EL GOBIERNO DE MENDOZA PRIVATIZÓ UNA PARTE DE LA CORDILLERA

 

El Gobierno de Mendoza entregó gratis a un grupo empresario privado 12.351 hectáreas de tierras fiscales con glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, que de ahora en más dejan de ser parte del patrimonio público y pasan a ser propiedad privada.

 

 

La entrega gratuita de esta importante porción de la cordillera con bienes naturales estratégicos, se formalizó a través del Decreto 2.138/2021, firmado por el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y el Ministro de Gobierno, Victor Ibáñez el día 23/12/2021 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza el día 07/01/2022. Ver en el Boletín Oficial: https://boe.mendoza.gov.ar/default/public/publico/verpdf/31534

 

El decreto dice "Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del 'Campo Potreros de Cordillera - Norte', Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del 'Campo Potreros de Cordillera - Norte', Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza"

 

Entre los fundamentos que esgrime el decreto, dice textual: "La firma acredita la realización de importantes inversiones en los terrenos de los que resulta cesionaria, correspondientes al desarrollo futuro de un centro turístico de esquí". Esto quiere decir que los agraciados particulares beneficiarios de la solidaridad del Gobernador de Mendoza ya estarían instalados en la zona y en posesión del territorio.

También se aduce que supuestamente han comprado permisos de ocupación a pobladores, no obstante ya hay denuncias respecto de que esa zona está comprendida dentro del relevamiento de Pueblos Originarios, realizado en cumplimiento de la Ley Nacional 26160, ya que esa zona es reclamada por las lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y desde ya como ocupantes acestrales de esas tierras.

También hay denuncias respecto de que a la empresa El Azufre S.A. le ha sido otorgado un derecho de uso de agua del Río Valenzuela (se desconoce el caudal otorgado), por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra, siendo un hecho inédito, ya que de acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, este bien natural precisamente es inherente a la tierra.

 

Se trata de un proyecto denominado “El Azufre”, supuestamente un centro de ski que dicen estar construyendo o emplazando en esa zona de la cordillera, sin haber realizado o presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental ni realizado ninguna Audiencia Pública ni hecho público ningún expediente del proyecto, instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961. Lo más grave es que el Gobierno de Mendoza hizo entrega de la propiedad de un sector de la cordillera a una empresa de Buenos Aires que está llevando a cabo el emprendimiento, sin haberle exigido previamente estas obligaciones establecidas tanto en la legislación nacional como en la provincial, y encima lo hizo gratis. Además de la entrega, es muy notable el desapego oficial al estado de derecho…

 

La empresa El Azufre SA ha montado infraestructura de envergadura en diferentes puntos de un territorio prístino, que es naciente de ríos y arroyos y presenta humedales de montaña, ambiente periglaciar y riesgo volcánico. Todas estas obras se han llevado a cabo sin pasar por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, por lo tanto son ilegales y se deberian demoler o desmontar. En algunos lugares ya han colocado alambrados y tranqueras con candado. Desde ya, se desconoce qué ocurre allí, respecto de la deposición de residuos, depósitos y manipulación de combustibles y principalmente el tratamiento de los efluentes cloacales y su destino final. Ph: Agencianews.com y fb de Gerardo Izco.

Si bien la responsabilidad de esta entrega del territorio recae ineludiblemente en el Gobierno de Mendoza, no se debe dejar pasar por alto que el Gobierno Nacional está al tanto del proyecto y no ha puesto ninguna objeción al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados "Potreros de Cordillera" era del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza. Por este motivo es que además tiene poder de veto respecto de las decisiones en este sentido, tanto por ser el titular originario de las tierras que fueron asignadas a la Provincia con cargo, como por tratarse de una zona de frontera. Consecuentemente, el Gobierno Nacional es cómplice de estas maniobras, en clara consonancia con la implementación del modelo extractivista  implementado en todo el territorio de la Nación Argentina como política de estado. https://www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-y-suarez-analizaron-la-agenda-de-reactivacion-productiva-de-mendoza

 

Por otra parte, debe recordarse que hace pocos meses, el propio Gobierno de Mendoza rechazó el proyecto para construir el centro de ski Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán (Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias (ni más ni menos tal como está ocurriendo con El Azufre). Este fallido proyecto tiene muchos puntos en común con El Azufre, como por ejemplo que también era de un grupo empresario de Buenos Aires, al cual también el propio Gobierno de Mendoza unos años antes le había entregado la tierra fiscal (en este caso no gratis, pero sí a un módico precio a través de un remate oficial).

 

Qué es lo que se acaba de entregar?

 

El territorio entregado (o cedido, o regalado) a la empresa El Azufre SA se ubica en el Departamento de Malargue y está casi completamente rodeado por territorio chileno, con lo cual supuestamente es una “zona de frontera” o “zona de seguridad nacional” y por ello sería fundamental en el marco de la defensa nacional, el ejercicio de la soberanía territorial por parte de las instituciones específicas del propio Estado, en lugar de entregarla gratuitamente a un grupo empresario que dada la envergadura económica de su proyecto, seguramente será rápidamente entregado a un grupo inversor extranjero, como ya ha sucedido con el centro de ski Las Leñas. O sea, no es nada nuevo que la propiedad de la cordillera termine en manos extranjeras a partir de un proyecto para construir un centro de ski.

La cartografía realizada por el autor muestra la ubicación de la zona cordillerana de tierras fiscales que el Gobierno de Mendoza ha entregado a una empresa de Buenos Aires y la gran cantidad de bienes comunes naturales que posee, como glaciares y humedales altoandinos.

 

Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos, que en la actualidad, bajo un contexto de cambio climático global (y su consecuencia local directa: la crisis hídrica) cobran una importancia fundamental para la vida y la economía de la población. El sector de la cordillera entregado gratuitamente está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, además posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales. Se trata de la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza, ya que tiene una superficie activa de 15.000 hectáreas que drenan un río con un módulo de 11 m3/seg. Para darse una idea de la cantidad de fuentes de agua entregadas a este grupo privado, el Río Mendoza tiene el triple de caudal, pero su cuenca activa es 40 veces más grande (590.000 hectáreas que drenan un módulo de 33 m3/seg).

 

De las 15.000 hectáreas de cuenca activa del Río Valenzuela, aproximadamente 2.500 están cubiertas de glaciares y ambiente periglaciar y 4.000 están cubiertas de humedales altoandinos, es decir, la mitad del territorio que se les entregó. En el primer caso se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar. En el segundo caso, el dato no menor es que se trata del humedal altoandino más grande de toda la Provincia de Mendoza: las Vegas del Río Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce que el gobierno debería haberle dado otro destino que entregarla gratuitamente a un grupo empresario privado.

Seguramente si tuviésemos Ley de Humedales, esto estaría prohibido, sobre todo porque, más allá del tinte de “sustentable” que se le pretende dar al proyecto (eufemismo discursivo recurrente si los hay en el mundillo del lobbyng corporativo), nadie empresario o del gobierno sabe informar que harán con tantos efluentes en un ambiente de característica periglacial y siendo naciente de ríos y arroyos, donde los procesos naturales de descomposición de la materia fecal se lentifican hasta el infinito e impacta negativamente en el ecosistema altoandino, tal como ocurre por ejemplo con los deshechos del Cerro Aconcagua… https://elotro.com.ar/el-aconcagua-se-transformo-en-un-deposito-de-excrementos/

 

Las Vegas del Valenzuela oportunamente fueron estudiadas por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que determinaron técnicamente que ese ambiente debería ser preservado y así se dio a conocer en el Informe Ambiental 2006 y el posterior Plan Ambiental 2008 (la única vez que el Gobierno de Mendoza esbozó una estrategia de Conservación de la Biodiversidad, hoy completamente ausente). Posteriormente, en 2013 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del CONICET. Con esto está clara y fundamentada la vocación territorial de esa región, dada la importancia estratégica desde lo hídrico y lo biológico que tiene la misma y que su uso turístico tiene que ir de la mano de la conservación de la naturaleza y no del extractivismo, como para que el gobernador se la esté regalando a un grupo privado que ni siquiera ha presentado un informe ambiental de lo que pretende hacer allí. En lugar de ello, debería haber un área natural protegida provincial o un parque nacional, porque así lo ha demostrado la ciencia: http://federico-soria.blogspot.com/2014/04/parque-nacional-pehuenche-nosotros.html

 

El otro detalle no menor que se está obviando es que el lugar donde se pretende construir una supuesta ciudad en medio de la cordillera, es considerada por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina, pues se halla a los pies de la caldera del complejo volcánico Planchón-Peteroa, el cual tiene un largo historial geológico de erupciones, algunas de ellas de envergadura catastrófica y por lo cual la zona está expuesta a la emanación de gases tóxicos, lavas, caída masiva de tefras, flujos piroclásticos y lahares (esto último precisamente por ser un volcán activo cubierto de glaciares que podrían derretirse repentinamente). Las evidencias de la actividad del Volcán Peteroa y su riesgo actual está ampliamente estudiado, y continúa siéndolo, existiendo numerosas publicaciones (incluso en el ámbito oficial) de los riesgos que dicha caldera eruptiva representa para la población humana.  https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-segemar-dio-inicio-los-estudios-para-la-elaboracion-del-mapa-de-peligrosidad-del

 

Los estudios del Segemar han detectado que en épocas geológicas muy recientes en la zona del proyecto "El Azufre" han ocurrido flujos piroclásticos (izq) y lahares (der) y que esos fenómenos pueden volver a ocurrir en cualquier momento, por lo que no es recomendable el emplazamiento de una "ciudad" al pie de lo que se considera el volcán más peligroso de la Argentina. Ph: web del Segemar.
 

 

Por qué decimos que estas tierras hasta hace poco fiscales pueden terminar en manos de una corporación extranjera?

 

La empresa a la cual el Gobierno de Mendoza cedió la mayor parte de la cuenca activa del Río Valenzuela, es El Azufre S.A. Una empresa que se conformó en 2018, con sede en Buenos Aires y con un capital social de $100.000.- A ver: se le ha entregado gratis una porción de territorio de incalculable valor a una empresa muy nueva y además completamente insolvente… Normalmente la titularidad de la tierra se le otorga a quien lleva 20 años de posesión, usucapión le dicen, pero esta empresa de Buenos Aires parece que tiene coronita…

Desde ya, los dueños del proyecto no son ningunos novatos, ya que se trata de personas con experiencia en el manejo de negocios corporativos: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela son los dueños de El Azufre. Hasta donde se pudo averiguar, son dueños de empresas de comunicación corporativa con estrategias comerciales de marketing a nivel global, están vinculados al Grupo Clarin y a los Beccar Varela (conocida familia oligárquica de Buenos Aires, que entre otras cosas tiene un estudio jurídico dedicado al lobbying corporativo y un estudio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades).

De todos modos, más allá de sus negocios y vínculos corporativos, ni sumando el patrimonio de los 3 podrían constituir un fondo para comprarle al gobierno ni la décima parte del territorio que el Gobernador Rodolfo Suárez les regaló por decreto, así como tampoco constituir una garantía financiera para que alguien le preste al menos una parte del dinero que necesitarían para su proyecto.

Como si esto fuera poco, la inversión que anuncian es de 88 millones de dólares, dinero que obviamente no incluye el valor de la tierra que recibieron gratis (que debe valer eso con la cantidad de agua que allí brota y escurre) y que además ellos tampoco tienen ni siquiera un mínimo respaldo financiero para conseguir prestado. Es por ello que, si el proyecto es de la envergadura que anuncian y de concretarse, lo más probable es que se lo vendan a alguien que tenga ese dinero o lo pueda conseguir prestado, más lo que vale toda esa tierra con todo lo que tiene adentro. Hay que tener en cuenta que uno de los propósitos de El Azufre SA son los negocios inmobiliarios, según su acta constitutiva. https://www.dateas.com/es/bora/2018/06/18/el-azufre-sa-1161605

 

En 2013 se propuso en el Congreso de la Nación que los humedales altoandinos del Río Valenzuela y los glaciares del complejo Planchón Peteroa formaran parte de un parque nacional. En 2022 el Gobierno de Mendoza le quitó el status de patrimonio público para decretar que pase a ser propiedad privada de una empresa de Buenos Aires. Ph: andesbike.com.
 

 

A modo de colofón

 

Y así pasará como pasó con el centro de ski Las Leñas: una iniciativa de un grupo de empresarios supuestamente visionarios, que terminó en manos de una corporación inglesa, no solo el proyecto sino también un importante sector de la cordillera al cual la gran mayoría tiene prohibido el acceso por ser “propiedad privada”.

Como puede verse, la historia es una comprobación de redundancia cíclica y así se escribe otro capítulo más de la nefasta entrega de la cordillera, así de simple y de intrascendente y sin que a nadie se le mueva un pelo, más allá de alguna queja por un alambrado que impide el acceso a una laguna cordillerana… Porque en verdad, más allá de los entregadores de ocasión, si el patrimonio público fuera defendido como corresponde por la sociedad, estas cosas no sucederían.

El Azufre S.A. ya viene destruyendo los humedales de la cordillera desde hace tiempo...

La empresa El Azufre S.A. ya está empezando a destruir el enorme pedazo de cordillera que le regaló el Gobierno de Mendoza, obstruyendo y desviando el cauce del Río Valenzuela, haciendo terraplenes sobre los humedales altoandinos, modificando sus drenajes naturales, impidiendo que los puesteros trashumantes realicen sus veranadas y colocando tranqueras con candado en una tierra que hasta hace 3 meses pertenecía al patrimonio público de todas y todos y hoy está en manos de tres oligarcas amigos del poder: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela.

Desde ya, toda esta depredación que se está llevando a cabo sobre las nacientes mismas del Río Valenzuela no cuenta con ningún tipo de aprobación ambiental, ya que no ha pasado por las instancias de Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencia Publica y Consulta Pública de los expedientes, todas ellas obligatorias, según la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961. Con semejante grado de alteración de la dinámica hidrológica y la fuentes de agua del Río Colorado, bien valdría preguntarse que opinaría el COHIRCO de este verdadero desmanejo de sus nacientes.

Vaya manera que tiene esta empresa de festejar el Día del Agua... Y ya que se viene el Día de la Memoria, no dejemos nunca de tener muy bien presente que estos actos recurrentes de desidia y negligencia son prueba concluyente de que en Mendoza, ya bien entrado el siglo XXI se sigue violando el estado de derecho con el único objetivo de beneficiar a unos pocos privilegiados, en detrimento del pueblo.

El Azufre S.A. ya está destruyendo los humedales de la cordillera...

EL AZUFRE YA TIENE HABILITACIÓN PERO ES TRUCHA...

A pesar del rechazo social que ha generado, el megaproyecto de elite El Azufre sigue avanzando con anuencia estatal, sin cumplir las instancias legales obligatorias...
Según se publica en medios locales, el centro de ski El Azufre ya tiene habilitación comercial para operar (a pesar de que ya lo viene haciendo desde hace 2 años sin ella)

https://www.malargueadiario.com/el-azufre-ya-tiene-la-habilitacion-para-operar/

Esto se suma a la "factibilidad ambiental" provisoria expedida por la Municipalidad de Malargüe "sujeta a la respuesta de organismos provinciales"

https://www.malargue.gov.ar/2022/05/08/la-direccion-de-ambiente-inspecciono-la-zona-de-el-azufre/

POR QUÉ EL AZUFRE ES ILEGAL Y SU HABILITACION ES TRUCHA?

1) Porque ha sido construido y está funcionando sin haber pasado por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, según lo establecen la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961.
2) Porque está emplazado en ambiente glaciar y periglaciar, protegidos por la Ley Nacional 26639. Si tuviéramos ley de humedales, también estaría siendo transgredida.
3) Porque no se ha evaluado el impacto ambiental y el riesgo que significa el sobrevuelo permanente de helicópteros y el uso de maquinaria pesada en este tipo de ambientes naturales protegidos por ley.
4) Porque se está violando la Ley Provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y la Ley Provincial 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento, ya que la envergadura del proyecto no está permitida en la unidad territorial donde se ejecuta y por lo tanto requiere un Estudio de Impacto Territorial, para evaluar si es viable el cambio en el uso del suelo que significa convertir un ambiente natural de la cordillera en una ciudad, siendo que además está en medio de una zona con severo riesgo volcánico.
5) Por que dada la envergadura del proyecto y sus potenciales impactos ambientales (contaminación y uso excesivo de agua) en las nacientes de ríos y arroyos que forman parte de la cuenca del Rio Colorado, que es compartida con otras provincias, se debería dar intervención al COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado).

POR TODO ESTO, ADEMÁS DE ILEGAL, EL AZUFRE NO ES SUSTENTABLE Y HUELE A PODRIDO...

A fines del año pasado el Gobierno de Mendoza, mediante decreto 2138/2021, le regaló (cesión gratuita sin ningún tipo de ingreso para las arcas fiscales) a la empresa El Azufre más de 12.000 hectáreas de la cordillera, conteniendo glaciares, humedales altoandinos y nacientes de numerosos ríos y arroyos, las que dejaron de formar parte del patrimonio público del estado y pasaron a ser propiedad privada.

http://federico-soria.blogspot.com/2022/02/el-gobierno-de-mendoza-privatizo-una.html?m=1

Desde hace un tiempo la empresa El Azufre viene haciendo intervenciones en un ambiente natural único y prístino, obstruyendo y desviando el cauce del Río Valenzuela, haciendo terraplenes sobre la extensa red de humedales altoandinos existente en la zona, modificando sus drenajes naturales y colocando tranqueras con candado que impiden la trashumancia de los puesteros originarios.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224956252226449&id=1020429754

La ocupación y posterior intervención de la empresa El Azufre de un amplio sector de la cordillera no solo afecta al ecosistema natural singular de la cuenca del Río Valenzuela (con serio riesgo de contaminación de sus fuentes de agua) e impide que el pueblo pueda acceder y recorrer libremente una extensa zona de la cordillera, sino que además afecta el uso tradicional ancestral de esa tierra por parte de los pueblos originarios que residen allí desde hace varias generaciones.

https://democraciaambientalactiva.revistacitrica.com.ar/mendoza-la-privatizacion-de-la-cordillera.html

La manera escandalosa en que fue entregado gratuitamente ese patrimonio público a una empresa foránea y la construcción y operación de un centro de ski sin estudio de impacto ambiental, además del menosprecio hacia los pueblos originarios, es una muestra más de la ausencia de estado de derecho en Mendoza.
Ese ambiente natural prístino y singular debería ser conservado y administrado por el estado como un área natural protegida, abierta y accesible a todo el público y preservando su uso tradicional, en lugar de regalarlo sin más al pillaje y la depredación de una elite corporativa privatista y destructora.

BENETTON Y SU NUEVO NEGOCIO EN ARGENTINA: CACERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DE GUANACOS

A veces la realidad no deja de sorprendernos: si bien la campaña sistemática encarada por el Grupo Benetton con el objetivo de quedarse con territorio de los Pueblos Originarios (despojo mediante y teniendo a su disposición la totalidad del aparato represivo del Estado, cuyo punto cúlmine es sin dudas la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado) ha sido lo peor que ha exhibido esta corporación en la República Argentina; ahora nos encontramos con otro negocio millonario de esta corporación, basado en el lucro particular por el usufructo de un bien protegido que pertenece a todos los habitantes del país, que lamentablemente cuenta con todos los avales del estado: la cacería de guanacos y la comercialización de su carne, a pesar de tratarse de una especie de la fauna autóctona (y por lo tanto, patrimonio de todas y todos) y protegida por CITES (Concención Internacional contra el Tráfico de Especies Silvestres). Entendemos que el objetivo de esta acción no es el aprovechamiento de la especie en sí, sino eliminarla de sus propiedades.

El Grupo Benetton no quiere guanacos en sus propiedades

A modo de tener un contexto previo para encarar la lectura de esta nota, sugiero echarle un vistazo al trabajo de investigación que realizamos en este espacio de expresión sobre el Grupo Benetton en Argentina haciendo click acá.

Para llevar adelante el negocio de la cacería de guanacos y la comercializacón de su carne en el país y el exterior, Benetton (una corporación transnacional que ya cuenta con un enorme imperio tan sólo en Argentina) primero armó un andamiaje de empresas nuevas y luego realizó acciones de lobbying corporativo ante el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Cruz, para obtener las autorizaciones para realizar esta actividad que está prohibida en todo el mundo.

Los últimos balances de las empresas del Grupo Benetton revelan en total un capital neto de casi € 13.000.000.000.- (trece mil millones de euros), con lo cual estamos hablando de una de las corporaciones más grandes del mundo, nucleadas en el holding Edizione.

Desde ya, la campaña de difamación pública lanzada oportunamente por Benetton contra los Pueblos Originarios (a través de los medios hegemónicos de la República Argentina y el aparato comunicacional del Estado en todos sus ámbitos) ha tenido como finalidad quedarse con sus tierras y generar una cortina de humo para ocultar las maniobras que realizan sus lobbystas locales para dar un marco legal a este tipo de negocios espurios; como lo es el tráfico de especies protegidas de la fauna nativa, uno de los negocios ilegales más redituables del mundo, después del narcotráfico y la venta de armas.

En el medio, se cruza el debate por la hegemonía de la ganadería ovina en Santa Cruz y su lobbyng corporativo, algo respecto de lo cual existe abundante material escrito, tanto respecto de su imposición histórica como actividad económica preponderante, mal llamada economía regional (ya que se trata de una explotación de tipo enclave que incide muy poco en las estadísticas de empleo y fuga la casi totalidad de sus ganancias), que solamente beneficia una selecta oligarquía local descendiente de los colonos ingleses que financiaron la "conquista del desierto"; y que hoy únicamente está amenazada por el avance irrestricto de la megaminería y el fracking en las zonas ganaderas de Sata Cruz y no por el guanaco, como pretenden infundadamente hacer creer los empresarios latifundistas.

Ganadera Cóndor

La Estancia El Cóndor (Benetton) tiene 220.000 hectáreas de
superficie, 30 kilómetros de costa en el Océano Atlántico y
80 kilómetros de frontera con Chile, incluido un paso por ruta.

Ganadera Cóndor (GC) es una suerte de empresa fantasma, que en pocos meses apareció como una PYME y luego se capitalizó mil veces (diez mil por ciento), para convertirse en una de las corporaciones ganaderas más grandes de la Patagonia. En el medio cambió dos veces de directorio y de propósitos empresariales.

Según una publicación del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) del 21/11/2016, el grupo Benetton, a través de sus representantes locales, registró formalmente una nueva sociedad denominada "Ganadera Cóndor" (GC) con un capital de $ 120.000.- monto que resulta a todas luces excesivamente exiguo en relación a las millonarias inversiones del Grupo Benetton.

El agente local no es otro que el argentino Diego Perazzo, el máximo representante del Grupo Benetton en Argentina y apoderado legal de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), quien se presenta en representación del holding Edizione, la corporación madre que controla todas las empresas del Grupo Benetton en el mundo. No obstante, la sociedad que se inscribe es argentina y originalmente está constituida por argentinos. Perazzo aparece al principio como presidente de esta nueva sociedad.

Un mes después, la sociedad GC se inscribe en AFIP. Lo curioso es que según el BORA, la sociedad formalmente constituida tiene como objetivo explotación de establecimientos agroganaderos, industrialización de productos y subproductos de este origen y comercialización de los mismos. Sin embargo, en su inscripción tributaria, la empresa declara además de lo anterior otras actividades como caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, servicios empresariales y transporte de sustancias refrigeradas. Hasta donde se puede saber, todos estos cambios no aparecen en las actas de la sociedad.

Meses después, una publicación del BORA del día 03/05/2017, da cuenta de la conformación un mes antes del directorio de GC, donde vuelve a aparecer Perazzo como presidente y dos directores argentinos que también están en CTSA: Guillermo José Ryan, Gabriel Andrés Levy y Alberto Muzzachelli.

En otra publicación del BORA, del día 05/04/2017, aparece que CTSA realiza una transferencia extraordinaria de dinero a GC por un total de $ 124 millones (aproximadamente el 22% del total de su capital declarado que es de $ 590 millones), en una maniobra que multiplica el capital de la nueva sociedad por mil (o sea, un diez mil por ciento). El otro detalle es que las dos firmas tienen el mismo domicilio.

Finalmente, el 02/07/2018 aparece una nueva publucación en el BORA (esta vez con tres meses de retraso), respecto de cambios en el directorio de GC. En este caso, aparece como presidente Carlo Benetton y como vice Perazzo, además está Leone Benetton (hijo de Carlo) como director titular. Lo loco de todo esto es que Carlo Benetton murió días después, el 10/07/2018.

Con todos estos datos surge el interrogante respecto del motivo que ha llevado al Grupo Benetton a dividir sus inversiones ganaderas en Argentina, en dos empresas conformadas prácticamente por las mismas personas extranjeras y argentinas.

Una posible causa podría ser que Ganadera Cóndor es una empresa fantasma creada para dividir los activos de CTSA ante la posibilidad de que sea alcanzada por las leyes antimonopolio de Argentina o por la legislación que restringe la tenencia de tierras a extranjeros en zonas de frontera. En las publicaciones del BORA sólo se habla de montos de dinero, desconociendo concretamente cómo fue la división de bienes entre CTSA y GC.

De cualquier manera, el nombre es muy sugerente: la Estancia El Cóndor (la última adquisición de CTSA) está en gran parte rodeada por la frontera con Chile y el Océano Atlántico, donde ningún extranjero debería ser propietario sin autorización del Estado Argentino, previa rigurosa evaluación. Para sortear esto, es que pudieron haber transferido este bien a GC, una sociedad conformada en los papeles por argentinos y una vez anotada la Estancia El Cóndor en el Registro Nacional de la Propiedad, Benetton pasa a presidir la sociedad. Aunque por el tiempo transcurrido desde la compra hasta la conformación de GC, esta maniobra aparentemente no tendría sentido...

Recordemos también que en el escrito anterior sobre el Grupo Benetton se dio cuenta que Lázaro Báez (testaferro de la familia Kirchner y ex-amigo de Carlo Benetton) realizó numerosas transacciones comerciales con el grupo italiano, entre las que se cuentan la adquisición de 3 de las 25 estancias que poseía hasta ser procesado por la justicia. Luego de estas adquisiciones, en 2015, quiso comprarle la Estancia el Cóndor a CTSA, resultando que ante la negativa inicial terminó realizando diversas maniobras extorsivas contra Benetton e incluso operetas de prensa donde se afirmaba que ya la había adquirido, cuando en realidad eso no era así. Es probable también que los magnates italianos quisieron asegurarse que esto no volviera a ocurrir...

Recordemos además que esta operatoria de la empresa Ganadera Cóndor y sus maniobras de transferencia de activos y cambios repentinos de directorio, ya ha ocurrido varias veces en la historia empresarial de Argentina. Sin ir más lejos, tenemos el caso del británico Joseph Lewis en los años '90, que adquirió el campo que rodea el Lago Escondido en zona de frontera: la sociedad que hizo la compra estaba conformada por argentinos y una vez realizados los trámites de legitimación ante la Dirección de Zonas de Frontera y erl Registro Nacional de la Propiedad, los miembros de la sociedad cambiaron para pasar a ser él directamente el titular.

De todos modos, hay otro motivo para dividir la sociedad, que es este nuevo y prometedor negocio del Grupo Benetton en Argentina. Y para corroborar ello, una nota periodística de estos días da cuenta que es Ganadera Cóndor (y no CTSA) la empresa de Benetton que está directamente involucrada en este negocio específicamente.

La gestión de la gobernadora Alicia Kirchner está totalmente
consustanciada con los negocios de Benetton en Santa Cruz
y ha avalado con medidas oficiales todos sus requerimientos.
Acá aparece en el Frigorífico Faimali, junto a los patrones de
estancia del grupo italiano, en un acto oficial con motivo de
realizarse la primer faena de guanacos y su embalaje para
exportar la carne.

Frigorífico Faimali

Este establecimiento (con sede en Río Gallegos y sucursales en Tierra del Fuego) fue creado a mediados de los '80 por la familia Jamieson (terratenientes y grandes productores ovinos locales descendientes de los primeros colonos ingleses de esa provincia) para faenar corderos. La crisis en la ganadería ovina generada por las erupciones del Volcán Hudson casi hace desaparecer a la empresa. En ese entonces, parte del capital accionario del frigorífio es adquirido por la familia Kirchner y su crecimiento comenzó a ser sosotenido y exponencial desde que Nestor fue presidente. Es en estas circunstancias en que curiosamente por decisión del Gobierno Nacional, la exportación de carne ovina quedó exenta en su totalidad de las retenciones impuestas al resto de las exportaciones de carne durante las gestiones kirchneristas, que rondaba el 15%. En aquel entonces el Frigorífico Faimali era el principal exportador de esta producción, que rondaba las 3200 toneladas de carne ovina, siendo además el que procesa toda la producción de otra exportadora que es Estancias de la Patagonia. La capacidad operativa del establecimiento está montada para faenar 450.000 ovejas por año. Además, es el único que procesa en escala industrial carne de liebre, también para exportación en su totalidad.

No se tiene el dato exacto de cuándo fue que el grupo Benetton ingresó como accionista del Frigorífico Faimali, pero se sabe que ya en el 2008 poseía el 33% y para el año 2015 ya tenía el 62%. Tampoco se sabe cuándo y cómo se retiró la familia Kirchner de la empresa, ya que hasta donde se pudo averiguar, hoy no están en el directorio ni poseen acciones de la firma, por más que han tenido vínculos muy estrechos con la familia Jamieson, fundadores de la firma que aún son parte de la misma...

Actualmente, la web del Frigorífico Faimali directamente dice que la empresa pertenece a la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), del Grupo Benetton, sin dar detalles respecto de su real composición accionaria. Sin embargo, nuevamente en este caso el Boletín Oficial es un instrumento público revelador de este tipo de información que normalmente los canales institucionales de las empresas mantienen en reserva.

En este caso, tenemos el Boletín Oficial del Gobierno de Santa Cruz, en su edición del 2 de octubre de 2014 (pag. 15), que da cuenta que en ese entonces el capital dela firma era de 12 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares al cambio oficial de ese entonces), lo cual representa una parte muy ínfima del negocio del Grupo Benetton en Argentina. Desde ya, el negocio de la exportación de carne ovina representa cinco veces más que ese monto, a eso hay que agregarle los beneficios de este nuevo negocio del guanaco, aún no determinados. Con esto, tenemos al menos una pista de que esos números están dibujados...

En el mismo documento público se da cuenta que el directorio de la firma se conforma de miembros de CTSA y de la familia Jamieson. Nuevamente aparecen los nombres de Diego Perazzo, Alberto Muzzachelli, Gabriel Levy y Oscar Longhi; personas estas que aparecen, como ya dijimos, en los directorios de las otras empresas de Benetton en Argentina, como ser la CTSA, la nueva empresa Ganadera Códor, la minera canadiense Minsud y su subsidiaria local Minera Sud Argentina. Por la familia Jamieson figuran dos representantes. Además de ello, el presidente y vice de la firma son Marcelino Díaz y Miguel O'Byrne, representantes locales de Benetton en Santa Cruz.

La ruta comercial de la producción del frigorífico Faimali es bastante extraña: la producción va en camiones 800 kilómetros desde Río Gallegos hasta Puerto Deseado, donde se embarca al exterior. Esta operatoria para desplazar por tierra toda su producción al puerto de aguas profundas más alejado de la provincia implica un desplazamiento que requiere de aproximadamente 1.000 viajes en camión por año, 1600 km. ida y vuelta, por la ya colapsada Ruta Nacional 3, única vía troncal asfaltada de esa provincia. Aparentemente, esta modalidad fue acordada hace años atrás para hacerse beneficiarios del no cobro de retenciones a las exportaciones.

Contaminadores seriales...

Vertidos del frigorífico Faimali en la Ría de Gallegos

Desde que el frigorífico Faimali se expandió de la mano del grupo Benetton, empezaron a haber problemas ambientales en Río Gallegos, donde se ubica su planta, precisamente a la vera de la "ría" (brazo de mar que entra al continente, donde se mezclan las aguas oceánicas saladas con las dulces provenientes de los ríos que allí desembocan). Concretamente las denuncias datan de 10 años atrás y dan cuenta del vertido de grandes cantidades de sangre proveniente de la faena a través de cañerías que vuelcan a la Ría de Gallegos. Estos vertidos contaminan el agua de la ría, producen olores nauseabundos y generan malestares respiratorios en la población circundante.

El frigorífico Faimali además está acusado de realizar quemas ilegales de sus deshechos sólidos, cuyas emanaciones son percibidas por los vecinos de la planta.

Desde ya, la empresa no se hace cargo de gestionar sus vertidos, así como tampoco el gobierno de Santa Cruz de sancionarlos por la contaminación que generan. Es el Estado quien con fondos públicos y créditos tomados en el exterior que paragemos todas y todos, está montando la infraestructura necesaria para llevar adelante esta tarea.

Desde ya, las sanciones para Benetton no caben en este sentido, al menos en la actual gestión provincial de Alicia Kirchner; ya que por la participación en el pasado de la ex-familia presidencial en los negocios de la empresa y el actual impulso del gobierno provincial a su negocio particular de la cacería de guanacos y comercialización de su carne, eso prácticamente sería imposible.

Los mandamás de Benetton en Santa Cruz

Marcelino Díaz y Miguel O'Byrne, representantes de Benetton en Santa Cruz

Así como en la anterior entrega sobre el grupo Benetton mencionamos que el apoderado legal de las empresas de Benetton es Diego Perazzo y su mandamás en las estancias de Chubut es Ronald Mc Donald, en Santa Cruz el personaje que ocupa este rol es Marcelino Díaz, quien está vincilado al grupo italiano desde que adquirió la Estancia El Condor, a fines de los '90s.

De la poca información que se tiene de esta persona se sabe que es un reconocido dirigente ruralista de Río Gallegos, con destacada participación en la Federación de Entidades Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). El actual presidente de esta entidad es Miguel O'Byrne, que también es representante de Benetton en GC y FF.

El otro dato concreto que se tiene es que Marcelino Díaz está inscripto en AFIP como empleador dueño de una empresa transportista de cargas refrigeradas en camiones. Con esto queda claro también que la operatoria de sacar la mercadería de expotación por Puerto Deseado, atravesando toda la provincia de Santa Cruz por tierra, es un costo que queda entre socios comerciales: Benetton contrata a la empresa de camiones de la misma persona que es su mandamás local.

El rol de Marcelino Díaz es fundamental en la operatoria previa de desinformación publica respecto del guanaco, para generar las condiciones propicias con la finalidad de abrir el negocio de su cacería y la comercialización de su carne por parte del Grupo Benetton; así como el lobbyng ejercido por este individuo en los diferentes estamentos del estado provincial y nacional, con el fin de obtener las autorizaciones para esta actividad prohibida a nivel internacional.

El mismo rol cumple Miguel O'Byrne, aunque esta persona es más bien la encargada de defender los intereses de Bentton ante el Estado y las entidades ruralistas que integra: la ya mencionada federación y la Sociedad Rural de Río Gallegos. Además de esto, tiene un cargo de "consejero regional" en el INTA sede Regional Patagonia Sur, y una consultora empresarial particular.

Un negocio basado en la mentira

En Santa Cruz hay un mito infundado respecto de que el guanaco "representa una plaga", el cual está basado exclusivamente en supuestos de particulares vinculados al negocio de la ganadería ovina y replicada por funcionarios provinciales y medios pautados, no habiendo ningún dato científico de base empírica respecto de cuánta es verdaderamente la población de esta especie naitva y menos aún, si realmente incide en esta actividad; que vale bien aclarar, se trata de una modalidad comercial que impacta negativamente en el medio natural y que jamás fue sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo exige la Ley Nacional 25.675.

Conviene tener en cuenta que numerosas publicaciones del CONICET dan cuenta de que la dieta del guanaco es en buena parte diferente de la del ganado ovino y mucho menor en cantidad: una oveja consume más del doble de alimento que un guanaco: de acuerdo a los diversos estudios que hay, las ovejas pueden comer en promedio hasta 530 kg de forraje por año; en cambio, los guanacos como mucho llegan a consumir 240 kg de forraje por año.

Además de esto, el guanaco con sus dientes aflilados corta las plantas por su follaje (como si fuera una podadora), en lugar de la oveja, que con su dentadura roma, las arranca de raiz, provocando la desertificación de los campos, tal como se puede constatar en vastos sectores de la provincia depredados por la ganadería ovina.

Conviene aclarar que (contrario a lo que sostienen infundadamente funcionarios y empresarios ganaderos) en todos los ámbitos científicos nacionales (e incluso a nivel internacional) hay un indudable consenso respecto de que el principal factor de desertificación y destrucción de la vegetación y el suelo en toda la Patagonia es la ganadería ovina. Además de ello, la Patagonia constituye la región de la República Argentina con mayor índice y cantidad de hectáreas desertificadas, con lo cual estamos en condiciones de afirmar que la ganadería ovina en la Patagonia es el mayor aportante la desertificación en todo el territorio nacional. El problema del sobrepastoreo ovino en la Patagonia es histórico y recurrente y ha sido motivo de numerosos estudios científicos que lo han demostrado de manera sistemática con datos fehacientes.

Estos datos están corroborados en el Mapa de la Desertificación de la República Argentina, en donde la provincia de Sata Cruz es la que mayor superficie desertificada presenta en todo el país (tanto en cantidad de hectáreas como en porcentaje respecto al total), siendo notable además que dentro del grado de desertificación, en Sata Cruz predomina la de tipo severa.

El otro dato no menor, es que (según el mapa anterior) la zona donde se localiza la Estancia El Cóndor es la que menos problemas presenta de defertificación y sobrepastoreo, con lo cual no existen fundamentos de índole técnico-científico para justificar la eliminación del guanaco en este establecimiento.

Con esto queda claro que el guanaco no arruina los campos ni los desertifica (sino que lo que lleva a esa situación es la propia ganadería ovina) y lejos está de poder ser considerado una plaga, ya que se trata de una especie natva que ocupa su propio hábitat de donde es originario. Tampoco se lo puede considerar estrictamente un competidor con las ovejas, puesto que la dieta en ambos casos es diferente y sólo compiten en caso de sobrecarga ganadera, un tema del cual en Santa Cruz "no se habla".

Mapa de la desertificación en la Republica Argentina
(click acá para ampliar)

Con respecto a la población de guanacos en Santa Cruz, los lobbystas de Benetton han llegado a tirar números de hasta 2 millones de individuos en toda la provincia, diciendo además que consumen el doble de forraje que una oveja, datos falaces que no tiene nigún tipo de respaldo técnico. Es más, ninguna entidad ganadera privada u organismo oficial del gobierno provincial ha efectuado un censo de la población de esta especie con metodología científica, así como tampoco de su dieta. Ni siquiera el INTA tiene el dato concreto, a pesar de que cada tanto hace conteos en vuelos aéreos y extrapolando a la superficie total de un territorio a considerar, metodología con elevados márgenes de error y basada casi por completo en cálculos probabilisticos, que no está avalada científicamente por ninguna institución idónea en materia de ecolgía y/o ciencias biológicas. Esta técnica es la que también emplea el Gobierno de Santa Cruz, que afirma que la población es de 1.300.000 guanacos, dato que tampoco cuenta con aval científico.

Los censos de camélidos americanos realizados con metodologías científicas avaladas internacionalmente, basadas en el conteo directo y sistemático de individuos a través de transectas periódicas efectuadas en el campo, dan cuenta de que en toda la Provincia de Santa Cruz la población ronda entre los 250.000 y 300.000 individuos.

Teniendo en cuenta que este dato es de hace 8 años y que en el supuesto caso que el guanaco no sea cazado y su habitat se encuentre en condiciones (ninguna de las dos cosas ocurre actualmente), el crecimiento vegetativo de la población podría llegar a ser de entre 10 y 12 % interanual (muy lejos del 15 a 20 % que sostienen los empresarios ganaderos y funcionarios de Santa Cruz). Con estos números, el cálculo más optimista que nos puede dar esta metodología para inferir la verdadera población actual de guanacos es de 700.000 individuos y el menos optimista de 500.000 individuos. Tomando este número y teniendo en cuenta que el hábitat de esta especie actualmente abarca las dos terceras partes de la provincia, estamos hablando de una densidad de un guanaco cada 30 hectáreas en el mejor de los casos.

Tomando el promedio de este rango y la superficie de la Estancia El Cóndor (220.000 has.) en relación al total del hábitat del guanaco en la Provincia de Santa Cruz, en dicho establecimiento deberían haber como máximo 7.000 guanacos. Este sería el dato más aproximado que se puede obtener, ya que hasta donde se pudo averiguar, en ese establecimiento jamás se hizo una transecta; de todos modos, como se verá más adelante, este número casi coincide con la cantidad autorizada para la cacería, lo cual da cuenta de que, como concluimos al final del trabajo, el objetivo final de Benetton con respecto a esta especie nativa en el fondo no es el aprovechamiento económico, sino, lisa y llanamente, la eliminación de la misma dentro de sus propiedades...

En contraposición a los datos de la población de guanacos, se dispone de las estadísticas oficiales respecto de la cantidad de ovejas que hay en esa provincial: rondando entre 2.800.000 y 3.100.000 ovejas, según el INTA, dato que se va a corroborar cunado finalice el censo nacional agropecuario que se está llevando a cabo en este momento. Este dato se contrapone a lo expuesto por las entidades rurales que afirman que las ovejas en esa provincia no llegan a 1.200.000 cabezas. No es una novedad en el ámbito rural que históticamente los dueños de los campos retaceen esta información o la den de manera parcial, ya que de estos números dependen en gran medida los impuestos que pagan...

Según datos extraoficiales, en la Estancia El Cóndor habrían 80.000 ovejas. Si se aplicara la fórmula de capacidad de carga ganadera para el tipo de forraje que presenta ese establecimiento (uno de los de mejor calidad de la Patagonia árida) que sería de aproximadamente 0,3 ovejas/hectáreas, el campo podría soportar con holgura una dotación de 68.000 ovinos; con lo cual, la estimaión anterior está dentro de los parámetros lógicos. Consecuentemente, en dicho latifundio hay 10 veces más ovejas que guanacos... ¿cuál de los dos es la plaga entonces?

De esta manera, temos por un lado el dato de las estadísticas oficiales y los censos realizados por instituciones científicas que dan cuenta que en Santa Cruz la población de guanacos es aproximadamente 8 veces menor que la de ovejas; y por otro lado el dato inventado por los lobbystas de Benetton, que dicen (infundadamente, claro está) que hay el doble de guanacos que de ovejas en esa provincia.

Sin embargo, cuando se habla de negocios, para el gobierno y los medios hegemónicos la palabra calificada es la del dueño de ese negocio, la sus representantes o la de sus voceros de prensa, por más que ésta sea infundada, intentando expresar una erudición en materia de ecología y medio ambiente que en verdad no tienen, y descartando de plano cualquier tipo de consideración científica al respecto...

Algo que tampoco se informa, pero que se sabe extra-oficialmente, es que en la Estancia El Cóndor hay una gran cantidad de locaciones petroleras. Es más, en algunos medios se ha filtrado solapadamente que el pago de las petroleras por el usfructo de su propiedad resulta ser más rentable para el Grupo Benetton que la ganancia que percibe por la actividad ganadera que se desarrolla en el establecimiento. Desde ya, hasta un principante en las ciencias del ambiente, pude determinar que la actividad hidrocarburífera intensiva (como la que se desarrolla en ciertos sectores de la Estancia El Cóndor) puede incidir negativamente mucho más en la ganadería ovina que cualquier factor natural.

Los accidentes en las rutas

Una de las excusas que se han puesto para  justificar la cacería del guanaco es la ocurrencia de accidentes viales en las rutas de esa provincia, algunos de ellos fatales. Al respecto, conviene considerar dos puntos:
El primero es que la infraestructura vial de esa provincia no cuenta con ninguna medida como las especificadas internacionalmente para la salvaguarda de la fauna nativa y la preservación de sus corredores biológicos; así como tampoco existe en la mayoría de las rutas señalización que advierta respecto de las precauciones a tomar respecto de la posibilidad de cruzarse con ejemplares de la especie.
El segundo es que en esa provincia no existe ningún tipo de restricciones a la velocidad máxima recomendada para aquellas rutas que atraviesan zonas con cruce de fauna nativa, que es entre 60 y 80 Km/h, según las densidades y topografía del terreno. Más allá de esto, tampoco hay en esa provincia controles viales en estas zonas.
Con esto, se demuestra sin más, que la responsabilidad por accidentes viales provocados por colisiones a guanacos es exclusivamente por falta de infraestructura adecuada en las obras viales de esa provincia, falta de señalización y/o advertencia en esas zonas, así como de imprudencia de los conductores al circular a muy altas velocidades en zonas con cruce de fauna.

Experiencia de silvestría de guanacos en la Reserva La Payunia
(Mendoza), llevada a cabo en todas sus estapas por la población
local: Arreo y encierre, esquila y liberación, y finalmente el proceso
industrial del hilado de la lana. Esto es "desarrollo sustentable",
no lo que quiere hacer Benetton con los guanacos de Santa Cruz.

Nada de uso sustentable para el guanaco en Santa Cruz, a pesar de que ya hay experiencias en otros lugares


Como se sabe, en diferentes lugares del país donde habita el guanaco se han realizado experiencias exitosas de uso sustentable de dicha especie, que a su vez ha permitido su monitoreo efectivo. Desde ya, estas alternativa no entran en los parámetros de Benetton
Quien suscribe ha participado en una experiencia de silvestría de guanacos, consistente en el arreo, esquila y suelta, realizada anualmente por pobladores originarios en la Reserva La Payunia, Provincia de Mendoza, desde hacen ya 15 años. Esta experiencia consiste en arrear los guanacos hacia una manga especialmente montada, por donde son llevados hasta corrales en donde se los tiene por dos días y son esquilados, mientras se les hace estudios biológicos y genéticos y se los individualiza y marca para luego seguirlos en sus rutas migratorias. Además de ello, los mismos puesteros realizan el hilado de la lana, ya sea de manera manual, con técnicas tradicionales o procesándola en una planta con maquinaria especial montada en la zona, que también es de ellos. Esta experiencia en particular (además de preservar la especie) ha sido diseñada y subsidiada por el Estado para beneficiar directamente a la población local (nucleados en una cooperativa) y no a los terratenientes. Por este motivo reúne los tres requisitos para ser considerado una actividad en el marco del desarrollo sustentable: económico, social y ambiental.
En el caso de la cacería de la especie propiciada y realizada por Benetton, no hay sustentabilidad (a pesar de que ellos insisten en decir que sí), ya que en el plano ambiental se está apuntando sin más al exterminio de la especie dentro de un campo particular (con el eufemismo de un supuesto "control de la población), exclusivamente  para beneficiar a otra actividad más depredadora del medio natural, como lo es la ganadería ovina. En la faz económica, el beneficio es sólo para las empresas de Benetton: Ganadera Cóndor y Frigorífico Faimali. En el plano social tampoco hay sustentabilidad, ya que las empresas de Benetton son las que menos cantidad de empleados tienen, ya sea si se mide el porcentaje de trabajadores por cantidad de hectáreas, cantidad de ovejas o tamaño de la inversión o emprendimiento.


El Plan Nacional del Manejo del Guanaco y los incumplimientos del Gobierno de Santa Cruz

En el año 2006 la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación publica el documento del Plan Nacional del Manejo del Guanaco, el cual posteriormente fue aprobado por la Resolución 477/2006 de ese organismo.

Encabezado del Plan Nacional del Manejo del Guanaco,
documento oficial que data de 2006 y que al momento
no ha sido actualizado. La mayoría de los lineamientos
expuestos allí no han sido cumplido por Santa Cruz.

En este documento se reconocen (entre otras) como amenazas directas para la conservación del guanaco la interacción interespecífica con el ganado ovino y la consecuente degradación y fragmentación de su hábitat natural. O sea, este documento público de carácter técnico nuevamente está demostrando que el problema es el de la ganadería ovina sobre el guanaco y no al revés.
A su vez, en el mismo documento, se reconocen (entre otras) como amenazas indirectas para la conservación de la especie, la debilidad institucional para el control y monitoreo, la estructura y tenencia de la tierra (como factor clave del sobrepastoreo ovino y la consecuente degradación del suelo y la flora, así como del avance de la desertificación) y la falta de áreas naturales protegidas necesarias para la adecuada conservación de la especie, tanto en cantidad y proporción de superficie. Actualmente la Patagonia Árida presenta menos del 1% de su superficie bajo este estatus legal de protección y con gestión efectiva en el terreno, constituyendo en números aproximados unas 700.000 hectáreas dentro de un total de 80.000.000 de hectáreas.
Asimismo, el documento destaca claramente que una amenaza concreta para la conservación del guanaco es la percepción negativa por parte de los productores ganaderos, que lo consideran un competidor con el ganado ovino, aclarando dicho escrito oficial que siempre este sector ha sobredimensionado la población existente.
Ninguna de estas amenazas han sido analizadas y/o estudiadas por el Gobierno de Santa Cruz en su territorio, y menos que menos aún, abordadas por el esatado provincial. Los funcionarios sólo se han dejado llevar por las consideraciones de los empresarios ganaderos (especialmente los grandes), los cuales evidentemente tienen una visión sesgada por sus negocios particulares, que evidentemente son contrarios al interés general representado por la protección del ambiente y la conservación de la naturaleza.
El Gobierno de Santa Cruz incluso (por pedido expreso del empresariado de la ganadería ovina al que se le suma el lobbying corporativo de la megamineria) promueve la aberración de prohibir por ley la creación de nuevas áreas naturales protegidas en su territorio provincial. Desde ya, esta medida es contraria a los Principios de la Política Ambiental establecidos en la Ley Nacincial 25.675, al Convenio Internacional de Diversidad Biológica (aprobado por Argentina mediante Ley Nacional 24.375), a los postulados más básicos de protección ambiental a nivel mundial, establecidos en documentos de amplio consenso internacional, como por ejemplo los Objetivos del Milenio o los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Desde ya, el Plan Nacional de Manejo de Guanaco está advirtiendo que las áreas naturales protegidas existentes en el hábitat del guanaco son escasas y recomienda su amplicación en cantidad y sobre todo en superficie, con lo cual esta medida descabellada del Gobierno de Santa Cruz es también contraria a los postulados del Plan para conservar la especie.


El Plan de Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz

Las autoridades nacionales en materia de protección ambiental jamás exigieron a Santa Cruz regularizar todos estos incumplimientos y por el contrario, allanaron el camino para autorizar la cacería comercial de guanacos, exclusivamente como parte de un negocio de Benetton, basándose en un documento denominado Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, elaborado en 2014.
Curiosamente, de acuerdo a lo que informan los medios locales, este documento (no disponible en la web) no tuvo intervención de ninguna autoridad de aplicación en materia de protección ambiental y/o conservación de la naturaleza a nivel provincial y sólo intervinieron en calidad de observadores algunos técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del Conicet.
De la misma fuente se confirma que el documento fue redactado exclusivamente por los propios interesados en el negocio de la cacería del guanaco: representantes del Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (entidad privada que nuclea a todas las sociedades rurales de esa provincia). De hecho, la presentación oficial del mismo estuvo a cargo del presidente de esa entidad, Miguel O'Byrne, quien a su vez (como ya se dijo) es miembro del directorio de las empresas de Benetton en Santa Cruz. El resto de los que fuguran sólo intervinieron en la validación del mismo.
Con esto se infiere que el contenido de dicho documento responde específicamente a los intereses particulares de quienes lo redactaron o a sus socios comerciales. El propio Miguel O'Byrne en la presentación del mismo dijo que el objetivo de este plan provincial es viabilizar el aprovechamiento comercial de la carne y la fibra de guanaco...
Conviene aclarar que en este documento se estima que la población del guanaco en Santa Cruz era de un millón de individuos. Desde ya, se trata de una cifra determinada con un alto grado de impresición y metodología no sistemática. No obstante, esa cifra (aún con todo lo tendenciosa que es) resulta ser la mitad de lo que expresan públicamente los mismos representantes de Benetton que participaron de la elaboración del mismo, como excusa (infundada, calro está) para justificar su eliminación de sus latifundios.


Se lanza la cacería...

Una vez redactado, presentado y validado el Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, el gobierno provincial procede a autorizar la cacería comercial en la temporada 2016, sin contar todavía con aval de la autoridad de aplicación nacional. conviene aclarar además que ya desde hace unos años estaba autorizada en esta provincia la "cacería deportiva", aunque con una serie de requisitos que la limitaba bastante.
La autorización nacional llega un año después, mediante la Resolución 711/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, mediante la cual se habilita un cupo de 200 individuos para la comercialización y transporte nacional e internacional de productos o subproductos cárnicos.
Unos días después de aprobada esta resolución, se aprueba otra, la Resolución 766/2017,  del mismo organismo del gobierno nacional, que habilita un cupo adicional de 6.000 ejemplares. Lo curioso de esta resolución son dos cosas:
Por un lado, el crecimiento exorbitante del cupo fijado apenas días antes de la primera resolución, instancia previa reciente que además no figura ni en el articulado ni en los considerandos de la nueva resolución.
Por otro lado la conformación de una "mesa interinstitucional sobre el manejo del guanaco" en donde se incluye a reparticiones del Ministrio de Ciancia y Tecnología, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Producción, el INTI, el SENASA y el CONICET, dejando afuera a dos autoridades de aplicación fundamentales en este tema: el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) y la Secretaría de CITES (Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), a los que solamente se las notifica de la novedad.
El dato no menor de todo esto, es que el cupo de 6.200 guanacos autorizados a cazar casi coincide con la estimación de la población de esta especie en la Estancia El Cóndor mencionada con anterioridad en el presente escrito, con lo cual se vuelve a ratificar que el propósito verdadero de Benetton es exterminar esta especie de sus peopiedades, que en definitiva es a la conclusión que se arriba tras este extenso y fundamentado análisis.
Si bien las mencionadas resoluciones son en lo concreto genéricas, la movida estuvo en un todo planificada y direccionada por los representantes de Benetton en Argentina, siendo que, además son prácticamente los únicos que pueden llevar adelante el procedimiento conpleto: cacería, faenamiento, distribución interna y exportación. Los otros interesados en la cacería comercial de guanacos (pero que no participaron en la elaboración del programa) son los dueños de La Anónima (familia Braun Menendez), que también tienen estancias con guanacos en Santa Cruz; pero desde ya, tendrían que compartir el cupo autorizado...


En el fondo, la intención de Benetton es deshacerse de la especie

A un año de implementada la comercialización de carne de guanaco a nivel nacional e internacional, con toda la movida realizada por el estado provincial y nacional (tan sólo para beneficiar a un grupo empresario que no da empleo, no incide para nada en las economías regionales y fuga al exterior absolutamente todo lo que produce y que gana), los capitostes locales de Benetton salieron a decir que no les resuta rentable el negocio, sin respaldar con ningún dato concreto tales afirmaciones. No obstante, no presentaron ninguna solicitud para dejar sin efecto las autorizaciiones que tienen para matar esos 6.000 guanacos de la segunda resolución, cupo que empezarán a usar este año, luego de los 200 de la primera resolución que mataron el año pasado, como "prueba piloto" de la cual, desde ya, no se ha dado a conocer ningún resultado.
Con esto queda claro que el fin exclusivo de toda esta puesta en escena montada por Benetton, definitivamente es hacer desaparecer los guanacos de sus propiedades en Santa Cruz, en nombre del "desarrollo sustentable", de la misma manera que están haciendo con los Pueblos Originarios en Chubut, aparato represivo estatal mediante.
   

YO APOYO LA LUCHA DOCENTE Y DEFIENDO LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, PERO...

Yo apoyo y defiendo la lucha docente dentro de la universidad pública, y también en otros ámbitos, porque todo docente está ejerciendo una actividad digna desde cualquier punto de vista (tal vez la más de todas) que es educar, enseñar, preparar para la vida. Por ello, tode docente merece un salario digno, en sintonía con la dignidad de su tarea.

Yo apoyo y defiendo la universidad pública (y autónoma) y toda la educación pública, laica, libre, gratuita y sin ningún tipo de adoctrinamiento o injerencia privada y/o corporativa, que pregone y difunda los valores de la pluriculturalidad, el compromiso y la inclusión social, la participación, el involucramiento, la horizontalidad, la diversidad de género, el cuidado de la tierra y el cambio en la matriz del sistema.

La entrega del control de la universidad pública a las corporaciones o de la puesta a su servicio del acervo cognitivo y académico generado en sus claustros, es una práctica frecuente, avalada por el Estado en todos sus ámbitos y por amplios sectores de la sociedad. Ejemplo de esto sobreabunda: Monsanto en las U.N. de Córdoba y Buenos Aires, Barrick Gold en la U.N. de San Juan, Chevron y Pan Amercan Energy en la U.N. del Comahue, Yamana Gold en la UN del Tucumán y el reciente aval técnico y académico de la U.N. de Cuyo a la introducción del fracking en la Provincia de Mendoza, son apenas botones de muestra respecto de cómo la universidad pública privilegia los grandes intereses privados por sobre los generales de la población. La lucha docente y la defensa de la universidad pública de ninguna manera puede ni debe prescindir de este asunto.

CONSECUENTEMENTE:

Repudio  

►  Toda intromisión de las corporaciones extractivistas o financieras en las universidades públicas o centros de investigación y/o innovación tecnológica dependientes del Estado.
►  Todo acuerdo o convenio suscripto entre las universidades públicas  y estas corporaciones.
►  Todo funcionario o directivo de las universidades públicas y/o los ámbitos del Estado involucrados en su gestión, que ponga su firma en estos documentos.
►  Toda aquella persona del ámbito universitario (directivo, profesor, estudiante, empleado, etc.) que tenga conocimiento de estos hechos y no haya hecho absolutamente nada para denunciar o dar a conocer éstas u otras intromisiones de lo privado en lo público.

Denuncio  

►  A aquellas universidades públicas que apoyan, avalan o respaldan académica y/o técnicamente al modelo extractivista o la implementación de alguna de sus modalidades en nuestos territorios (megaminería, fracking, monocultivos transgénicos con agrotóxicos, etc...)
►  A aquellas universidades públicas que deliberadamente ocultan u omiten informar al pueblo respecto de las consecuencias nefastas del modelo extractivista en los territorios y sus comunidades, así como la enagenación de los bienes comunes que esta modalidad implica.
►  A aquellas universidades públicas que forman profesionales y generan herramientas tecnológicas para seguir alimentando la voracidad del capitalismo explotador, saqueador y depredador que nos encarece y nos compromete cada vez más la existencia; en lugar de brindar al pueblo capacidad humana y material para enfrentarlo y/o cambiarlo por un sistema más justo y equitativo.
►  A aquellas universidades públicas u otras instituciones del estado que conforman o se asocian o subordinan a entidades privadas que se dedican al lobbyng corporativo.
►  A aquellas universidades públicas que le cierran sus puertas y sus claustros a la lucha social por la defensa, beneficio y goce de un ambiente sano y de una vida digna.
►  A aquellas universidades públicas que ejercen dentro o fuera de ellas la cesantía, la censura, el hostigamiento laboral o la persecusión ideológica, en cualquier instancia pública, privada, administrativa o judicial, hacia aquelles que nos oponemos al modelo extractivista, la enagenación de los bienes comunes o la supremacía de lo privado sobre lo público

Exijo

►  Que las universidades públicas dejen de percibir dinero sucio y manchado de sangre y muerte, como lo es el proveniente de la megaminería, el fracking, la soja, etc. y sean financiadas exclusivamente con  presupuesto genuino del Estado, acorde a sus necesidades reales.
►  Que las universidades públicas elijan a sus autoridades, sus carreras, sus planes de estudio y definan sus presupuestos en asambleas populares y de manera libre e informada.
►  Que las universidades públicas informen a todo el pueblo respecto de la destrucción del planeta y al mismo tiempo nos brinde el conocimiento necesario para revertirlo y remediarlo.
►  Que la universidad pública eduque y fomente para todes respecto del derecho humano a acceder al territorio, a los bienes comunes y a las energías limpias, libres y gratuitas.
►  Que la universidad pública nos forme a todas y todos (y no a un sector pequeño de la población) para la vida comunitaria, en sintonía con el entorno natural, bajo la premisa de la autogestión y autodeterminación de los pueblos; proveyéndonos del saber necesario para eliminar o prescindir de la usura y la renta financiera del capitalismo corporativo globalizado, de su obsolescencia programada, de la esclavitud y la trata de personas, del machismo y el patriarcado, y de todos los mecanismos de control social y envenenamiento masivo de la población.
►  Que la universidad pública nos forme a todas y todos en la práctica y el ejercicio en la vida cotidiana de la empatía, el pensamiento crítico, el enfoque multidisciplinario y la integración armónica de todos los conocimientos o saberes (ancestrales, populares, técnicos, científicos, etc.

Fragmento del convenio suscripto entre la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) y las corporaciones pertoleras que hacen fracking en Vaca Muerta. El mecanismo empleado para suscribir estos acuerdos a puertas cerradas es muy sencillo, dentro de las estructuras burocráticas de estas instituciones, ya que depende exclusivamente de la voluntad de los niveles jerárquicos superiores, prescindiendo por completo del resto de la comunidad educativa y de la sociedad donde se hallan insertas las universidades públicas. Otro si digo: ¿por qué una universidad pública (que en teoría además es autónma) tiene que comunicar sus decisiones (cualquiera que sean) a una entidad privada y corporativa como lo es el IAPG (Instituto Argentino del Petroleo y el Gas), en lugar de darlas a conocer a la población a las que pertenece, dado su caracter público?

TODO TIENE QUE VER CON TODO: UNA COSA SIN LA OTRA, NO VA...

Yo apoyo la lucha docente y defiendo la universidad pública, pero al mismo tiempo exijo una universidad pública del pueblo y para el pueblo, no para las corporaciones ni al servicio del modelo extractivista.