ESTAMOS MINADOS...

  

Hace unos días estuvo circulando una copia de una imagen capturada de una pantalla de PC, posiblemente proveniente de algún organismo provincial del Gobierno de Santa Cruz, donde se ve un pedazo del mapa del Catastro Minero de esa provincia.

 

Lo que se ve en la imagen es una captura del mapa del catastro minero de Santa Cruz (se aprecia la mitad norte de esa provincia). A modo de referencia, la captura corresponde al territorio  comprendido aproximadamente entre los paralelos 46ºS por el norte (límite con Chubut) y 49ºS por el sur (altura localidad Gobernador Gregores); y meridianos 67ºO por el este y 73ºO por el oeste. Los derechos mineros están representados por polígonos multicolores: los azules son cateos, los verdes son manifestaciones de descubrimiento y los fucsias y rojos son minas (mensuradas y estaqueadas). Están también representadas las áreas vedadas a la minería: en el entorno de las localidades hay polígonos que representan zonas de seguridad, alrededor de los lagos más grandes se observan dos fajas concéntricas con el mismo fin, también están representadas las áreas protegidas nacionales (Parques Perito Moreno y Jaramillo) y provinciales (Reservas El Rincón, Tucu-Tucu y Lagodel Desierto entre otras) donde por ley está prohibida la actividad minera; además la Ruta Nacional 40 está resaltada, ya que hay una ley provincial que porhibe la minería metalífera al oeste de esa vía de comunicación.

La prueba del documento público

El Catastro Minero es un documento público, donde están registrados todos los derechos mineros otorgados por las autoridades provinciales en la materia, a empresas o particulares para que sean usufructuados, de acuerdo a lo que especifica la ley. Tal condición implica que su lectura e interpretación, necesariamente deba estar desligada de cualquier tipo de supuesto o elucubración subjetiva, sino más bien atada a la comprobación fáctica de los datos empíricos que su base de datos contiene. Bajo ningún punto puede ser endilgado el avance megaminero como una "sensación" y menos aún minimizar su existencia y/o consecuencias, cuando existe una prueba tan contundente, como es el documento público aquí exhibido, donde lo primero que salta a la vista es una cantidad sideral de derechos mineros otorgados por el Gobierno de Santa Cruz, que ni más ni menos, es la provincia más vapuleada por la megaminería metalífera hidrotóxica y la matriz de corrupción estructural enquistada en el propio feudo presidencial, condición sin la cual, obviamente, tal desarrollo no sería posible.

Un derecho minero es una explotación en expectativa, de acuerdo a lo normado en el Código Minero (que es la legislación que regula este tema en el país): quien registra derechos mineros a su nombre lo hace porque tiene una expectativa de lucrar con la extracción de determinados minerales (no para otra cosa), sin importar demasiado a la hora de efectuar tal registro cuáles son los factores ambientales, sociales y culturales puestos en juego y los derechos de terceros que pueden verse vulnerados con tal actitud. Actualmente me encuentro haciendo un estudio técnico sobre el CM de Chubut y Río Negro con datos que realmente son escalofriantes a cerca de cómo planifican desde los aparatos estaduales, en conjunto con los capitales transnacionales y sus franquiciantes locales, la devastación del territorio y el saqueo de los bienes comunes, pero esto que vemos acá lo supera ampliamente.

La escencia del negocio megaminero

Las cifras que se desprenden del análisis del padrón y catastro minero demuestran que el negocio de la actividad está puesto mayoritariamente en el oro y el uranio: más del 50% de los derechos mineros otorgados corresponden a esas sustancias, que básicamente son las que implican mayores riesgos y/o peligros para su extracción y las menos necesarias para la vida del hombre común. El resto de los metales se obtienen como subproductos de esas explotaciones, o sea que en esencia, el objetivo principal que mueve al negocio mega-minero corporativo no es proveer metales que pudieran ser necesarios para nuestra vida, hecho que demuestra el escaso interés social que representa esta actividad. Vale destacar también que alrededor del 80% de pedimentos mineros metalíferos declaran dos o más sustancias (polimetálicos) en las que por supuesto están en la mencionada proporción el oro y el uranio (por lo general separados los derechos de uno de los derechos del otro).

Independientemente de ello, las empresas mineras no van dejar de extraer y llevarse los metales que encuentren y no hayan denunciado, ya que en Aregentina no se realiza separación en origen (obligada en la mayoría de los países mineros) y además no existe ningún tipo de control sobre las sustancias extraídas, más allá de las declaraciones juradas que las propias empresas mineras entregan por escrito a las autoridades en la materia, sin que éstas efectúen ningún tipo de verificación de esos datos, o sea: nada ni nadie les impide llevarse gratuitamente cualquier tipo de bienes comunes no declarados. Desde que a partir de 1997 Minera Alumbrera se lleva mezcladas 40 sustancias diferentes que son separadas luego en el lugar de destino, cuando sólo declara 3 al estado (oro, cobre y molibdeno), todas las del rubro lo han hecho.

En esta afirmación no existe generalización, ya que el pequeño y no menor detalle es que Minera Alunbrera es la primera y la más grande explotación megametalífera hidrotóxica del país que extrae y saca del país sin declarar (contrabandea) desde hace casi 15 años minerales radioactivos, tierras raras y superconductores, entre ellos el trístemente célebre coltan. Como Minera Alumbrera es la primera y la más grande explotación de este tipo en funcionamiento en Argentina y llevó a cabo esa práctica (a todas luces ilegal) sin la más mínima observancia de parte del Estado Argentino, obviamente las demás del rubro siguieron ese camino. La suma total de los dividendos obtenidos en todo este tiempo por los bienes comunes extirpados y robados por esta sola empresa es equivalente a la mitad de la de la deuda pública argentina.

El otorgamiento irrestricto de derechos mineros

La voracidad por extraer metales en el menor tiempo y al más bajo costo posibles, se ve reflejada en el otorgamiento de derechos mineros de manera descontrolada e irrestricta, dando como resultado el mapa que se expone. Al ser irracional y descontrolada se torna violatoria de un amplio espectro de legislación e intereses con los cuales colisiona. Por esta misma razón, ninguna estructura estadual es capaz de llevar adelante de manera exitosa, no digamos un control estricto, ni siquiera un mínimo monitoreo de tamaña maraña de expedientes administrativos y menos aún, hacer policía en el territorio, por cuanto el derecho a una vida digna se ve notoriamente vulnerado, por ser el estado incapaz de controlar una actividad riesgosa para el ambiente y la vida de las personas. Otra prueba fáctica de esta situación de descontrol total radica en la aprobación de miles de Estudios de Impacto Ambiental que se llevan a cabo mediante trámites administrativos que no reúne tipo de rigor científico respecto de las materias que tratan y se aprueban sin dictámenes técnicos ni sectoriales y sin audiencias públicas (presupuesto mínimo obilgatorio en todo el territorio de la Nación Argentina, según la ley 25675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional).

Conflictos territoriales derivados del otorgamiento irrestricto de derechos mineros

El otorgamiento irrestricto de derechos mineros vuelve al Código de Minería una herramienta aplicada de facto al ordenamiento territorial, condición que desde ya, de ninguna manera tiene legalmente conferida. Esta situación compromete no sólo el futuro de los ecosistemas y sus servicios ambientales a la población, sino la viabilidad de las economías regionales al entrar en conflicto con otras actividades económicas y/o de subsistencia de la población, al verse vulneradas expectativas o trazabilidad de las producciones locales, así como el ya mencionado derecho a una vida digna. Cabe recordar que el ordenamiento territorial en Argentina es una materia regulada por la propia Ley General del Ambiente, consecuentemente cada provincia debería tener establecidas cuáles van a ser los espacios territoriales destinados a todas y cada una de las actividades económicas y/o productivas, así como cuáles han de ser las restricciones y/o limitaciones para cada una.

En el mapa se observa perfectamente que la propia administración provincial concedente ni siquiera respeta las propias autorrestricciones impuestas mediante leyes y decretos emanadas y/o suscriptas por la misma:

• aparecen derechos mineros dentro de las áreas las áreas vedadas en torno a los grandes lagos y a ejidos urbanos que están marcadas en el mapa como zonas de restricción a la actividad minera.
• También se observa que han sido otorgados derechos mineros en las áreas naturales protegidas legalemente establecidas donde la actividad minera está prohibida (x ej: Estancia Tucu-Tucu, Lago del desierto, Monte San Lorenzo, etc...).
• También se observa que continúan vigentes derechos mineros en áreas glaciares y periglaciares donde por ley esa actividad está prohibida, lo mismo que con la ley de bosques, esos derechos deberían haber sido cancelados sin mayor dilación.
• El otro detalle no menor es una cantidad importante de derechos mineros otorgados al oeste de la Ruta 40, cuando existe una ley provincial emanada de la propia legislatura antacruceña y sancionada por el actual gobernador, que pohibe la actividad minera en ese sector del territorio.

En síntesis y para redondear este punto, el mapa evidencia que el Código Minería se está aplicando como una norma de derecho absoluto, cuando en realidad nada, ni siquiera la lógica o el sentido común, indica que así lo sea: su aplicación debería efectuarse de manera armónica con el resto de la legislación vigente para evitar este tipo de inequidades y atropellos a derechos básicos ya mencionados. En escencia: existen innumerables argumentos técnicos, legales, jurídicos, económicos y sociales para limitar o restringir el alcance devastador que hoy tiene de la actividad minera, comenzando por restringir su otorgamineto irrestricto y cancelar aquellos que no reúnan las condiciones expuestas en los presupuestos mínimos ambientales.

La explotación megaminera hidrotóxica de Cerro Vanguaria vista desde el espacio. Esta fotografía ya fue puesta en otro posteo de este espacio de expresión hace tres años, pero como las condiciones no se revirtieron, o más bien empeoraron, vien vale volver a ponerla como ejemplo de lo escrito acá tambien. La devastación mega-minera de esta explotación muestra como rasgos principales: 33 open pits o rajos a cielo abierto (en explotaciones emblemáticas, como Bajo la Alumbrera, veladdero o Pascua Lama, hay uno sólo), cada rajo tiene entre 1 a 3 km. de largo por medio a 1 de ancho y 300 a 500 de profundidad. Además hay más de 50 escombreras de varios metros de altura y hectáreas de extensión sin ningún tipo de aislación, seis lagos con vertidos químicos (sólo uno tiene muro de contención y dudosa aislación), un vaciadero de residuos y una planta cloacal, o sea, nada se recicla en este tipo de explotación minera. Además hay más de 25 perforaciones de donde se succiona entre 90 y 110 mil m3 de agua por mes de acuíferos fósiles (que no se van a poder recuperar más), la cañería que la conduce a la planta concentradora también es visible. Para darse una idea de las dimensiones, el dique de colas  principal tiene aproximadamente 500 has de superficie. En Santa Cruz actualmente hay 8 explotaciones como esta funcionando y más de 150 proyectos similares con viabilidad técnica, esperando que algún inversor ponga la plata para desarrollarlos.

 

Sobre el falso argumento de que la minería metalífera hidrotóxica es necesaria o imprescindible para la vida del hombre

Un argumento recurrente con el que permanentemente bombardean a la opinión pública, tanto desde el sector empresario, como desde el aparato comunicacional del gobierno, se utiliza como pretexto para justificar el avance megaminero, es que la minería es fundamental para la vida del hombre, que sin minerales no podríamos vivr, etc.

En principio, este argumento se cae por su propio peso en el hecho concreto que el interés del negocio megaminero está puesto fundamentalmente en el oro y el uranio. Este dato está corroborado en el hecho de que, como ya se mencionó, en la mayoría de las provincias, más de la mitad de los derechos mineros otorgados y registrados en los respectivos padrones que llevan las autoridades de aplicación en la materia, son en favor de la exploración y extracción de oro y uranio, parámetro que no guarda ninguna relación con la proporción de la aplicabilidad concreta de estos elementos para el hombre (nadie usa autos, vajilla o electrodomesticos de oro o uravio, verdad?): son los minerales más buscados por las corporaciones transnacionales, no porque sean realmente necesarios, sino por que reportan más dividendos a los dueños de las empresas y porque atienden a demandas ajenas a nuestros intetereses: la gran mayoría de su producción se destina a objetos suntuarios, energía nuclear y otros usos diferentes y ajenos a lo que básicamente es la vida del hombre y sus necesidades.

Los demás metales que pueden llegar a tener una aplicabilidad más acorde a nuestra vida (cobre, hierro, estaño, plomo, niquel, zinc, cromo, molibdeno, titanio, etc.), las corporaciones megamineras lo obtienen como subproducto de la extracción del oro y/o el uranio. En los casos más emblemáticos, como también se mencionó, ni siquiera son declarados su extracción y retiro del país, ya que no existe separación en origen ni control sobre los concentrados que las mineras exportan.

Observando los datos oficiales asentados en el Catastro Minero, resulta por demás ingenuo pensar que empresas tengan un interés específico respecto de si el citadino común necesita tal o cual elemento. Más allá del márketing político-empresarial, el interés comercial de las empresas megamineras no lo constituyen nuestras necesidades, sino el propio lucro a partir de demandas ajenas. Tal condición también queda por demás evidenciada en un parámetro fundamental de la economía, como es la evolución de los precios de los productos fabricados con metales:

• Los argentinos en teoría vivimos en un país minero y por ende:
• proveemos la materia prima, sin la cual no podrían fabricarse esos artículos
• ponemos la fuerza laboral para extraerla, sin la cual no habría extracción
• Otorgamos las facilidades impositivas para que las empresas se la lleven los minerales y fuguen sus ganacias, tributando mucho menos que cualquier productor y exportador argentino, facilidades sin las cuales en teoría esas empresas no vendrían al país a extraer metales y llevárselos.
• Aún poniendo todo esto, a nosotros, los argentinos, los productos fabricados con nuestros metales nos cuentan mucho más caro que a los ciudadanos de los países de donde son oriundas las corporaciones megamineras que se los llevan. Situación esta que por otra parte es la mayor prueba fáctica que demuestra la existencia de una matriz de saqueo planificada y vigente en nuestro país y otros similares.

Otra prueba de que los minerales extirpados de nuestro suelo no son empleados en elementos necesarios para la vida del hombre común, es que las corporaciones mineras resultan particularmente esquivas a certificar fehacientenete el destino de los minerales extirpados de nuestro suelo. ¿Cómo podemos determinar que los minerales que vienen a llevarse son para satisfacer nuestros intereses y no los de otros? y... certificándolo o controlando... ¿qué empesa lo certifica? ¿qué estado lo controla? definitivamente, para ambas preguntas, la respuesta es: ninguno. Por ende, nuevamente queda demostrado que es falso que la vida moderna del hombre común dependa del desarrollo megaminero.

Más allá de eso, es harto conocido (hecho público y notorio) que en estos tiempos modernos, los metales necesarios para la vida del hombre pueden ser obtenidos mediante reciclaje de los basurales del primer mundo (o en su defecto, los nuestros también), en los que se arrojan de manera sistemática millones de toneladas de metales descartadas a diario en todo el mundo, y por ende hay comprobada existencia y disponibilidad de una mayor cantidad de metales y en más alta concentración que toda la cordillera y la meseta. No existe ningún tipo de necesidad ni justificativo para llevar a cabo un plan tan devastador, como lo es el de la expansión megaminera, en el hiopotético caso de que tal explotación se exclusivamente para proveer a la gente de computadoras, televisores, autos etc, cuando las materias primas están al alcance de la mano en el entorno de las mismas ciudades y existen sobrados recursos tecnológicos para optimizar al máximo el reciclaje de estos metales que ya no se utilizan, sin necesidad de destruir el medio natural ni el tejido social.

Una vez más, la prueba fáctica y empírica deja perfectamente demostrado que el desarrollo megaminero no tiene ningún tipo de relación  con las necesidades del hombre moderno común: el desarrollo tecnológico alcanzado y la consecuente optimización de los elementos empleados en la industria, permite que la fabricación de computadoras, teléfonos y demás tecnología pueda perfectamente llevarse a cabo obteniendo materias primas a partir del reciclaje.

La protesta social

Es injusto descalificar de manera genérica el reclamo social, como lo hacen desde los estamentos del poder, sencillamente porque nadie en su sano juicio protesta por pasatiempo o divertimento. El reclamo contra las corporaciones transnacionales no es caprochoso: tiene un basamento fáctico y jurídico basado en el hecho público y notorio que mega-empresas están llevando a cabo, con la venia total de gobiernos cipayos entreguistas, el saqueao de nuestros bienes comunes y generando como efecto colateral, el vertido sistemático sobre mollones de kilómetros cuadrados de territorio, sobre sus habitantes y sobre el ambiente natural, de cantidades siderales de cianuro, ácido sulfúrico, xantatos, glifosato, colas de uranio, drenajes ácidos, compuestos clorados y toda otra sustancia mortífera que se les ocurra vertir, simplemente por que de esa manera, su negocio les cierra: contaminando de manera dispersa, lenta y paulatina externalizan costos operativos y se aseguran que las consecuencias se visibilicen cuando ya no estén.

Muchas veces, desde el proipio poder depredador se insiste hasta el hartazgo, en:

• descalificar la protesta (nos laman fundamentalistas sin ningún fundamento)
• disuadirla (ofreciendo dádivas o ejerciendo cooptación de conciencias)
• derivarla hacia otros temas (sólo protestan contra la minería y no contra otros tipos de contaminación)

Pero el discurseo diseñado por los equipos de relaciones públicas de las empresas no tiene en cuenta el saber ancestral, basado fundamentalmente en el sentido de pertenencia de una comunidad a su tierra, un conocimiento indescifrable para el capitalismo salvaje y globalizado. Por eso siempre en algún punto de su realización, el avance descontrolado de la megaminería (que arremete sin reconocer riesgos), termina degradando la dignidad de las personas, su libertad y sus derechos humanos.

La prueba fáctica (más irrefutable que el infundado discurso político o empresarial) revela con hechos concretos que la tan mentada "profundización del modelo" tiene origen y objetivos claramente establecidos, (por ejemplo en documentos públicos, como este mapa que estamos mostrando) que son completamente ajenos a nuestros intereses y derechos, tanto como comunidad, así como individos; y que si no luchamos por cambiar esto, no tenemos futuro.