Funcionarios públicos del Gobierno de Mendoza que al mismo tiempo son inversores de Minera San Jorge S.A. están más preocupados en los réditos de sus inversiones en Minera San Jorge S.A. que en funcionar como funcionarios públicos del Gobierno de Mendoza.

El macabro juego de palabras que titula la presente no es otra cosa que la causa principal de  una buena parte de los conflictos sociales que se viven actualmente en la otrora próspera Provincia de Mendoza.
Todos los mendocinos les pagan a estos funcionarios públicos para que, estas personas supuestamente idóneas y dispuestas a servir a la sociedad, ejerzan con profesionalismo la función de administrar los bienes e intereses de la sociedad, pero a la vista está que esto no es así, ese profesionalismo que esgrimen y exiben con grandilocuencia está ejercido exclusivamente en beneficio propio, sin importar las consecuencias para la población.
Cuando un funcionario (como dije antes, supuestamente idóneo y servil) no funciona, no es un hecho meramente fortuito o causa de alguna patología física (en tal caso podría pedirse una licencia por enfermedad o estrés y ahorrarse algo del desprestigio que tan bien ha sabido ganarse) y las consecuencias no tardan en hacerse visibles y padecibles para la ciudadanía.
El desmanejo en el Estado no es obra y gracia del espíritu santo, sino parte del accionar profesional deliberadamente ejercido desde los grupos de poder con intereses particulares enquistados en la estructura del gobierno, destinado a aceitar la vulnerabilidad fiscal, allanando ex profeso cualquier escollo para la consumación del más sutil delito de fino guante blanco.

Desorden de papeles, expedientes que se van acumulando, cajones revueltos, teléfonos descolgados, vasos sucios...: la foto aparecida en el diario digital MDZ el día de hoy es un fiel reflejo del despacho de un funcionario que sólo está pendiente de una cosa: sus inversiones en la Minera San Jorge, el resto de lo que tiene que atender le importa un corno, porque él está ejerciendo la función pública solamente para poder llevar a cabo su explotación minera (por más que esta sea ilegal, perjudicial para la comunidad local de Uspallata y dañina para el medioambiente); y por eso es obvio que no está al tanto de absolutamente nada a cerca de la función pública que debe ejercer, ni siquiera de los proyectos y disposiciones que emanan desde su propia repartición (¡algunas incluso firmadas por él!). Esa es su apuesta, la que le da rédito económico, creyéndose indemne e impune y al parecer hasta ahora le está saliendo bastante bien, nadie de su entorno parece ni siquiera hacerle notar que esa apuesta es bastante riesgosa porque evidentemente así como están dadas las cosas no tiene nada que perder y mucho que ganar. Una cabal demostración de que la fórmula del éxito en la política actual es poner cara de amianto y llenarse los bolsillos a costa del sacrificio y/o padecimiento ajeno.

La lógica del capitalismo neoliberal indica que el lucro particular debe optimizarse con la minimización del esfuerzo propio y la maximización del esfuerzo ajeno. La lógica del ladriprogresismo posneoliberal indica que además la optimización de ese lucro particular debe indefectiblemente accionarse desde los resortes del estado. Así estamos entonces.