Por eso, si bien es una obligación ética y moral que tanto instituciones como profesionales deben manifestar en todos sus actos y declaraciones una total independencia de cualquier tipo de interés particular y la consecuente transparencia. Eso es a todas luces un deber, está bien, pero en estos tiempos turbulentamente enturbiados la claridad transparente es muy difícil de ver/encontrar, precisamente por la oscuridad/suciedad reinante. Por eso sorprende gratamente las escasas muestras que dan fe del cumplimiento de estas obligaciones éticas/morales por parte de un selecto grupo de hombres/instituciones. De ahí a que reciéntemente destacáramos el rechazo de los fondos mineros por parte de la Universidad Nacional de Córdoba (actitud que también tomaron otras dos universidades y varias facultades de todo el país), no sólo por el simbolismo que tiene el hecho en sí, sino por cómo se dio: en el marco de "UN PROCESO PARTICIPATICO EJEMPLAR" donde se integró la investigación de la verdad empírica a través de la metodología científica generadora de saberes independientes con el debate abierto de la ciudadanía, para arribar a una decisión consensuada. Por eso lo destaco, porque cuando se llega a este tipo de resoluciones es porque evidentemente se han hecho las cosas como corresponde y las decisiones se tomaron entre todos.
Aquí les dejo, como muestra de ello, otro hecho que merece destacarse: una carta abierta de un nutrido grupo de profesionales del CCT (ex CRICYT, Mendoza), CONICET, pronunciándose por la aceptación de los referidos fondos mineros por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, donde para llegar a esa decisión se hizo absolutamente lo contrario que en Córdoba: se denegó el debate a la comunidad, y por eso pasó lo que pasó.
Al rector de la Universidad Nacional de Cuyo y a la opinión pública general
Por la presente, los abajo firmantes, personal del CONICET con lugar de trabajo en el CCT-Mendoza (ex CRICYT), ponemos de manifiesto nuestro total desacuerdo con la resolución tomada por el Consejo Superior de la UNCu en su reunión plenaria del 16 de diciembre, como resultado de la cual dicha universidad aceptó la utilización de fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD)- Bajo la Alumbrera.
Esta decisión fue disimulada por la votación de un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evadía el debate sobre la cuestión de fondo, al sostener que “no es competencia de la Universidad aceptar o rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD ya que dependen de una ley nacional vigente”.
Como si este artilugio no fuera ya suficientemente elusivo, desde el Rectorado de la Universidad se ha desplazado el eje de la cuestión hacia las derivaciones conflictivas de la reunión, en lugar de atender al asunto de fondo, al tiempo que se han ocultado las condiciones en que se produjo esa votación, a saber, con la ausencia inexplicable de más de la mitad de los consejeros que habían comprometido un voto negativo a la propuesta del Rector, y con los votos a favor del decano y la consejera docente de una unidad académica cuyo consejo directivo se había expedido en contra de la aceptación de los fondos.
Quienes firmamos esta nota queremos manifestar que, al sumarse al grupo de universidades que han aceptado esos fondos, la UNCu se inscribe en el modelo de “clientelismo de empresa” practicado por la minera -tal como ha dice la resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba en que se rechaza esos fondos-; ofrece a los jóvenes un modelo de comportamiento completamente reñido con los valores de una ética democrática, republicana y humanista; desprestigia su papel como productora y difusora de conocimientos; da la espalda al clamor de diversos y crecientes sectores ciudadanos de Mendoza, que exigen debatir seriamente las condiciones y consecuencias socio-ambientales de la megaminería a cielo abierto y bajo control de grandes corporaciones transnacionales; y desconoce toda la investigación producida y reunida sobre el particular (por especialistas y por los mismos afectados), que demuestra los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo de ese modelo de minería sobre el ambiente, la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, la afectación de la flora, la fauna y el paisaje local, la degradación de las condiciones para la reproducción de la vida en general y para la salud de las poblaciones locales, así como el saqueo incontrolado de la riqueza de nuestro subsuelo.
Es muy lamentable que nuestra universidad -a diferencia de las de Córdoba, Río Cuarto y Luján y de más de veinte facultades de universidades nacionales en todo el país- haya decidido ignorar las advertencias de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y valeroso luchador por la dignidad humana, quien, en su carta del 10 de junio de 2009 al Presidente del CIN y a los Rectores de las Universidades Nacionales, sostiene: “les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas. Las universidades que Ustedes dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos”. Hacemos nuestras sus palabras.
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