivismo, tiene el claro objetivo de intentar quebrar la resistencia popular a la megaminería, empleando para ello el marketing político de Mujica como personalidad que presenta una suerte de feligresía o fanatismo por la gestualidad partucular que exhibe este personaje. Las organizaciones vecinales ya han tomado cartas en el asunto y algunas de ellas ya lo declararon persona no grata.
Cuando decimos que Mujica es el arquetipo del paradigma del lobo disfrazado de cordero para hacer las veces de caballo de troya del extractivismo, lo hacemos con una infinidad de datos concretos, demostrados con la gran cantidad de vínculos que acompañan las diferentes partes del presente escrito. Y no representa un error de esta persona ni tampoco está siendo víctima de una manipulación: los vínculos de Mujica con estas corporaciones y la defensa pública que él hace de sus intereses está ámpliamente demostrada en hechos concretos y demuestra que es totalmente conciente de lo que está haciendo. El uso de su imagen pública muy hábilmente construida para estos fines, demuestra además un alto grado de perversión digno de ser estudiado por la ciencia de la ponerología política.
Los datos concretos plasmados en los diferentes documentos públicos uruguayos suscriptos por este personaje en ejercicio de la presidencia de ese país, derriban por completo cualquier mito generado en la opinión pública, en torno a sus teatralizaciones e impostaciones ideológicas apócrifas.
A quien suscribe particularmente no le sorprende en absoluto que el "Pepe" Mujica se preste para esta nueva puesta en escena del lobbyng corporativo de la megaminería metalífera hidrotóxica en Chubut. Lo que sorprende y de sobremanera es que a pesar de la gran cantidad de evidencia pública del accionar de este individuo en pos de la imposición del moelo extractivista, todavía haya gente descansando en la cómoda posición de mantener un fanatismo ciego sin un mínimo ejercicio de pensamiento crítico, y consecuentemente consuma y se haga eco de semejante mascarada.


26/8/18

TUPUNGATO: EL FRACKING AMENAZA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y EL PRINCIPAL RESPONSABLE ES EL INTENDENTE GUSTAVO SOTO


Desde hace ya varios meses, la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura viene advirtiendo públicamente y notificando al municipio respecto de los planes del Gobierno de Mendoza para llevar adelante la técnica extractiva del fracking en ese departamento, a pesar de que está vigente una ordenanza que lo prohibe expresamente.

Por estos días, el Gobierno de Mendoza está adjudicando, entre otras, la concesión del área hidrocarburífera Puesto Pozo Cercado Occidental a YPF S.A. para explorar hidrocarburos no convencionales en las formaciones Cacheuta y Potrerillos, que en la zona se hallan entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad. Esta situación compromete seriamente la vida y la economía de Tupungato, hasta incluso su autonomía municipal, ante el avasallamiento del gobierno provincial que representa la violación de la autodeterminación municipal.
Los principales responsables de haber llegado hasta este punto son primero el intendente, Gustavo Soto y luego los concejales; que en ambos casos, con absoluta desidia y negligencia (y de la mano de un doble discurso en sintonía fina con el gobierno provincial, la persecución ideológica y la criminalización de la protesta social con denuncias falsas a referentes de la asamblea), han permitido que la licitación de áreas petroleras para hacer fracking en el territorio de ese departamento se lleve adelante y se adjudique sin la más mínima oposición por parte del municipio.
Además de ello, también se está adjudicando el área Pozo Cercado Oriental a la empresa Aconcagua Energía (también en Tupungato), donde no está muy claro si es para explotación convencional, tal como lo especificaba el decreto de inicio de la licitación, o si es también para explorar hidrocarburos no convencionales, cuestión que queda sujeta a interpretación subjetiva de los interesados, al no estar expresamente especificada en el decreto de adjudicación. El intendente y los concejales tampoco se ocuparon de aclarar este punto.
Como agravante a la responsabilidad que le cabe al intentente en este asunto del fracking en Tupungato, se sabe que Gustavo Soto tenía conocimiento al menos desde el momento mismo de asumir en su cargo ejecutivo respecto de las intenciones del Gobierno Provincial e YPF de explorar y explotar hidrocarburos no convencionales en el territorio del departamento. Además, conviene recordar que actualmente, el intendente de Tupungato es parte de la mesa chica de la UCR en Mendoza, con lo cual tiene amplia y fluida llegada con el gobernador Alfredo Cornejo y el "superministro" Martín Kerchner, que también la integra. Desde ya, descartamos que el tema fracking y particularmente el reclamo de la ciudadanía (así como la vigencia de la ordenanza que él mismo impulsó) pueda formar parte del temario de estas reuniones a puertas cerradas; más allá de que debe existir una evidente y enfática bajada de línea del gobernador y mandamás de la UCR hacia el cacique local para no levantar polvareda y calmar las aguas con este tema.
De todos modos, también conviene mencionar que Gustavo Soto logra ganar la intendencia con un margen muy escaso de votos con respecto a su contrincante; y que en general, las elecciones en Tupungato siempre fueron así, determinando por cierto una alternancia recurrente entre los dos partidos mayoritarios que comandaron el municipio en los últimos 30 años. Por esto es que el actual intendente no tiene la vaca atada en las urnas y ya se puede ir avisorando que este tema va a repercutir en las póximas elecciones, más allá de que los opositores no han mostrado públicamente una reacción contundente con este tema.

Los principales responsables a nivel local de la avanzada del fracking en el departamento de Tupungato son el Intendente Gustavo Soto (izq.) y los concejales: Gastón Galdame, Nancy Micheletti, Pablo Leites, Jorge Rodriguez, Carmen Álvarez (der arr), Antonio Balderrama, Rosana Battistoni, Alejandra García, Darío Palumbo y Juan Perea (der ab.). El concejal Galdame actualmente es Secretario de Hacienda del municipio y fue reemplazado por Romina Pinti (no está en las fotos), quien es a su vez presidenta del Concejo Deliberante.

Antecedentes

Desde este espacio de expresión nos hemos ocupado permanentemente de todas las cuestiones ambientales que involucran a Tupungato en las últimas décadas, algo que francamente ningún funcionario (pasado o presente) de ese departamento se ha preocupado de llevar adelante:

Querés saber cuáles son las áreas donde quieren hacer fracking en Tupungato?

Entrá y enterate!

Quieren empezar en Puesto Pozo Cercado, cuyo vértice occidental está a apenas 4 kilómetros de la cuidad cabecera de Tupungato y su vértice austral a 15 kilómetros de la ciudad cabecera de Tunuyán. En ambos casos, estamos hablando de los niveles de base de la cuenca hídrica del Valle de Uco, con lo cual el impacto en el agua que alimenta a la población y sus cultivos puede ser concreto e inmediato.
Ante la actitud de desidia y negligencia de los funcionarios, que el fracking no entre a Tupungato depende exclusivamente de nosotres.

Las áreas donde se pretende hacer fracking en Tupungato son Puesto Pozo Cercado Oriental y Occidental, recientemente adjudicadas. No obstante, la Formación Cacheuta (reservorio de hidrocarburos no convencionales) presenta sus máximos espesores en profundidad en los Cerrillos de Tupungato, donde además existen otras 6 áreas de concesiónes petroleras.


Las áreas petroleras de Pozo Cercado Occidental y Oriental en una imagen satelital. La primera de ellas está localizada a lo largo de los cerrillos, aproximadamente desde la parte más alta de la Ruta Provincial 86 (Camino de los Cerrillos) hacia el sur y es colindante con todas las fincas localizadas al este del Río Anchayuyo y la Ruta Provincial 88 (Camino del Zampal o de Zapata). La segunda de ellas está localizada en Anchoris, abarcando casi todas las fincas de ese distrito; y es atravesada por la Ruta Nacional 40, compartiéndose con el Departamento de Luján.


Para tener una dimensión de los impactos ambientales, sociales y económicos que puede provocar el fracking en el valle de Tupungato, se elaboró un perfil de la zona con la ubicación de las diferentes áreas cultivadas del departamento, los relieves y el límite oeste de las áreas petroleras. El corte es una linea en diagonal que va desde Gualtallay hasta Anchoris, pasando por la ciudad cabecera. Los principales impactos de mayor efecto y extensión que pueden ser incluidos en el esquema son:
1) Impactos de los gases contaminantes y de efecto invernadero transportados por la circulación del aire, que pueden abarcar todo el valle. Si bien la circulación del aire en general es de oeste a este, casi la mitad del tiempo se invierte, bajo diversas condiciones meteorológicas: vientos convectivos en verano, inversión térmica en invierno, brisas matinales y crepusculares de los cerrillos a las partes bajas, etc.
2) Impactos del escurrimiento superficial y sub supeficial de posibles derrames y filtraciones de piletas de contención, que en todos los casos tenderá a fluir buscando el nivel de base de la sub-cuenca del valle de Tupungato, el cual se encuentra en el A° Guajardino.
3) Impactos generados por eventuales roturas de caños de perforación o cementación de recubrimiento que al igual que en el caso anterior tenderá a escurrir por las napas al nivel de base de la cuenca.
4) Impactos generados por la despresurización de la mezcla de fracturante (químicos) con hidrocarburos disueltos en profundidad que pueden escapar de las fracturas de los pozos y escurrir hacia la superficie por líneas de falla, fisuras en profundidad o de contacto de formaciones. La inyección de aguas residuales a altas presiones también puede tener este efecto. Las fractuas más occidentales pueden ocurrir debajo de las fincas situadas más al este, dentro del valle, aunque el fallamiento lo abarca todo. Recordemos además que los cerrillos son relieves originados por neotectónica, con lo cual, la actividad sísmica con epicentro en esta zona es particularmente frecuentey puede verse incrementada por el fracking, como ya ha ocurrido en otros lucages del mundo donde esta tecnica extractiva ha sido aplicada.
5) Impactos en superficie por la excesiva circulación de vehículos en las rutas del departamento, para transportar insumos y personal desde y hacia los pozos (hasta 200 camiones y camionetas por día).

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Los inicios de la lucha contra el fracking en Tupungato

La estatización de parte del paquete accionario de YPF S.A. y la posterior firma del acuerdo YPF-Chevron, conforman los dos hitos fundamentales para iniciar el fracking en Argentina a gran escala, como modalidad extractiva impulsada desde el estado. Esta decisión política tomada por el gobierno de Cristina Fernández y ratificada por el de Mauricio Macri, constituye una medida fundamental tendiente a mantener la matriz energética dependiente en forma casi exclusiva de la quema de combustibles fósiles, al menos hasta el año 2050, encareciéndonos y comprometiéndonos cada vez más la existencia; algo que ya está pasando con los tarifazos, cuyo objetivo específico y excluyente es subsidiar esta modalidad extractiva, que además de impactar negativamente en el ambiente y las economías regionales, también es negativa para los balances económicos de las de las propias corporaciones que lo llevan a cabo. Las dos primeras cuestiones son consideradas externalidades para estado y empresas, sin embargo, las ganancias de estas últimas pareciera ser un asunto de estado y por eso se financian con precios sostén y aumentos exorbitantes en todos los servicios dependientes de la matriz energética: gas, luz, combustibles y transporte público: todo para financiar la burbuja financiera del fracking.

Tupungato se ve involucrado en este escenario por dos razones:
  1. La presencia de formaciones de hidrocarburos no convencionales en el subsuelo del departamento con importante grado de espesor, susceptibles de ser explotadas, a lo que se suma una gran concentración de áreas petrolíferas vigentes y revertidas en su territorio. El funcionario Emilio Guñazú ya ha manifestado públicamente que es intención del gobierno hacer fracking allí.
  2. La figura de José Luis Manzano directamente involucrado en el negocio del fracking, conocido político y empresario multimillonario, que además es un vecino del departamento con un papel muy influyente en su comunidad y gravitando por lo bajo de manera determinante desde hace muchos años en la toma de decisiones del gobierno provincial.

En el año 2013, el Pueblo de Tupungato estaba movilizado por la posibilidad de proyectos megamineros en la cordillera, cuando aparece en el escenario político de la opinión pública el tema del fracking. Concientes de todo esto, y con el apoyo de otras asambleas, se logra primero la sanción de la Ordenanza 8/2013 que prohíbe el fracking en el territorio de ese departamento, con el voto unánime de todos los concejales; y luego, mediante ordenanza 28/2013, su ratificación ante el veto del intendente de ese entonces, el justicialista Joaquín Rodriguez.
Conviene recordar que el principal impulsor e "informante" del proyecto de ordenanza dentro del Concejo Deliberante fue el concejal radical Gustavo Soto; actual intendente y opositor al anterior en ese entonces, que hoy se muestra totalmente reticente a presentar oposición al Gobierno Provincial, ante el manifiesto avance del fracking en el departamento.
Otro hecho relevante a destacar, para poner en contexto el clima de impunidad con el que pretenden moverse los funcionarios de la estructura del estado para defender los intereses corporativos que representan (así como los propios particulares de cada uno de ellos, en detrimento del interés general de la poclación), es que intendente y concejales fueron noticia hace un año atrás, cuando quisieron aumentarse los sueldos de una manera un tanto desmesurada: el sueldo del intendente pasaría de $ 70.000 a $ 100.000 aproximadamente y los concejales de $ 46.000 a $ 70.000 aproximadamente, o sea, un aumento del 46%, cuando la paritaria de los empleados municipales fue del 17% el año pasado. Por suerte, el descontento social y la movilización popular, lograron que esta medida por demás arbitraria se vuelva atrás. No obstante, se desconoce si han habido aumentos posteriores y cuanto en realidad está cobrando intendente y concejales, ya el sueldo de $ 70.000 de Soto hace un año era demasiado abultado...
El ciudadano de a pie puede pensar que con semejantes estipendios de privilegio que reciben mensualmente del erario municipal estarán dispuestos a dejar todo para defender la autonomía municipal de Tupungato, sin embargo la realidad ha demostrado absolutamente lo contrario... Su inacción ante la arremetida del fracking en el territorio del departamento, está demostrando que todos los meses se tiran a la basura (a cifras de 2017) casi un millón de pesos del dinero público en sostener a estos funcionarios que no funcionan.
Lo cierto es que este episodio de los sueldazos ha desnudando el alto grado de susceptibilidad de los funcionarios municipales (especialmente del intendente Gustavo Soto) cuando quedan expuestos públicamente por las trapisondas que se mandan y la importancia de la movilización popular en este sentido, como para tener en cuenta con esta situación del fracking en el departamento, que a entender de quien suscribe es de una gravedad institucional mucho mayor.

La importancia de las ordenanzas 8/2013 y 1/2007 de Tupungato

Los intendentes de Tupungato: el anterior, Joaquín Rodíguez (izq.)
y el actual, Gustaco Soto (der.) en el traspaso de mando (2015).
Con la sanción de la Ordenanza 8/2013, Tupungato pasó a ser el tercer departamento de la Provincia de Mendoza libre de fracking y en su momento no hubo ninguna oposición manifiesta de ningún estamento del Estado, presentada de manera pública y/o administrativa, respecto de poner en tela de juicio su vigencia, lo cual desde el punto de vista legal y jurídico, es un claro consentimiento expreso.
Recientemente, el gobernador Alfredo Cornejo y algunos de sus funcionarios, especialmente el Secretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, salieron a decir públicamente que las ordenanzas anti-fracking no tiene validez, argumentando que los municipios no tendrían injerencia en cuestiones vinculadas a la explotación de hidrocarburos y que las ordenanzas municipales no tienen prevalencia respecto de un decreto provincial. Los abogados que asesoran a los aludidos, avalan tal afirmación con el hecho de que en la Provincia de Río Negro, ordenanzas similares fueron declaradas inconstitucionales por la justicia de esa provincia con esos argumentos.
Sin embargo, conviene recordar que en el caso específico de Mendoza, la Ley Provincial 1079 (Ley Orgánica de Municipalidades) le otorga al municipio competencias específicas en materia de Salud Pública y Ordenamiento Territorial. Asimismo, la Ley Provincial 5961 (de Protección, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente) otorga a los municipios competencias específicas en materia de protección Ambiental, al igual que la Ley 8051 (Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo). De esta manera, se inscribe desde lo legal la prohibición al fracking en el Departamento de Tupungato, determinada por la Ordenanza 8/2013, teniendo en cuenta que particularmente los municipios de Mendoza están facultados (y obligados) a legislar en las mencionadas materias.
También debe destacarse que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece con respecto a la legislación ambiental que la Nación establece los presupuestos mínimos y las provincias las normas complementarias. Este principio legal del Derecho Ambiental es conocido como el de optimización de la protección ambiental y su ejercicio implica que cada nivel administrativo inferior está obligado a cumplir con lo mínimo establecido por el superior y habilitado para establecer normas de protección más elevadas, entendiéndose que los municipios deben legislar siempre más y nunca menos en materia de protección ambiental, que los estamentos superiores del estado.
La ordenanza 8/2013 se fundamenta en sus considerandos en estos principios legales, por lo tanto es una norma ambiental de total y plena vigencia dentro de su ámbito de aplicación, que es todo el territorio del Departamento de Tupungato. A mayor abundamiento y para mayor defensa de la misma, sugiero leer y tener en cuenta los considerandos de la ordenanza municipal 1/07, la cual no está disponible en iternet, aunque sí es posible bajar el texto de la Ordenanza 1123/06 de San Carlos, el cual es totalmente análogo, ya que fue sancionada al mismo tiempo por los tres concejos deliberantes del Valle de Uco.
Con esto queremos dejar bien en claro que la Ordenanza 8/2013 es completamente vigente y que bajo su imperio, el intendente y los concejales de Tupungato tienen la obligación de oponerse pública y administrativamente a cualquier intento de llevar adelante proyectos de exploración y/o explotación de fracking dentro del territorio de dicho departamento, en cualquier instancia administrativa en que se encuentre su tramitación; cosa que no están llevando a cabo y, por el contrario, lejos de esto, han estado todo este tiempo exclusivamente abocados a atacar públicamente a quienes exigen que cumplan con esta función para la cual fueron elegidos y se les paga el sueldo.

Distintos sectores de la sociedad de Tupungato han manifestado públicamente su oposición al fracking, en este caso, el club deportivo Cordón del Plata.


LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS RECIENTES EN TUPUNGATO

De acuerdo al testimonio de vecinas y vecinos recogidos en Tupungato, desde hace unos meses hay un clima de alerta y movilización social que ha alterado el ritmo y la vida social de esa comunidad, que se suponía no debía ocurrir ante la tranquilidad generada años atrás por la sanción y plena vigencia de la ya mencionada ordenanza.

El inicio del proceso licitatorio para explorar HNC en Tupungato

En noviembre de 2017 sale publicado en el Boletín Oficial de Mendoza el Decreto Provincial 2593/17, que da inicio al proceso licitatorio para adjudicar varias áreas petrolíferas, información que es replicada en algunos medios y por la propia prensa de la Casa de Gobierno. Dos de estas áreas están dentro del departamento de Tupungato y en una de ellas específicamente se explicitaba que se ofrece para hacer exploración en formaciones con hidrocarburos no convencionales. En ese entonces, la Asamblea Tupungato por el Agua Pura comenzó a interiorizarse y poner en alerta a la población del tema fracking; sin embargo, al mismo tiempo se encontraba más puesta su energía y movilizada por el tema de las fumigaciones aéreas con coragen en el Valle de Uco y en toda la zona irrigada de Mendoza, cuestión que también tratamos ámpliamente en este espacio de expresión
Una vez que el tema de las fumigaciones aéreas pasó a un segundo plano, la Asamblea retomó con más énfasis la alerta respecto de la posibilidad de que haya fracking en Tupungato. Algunes vecines concurrieron a manifestar su oposición en la Audiencia Pública del 28/12/2017, que se llevó a cabo en Malargüe; antesala de la firma del Decreto 248/2018, que autoriza el fracking en Mendoza y le fija exigencia ambientales por debajo de los presupuestos mínimos establecidos en el Artículo 41 de la Constitucion Nacional y la Ley Nacional 25675, por lo que hoy se encuentra iniciada una causa judicial en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, solicitando que sea declarado inconstitucional por violar la mencionada normativa ambiental.

Captura de pantalla del anuncio de la licitación del área petrolera Puesto Pozo Cercado Occidental para exploración de reservorios no convencionales en la página web del Gobierno de Mendoza, que intendente y concejales de Tupungato dicen desconocer. El decreto que da inicio a la misma, con las mismas especificaciones de lugares y características fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza. La distracción de los funcionarios y ediles municipales es claramente intencional y direccionada a sacar de la agenda local este tema tan grave para la vida y la economía de Tupungato.


Las notas al Municipio y al Concejo Deliberante y la primera concentración en la plaza

En abril de 2018, la Asamblea empezó a presentar notas al intendente y al concejo deliberante, ante el avance del proceso licitatorio de las mencionadas áreas por parte del gobierno provincial, exigiendo que el municipio se oponga administrativamente a dicho procedimiento, ya que el mismo representa una violación a la Ordenanza 8/2013. Estas notas nunca fueron contestadas.
El 27 de abril de 2018, les vecines se auto-convocan en la Plaza Departamental para movilizarse el día de la asunción de los nuevos concejales departamentales. Esta convocatoria no fue formulada ni difundida por la Asamblea propiamente dicha, sino por otro grupo local que se conformó a partir de la difusión de documentos que evidenciaban la contaminación generada por el fracking en las primeras experiencias llevadas a cabo en Malargüe.
En dicha concentración en la plaza, les vecines decidieron ir al Concejo Deliberante e ingresar al recinto (situado en el segundo piso del edificio municipal), durante el acto público de asunción de los nuevos concejales, exigiendo explicaciones respecto de la situación y que el intendente diera la cara. En esa ocasión, ningún concejal quiso responder, sin embargo, el intendente salió y respondió que estaba dispuesto a recibir a los vecinos, pero aduciendo desconocer que estaba en marcha una licitación hidrocarburífera en territorio de su departamento, a pesar de que la misma había sido publicada en el Boletín Oficial...
En el momento, el episodio no pasó a mayores, sin embargo en días posteriores se difundió en las redes sociales y algunos medios locales que los vecinos "habían tomado el municipio", más allá de que el intendente y algunos concejales habían expresado públicamente que no había pasado nada. Queda bastante claro que ya desde este episodio, había una clara intencionalidad por parte municipio de desprestigiar el reclamo de les vecines, para eludir dar respuestas a la población respecto del tema del avance del fracking en Tupungato, que era concretamente lo que exigían (y siguen exigiendo). Los hechos ocurridos después darían cuenta cabal de ello.
Al día siguiente de este episodio, se entrega nota al Intendente de Tupungato, exigiendo nuevamente que el municipio presente oposición al procedimiento licitatorio del área Pozo Cercado Occidental, a debatir públicamente el tema e invitándolo a él, sus funcionarios y concejales a una charla informativa. Esta charla se hizo el día 5 en la Escuela Piaggi, a la misma concurrieron aproximadamente 60 personas, sin embargo no se hizo presente ningún funcionario del ejecutivo provincial. Sólo estuvo presente durante un rato de la ponencia el concejal opositor Juan Manuel Perea.
El 2 de mayo también se presentó otra nota para solicitar la "banca del vecino" en el Concejo Deliberante, para exponer este tema. A pesar de lo perentóreo del tema, esta nota fue contestada recién 15 días después, diciendo que la banca del vecino estaba disponible el 21 de junio (o sea, casi dos meses después) con un tiempo estipulado de tan sólo 30 minutos.
La Asamblea presume que habiendo pasado unos días y sin aún haber sido recibido sus integrantes por el intendente, seguramente se estaba preparando una estrategia oficial para contrarrestar la envergadura que estaba tomando el reclamo popular en contra del fracking.

Momentos en que el intendente y algunos de los concejales se dirigen a les vecinos que le reclamaban respuestas ante la avanzada del gobierno provincial por hacer fracking en Tupungato, en el acto de asunción de los nuevos concejales. Los propios vecinos le acercan el megáfono. En ésta, como en todas las demás ocasiones, las respuestas fueron siempre evasivas y sin ir al punto central de la cuestión: ¿por qué la municipalidad de Tupungato no presentó formalmente oposición a la licitación del Gobierno de Mendoza para explorar hidrocarburos no convencionales en su departamento siendo que hay una ordenanza municipal que lo prohíbe expresamente?


La segunda concentración en la plaza y posterior manifestación en la casa del intendente, que despertó el primer intento de criminalizar la protesta social en Tupungato.

El 8 de mayo la Asamblea convocó a una concentración en la Plaza de Tupungato. Debido a que hubo una concurrencia más numerosa de lo que se esperaba, se decidió marchar por las calles de la ciudad y retornar a la plaza. Toda la marcha se efectuó a media calzada, sin cortar la calle y en presencia de 3 policías que en todo momento se mostraron amables con les vecines. Una vez de vuelta, se decidió ir hasta el frente de la casa del intendente on los cánticos y banderas y en compañía de esos tres mismos uniformados, que en todo momento constataron que la movilización se desarrolló sin ningún tipo de disturbios o violencia.
No obstante ello, después habría una denuncia del intendente. Lo curioso es que Gustavo Soto fue a la comisaría local a radicar la denuncia y los policías que lo atendieron (que fueron los mismos que controlaron la manifestación frente a su casa) no se la quisieron tomar, puesto que en la exposición que realizó no encontraron delito alguno, siendo que además estuvieron presentes en el lugar de los supuestos que el intendetne narraba.
No conforme con esto, el Intendente realizó la denuncia en la fiscalía de Tunuyán, donde sí se la tomaron, aunque sin embargo al día de hoy, los 4 vecinos denunciados aún no fueron notificados, y de acuerdo a lo que pudo averiguar un abogado de Correpi que se presentó ante la fiscal, aparentemente tampoco se podría comprobar delito alguno.
Algo que trascendió de la denuncia, es que el intendente manifestó que le rayaron la camioneta en esa manifestación. Sin embargo, después pudo saberse que esos rayones, que efectivamente estaban, se los hicieron días atrás algunos de los empleados de la finca del hermano (que es productor) porque éste no les pagaba...
El otro dato que trascendió de la denuncia es que el Intendente Gustavo Soto ha aportado algunos falsos testigos, que serían simpatizantes radicales amigos de él que participaron de la marcha de la marcha, evidentemente en calidad de infiltrados. Estos falsos testigos declararon que había un supuesto complot para secuestrar al intendente...
Con posterioridad, el Concejo Deliberante emitiría un comunicado oficial, incriminando con nombre y apellido a los vecinos denunciados por el intendente, con el siniestro propósito de exponerlos ante la sociedad. Esa es la manera en los idóneos representantes del cuerpo deliberativo responden a las requisitorias puntuales de les vecines en torno a los actos administrativos del gobierno provincial que amenazan la autonomía municipal de Tupungato.
La actitud del intendente y los concejales de criminalizar la protesta social, no sorprende, por el contrario, es de manual y responde exclusivamente a la falta de argumentos empíricos (y en definitiva las pocas ganas o voluntad política) que tienen Gustavo Soto y sus ediles para responder el asunto central de la cuestión que reclaman les vecines: ¿Por qué el fracking avanza en Tupungato y ellos no hacen absolutamente nada para impedirlo, atento a la vigencia de la ordenanza que expresamente lo prohíbe?
El intento de criminalización de la protesta social en Tupungato, representa un quiebre absoluto en la relación entre los funcionarios municipales y su comunidad y ésto en definitiva pasará a ser la marca que guíen las acciones que siguieron a continuación.
  
Los concejales y el intendente le toman el pelo a les vecines...

La intervención de la cartelería oficial con mensajes dirigidos al intendente
eviedncia el descontento social en Tupungato por la inacción del municipio
ante el avance del fracking en territorio del departamento.
El día 8 de junio y a raíz de un pronto despacho enviado días atrás al Concejo Deliberante, ante la falta de respuestas a las reiteradas notas presentadas por la Asamblea; se recibe una contestación de los funcionarios, donde como única respuesta se remite la ordenanza "para que se interioricen de su contenido". Esta única respuesta causó mucha indignación y bronca en les vecines y fue entendida como una verdadera tomada de pelo por parte de los concejales y del intendente (que en los hechos concretos, actualmente ejerce la totalidad del control político del cuerpo legislativo municipal).
El otro episodio que indignó a la comunidad fue cuando luego de una sesión en el Concejo Deliberante, les vecines los esperaron a salida para conversar con ellos y exigirles respuesta y los concejales dijeron que desconocían el proceso licitatorio, aunque defendieron el decreto 248 de Cornejo; en lo que puede entendenrse como una clara sintonía política con el gobierno privincial, que para este caso implica lisa y llanamente dejar de lado la autonomía municipal, al anteponer la vigencia del decreto de Cornejo a la ordenanza municipal que anula su aplicabilidad en todo el territorio del Departamento de Tupungato.

La Cámara de Comercio y el famoso cuentito de la cabeza en la tierra, como el avestruz...

Los productores de Tupungato parecieran no tomar conciencia
de los riesgos que representa el fracking, incluso para sus propios
negocios. Al menos eso pareciera entenderse, dada su pasividad
ante las decisiones tomadas por el gobierno provincial.
Habiendo tomado conocimiento de que el intendente estaba realizando lobbyng a favor del fracking en los ámbitos empresariales del departamento, la Asamblea decidió realizar una charla informativa en la sede de la Cámara de Comercio de Tupungato (su verdadero nombre es Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato), la cual había sido pedida a la entidad y ésta la había puesto a disposición. Para ello, les vecines convocaron a especialistas a disertar, enviaron invitaciones individuales a todos los supuestos interesados y se encargaron de difundir el evento en todos los ámbitos locales. La fecha era el 8 de junio
Pero horas antes de llevarse a cabo, la entidad dijo que el evento no se podría realizar, aduciendo que el local estaba ocupado con otra actividad previamente pautada. La Asamblea rápidamente pudo conseguir un local en frente de la sede de la Cámara de Comercio de Tupungato y realizarlo, el cual tuvo escasa concurrencia, debido a la ya mencionada tarea fina del intendente. Durante la realización del mismo pudo constatarse que el local en el que estaba previamente pautado realizar permaneció cerrado todo el tiempo y nunca nadie entró o salió del mismo,
Con esto quedó públicamente de manifiesto que, a la luz de los hechos concretos, la Cámara de Comercio le mintió a la comunidad de Tupungato y que esa entidad tiene una postura definida de antemano a favor del fracking y de que particularmente se lleve a cabo en su departamento.
Algunos productores se ofrecieron a convencer al resto, por fuera del ámbito de la Cámara de Comercio, para organizar una nueva charla informativa semanas después, en el establecimiento de uno de ellos; sin embargo, nuevamente el lobbyng pro-fraking del intendente boicoteó ese segundo intento.
En Tupungato es vox populi que hay grandes productores muy adinerados que le bancaron la campaña electoral a los radicales. Tal vez este hechoo público y notorio en toda la comunidad local explique en parte que no se les mueva un pelo ante la amenaza que representa el fracking para sus emprendimientos. Esto además siendo que, ante una situación completamente análoga, doce años atrás se movilizaron en bloque e individualmente para oponerse a la megaminería...
Desde ya, también se sabe que el gobierno provincial tiene en cierta manera atados a los productores, ya que los mismos actualmente están siendo muy beneficiados económicamente por el financiamiento estatal del programa de erradicación de la polilla de la vid. Al mismo tiempo, la Asamblea oportunamente se opuso a las fumigaciones aéreas que se realizaron como parte de este programa, lo cual ciertamente los enfrentó a los productores. En este marco, la lógica del gobierno provincial de Alfredo Cornejo es bastante clara y simple: productor que se manifiesta en contra del fracking automáticamente se queda sin coragen...


La foto es de archivo, sin embargo, muy adecuada para la ocasión: fue sacada en la sede de de la Cámara de Comercio de Tupungato el 17 de julio de 2013 y muestra a los entonces diputados provinciales radicales Tadeo García Zalazar (hoy intendente de Godoy Cruz), Martín Kerchner (hoy ministro de Economía de Cornejo) y Omar Sorroche (hoy funcionario de segunda línea de la Secretaría de Ambiente), presentando un proyecto de ley para prohibir el Fracking en Mendoza, obviamente cuando eran opositores... Hoy en su rol de oficialistas, lo apoyan; y la Cámara de Comercio de Tupungato cerrándole la puerta a les vecines, también.


El intendente anda muy chinchudo: se enoja con todo el mundo, hasta con el cura párroco...

El 9 de junio, la Asamblea organizó un foro informativo en el salón parroquial de la iglesia de Tupungato, tal vez la más masiva de todas, puesto que concurrieron a la misma alrededor de 120 personas. El relato más conmovedor de este evento fue el de dos vecinos de Allen (Provincia de Río Negro) que vinieron especialmente para contarle a las y los habitantes de Tupungato de primera mano, las vivencias personales respecto de los desastres que el fracking (que ya lleva 5 años instalado en esa zona) está dejando en la población: contaminación, ruido, deterioro de la salud de la población, destrucción de la economía regional y muerte.
Otra vez se lo vio muy molesto al intendente, esta vez con el cura párroco y se lo hizo saber de manera personal al día siguiente. Se nota que por un lado, Gustavo Soto pareciera ser enemigo acérrimo de la libre expresión; y por el otro, que desconoce el contenido de la encíclica "Laudato Si" del papa Francisco, que fundamentalmente ordena a toda la iglesia católica el cuidado de la "casa común". Otra vez queda públicamente expuesto el doble discurso del cacique municipal.

El foro informativo organizado por la Asamblea en el salón parroquial de la iglesia tuvo una amplia convocatoria y repercusión en la comunidad local, sobre todo por el testimonio de personas afectadas por el fracking que vinieron especialmente a Tupungato a contar las penurias que están atravesando. El intendente, en otra clara muestra de intolerancia a las expresiones democráticas que representa la participación ciudadana, se enojó con el sacerdote por la realización de este evento.


El festival por los 10 años de la Ley 7722

El 20 de junio se cumplieron 10 años de la sanción de la ley 7722 y Tupungato no pdía estar afuera de los festejos. La Asamblea organizó un evento en el cruce de la Ruta 40, en Zapata, consistente en olla popular, festival artístico y panfleteada.
Recordemos que la Ley 7722 (declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza) fue la herramienta fundamental para frenar el avance de la megaminería en Mendoza. En Tupungato la megaminería representaba una seria amenaza para el corazón mismo de su Parque Provincial, que había sido desafectado por la presión del interés particular que representa el lobbyng de las grandes corporaciones mineras.

La Banca del Vecino y la actitud bochornosa de los ediles

El día 21 de junio exponen tres vecinos de la Asamblea en el Concejo deliberante pidiendo concreta y específicamente que el municipio presente oposición al proceso licitatorio del área Puesto Pozo Cercado Occidental para explorar hidrocarburos no convencionales, ya que el mismo es claramente violatorio a la ordenanza municipal 8/2013.
Los concejales no sólo no respondieron la requisitoria específica de les vecines, sino que además, en el caso específico de Antonio Balderrama y Rosana Battistoni recurrieron a técnicas discursivas de "acting"; o sea, generar de manera deliberada situaciones simuladas o de sobreactuación (incluso hasta con llantos) con el objetivo de victimizarse ante la sociedad por la manifestación popular y desviar completamente el asunto central del debate, para generar una innecesaria provocación en el ya caldeado clima de alerta social que hay en Tupungato. Balderrama, además profirió insultos a les vecines e interrumpió en todo momento las exposiciones.
Por su parte, la concejala Nancy Micheletti defendió la aplicación del decreto 248 de Cornejo, cometiendo de ese modo el grosero olvido de que en el departamento el fracking está prohibido por ordenanza emanada de ese propio cuerpo legislativo; y dejando en evidencia el reiterado doble discurso que esgrimen tanto intendente como concejales: a unes les dicen que el fracking está prohibido por ordenanzas, a otres les dicen que el fracking es necesario, es seguro, va a estar controlado, etc...
Con esto, los concejales pretendieron infructuosamente dejar mal parados a los asambleístas que hicieron uso de la banca del vecino; cosa que no lograron, ya que días después, con la difusión pública del audio de esa sesión, quedaron completamente expuestos ante la comunidad.
El bloque opositor adoptó una actitud completamente pasiva en toda la sesión, sin pedir nunca la palabra. Conviene aclarar que más allá de esto, el concejal Juan Manuel Perea presentó un pedido de informes al intendente, el cual fue respondido únicamente con la ordenanza, tal como hicieron los concejales oficialistas con les vecines...

El intendente Gustavo Soto públicamente pasivo, pero muy activo por lo bajo.

Gustavo Soto sabe que Tupungato estaba en la mira del fracking al menos desde el
momento mismo de asumir como intendente. A pocos días de iniciar su mandato,
compartió un acto político con el Gobernador Alfredo Cornejo y el ex-CEO de YPF,
Miguel Galuccio, el principal impulsor de los hidrocarburos no convencionales en
Argentina, donde se anunció el descubrimiento de un nuevo pozo en los cerrillos.
En los mismos días del episodio de la Banca del Vecino, se siguieron enviando notas también al intendente, sin embargo jamás contestó ninguna. La última de estas notas es de mediados de junio y se remitió a raíz de la pre-adjudicación del área Pozo Cercado Occidental a YPF S.A.
La Asamblea quiso tener una audiencia con Gustavo Soto en el ámbito oficial, sin embargo éste aceptó únicamente reunirse sólo con un vecino de manera informal, en la que le manifestó su postura a favor del fracking, a pesar de la ordenanza, de la cual no sólo dice haber sido "informante" sino que además se adjudica la autoría; cosa que también ha repetido insistentemente en otros ámbitos.
No obstante ello, también pudo conocerse que en todo ese tiempo el intendente se estuvo dedicando a tratar de convencer a los actores influyentes del departamento (especialmente a los productores agroindustriales, bodegueros y comerciantes) de que el fracking se va a llevar a cabo en el departamento pero que no va a impactar en las zonas productivas, con argumentos falsos que seguramente algún funcionario provincial o empresario del petróleo debe haberle soplado y omitiendo mencionar que hay una ordenanza que lo prohibe en Tupungato...
En alguna declaración pública, también expresó lo que dijera oportunamente la concejala Micheletti: que más allá de la ordenanza 8/2013, actualmente está el decreto 248/18 (firmado por Cornejo) y por ende la actividad ahora está "regulada y controlada". Con esto evidentemente quiere quedar bien con la comunidad local movilizada y con sus jefes políticos al mismo tiempo, sin embargo él como intendente no debería estar haciendo ninguna mención al decreto de Cornejo, puesto que en función de la ordenanza municipal, es inaplicable en el territorio de su departamento.
Resumidamente, Gustavo Soto le dice a la gente en general que no va a haber fracking por que hay una ordenanza que lo prohíbe, pero se sabe que está haciendo un trabajo fino de ir personalmente a decirle a cada referente que no pasa nada con esta técnica extractiva.


Los representantes locales de Irrigación, contra el fracking pero sin exponerse públicamente

El referente local de Irrigación es el Sr Julio Aguado, titular del ICAT, que es la inspección de cauce de los Ríos Anchayuyo y Las Tunas. Esta persona fue entrevistada por la Asamblea y se manifestó conocedor del tema del fracking y de los riesgos que representa para le agua de los regantes. También estaba al tanto de la ineficiencia de los controles del Estado en las actividades extractivas de gran escala.
De todos modos, Aguado sostiene que el agua de la zona a su cargo no iba a ser entregada al fracking ya que no sobra nada del riego en cantidades suficientes como para proveer a dicha modalidad extractiva. Resumidamente, si se tuviera que entregar agua para fracking en Tupungato, habría que dejar de regar.
Además, esta persona dice que el agua de pozo tampoco sirve, porque en la zona de los cerrillos en general es muy salada; y que tampoco sería factible económicamente traerla de otro lado a través de acueductos o en camiones (tal como se hace por ejemplo en la parte neuquina de Vaca Muerta).
La conclusión de Aguado es que en base a sus conocimientos no van a poder hacer fracking en Tupungato por que no van a poder conseguir agua, más allá de que las licitaciones están marchando, pero según él, se están llevando adelante sin conocimiento de estas cuestiones por parte de los funcionarios provinciales...
El dato concreto que les pasó a los vecinos es que los productores sí están preocupados y que lo consultan permanentemente, aunque únicamente estarían dispuestos a movilizarse para defender el agua y su matriz productiva cuando empiece a verse algún signo de actividad en la zona, no antes...

Quemá esos archivos: el increíble viraje ideológico del concejal que ahora es intendente

El intendente renegando públicamente de sus propias declaraciones
en el pasado,  fue motivo de cargadas en las redes sociales.
El intendente de Tupungato últimamente se ha mostrado muy reacio a manifestar públicamente su posición pública en contra del fracking, tanto como la estoica reticencia que ha manifestado a oponerse administrativamente a la licitación del área Puesto Pozo Cercado Occidental para explorar hidrocarburos no convencionales dentro del departamento que gobierna, donde dicha actividad está prohibida por una ordenanza que él mismo impulsó y  votó cuando era concejal...
Las acciones de su pasado como concejal opositor parecieran ser una suerte de pesada carga para su actual rol de intendente afín con las intenciones del Gobierno Provincial de llevar adelante el fracking en Tupungato. Esto ha quedado de manifiesto en varias oportunidades en que se lo ha visto muy ofuscado y escuchado renegar públicamente al volver a difundirse los audios de sus intervenciones, hace 5 años, en la sesión del Concejo Deliberante en que fue aprobada la Ordenanza 8/2013. Es bastante loco: por lo general, el hombre común que realiza buenas acciones se siente muy orgulloso de su pasado, pero parece que Gustavo Soto no...
La contradicción resulta evidente, ya que las palabras esgrimidas en aquel entonces reultan por demás contrarias a la actitud pública que manifiesta actualmente. Decía Gustavo Soto hace 5 años (textual) "No tengo la verdad revelada, es mi opinión, de lo poco o lo mucho que he podido recavar sobre estos temas, es que, el aparente beneficio económico o financiero que esto nos podria producir en un lapso de 5 o 10 años, de acuerdo a lo que dicen desde YPF, de ninguna manera, ¡pero de ninguna manera! si fuese cierto, cosa que no es y afirmo que no es. Justifica el daño ambiental el daño ambiental que le vamos a producir a las generaciones futuras. Es decir, un peso que podamos tener a costillas o sobre el lomo de generaciones futuras, es lo mismo que hicimos durante muchos años con la deuda externa argentina. Voto por la afirmativa, y me llena de orgullo poder decir que Tupungato lo hemos conciderado libre de Fracking para aquí y para adelante”
Desde ya, le sera muy sencillo al lector entender que al Soto de ayer no le resultó difícil en aquel entonces asumir el papel de opositor a la postura extractivista del gobernador Francisco Pérez y la presidenta Cristina Fernández; así como tampoco le resulta actualmene difícil al Soto de hoy asumir el papel de oficialista a la postura igualmente extractivista del gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Mauricio Macri, por más volantazo ideológico que haya tenido que dar en el medio, borrando con el codo lo que ayer escribió con la mano...
   
A Gustavo Soto le preocupa menos la avanzada del fracking en Tupungato que quedar él mismo ridiculizado o públicamente expuesto. 
  
El intendente Gustavo Soto ha sido ridiculizado con numerosos
memes, debido a su doble discurso con el tema del fracking.
En este caso, se lo caricaturiza en relación a su fanatismo por
las carreras de karting y un accidente que tuvo en ese entonces.
Sabido es en la comunidad de Tupungato que al Intendente no le gusta quedar expuesto públicamente y que cuida minuciosamente su imagen, como nadie lo hizo antes en su comuna, destinando una importante suma de dinero del erario municipal al área de prensa, como tampoco nunca lo había hecho ninguno de sus antecesores.
En este sentido, resulta lógico que Gustavo Soto no acepte ningún tipo de voces disidentes dentro de su gestión, por ello es que dentro de la comuna "de eso no se habla", existiendo persecución ideológica, amenazas y hostigamiento contra aquel empleado municipal que saque el tema del fracking en alguna conversación, ya sea dentro o incluso fuera de su ámbito laboral.
La censura también se ha vuelto una práctica habitual en la gestión Soto, ya que todo comentario contra el fracking en las redes sociales del municipio y sus portales web, son inmediatamente borrados. Recientemente también el municipio ha recurrido a bloquear de sus redes a les vecines que se manifiestan en contra del fracking; que paradojalmente, reiteramos, está prohibido en el Departamento de Tupungato.
En este sentido y para constatar estas actitudes antidemocráticas de Gustavo Soto, la Asamblea viene publicando en las redes sociales capturas de pantalla de cada vez que se vuelcan críticas hacia la actitud ambivalente del municipio con respecto al fracking, cosa que también lo irrita... Esto se lleva a cabo también para que quede constancia de que no es insultado por les miembres de la Asamblea, tal como ha salido a decir públicamente, sino que lo que se publica son exclusivamente datos informativos.
Las redes sociales resultaron ser bastante efectivas en Tupungato a la hora de difundir los impactos negativos del fracking y las razones para oponerse a que esta modalidad extractiva sea implementada en el departamento; a jucio de algunes, más incluso que las charlas, las movilizaciones y las panfleteadas, aunque de todos modos, hasta ese momento no han habido demasiadas movidas.
En este sentido, Gustavo Soto también se ha encargado de utilizar esta herramienta, difundiendo audios propios, desmintiendo a la Asamblea, e incluso manifestando en privado que (textual) "el tema del fracking me tiene cansado porque todo el mundo me molesta por las redes".
El último de estos audios resulta muy grotezco, ya que se trata de una simulación de entrevista que le hace el propio encargado de prensa del municipio, muy sobreactuada por el intendente, en donde él vuelve a sostener que la ordenanza está vigente (cuando en realidad los vecinos le piden que la haga valer ante el vance de las licitaciones). Además aprovecha la oportunidad para insistir en falsas denuncias.
Posteriormente, en otras declaraciones más recientes, Gustavo Soto sostuvo que en caso de que el Gobierno Provincial le solicite Dictamen Sectorial, él va a contestar con la ordenanza. Sin embargo, esta respuesta "políticamente correcta" esconde un alto grado de desidia y negligencia por parte del intendente; pues si verdaderamente hubiera tenido voluntad política de hacer valer la ordenanza 8/2013, debería haber presentado una impugnación a la licitación del área Puesto Pozo Cercado Occidental, ni bien su decreto de inicio fue publicado en el Boletín Oicial, primero por la vía administrativa y luego por la judicial, tal como la asamblea se lo solicitó en más de una oportunidad. Por esta omisión deliberada, Gustavo Soto podría ser denunciado penalmente por inclumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los grandes intereses corporativos que operan en Tupungato.

Se sabe que en Tupungato hay grandes intereses corporativos particulares, mucho más poderosos que el propio estado municipial, que operan por lo bajo a favor del fracking. En general, la comunidad de Tupungato no tiene una clara percepción de ellos, pero con tan sólo investigar o indagar a les vecines, saltan a la luz...
La figura de José Luis Manzano siempre está omnipresente en su lugar de origen, donde actualmente no es muy frecuente verlo, menos ahora con esta situación, debido fundamentalmente a que él es uno de los actores principales del negocio del fracking y su influencia en la toma de decisiones por parte del Gobierno de Mendoza es determiannte.
La relación entre José Luis Manzano y el intendente Gustavo Soto es implicitamente de subordinación del segundo hacia el primero, más allá de que no puede evidenciarse en la cotidianeidad de la vida tupungatina. No obstante, ésto quedó evidenciado con el proyecto de ley de expropiación para la apertura de un camino de acceso público al Parque Provincial Tupungato, presentado formalmente por el diputado radical Marcelo Osorio, el cual disgustó al intendente, manifestándose públicamente opuesto al mismo y que en lugar de ello habría que negociar con el ex-político millonario tan sólo una servidumbre de paso. Desde entonces, el hoy ya ex-diputado Osorio prácticamente ha desaparecido de los ámbitos públicos locales.
Una figura de la política local que despiuerta ciertas dudas, es la del concejal Pablo Leites, proveniente de la actividad petrolera, que en el pasado presentó un proyecto para crear un parque industrial de servicios para esa actividad. En momentos de la polémica por el fracking en el Concejo Deliberane, él sólo mencionó que conoce mucho de esta modalidad extractiva, precisamente por provenir de la actividad, aunque sin manifestar una postura pública al respecto y manteniendo un llamativo silencio en todos los debates, a pesar de ser opositor al actual intendente. A Leites se lo vincula con Manzano, ya que en más de una oportunidad ha manifestado que tiene un proyecto para levantar un shopping y un complejo de departamentos en Gualtallary, donde éste último es amo y señor latifundista, y que necesita de algún favor suyo para conseguir la autorización municipal para llevarlo adelante. De esta manera, Leites ha manifestado con respecto al tema del fracking (textual) "que me tienen agarrado y que no puedo hacer nada".

José Luis Manzano aparece en una nota periodística de 2012, en una suerte de premonición, ya que si bien su imperio petrolero estaba ya consolidadoaún no entraba de lleno el fracking en Argentina, ni se había "estatizado" YPF ni había sido suscripto el acuerdo secreto con Chevron. Sin embargo este célebre tupungatino (que 20 años atrás había "robado para la corona" de manera impune 400 millones de dólares de las arcas públicas) ya sabía en qué canasta meter sus huevos de oro, al final del arco iris... Para ese entonces, su corporación Andes Energía (antecesora de El Trebol y Phoenix Reoruces y dueña de EDEMSA), ya hacía unos años que conformaba el Council Of Americas (la organización de Rockefeller que defiende los intreses corporativos de EEUU en Latinoamerica). Ahora que el fracking está en Mendoza y quiere instalarse en Tupungato, que el Trébol no te tape el Manzano.

Funcionarios provinciales que brillan por su ausencia...

Desde que estalló la polémica por el posible avance del fracking en Tupungato, nungún funcionario provincial ha visitado el departamento ni han habido actos oficiales que hayan contado con su presencia. La única excepción a esto ha sido Emilio Guñazú, aunque estuvo de incógnito y de manera extra-oficial, manteniendo reuniones privadas con funcionarios y empresarios locales. En ese sentido, también se supo que en algún momento, al comienzo de la polémica, técnicos de reparticiones vinculadas al tema vinieron y "capacitaron" a los concejales.
Ya va a hacer un año que Cornejo no va en visita oficial a Tupungato, la última vez que lo hizo fue el 7 de octubre de 2017, para la inauguración de un sector del Hospital Las Heras, de la ciudad cabecera departamental. El ministro Martín Kerchner (firmante junto a Cornejo de los decretos de inicio y adjudicación de las licitación de las áreas Puesto Pozo Cercado Oriental y Occidental) estuvo por última vez en visita oficial al departamento el 3 de julio de 2017, con motivo de la inauguración de un barrio de viviendas sociales, al que también concurrió Cornejo.
También es un dato llamativo que durante 2017, el gobernador visitó varias veces el departamento, hasta su última vez lo hacia casi mensualmente; en cambio nunca fue en lo que va de 2018, o sea, desde que se inició el proceso licitatorio de las mencionadas áreas hidrocarburíferas. A pesar de ello, el intendente Gustavo Soto sigue formando parte de su mesa chica, en la que desde ya, el tema del respeto por la autonomía municipal de Tupungaro es algo que brilla (o más bien encandila) por su ausencia...

Las últimas visitas oficiales del gobernador Alfredo Cornejo fueron hace un año, siempre para posar en la foto cortando cintas  (izq inauguración de una parte del hosptal local, der entrega de viviendas sociales), nunca para dialogar con les vecines. Curiosamene, en 2018 nunca apareció...


Alerta: equipos petroleros circulando por el departamento

Durante el mes de julio, vecines pudieron observar vehículos de gran porte con equipos petroleros circulando por algunas de las rutas del departamento, así como otros dispuestos en locaciones ubicadas en la zona de los cerrillos, datos que inmediatamente fueron publicados en las redes sociales y asociados a la situación de preocupación generada en la población de Tupungato por la licitación de áreas de concesión petrolera para explorar hidrocarburos no convencionales y la falta de respuestas del municipio.
En teoría, aún no deberían verse en la zona equipos para fracking, puesto que recién el Gobierno de Mendoza está adjudicando las áreas en cuestión y para empezar con esa técnica extractiva, primero se debería llevar a cabo el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública. Esto, más allá de que son instancias administrativas que no se están cumpliendo en las autorizaciones que se emitieron para los pozos de fracking que están funcionando en el Departamento de Malargüe.
Conviene recordar también que dentro del territorio del Departamento de Tupungato hay otras 6 áreas de concesiones petroleras, además de las ya mencionadas Puesto Pozo Cercado Oriental y Occidental, que actualmente están desarrollando actividad convencional, todas ellas en la zona de los cerrillos (ver más arriba el mapa de las concesiones petrolíferas del Valle de Uco). Por ello es que antes de alertar al respecto, se debe localizar con exactitud donde se observa la actividad o movimientos. Desde ya, el municipio no está al tanto de la actividad hidrocarburífera que ocurre dentro del departamento, más allá de que cobra regalías, que evidentemente, no salen de un repollo...   

Una nueva intervención en el Concejo Deliberante

La intervención del 12/07 en el Concejo Deliberante.
El 12 de julio de 2018, la Asamblea decidió realizar una nueva intervención en el Concejo Deliberante, esta vez las mujeres fueron vestidas de negro, con la boca encintada y portando el texto de la Ordenanza 8/2013. La idea de esa intervención era represnetar la "Muerte de la Ordenanza" ante el avance del fracking en Tupungato y la falta de respuestas de las autoridades locales.
Ese día la sesión duró apenas 4 minutos, los concejales visiblemente incómodos ni siquiera izaron la bandera y la dieron por finalizada. Otra vez se pudo constatar lo que últimamente resulta ser una constante en los ámbitos institucionales de Tupungato: los representantes huyendo ante la requisitoria del pueblo...

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se autoconvocan en Tupungato

La avanzada del fracking en Tupungato, así como la falta de voluntad política de intendente y concejales para frenarlo administrativa o legalmente y la persecución hacia les vecines que se expresan en este sentido, son hechos públicos y notorios que han trascendido los límites del departamento, despertando la preocupación en toda la Provincia de Mendoza, que actualmente se encuentra movilizada por la irresponsabilidad con que el gobierno provincial está llevando adelante esta técnica extractiva sin licencia social.
A raíz de ello, las asambleas de todos los rincones de mendoza mantuvieron un encuentro en la ciudad cabecera el día 15 de agosto y realizaron una concentración en la Plaza Departamental.

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, autoconvocadads en la Plaza Departamental de Tupungato, a pesar del intenso frío reinante.


Antinio Balderrama: el concejal que patea...

El día 21 de agosto, una persona se acercó en la calle al concejal aludido y la preguntó por qué no hicieron nada para frenar la licitación del área Puesto Pozo Cercado Occidental. El verborrágico edil no tuvo mejor reacción que propinar patadas e intentar robarle el celular a quien lo interrogaba. Las propias personas que acompañaban al sacado concejal tuvieron que contenerlo y retirarlo del lugar. Desde ya, la denuncia penal está realizada, no obstante es necesario difundir este tipo de acciones, a fin de que no se vuelvan recurrentes y para que se ponga fin al estado de violencia que ha decidido implementar la Municipalidad de Tupungato en su territorio, como respuesta a la protesta social. El audio de la agresión está viralizado en las redes sociales.
La única disculpa válida para semejante acto, inaceptable desde cualquier punto de vista (al menos dentro de la institucionalidad democrática), es que el municipio de una buena vez presente la impugnación al proceso licitatorio y la adjudicación de las áreas petroleras en su departamento, haciendo valer la vigencia de la ordenanza 8/2013.
Además, desde ya, debería exigirse que el concejal Antonio Balderrama renuncie a su banca. Sus propios pares y el intendente se lo deberían pedir públicamente.

Denuncia en Fiscalía de Estado

Ante la falta de respuesta de intendente y concejales a las reiteradas notas enviadas (algunas como pronto despacho y otras como cartas documento) para solicitar que el municipio impugne o presente oposición administrativa a la licitación de áreas prtroleras para exploración de hidrocarburos no convencionales en el departamento, les vecines deciden hacer una presentación en Fiscalía de Estado, el día 22 de agosto. En la misma se solicita la suspensión del decreto 2593/17, que pone en marcha la licitación y solicita se investigue al intendente y concejales por acciones u omisiones violatorias a la ordenanza 8/2013, en relación a esta licitación.

Ahora resulta que para los funcionarios la ordenanza 8/2013 no sirve...

Les vecinos se encargaron de dar a conocer de manera
fundamentada, cuál debería haber sido el proceder de
los funcionarios ante el avasallamiento de la autonomía
municipal, dada su manifiesta inacción y doble discurso.
Por estos días, en otro de sus tantos virajes discursivos, algunos funcionarios han salido a decir que en realidad, la ordenanza antifracking de Tupungato no sirve o que no se puede aplicar porque no ha sido publicada en el Boletín Oficial.
Si bien la publicación de una ordenanza municipal en el Boletín Oficial del gobierno provincial puede darle un poco más de respaldo a la norma (y es recomendable hacerlo, tal como ocurrió con la ordenanza 1/07); que eso no se haga no quiere decir que la misma deje de tener validez o no tenga que hacerse valer ante cualquier intento de violarla (tal como ocurre en este caso).
Las ordenanzas municipales son las herramientas legales que tienen los municipios para regular las distintas materias en las que tienen incumbencias dentro de su jurisdicción, que para el caso de la Provincia de Mendoza, la conforma la totalidad del territorio incluido dentro de los límites de los departamentos. Algunas de estas incumbencias ya las mencionamos con anterioridad: salud pública, ordenamiento territorial y ambiente. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 1079) es bastante clara al respecto y la legislación ambiental de presupuestos mínimos también.
El mecanismo de sanción de las ordenanzas es bastante similar al de las leyes de los estamentos superiores del estado: hay un poder legislativo que las sanciona (Concejo Deliberante) y un ejecutivo (Intendente) que las promulga. Recordemos que para el caso de esta ordenanza, el ejecutivo la vetó, no obstante el legislativo la ratificó, quedando firme de esta manera y completamente vigente, desde el momento que es asentada en el Libro de Ordenanzas del Concejo Deliberante, que es un registro público de los actos normativos que emite ese órgano legislativo municipal.
En realidad la Ordenanza 8/2013 sí sirve, los que no sirven son los funcionarios municipales que hasta el día de hoy no la han aplicado ni la han hecho valer, ante el claro avasallamiento de la autonomía municipal que representa esta avanzada del fracking por parte gobierno provincial en el Departamento de Tupungato, donde está prohibido, precisamente por una norma emanada del propio Estado Municipal, al cual pertenecen todos estos funcionarios que no funcionan...
Es muy evidente que ante la ineficacia y la falta de idoneidad y de voluntad política para defender la cosa pública y la autonomía del municipio en los asuntos que le son de su incumbencia, intendentes y concejales estén permanentemente inventando cualquier excusa para justificar su actitud, que es cláramente de desidia y negligencia. Pareciera que no tienen muy claro que gestionar un municipio no es sólo limpiar cunetas...

El último plantón del intendente y concejales: el más grave.

El día 23 de agosto, una vez conocida la adjudicación de las áreas petroleras Puesto Pozo Cercado Oriental y Occidental, la asamblea envía una nueva nota a intendente y concejales para convocarlos a un encuentro con el pueblo en la Plaza Departamental y un petitorio para impugnar la adjudicación de dichas áreas.
La concentración de vecines es importante, aún bajo un clima reinante de lluvia y frío, sin embargo ninguno de los funcionarios convocados se hace presente ni da señales de vida. Hay que mencionar que únicamente se hace presente el Concejal opositor Juan Manuel Perea. Una vez más queda en evidencia que el estado municipal, (actualmente en manos de gente carente de idoneidad para defender la cosa pública), está completamente ausente ante este avasallamiento por parte del gobierno provincial y los intereses corporativos asociados, que bien vale recalcar: la comunidad local tiene que empezar a conocer y comprender cómo gravitan en la vida de todes... El intendente y los concejales (que tienen un sueldo de cien mil pesos promedio), con sus idas y vueltas, puestas en escena, ninguneos, descalificaciones, persecuciones y sucesivos plantones, son los principales responsables de esta situación.


La concentración en la Plaza de Tupungato el 23 de agosto tuvo una gran convocatoria, a pesar de que estaba lloviendo.


A modo de conclusión con final abierto...

Quien suscribe está convencido de que el fracking en Tupungato finalmente no pasará, pero (más allá de ser bastante escéptico del sistema representativo) ojalá en las urnas estos personajes nefastos reciban su merecido; pues ya la historia los está empezando a juzgar como lo que realmente son: unos verdaderos irresponsables, con todas las letras, que no saben o no quieren entender que la imposición del fracking en Tupungato, sin licencia social, trae aparejado consecuencias ambietales, sociales y económicas para todo el departamento; pero además su deliberada falta de reacción pone en juego la autonomía municipal, algo que sin dudas ellos mismos estan menospreciando, tan solo por la pertenencia a estructuras partidarias de tipo verticalistas y castrenses, que actualmente están subordinadas en un todo a los grandes negocios espurios del capital corporativo globalizado y el modelo extractivista, a los cuales evidentemente responden. Solo el publo en las calles ha de frenar este atropello.

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