En días pasados el grupo Carta Abierta Bariloche (en adelante CAB) publicó en su blog un posteo titulado “Espacio Carta Abierta Bariloche: sobre la cuestión minera” con un texto absolutamente parcial que intenta confundir con una importante cantidad de inexactitudes tendencionsas en vez de aportar al debate por el saqueo y la contaminación minera que desde hace años (no es ninguna novedad) está planteado desde las comunidades afectadas a lo largo y ancho de Argentina en particular y Latinoamerica en general.
El texto en cuestión arranca dando una definición laxa y por demás reduccionista de la Provincia de Río Negro: “…es una provincia marítima, de estepa, andina y potencialmente minera” como si la supuesta potencialidad minera fuera equiparable a sus características naturales; y dicho sea de paso, obivando que antes de ser supuestamente minera, Río Negro es ganadera, frutícola, hortícola, vitivinícola, agroindustrial, pesquera, forestal, turística, de servicios, fabril y petrolera (convencional). La supuesta potencialidad minera de Río Negro no es más que otro cliché inventado por el propio sistema globalizado que sólo sus voceros más acérrimos se encargan de arengar.
Le yerra bastante feo CAB en la apreciación harto subjetiva de que el tema minero preocupa y moviliza “…en particular, porque la parte andina es en gran parte reservas naturales y base de una riqueza social que es el turismo”, siendo por demás público y notorio que el rechazo popular a la megaminería con uso de sustancias tóxicas no es concretamente por eso, sino porque resulta en una continuidad del modelo colonial de apropiación del territorio y los bienes comunes (que CAB también llama de manera impropia “recursos” tal como lo hacen el gobierno y las corporaciones saqueadoras transnacionales), modelo que indefectiblemente y como es evidente compromete la vida y la economía de la población y acentúa la matriz del despojo y la devastación vigente actualmente en Argentina.
En el párrafo siguiente, en una actitud típica de simplificación de los hechos y apropiación del relato, equipara las movidas de las leyes provinciales 3981 y 4738, afirmando sin el más mínimo asidero que ambas se aprobaron "rápidamente y con poca discusión”, lo cual no es cierto para el caso de la primera: todos sabemos que la aprobación de la ley 3981 fue un proceso que duró largo tiempo de lucha y prolongados debates públicos que arrancaron en 2003, con el ejemplo de la movida popular de Esquel y terminó con la sanción definitiva en 2005. Es lisa y llánamente desconocer la escencia de lucha social equiparar ese proceso con el de la ley 4738 que fue sancionada sin el más mínimo debate, a puertas cerradas y en pocos días. Además las denomina a una y a otra norma como “Ley Saiz” y “Ley Soria” respectivamente, cuando es de público conocimiento que la ley 3981 no es de Saiz (ni siquiera figura en el proyecto legislativo elevado oportunamente para ser tratado), sino del pueblo que luchó por ella; y la ley 4738 no es de Soria (a pesar de figurar en el proyecto remitido por el ejecutivo para que sea aprobado sin debate alguno), sino de las grandes corporaciones mineras transnacionales que encontraron en Soria un obediente soldado condescendiente con su estrategia destructiva, como ocurre ahora también con W.
Tampoco, como dicen, pasó poco tiempo entre una y otra: la primera es de 2005 y la segunda es de 2012: ocho años en que media generación de rionegrinos pudo gozar de los beneficios de un ambiente sano y concentrar la lucha social en otros temas relacionados con la apropiación de los bienes comunes, como ser libre acceso a costas públicas, sojización del Valle de Río Negro, revisión de los contratos petroleros, reactivación de la planta de uranio, etc... (en los que también CAB pareciera estar en off-side o directamente ausente con aviso), problemáticas que la presente gestión del gobierno prometió resolverlos en función del interés social, promesas que pasados unos pocos meses parecen haberse olvidado, corroborando que a pesar del cambio de caripelas, la matriz del saqueo y la devastación seguirá siendo uno de los ejes más destacados de la gestión de gobierno y por ende nuestra lucha se incrementará, con este nuevo aditamento de la apertura oficial a la expoliación y contaminación minera de nuestra provincia.
En otro párrafo también de neto corte simplificador, pretende solapadamente equiparar la lucha contra la megaminería con uso de sustancias tóxicas con la disputa político-empresarial entre grandes grupos capitalistas por el control de los medios, siendo que esta última nunca fue una lucha popular, porque no se vio representada en las calles como la que llevamos a cabo ahora; esa no es nuestra lucha, sino una disputa interna del poder entre diferentes grupos concentrados del sistema capitalista en crisis, en donde el papel del ciudadano es el de mero espectador y donde la única posibilidad de “participar” es aceptar una receta impuesta desde arriba sin ninguna posibilidad de cambiar ni una coma. Hoy la ley de medios no puede ser aplicada y por ende los luchadores aveces deben irremediablemente caer en los medios corporativos a causa de que en el canal estatal nuestras opiniones no pueden salir al aire y los medios comunitarios alternativos son permanentemente interferidos sin que la autoridad de aplicación haga nada al respecto.
No hay garantías de debate abierto y libre, ya que desde el poder político-económico se intenta manipular con racionalizaciones y argumentaciones rebuscadas que sólo intentan justificar la entrega y el negociado, condicionándolo a hechos consumados, como lo es esta derogación, que viola el principio de progresividad y equidad intergeneracional consagrado en la legislación ambiental argentina de presupuestos mínimos. Que se sepa entonces: nuestra lucha es tanto contra la megaminería saqueante, secante y contaminante y contra los gobiernos cómplices que han decidido por motus propio permitir su accionar depredatorio.
En el párrafo final mencionan la premisa de que “es el Estado el primer defensor del medio ambiente y de los recursos”, algo cierto en los papeles y esbozado en los discursos, pero por demás incontrastable con los hechos concretos de la realidad cotidiana, esa que se vive en cada pueblo y en cada campo afectado por los diferentes daños ambientales y sociales provocados por el extractivismo exacerbado, en cada vecino autoconvocado que es criminalizado en la justicia por protestar legítimamente (más de 5000 compañeros procesados), o en cada maifestante reprimido por fuerzas del estado equipadas para tal fin con plata de todos los argentinos o por grupos de tareas tercerizados que instauran de hecho un estado se sitio, demostrando que ese mismo modelo pregonado por el gobierno también implica la pérdida de soberanía en grandes porciones del territorio donde el Estado Argentino es reemplazado por las corporaciones extranjeras.
Ese mismo párrafo termina enumerando una serie de ítems en los que “consideran necesario ampliar la discusión” pretendiendo como nuevos arrimados al debate cambiar el eje del mismo, que ya lleva más de una década instalado en el imaginario del colectivo social a todo lo largo y ancho del país. En el caso de Río Negro la ley que regula (no prohíbe) la actividad minera, sancionada en uso de las facultades conferidas por el artículo 41 de la constitución nacional y la ley nacional 25675 (que evidentemente CAB desconoce) y con todo el consenso necesario, ya existe; los nuevos gobernantes la derogaron de manera arbitratia y autoritaria, por eso la única salida al conflicto es volver a reponerla.
Por otra parte hablan de seriedad y responsabilidad sin explicar cómo tales condiciones se van a respetar, más aún teniendo en cuenta la gran cantidad de antecedentes que demuestran exactamente lo contrario; plantean una relación utilitaria con la naturaleza que es inaceptable para quienes pretendemos vivir en armonía con el entorno; pretenden que las universidades y otros organismos del estado que (salvo honrosas excepciones) son estructural y orgánicamente cómplices del saqueo minero, actuando incluso como socios capitalistas y/o genrenciadores de las propias empresas que lo llevan acabo (como sucede con la Universidad de Tucumán en Minera Alumbrera, por citar sólo un ejemplo); plantean un debate serio sin manejar ningún tipo de conocimiento del tema, con afirmaciones temerarias, sin el más mínimo sustento en saberes populares o ancestrales ni comprobaciones de base empírico-analítica, principal condición del razonamiento lógico que hace al sentido común de las personas.
Si lo que pretendían era sorprender o impresionar positivamente o tratar de quedar bien con todos los actores en pugna al mismo tiempo, demás está decir que no lo lograron, ya que aventurarse de manera tan advenediza al debate de marras por el sólo hecho de que la cuestión ha tomado trasecendencia mediática masiva, se inscribe en la misma lógica de haberse mantenido ellos mismos por decisión propia (no inducida por nadie, fueron libres de obrar como lo hicieron hasta ahora) al margen del mismo durante estos ocho años en que la política minera del menemismo fue ratificada, implementada y consolidada en absolutamente todos sus términos por el kirchnerismo.
Seguramente ahora desde que echaron a rodar la palabra “debate” para la cuestión minera en Argentina, CAB y demás cultores de la obsecuencia debida pretenden mostrarse preocupados en convencernos del tan mentado “diálogo” para que dejemos las calles y nos sumerjamos en otro inconducente simulacro participativo para desarticular la lucha, no sea cosa que sigan cayendo las acciones de las empresas maldadosas que nos dañan y los que ya cobraron por anticipado tengan que empezar a poner sus barbas en remojo.
Les dejo algunas preguntas, a ver si CAB las puede responder sin medias tintas:
1) ¿Acaso las grandes compañías mineras no son también corpos desestabilizadoras?
2) ¿O es que el gorilómetro no funciona para aquellas empresas inglesas (o de países de la Commonweath) y sus socios de la burguesía nacional que participan de la fiesta de la corruptela?
3) ¿Con qué derecho se arrogan la desición de ponderar por sobre el derecho a la vida y a un ambiente sano, el seguimiento irrestricto a un movimiento político o una gestión de gobierno a costa de poner en riesgo el ecosistema natural, las pautas culturales ancestrales, la salud y la supervivencia de las personas y las comunidades?
4) ¿No saben que las empresas que saquean la cordillera por obra y gracia del gobierno nacional son las mismas que lo hacen en Malvinas en nombre de la corona británica?
5) ¿Acaso las Malvinas son Argentinas y el resto del territorio nacional no?
Ya que están usando el tema Malvinas de muletilla recurrente para descalificar la lucha social contra la megaminería, basta mencionar que la pérdida de soberanía en las islas australes fue un proceso gradual de casi dos siglos, impulsado por una potencia extranjera, la misma condición en grandes porciones del área continental decenas de veces mayor en superficie en manos de las megamineras, demandó unos pocos lustros y fue impulsado por una sucesión de inescrupulosos gobernantes locales cipayos.
Les dejo algunas preguntas, a ver si CAB las puede responder sin medias tintas:
1) ¿Acaso las grandes compañías mineras no son también corpos desestabilizadoras?
2) ¿O es que el gorilómetro no funciona para aquellas empresas inglesas (o de países de la Commonweath) y sus socios de la burguesía nacional que participan de la fiesta de la corruptela?
3) ¿Con qué derecho se arrogan la desición de ponderar por sobre el derecho a la vida y a un ambiente sano, el seguimiento irrestricto a un movimiento político o una gestión de gobierno a costa de poner en riesgo el ecosistema natural, las pautas culturales ancestrales, la salud y la supervivencia de las personas y las comunidades?
4) ¿No saben que las empresas que saquean la cordillera por obra y gracia del gobierno nacional son las mismas que lo hacen en Malvinas en nombre de la corona británica?
5) ¿Acaso las Malvinas son Argentinas y el resto del territorio nacional no?
Ya que están usando el tema Malvinas de muletilla recurrente para descalificar la lucha social contra la megaminería, basta mencionar que la pérdida de soberanía en las islas australes fue un proceso gradual de casi dos siglos, impulsado por una potencia extranjera, la misma condición en grandes porciones del área continental decenas de veces mayor en superficie en manos de las megamineras, demandó unos pocos lustros y fue impulsado por una sucesión de inescrupulosos gobernantes locales cipayos.
Para finalizar les dejo la reflexión pública del Fiscal Federal Gustavo Gómez que hace poco visitó Bariloche en apoyo a nuestra lucha y para demostrarnos que en frente tenemos una verdadera asociación ilícita de delincuentes y criminales de abultado prontuario; evidenciando que no se puede debatir seriamente dejando de lado de manera intencionada alguna de las patas del modelo extractivista y depredador que se cuestiona: “En el mundo la gran manera de ganar dinero es contaminando, con el dinero se puede comprar corrupción, con la corrupción se puede comprar impunidad y con la impunidad se puede contaminar más todavía, así arrasan con nuestro territorio y nuestros bienes comúnes...” Más claro, echenle agua y por favor que sea sin cianuro.
