LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS COMO ESTRATEGIA EN LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES Y EL TERRITORIO

 

Recientemente el pueblo de Mendoza volvió a manifestarse en las calles y la legislatura provincial para solicitar la ampliación de las áreas naturales protegidas con la finalidad de salvaguardar los bienes comunes, con especial énfasis en el agua, como reaseguro para evitar el pillaje de los mismos por parte de grandes corporaciones transnacionales. Nuevamente asistimos a otro logro de la lucha popular, al obtener la sanción de la ley que crea el área protegida Portillo – Piuquenes, que permite unir en un solo corredor de conservación a las existentes Parque Provincial Cordón del Plata, Parque Provincial Tupungato, Reserva natural y cultural Manzano Histórico y Reserva Hídrica Laguna del Diamante.
  

Con la ampliación de la Reserva Manzano Histórico, la conservación de la naturaleza ratificó su condición de herramienta válida como alternativa al modelo de saqueo de los bienes comunes y devastación del territorio. En el caso de la foto, todos los elementos visibles del paisaje están dentro del área protegida, corroborando que en este caso la delimitación de la misma es integral y abarcadora, además de consecuente con la vida y la economía de la población

Esta situación demuestra que trabajar con áreas naturales protegidas puede ser una alternativa válida al modelo extractivista, pero sólo cuando además de crearlas con un marco legal adecuado, se permita a las poblaciones circundantes ser partícipes de su gestión y gozar todos por igual de sus beneficios. Esta situación está ampliamente demostrada con hechos concretos en el caso de la provincia de Mendoza, donde las áreas protegidas constituyen un excelente complemento de la lucha contra el avance extractivista y su implementación funciona por ser una herramienta eficaz y práctica en este sentido.

Desde que comenzamos a fines de los '90s a diseñar y evaluar técnicamente estos proyectos, difundirlos y lograr que la población se apropie de ellos y las reclame con el mismo énfasis que el NO a la minería contaminante, hasta el momento hemos logrado sacar varios, ya sea por leyes o resoluciones judiciales, siempre militadas con el pueblo en la calle, que es la unica forma de que salgan:

2005: se amplió la reserva Laguna del Diamante de 30 mil a 192 has, bloqueando 3 proyectos mineros avanzados (Papagayos, Picos Bayos y Ninu) y bloqueando alrededor de 200 cateos y manifestaciones. De esta manera quedó bajo protección definitiva la mayor reserva de agua dulce en estado líquido de Mendoza y los manantiales con el água más pura que se conoce en Argentina (conductividad de 20 a 30 micromohs: diez veces menos que el agua destilada que se comercializa habitualmente)
2006: se le concedió mediante fallo judicial status legal de área natural protegida a la Reserva Villevicencio, de 70.000 has, una de las fuentes de agua mineral y termal más conocidas del país, desactivando la reactivación de la Mina Paramillos (una explotación polimetálica historica que había pasado a una subsidiaria de Barrick), con un amparo ambiental que obligó a los mineros a paralizar todos los trabajos de exploración y retirarse, además de bloquear 500 cateos y manifestaciones de descubrimiento existentes.
2007: se creóel Monumento Natural Puente del Inca y se amplió la Reserva Telteca, incrementando unas 20.000 has la superficie bajo esta figura legal de protección de la naturaleza.
2008: se amplió la Reserva Laguna de Llancanelo de 44.000 a 96.000 has, reduciendo a la mínima expresión una concesión petrolera de Repsol que amenazaba a la colonia de flamencos más grande de sudamérica que habita allí, esto gracias a un amparo ambiental interpuesto por una ONG ambientalista que obligó al gobierno a parar la producción petrolera y ampliar el área protegida.
2010: se amplió la Reserva La Payunia de 192 mil a 630 mil has y se la recategorizó como Monumento Natural y Santuario de Flora y Fauna, con lo cual se revalorizan aún más sus cualidades ecológicas singulares que la han convertido en un sitio de interés mundial para el turismo y la ciencia. De esta manera se logró desactivar varios proyectos mineros y bloquear alrededor de 200 cateos y manifestaciones.
2011: se creó el Parque Provincial Cordón del Plata, de aproximadamente 250 mil has, incluyendo en el mismo el área colindante que había sido desafectada del Parque Provincial Tupungato cuando a fines de los '80s se proyectó el desarrollo minero de la cuenca del Río Santa Clara, además de ese proyecto de cobre y oro que ya había sido explorado y estaba en condiciones de comenzar su explotación, se bloquearon 300 cateos y manifestaciones de descubrimiento.
2012: se creó el Área Natural Protegida Portillo-Piuquenes de 343 mil has,  que en escencia es la ampliación de la Reserva Manzano Histórico, bloqueando alrededor de 1000 cateos y manifestaciones, varios de los cuales ya iban a comenzar a ser explorados.  El área abrca casi todas las fuentes de agua del Valle de Uco, un verdadero humedal de altura que da vida a una amplia región de la provincia de Mendoza. Con esta área suman más de 2 millones de hectáreas protegidas de los sistemas montañosos y cuencas hídricas de Mendoza, una superficie casi equiparable al Sistema de Parques Nacionales; y Mendoza pasó a ser de la provincia Nº 19 a la primera del país en cuanto a extensión bajo este estatus legal en menos de 8 años.

Quedan todavía por aprobar los proyectos de la Reserva Hídrica del Cerro Nevado, en General Alvear y el Parque Provincial Polvaredas, en Uspallata, que sumarían 1 millón de hectáreas más y desactivarían varios proyectos mineros a punto de comenzar, como la Mina San Jorge, Anchoris, Punta del Agua, etc. Estos dos proyectos de áreas protegidas son los más complicados de sacar sus leyes, ya que los intereses en juego son aún más grandes.
El aditamento que brindan las áreas protegidas como complemento de la lucha social por el ambiente sano es el valor agregado que estas unidades territoriales brindan a la vida y la economía de la población, ya que además de proteger los bienes comunes y el territorio, poniéndolos a disposición de la población, permite el desarrollo de diversas actividades económicas que resultan mucho más beneficiosas y saludables para las comunidades locales, posibilitando efectuar dicho desarrollo en una verdadera armonía con el entorno, conservando el medioambiente y el patrimonio cultural.

En Mendoza está comprobado que las áreas protegidas generan más beneficios económicos que la mega-minería y la distribución de estos es mucho más abarcativa y estratificada, con casos que están estudiados y evaluados económicamente por el propio gobierno provinccial (lógicamente es info reservada que poca difusión tiene, pero que se puede conseguir).
Además de restringir el avance minero, las áreas protegidas benefician a los agricultores y ganaderos, en especial orgánicos, ya que pueden certificar la producción con "denominación de origen protegido" porque pueden demostrarle al mundo que la misma está irrigada con agua que proviene de un área protegida donde están terminantemente prohibidas las actividades extractivas y es obvio que el vino, la fruta, el ajo, la verdura, las aromáticas como el orégano, los lácteos, la carne y el agua mineral que producen las pymes del Valle de Uco conforman una producción que está mucho mejor posicionada en cualquier mercado interno o externo que los mismos productos de San Juan, de Chile e incluso del resto de la provincia de Mendoza.
También el turismo se ha visto beneficiado, en especial el turismo aventura, ya que también está comprobado que un destino turístico con status legal de área protegida se posiciona mejor en el mercado que uno igual que no lo es. El turismo de aventura tiene la particularidad de que practicamente todas las empresas prestadoras de servicios son pymes familiares o de grupos de amigos, a diferencia del turismo convencional de masas que es desarrollado por grupos económicos concentrados. Además la ley de Mendoza prohibe el desarrollo de grandes emprendimientos hoteleros en las ANPs, por lo que la posibilidad de alteración del medio se limita al desarrollo de infraestructura básica para la accesibilidad, el control, la gestión de las áreas y la atención de los visitantes. Hay que tener en cuenta que además del desarrollo de empresas locales, en Mendoza se han radicado pymes turísticas que han debido irse (junto con todo su personal) de sus lugares de origen por el avance minero, tal es el caso de 5 pequeñas empresas de turismo que operaban cabalgatas, trekking y andinismo en la zona de Veladero y Pascua Lama, en la vecina San Juan; y ahora lo hacen en las montañas protegidas de Mendoza.

Para que los proyectos de ley de áreas naturales protegidas sean aprobadas por la Legislatura provincial es condicion sin equanon que el pueblo se movilice en las calles pidiendo su sanción, porque con la tarea de los técnicos solamente no basta, hay demasiados intereses enormes en juego que siempre terminan trabando los proyectos.
   

En síntesis, está ampliamente demostrado que las áreas protegidas constituyen no sólo una forma efectiva de frenar el avance minero (desde ya complementario al resto de las acciones reivindicatorias que la población pueda llevar a cabo) sino también brinda la posibilidad de contar con una alternativa de desarrollo económico de las poblaciones locales amigable con el entorno, garantizando la continuidad de sus pautas culturales y reafirmando sus saberes ancestrales, los cuales, en la medida de lo posible, pueden ser incorporados al conocimiento científico. Por eso es que las organizaciones sociales y asambleas autoconvocadas de Mendoza las han internalizado y las defienden como una estrategia más en defensa del territorio y los bienes comunes.