EL FINANCIAMIENTO MINERO A LAS UNIVERSIDADES Y SU ROL ANTE EL AVANCE EXTRACTIVISTA.

 (especial para "La Voz de la Tierra")

La ley nacional 14771 data de 1958 y otorga a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) la propiedad de varios yacimientos mineros de esa provincia y de Catamarca, entre los que destaca Aguas del Dionisio, donde se encuentra la Mina La Alumbrera, por lo tanto esta universidad pública es parte de la sociedad que desarrolla dicha explotación, una corporación cuyos directivos actualmente están procesados en la justicia por contaminar tres provincias y por contrabando de metales.

Como parte de esta sociedad, la UNT recibe anualmente 100 millones de pesos de ganancia por su parte accionaria en la sociedad minera. De esta suma, la mitad se queda en esta alta casa de estudios y la otra mitad conforma un fondo que debe ser repartido entre todas las demás universidades públicas del país.
El debate se plantea en si las universidades deben o no aceptar dichos fondos, provenientes de una actividad extractiva actualmente cuestionada por los problemas ambientales, sociales y económicos que provoca en las regiones donde se lleva a cabo, y la consecuente pérdida de independencia y desprestigio ético que tal actitud provoca.

Las universidades públicas, por su carácter de instituciones autónomas del estado, constituyen uno de los pocos actores de la sociedad capaces proveer de saberes técnicos independientes; por eso deberían ser capaces de echar luz, no sólo a las comunidades directamente afectadas por esta actividad, sino a la opinión pública de todo el país, que necesita ilustrarse respecto del trasfondo de las decisiones que toma el gobierno cuando administra el patrimonio de todos los ciudadanos, como lo es el conjunto de recursos naturales explotados y los otros que conforman el sistema natural con riesgo potencial de ser afectados. Lejos de esta situación ideal lógica hasta para el más elemental sentido común, actualmente, muchas instituciones universitarias están trabajando al servicio de estas corporaciones, situación exhibida como grandes logros en materia de entendimientos académico-empresarios.
En el medio local no deja de sorprender este tipo de actitudes entendidas como connivencia, tal como ha ocurrido en diversos casos que han sido rechazados no sólo por las comunidades afectadas sino incluso por los poderes del estado, como por ejemplo los proyectos mineros Papagayos, Ninu y Picos Bayos que se iban a llevar a cabo en torno a la Laguna del Diamante, la Mina Paramillos ubicada en la Reserva Villavicencio, la cantera La Mine de San Carlos, la explotación petrolífera en la Laguna Llancanelo, la remediación a medias de Sierra Pintada, etc; todos proyectos que en algún momento tuvieron la rúbrica universitaria y finalmente fueron rechazados por algún ámbito estadual, por constituir una amenaza ambiental de grandes proporciones, alertados exclusivamente por la demanda social, que pareciera no tener asidero en las casas de altos estudios.

La visión sesgada, el discernimiento inhibido, la ideologización conceptual de postulados que pertenecen exclusivamente al ámbito técnico científico (como por ejemplo el concepto de desarrollo sustentable, tan bastardeado por el sector minero), la imposición coercitiva de criterios pragmáticos carentes de visión y concebidos sólo bajo el influjo de las desmesuradas ambiciones particulares que movilizan este tipo de explotaciones, todas estrategias de imposición insufladas por capital minero que permanentemente lesionan la buena fe y la dignidad de las personas; sin embargo las universidades relativizan estas acciones, con los mismos argumentos que las propias empresas, invirtiendo así la direccionalidad del proceso de aprendizaje, o sea, las universidades ya no revelan conocimiento, eso ahora lo hacen las corporaciones a su antojo, incluso hacia las propias instituciones educativas y de investigación que pasan a ser influenciadas.

Son instituciones universitarias las que avalan a los técnicos que asesoran a las empresas mineras para optimizar al máximo el sistema de extirpación, saqueo y devastación del patrimonio nacional. Las universidades además preparan el terreno para que dicha optimización se lleve a cabo sin contratiempos, plasmando su firma en informes de impacto ambiental cuya finalidad excluyente es sortear el trámite administrativo correspondiente y no minimizar las afectaciones y los riesgos. Son también instituciones universitarias las que rubrican dictámenes sectoriales pagados por las propias empresas mineras, sin siquiera utilizar el marco cognoscitivo básico sustentado en la veracidad empírica (no hablemos entonces del más elemental razonamiento lógico que permanentemente es burlado, como si la gente fuera idiota y no se diera cuenta), basándose sólo en la información recortada brindada por las empresas que pagan al extenso séquito de profesionales de esas universidades que intervienen en la elaboración de esos informes sectoriales (obvio, sin dejar de cobrar su sueldo del estado). Son también instituciones universitarias las que se prestan para avalar acciones de ficticia gestualidad hacia la comunidad que con anuncios rimbombantes muchos iluminados pretenden denominar licencia social empresaria, aval que buscan denodadamente para pagar menos impuestos, porque todos sabemos que las erogaciones llevadas a cabo por las empresas mineras para suplir las deficiencias en las prestaciones del estado tienen un doble costo para éste, por ejemplo, si una minera “dona” una escuela, un hospital, la planta de agua potable, etc. estas supuestas donaciones le cuestan al estado el doble de lo que erogaría si las hiciera por motus propio, ya que las mineras efectúan, haciendo uso y abuso de sus innumerables beneficios legales, la doble deducción del costo de estas obras al impuesto a las ganancias que deberían pagar si estas obras las efectuara el Estado. Ninguna institución universitaria nos ha develado estas y todas las demás acciones encaradas por el poder político-empresario encaminadas a garantizar la vulnerabilidad fiscal aceitada para delinquir con fino guante blanco.

El caso más reciente que no deja de sorprender es el gran apoyo de las universidades al Proyecto Minero San Jorge, cuyo informe de impacto ambiental ha sido cuestionado por importantes sectores de la comunidad, acusando incluso a la minera y su consultora socia de manipulación de datos y falsedad ideológica, sin embargo ninguna de las universidades financiadas por el capital minero ha observado estas irregularidades ni ha planteado modelos de desarrollo alternativos al exacerbado extractivismo minero, petrolero, nuclear, sojero, forestal, pesquero, ganadero, de construcción de represas insustentables, como las que tenemos en Mendoza, de obras de infraestructura innecesariamente onerosas, como por ejemplo los innecesarios desmontes y movimientos de suelo que se efectúan cada vez que se construye una ruta nueva, pensadas sólo para que las empresas constructoras embolsen más y más dinero y las obras nunca se terminen, la ingeniería inculcada en las universidades pareciera no haber reflexionado o tomado conciencia de ello.

Las universidades públicas, como instituciones del estado, o sea de todos, nos deben un debate ético y científico, no sólo sobre la decisión de recibir estos fondos cuestionados, si no sobre el papel que deben tener ante la irrupción de estos modelos de dudoso desarrollo y caducidad asegurada que sólo benefician a un selecto grupo de personas, en detrimento del colectivo social. La inclaudicable aceptación de estas dádivas, ligada a la obsecuencia de sus acciones, no deja de dar lugar a suspicacias.

A los hechos me remito: ninguna institución universitaria ha puesto en debate el rédito que tiene la conservación de la naturaleza y los servicios ambientales por sobre los proyectos megamineros, no sólo para proteger la biodiversidad, si no también para plasmar una experiencia de vida armónica con la naturaleza que garantice el crecimiento económico del pueblo mendocino y de todos los pueblos cordilleranos. Es lo que ocurre con el Proyecto minero San Jorge, allí donde quieren llevar a cabo una explotación megaminera debería haber una reserva natural o un parque nacional, es lo que más le conviene al colectivo social, porque hay singularidades ambientales y valores universales de conservación que van a ser destruidos para siempre, ninguna universidad lo ha manifestado a pesar de que la totalidad de los argumentos legales, técnico-científicos, sociales y económicos inculcados y aprendidos en los propios claustros académicos así lo determinan.

Aclaración del autor: la presente nota apunta exclusivamente a la exteriorización institucional que en general evidencian las altas casas de estudios, y centros de investigación independientemente del pensamiento de muchos hacedores, sabemos perfectamente que hay una gran cantidad de voces en contra de este atropello, a ellos mi gratitud.