EL IMPERIO EXTRACTIVISTA DE JOSÉ LUIS MANZANO: LITIO, COBRE, URANIO, ENERGÍA, FRACKING... Y AHORA TAMBIÉN POTASIO.

 

José Luis Manzano es un personaje muy conocido en la política partidaria (ex diputado nacional, ministro del interior y presidente del PJ, entre 1983 y 1993), a quien se le adjudica la frase "yo robo para la corona". De un momento al otro, se aparta de la función pública y conforma un conglomerado corporativo que se fue haciendo cada vez más gigantesco, denominado Integra Capital, un conglomerado de empresas conformado con diferentes accionistas y socios comerciales, entre los que destaca Daniel Vila. Es considerado el ciudadano mendocino más rico, con un patrimonio de activos empresariales que alcanzaría los 17 mil millones de dólares, según aparece en la web de Integra.

https://econojournal.com.ar/2021/02/jose-luis-manzano-el-renacido-la-historia-del-hombre-que-se-quedo-con-edenor/

José Luis Manzano era una suerte de "médico del pueblo" a comienzos de los '80s. Cómo llegó a amasar una fortuna incalculable en poco tiempo durante la época del menemismo, puede ser materia de otro escrito... Ahora nos vamos a centrar en su imperio corporativo en general y sus empresas extractivas en particular, que incluyen mineras y petroleras en diferentes sociedades, algunas de las cuales están radicadas en paraísos fiscales y forman parte de los listados elaborados en las investigaciones periodísticas Panama, Paradise y Pandora Papers.

https://www.elsol.com.ar/el-sol/edemsa-el-ultimo-eslabon-de-una-red-de-empresas-offshore/

La cantidad de empresas mineras y petroleras de José Luis Manzano, lo ubican como uno de los principales artífices y militantes de la ideología política extractivista, A esto se le añade el dato no menor de que durante su actividad política, como diputado y ministro, fue uno de los ideólogos e impulsores de las leyes menemistas que abrieron la puerta de nuestro territorio al saqueo y la depredación y hoy es uno de los empresarios que más ha expandido su actividad y patrimonio de la mano de estas mismas leyes.

https://revistacrisis.com.ar/notas/jose-luis-manzano-y-el-oro-blanco-de-jujuy

Una gran parte de los conflictos socioambintales lo tiene como indicado a este señor, que desde ya, siempre opera a través de testaferros o funcionarios polìticos amigos de todos los partidos, como Sergio Massa o Gerardo Morales, sólo por poner algunos ejemplos. La peblada en Jujuy, las movilizaciones en Ancasti, los problemas en Vaca Muerta, las causas judciciales que involucran a las comunidades de pueblos originarios de Salinas Grandes y Guayatayoc, la opoosición al fracking en Mendoza, el reclamo por el libre acceso al Parque Tupungato, etc... son algunos ejemplos de los conflictos sociales que genera la avanzada extractivista, a través de las operaciones de sus empresas.

https://www.elcohetealaluna.com/contra-testaferros-y-mineras/

José Luis Manzano, el menemista, alejado de la función pública y ya en su papel de  empresario multimillonario, hizo migas con cada nuevo presidentente, haciendo leña del árbol caído del que fue pasando... A persar de ello, él se sigue autodefiniendo como peronista, pero ya mira hacia adelante: De Massa es muy cercano, a los tres candidatos 2023 los vio en el reciente Council of the Americas (asociación de la que es un miembro muy activo). Seguro que para el peluca el Cototo no es de la casta...

https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/jose-luis-manzano-hay-gente-que-no-quiere-hacer-negocios-con-quien-viene-de-la-politica-por-jorge-fontevecchia.phtml

Grupo América: es un holding de medios de comunicación, en sociedad con Daniel Vila. el grupo incluye los siguientes medios: 

Televisión: América TV (Bs.As.), América Paraguay, A24 (Bs.As.), Canal 10 (Junín, Bs.As.) Canal 7 (Mendoza), Canal 8 (San Juan), América Tucumán.

Radio: La Red, Blue FM (Bs.As.), Nihuil, Montecristo, Brava, La Red, Una, Ayer, Latinos, Festival (Mendoza), Radio 95.7 (San Rafael), Brava, Nuestra (San Juan).

Gráfico: El Cronista (Bs.As.) Uno (Mendoza)

Web: A24, Diario Uno, Cronista, Primicias Ya, San Juan 8, Ovación.

https://www.grupoamerica.com.ar/

 

Integra Lithium: empresa conformada por José Luis Manzano.

Posee 243.000 hectáreas de concesiones mineras para explotación o exploración de litio en las provincias de Jujuy y Catamarca. De este total, 163.000 hectareas corresponden a sales evaporíticas y 77.000 hectáreas corresponden a pegmatita de espodumeno.

Los proyectos actualmente operativos son: Jama (Jujuy), Antofalla oeste, San Francisco, Ancasti (Catamarca), Todos en fase exploratorioa (inicial o avanzada, según el caso).

https://integralithium.com/

 

Minera Aguilar: Fue adquirida por José Luis Manzano a la corporación suiza Glencore en 2021. Esta adquisición incluyó a la Mina Aguilar propiamente dicha, la Mina Pan de Azucar, Arzinc metalúrgica y Glencore Servicios Mineros.

Posee 30.000 hectáreas de concesiones mineras en Jujuy. Actualmente la Mina Aguilar está en explotación y extrae principalmente plata, plomo, zinc y cobre.

https://mineraaguilar.com/es/

 

Andina PLC: es una empresa de generación, transporte y distribución de energía, creada por José Luis Manzano y radicada en Londres. Participan de la sociedad Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Subsidiarias: EDEMSA (empresa distribuidora de energía de la Provincia de Mendoza), EDENOR (Empresa distribuidora de energía del norte del Gran Buenos Aires), Hidroeléctrica Ameghino (Empresa de generación de energía, a cargo de lq represa Ameghino, en Chubut).

https://www.andinaplc.com/

 

Phoenix Global Resources: es una empresa petrolera, constituida en partes iguales por José Luis Manzano y la corporación suiza Mercuria, radicada en Londres.

Subsidiarias: Andes Energía SA, Andes Oil & Gas SA, Andes Oil SA, Ahi SA, Grecoil SA, Integra Oil SA, Integra Oil & Gas SA, Inter Oil SA, Ketsal SA, Kilwer SA, Lagopetrol SA, MGM International SRL, Petrolera El Trébol SA, Selva María SA, Sodem SA.

Todas estas empresas operan en el rubro de la extracción de petróleo y gas no convencional (fracking), con explotaciones en las áreas de Vaca Muerta (Neuquén, Río Negro y Mendoza) y el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz). Además algunas poseen operaciones en Colombia y Venezuela.

https://phoenixglobalresources.com/

 

Integra Gas Distribution: es una empresa de distribución de gas natural de red, integrada en partes iguales por José Luis Manzano y Mercuria. Posee el 19% de la empresa Metrogás, distribuidora de gas natural del Gran Buenos Aires.

https://www.bloomberg.com/profile/company/0622889D:US

 

Integra Uranium: Es una empresa de explotación y explotación de uranio, actualmente posee un número no determinado de concesiones mineras de este mineral para búsqueda del mismo. Sus operaciones se realizan a través de una subsidiaria, que es Minera Álamo Gordo.

https://integrauranium.com/

 

Refinor: Es una empresa petrolera, que posee una refinería en Salta y una cadena de estaciones de servicios en todo el NOA. José Luis Manzano compró a Pampa Energía la mitas de la empresa en 2022. La otra mitad pertenece a YPF.

https://www.refinor.com/

 

Pamar: es una empresa constructora de obra pública, como gasoductos, oleoductos, redes eléctricas, redes de agua y cloaca, fibra óptica, centrales eléctricas, obras civiles e ingeniería. Entre sus clientes está el Estado Nacional, gobiernos provinciales, municipios y empresas privadas de servicios públicos, públicos, comunicaciones, petroleras y mineras. Está conformada en partes iguales por Daniel Vila y José Luis Manzano.

https://pamar.com.ar/es/

 

Araucaria Energy: es una empresa generadora de energía eléctrica que opera centrales térmicas a partir de la quema de combustibles fósiles. fue adquirida en 2020 por Integra Capital y Gramercy Fund a Stoneway Capital Corporation, Opera generadores en el Gran Buenos Aires.

https://scc-power.com/

Y como si esto fuera poco, a este señor el Gobierno de Mendoza le está por entregar la mina Potasio Río Colorado (PRC), por recomendacion de un banco suizo...

PRC fue comprada por el Gobierno de Mendoza a la corporación brasilera Vale, luego de que esta abandonara el proyecto por problemas financieros, dejando un tendal de desocupados, de los que se tuvo que hacer cargo el propio gobierno.

Ya con la mina en manos del Estado Provincial y en medio de un gran hermetismo (justificado en el eufemismo del "secreto comercial") el gobierno inició un supuesto proceso de selección y el elegido ha sido el "Cototo". El dato no ha sido dado a conocer oficialmente, porque el contrato todavía no se firma, pero los medios hegemónicos amigos de la pauta parece que no pudieron contenerse la primicia y ya revelaron el dato, que es una suerte de secreto a voces en algunos pasillos de la Casa de Gobierno: El futuro operador elegido será una empresa recientemente constituida (de nonbre aun desconocido), cuyo titular es José Luis Manzano. Al final, todo queda entre amigos...

https://mendozatoday.com.ar/2023/09/04/potasio-rio-colorado-jose-luis-manzano-es-el-beneficiado-por-la-adjudicacion-del-contrato-que-suarez-no-quiere-nombrar/

 

EL GOBIERNO DE MENDOZA PRIVATIZÓ UNA PARTE DE LA CORDILLERA

 

El Gobierno de Mendoza entregó gratis a un grupo empresario privado 12.351 hectáreas de tierras fiscales con glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, que de ahora en más dejan de ser parte del patrimonio público y pasan a ser propiedad privada.

 

 

La entrega gratuita de esta importante porción de la cordillera con bienes naturales estratégicos, se formalizó a través del Decreto 2.138/2021, firmado por el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez y el Ministro de Gobierno, Victor Ibáñez el día 23/12/2021 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno de Mendoza el día 07/01/2022. Ver en el Boletín Oficial: https://boe.mendoza.gov.ar/default/public/publico/verpdf/31534

 

El decreto dice "Asígnese a favor de la firma EL AZUFRE S.A., C.U.I.T. 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del 'Campo Potreros de Cordillera - Norte', Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5.639 ha 6.452,34 m2, y del Sector 3 del 'Campo Potreros de Cordillera - Norte', Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6.712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza"

 

Entre los fundamentos que esgrime el decreto, dice textual: "La firma acredita la realización de importantes inversiones en los terrenos de los que resulta cesionaria, correspondientes al desarrollo futuro de un centro turístico de esquí". Esto quiere decir que los agraciados particulares beneficiarios de la solidaridad del Gobernador de Mendoza ya estarían instalados en la zona y en posesión del territorio.

También se aduce que supuestamente han comprado permisos de ocupación a pobladores, no obstante ya hay denuncias respecto de que esa zona está comprendida dentro del relevamiento de Pueblos Originarios, realizado en cumplimiento de la Ley Nacional 26160, ya que esa zona es reclamada por las lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y desde ya como ocupantes acestrales de esas tierras.

También hay denuncias respecto de que a la empresa El Azufre S.A. le ha sido otorgado un derecho de uso de agua del Río Valenzuela (se desconoce el caudal otorgado), por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra, siendo un hecho inédito, ya que de acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, este bien natural precisamente es inherente a la tierra.

 

Se trata de un proyecto denominado “El Azufre”, supuestamente un centro de ski que dicen estar construyendo o emplazando en esa zona de la cordillera, sin haber realizado o presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental ni realizado ninguna Audiencia Pública ni hecho público ningún expediente del proyecto, instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5.961. Lo más grave es que el Gobierno de Mendoza hizo entrega de la propiedad de un sector de la cordillera a una empresa de Buenos Aires que está llevando a cabo el emprendimiento, sin haberle exigido previamente estas obligaciones establecidas tanto en la legislación nacional como en la provincial, y encima lo hizo gratis. Además de la entrega, es muy notable el desapego oficial al estado de derecho…

 

La empresa El Azufre SA ha montado infraestructura de envergadura en diferentes puntos de un territorio prístino, que es naciente de ríos y arroyos y presenta humedales de montaña, ambiente periglaciar y riesgo volcánico. Todas estas obras se han llevado a cabo sin pasar por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, por lo tanto son ilegales y se deberian demoler o desmontar. En algunos lugares ya han colocado alambrados y tranqueras con candado. Desde ya, se desconoce qué ocurre allí, respecto de la deposición de residuos, depósitos y manipulación de combustibles y principalmente el tratamiento de los efluentes cloacales y su destino final. Ph: Agencianews.com y fb de Gerardo Izco.

Si bien la responsabilidad de esta entrega del territorio recae ineludiblemente en el Gobierno de Mendoza, no se debe dejar pasar por alto que el Gobierno Nacional está al tanto del proyecto y no ha puesto ninguna objeción al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados "Potreros de Cordillera" era del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza. Por este motivo es que además tiene poder de veto respecto de las decisiones en este sentido, tanto por ser el titular originario de las tierras que fueron asignadas a la Provincia con cargo, como por tratarse de una zona de frontera. Consecuentemente, el Gobierno Nacional es cómplice de estas maniobras, en clara consonancia con la implementación del modelo extractivista  implementado en todo el territorio de la Nación Argentina como política de estado. https://www.argentina.gob.ar/noticias/kulfas-y-suarez-analizaron-la-agenda-de-reactivacion-productiva-de-mendoza

 

Por otra parte, debe recordarse que hace pocos meses, el propio Gobierno de Mendoza rechazó el proyecto para construir el centro de ski Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán (Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias (ni más ni menos tal como está ocurriendo con El Azufre). Este fallido proyecto tiene muchos puntos en común con El Azufre, como por ejemplo que también era de un grupo empresario de Buenos Aires, al cual también el propio Gobierno de Mendoza unos años antes le había entregado la tierra fiscal (en este caso no gratis, pero sí a un módico precio a través de un remate oficial).

 

Qué es lo que se acaba de entregar?

 

El territorio entregado (o cedido, o regalado) a la empresa El Azufre SA se ubica en el Departamento de Malargue y está casi completamente rodeado por territorio chileno, con lo cual supuestamente es una “zona de frontera” o “zona de seguridad nacional” y por ello sería fundamental en el marco de la defensa nacional, el ejercicio de la soberanía territorial por parte de las instituciones específicas del propio Estado, en lugar de entregarla gratuitamente a un grupo empresario que dada la envergadura económica de su proyecto, seguramente será rápidamente entregado a un grupo inversor extranjero, como ya ha sucedido con el centro de ski Las Leñas. O sea, no es nada nuevo que la propiedad de la cordillera termine en manos extranjeras a partir de un proyecto para construir un centro de ski.

La cartografía realizada por el autor muestra la ubicación de la zona cordillerana de tierras fiscales que el Gobierno de Mendoza ha entregado a una empresa de Buenos Aires y la gran cantidad de bienes comunes naturales que posee, como glaciares y humedales altoandinos.

 

Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos, que en la actualidad, bajo un contexto de cambio climático global (y su consecuencia local directa: la crisis hídrica) cobran una importancia fundamental para la vida y la economía de la población. El sector de la cordillera entregado gratuitamente está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, además posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales. Se trata de la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza, ya que tiene una superficie activa de 15.000 hectáreas que drenan un río con un módulo de 11 m3/seg. Para darse una idea de la cantidad de fuentes de agua entregadas a este grupo privado, el Río Mendoza tiene el triple de caudal, pero su cuenca activa es 40 veces más grande (590.000 hectáreas que drenan un módulo de 33 m3/seg).

 

De las 15.000 hectáreas de cuenca activa del Río Valenzuela, aproximadamente 2.500 están cubiertas de glaciares y ambiente periglaciar y 4.000 están cubiertas de humedales altoandinos, es decir, la mitad del territorio que se les entregó. En el primer caso se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar. En el segundo caso, el dato no menor es que se trata del humedal altoandino más grande de toda la Provincia de Mendoza: las Vegas del Río Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce que el gobierno debería haberle dado otro destino que entregarla gratuitamente a un grupo empresario privado.

Seguramente si tuviésemos Ley de Humedales, esto estaría prohibido, sobre todo porque, más allá del tinte de “sustentable” que se le pretende dar al proyecto (eufemismo discursivo recurrente si los hay en el mundillo del lobbyng corporativo), nadie empresario o del gobierno sabe informar que harán con tantos efluentes en un ambiente de característica periglacial y siendo naciente de ríos y arroyos, donde los procesos naturales de descomposición de la materia fecal se lentifican hasta el infinito e impacta negativamente en el ecosistema altoandino, tal como ocurre por ejemplo con los deshechos del Cerro Aconcagua… https://elotro.com.ar/el-aconcagua-se-transformo-en-un-deposito-de-excrementos/

 

Las Vegas del Valenzuela oportunamente fueron estudiadas por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que determinaron técnicamente que ese ambiente debería ser preservado y así se dio a conocer en el Informe Ambiental 2006 y el posterior Plan Ambiental 2008 (la única vez que el Gobierno de Mendoza esbozó una estrategia de Conservación de la Biodiversidad, hoy completamente ausente). Posteriormente, en 2013 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del CONICET. Con esto está clara y fundamentada la vocación territorial de esa región, dada la importancia estratégica desde lo hídrico y lo biológico que tiene la misma y que su uso turístico tiene que ir de la mano de la conservación de la naturaleza y no del extractivismo, como para que el gobernador se la esté regalando a un grupo privado que ni siquiera ha presentado un informe ambiental de lo que pretende hacer allí. En lugar de ello, debería haber un área natural protegida provincial o un parque nacional, porque así lo ha demostrado la ciencia: http://federico-soria.blogspot.com/2014/04/parque-nacional-pehuenche-nosotros.html

 

El otro detalle no menor que se está obviando es que el lugar donde se pretende construir una supuesta ciudad en medio de la cordillera, es considerada por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina, pues se halla a los pies de la caldera del complejo volcánico Planchón-Peteroa, el cual tiene un largo historial geológico de erupciones, algunas de ellas de envergadura catastrófica y por lo cual la zona está expuesta a la emanación de gases tóxicos, lavas, caída masiva de tefras, flujos piroclásticos y lahares (esto último precisamente por ser un volcán activo cubierto de glaciares que podrían derretirse repentinamente). Las evidencias de la actividad del Volcán Peteroa y su riesgo actual está ampliamente estudiado, y continúa siéndolo, existiendo numerosas publicaciones (incluso en el ámbito oficial) de los riesgos que dicha caldera eruptiva representa para la población humana.  https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-segemar-dio-inicio-los-estudios-para-la-elaboracion-del-mapa-de-peligrosidad-del

 

Los estudios del Segemar han detectado que en épocas geológicas muy recientes en la zona del proyecto "El Azufre" han ocurrido flujos piroclásticos (izq) y lahares (der) y que esos fenómenos pueden volver a ocurrir en cualquier momento, por lo que no es recomendable el emplazamiento de una "ciudad" al pie de lo que se considera el volcán más peligroso de la Argentina. Ph: web del Segemar.
 

 

Por qué decimos que estas tierras hasta hace poco fiscales pueden terminar en manos de una corporación extranjera?

 

La empresa a la cual el Gobierno de Mendoza cedió la mayor parte de la cuenca activa del Río Valenzuela, es El Azufre S.A. Una empresa que se conformó en 2018, con sede en Buenos Aires y con un capital social de $100.000.- A ver: se le ha entregado gratis una porción de territorio de incalculable valor a una empresa muy nueva y además completamente insolvente… Normalmente la titularidad de la tierra se le otorga a quien lleva 20 años de posesión, usucapión le dicen, pero esta empresa de Buenos Aires parece que tiene coronita…

Desde ya, los dueños del proyecto no son ningunos novatos, ya que se trata de personas con experiencia en el manejo de negocios corporativos: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela son los dueños de El Azufre. Hasta donde se pudo averiguar, son dueños de empresas de comunicación corporativa con estrategias comerciales de marketing a nivel global, están vinculados al Grupo Clarin y a los Beccar Varela (conocida familia oligárquica de Buenos Aires, que entre otras cosas tiene un estudio jurídico dedicado al lobbying corporativo y un estudio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades).

De todos modos, más allá de sus negocios y vínculos corporativos, ni sumando el patrimonio de los 3 podrían constituir un fondo para comprarle al gobierno ni la décima parte del territorio que el Gobernador Rodolfo Suárez les regaló por decreto, así como tampoco constituir una garantía financiera para que alguien le preste al menos una parte del dinero que necesitarían para su proyecto.

Como si esto fuera poco, la inversión que anuncian es de 88 millones de dólares, dinero que obviamente no incluye el valor de la tierra que recibieron gratis (que debe valer eso con la cantidad de agua que allí brota y escurre) y que además ellos tampoco tienen ni siquiera un mínimo respaldo financiero para conseguir prestado. Es por ello que, si el proyecto es de la envergadura que anuncian y de concretarse, lo más probable es que se lo vendan a alguien que tenga ese dinero o lo pueda conseguir prestado, más lo que vale toda esa tierra con todo lo que tiene adentro. Hay que tener en cuenta que uno de los propósitos de El Azufre SA son los negocios inmobiliarios, según su acta constitutiva. https://www.dateas.com/es/bora/2018/06/18/el-azufre-sa-1161605

 

En 2013 se propuso en el Congreso de la Nación que los humedales altoandinos del Río Valenzuela y los glaciares del complejo Planchón Peteroa formaran parte de un parque nacional. En 2022 el Gobierno de Mendoza le quitó el status de patrimonio público para decretar que pase a ser propiedad privada de una empresa de Buenos Aires. Ph: andesbike.com.
 

 

A modo de colofón

 

Y así pasará como pasó con el centro de ski Las Leñas: una iniciativa de un grupo de empresarios supuestamente visionarios, que terminó en manos de una corporación inglesa, no solo el proyecto sino también un importante sector de la cordillera al cual la gran mayoría tiene prohibido el acceso por ser “propiedad privada”.

Como puede verse, la historia es una comprobación de redundancia cíclica y así se escribe otro capítulo más de la nefasta entrega de la cordillera, así de simple y de intrascendente y sin que a nadie se le mueva un pelo, más allá de alguna queja por un alambrado que impide el acceso a una laguna cordillerana… Porque en verdad, más allá de los entregadores de ocasión, si el patrimonio público fuera defendido como corresponde por la sociedad, estas cosas no sucederían.

El Azufre S.A. ya viene destruyendo los humedales de la cordillera desde hace tiempo...

La empresa El Azufre S.A. ya está empezando a destruir el enorme pedazo de cordillera que le regaló el Gobierno de Mendoza, obstruyendo y desviando el cauce del Río Valenzuela, haciendo terraplenes sobre los humedales altoandinos, modificando sus drenajes naturales, impidiendo que los puesteros trashumantes realicen sus veranadas y colocando tranqueras con candado en una tierra que hasta hace 3 meses pertenecía al patrimonio público de todas y todos y hoy está en manos de tres oligarcas amigos del poder: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela.

Desde ya, toda esta depredación que se está llevando a cabo sobre las nacientes mismas del Río Valenzuela no cuenta con ningún tipo de aprobación ambiental, ya que no ha pasado por las instancias de Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencia Publica y Consulta Pública de los expedientes, todas ellas obligatorias, según la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961. Con semejante grado de alteración de la dinámica hidrológica y la fuentes de agua del Río Colorado, bien valdría preguntarse que opinaría el COHIRCO de este verdadero desmanejo de sus nacientes.

Vaya manera que tiene esta empresa de festejar el Día del Agua... Y ya que se viene el Día de la Memoria, no dejemos nunca de tener muy bien presente que estos actos recurrentes de desidia y negligencia son prueba concluyente de que en Mendoza, ya bien entrado el siglo XXI se sigue violando el estado de derecho con el único objetivo de beneficiar a unos pocos privilegiados, en detrimento del pueblo.

El Azufre S.A. ya está destruyendo los humedales de la cordillera...

EL AZUFRE YA TIENE HABILITACIÓN PERO ES TRUCHA...

A pesar del rechazo social que ha generado, el megaproyecto de elite El Azufre sigue avanzando con anuencia estatal, sin cumplir las instancias legales obligatorias...
Según se publica en medios locales, el centro de ski El Azufre ya tiene habilitación comercial para operar (a pesar de que ya lo viene haciendo desde hace 2 años sin ella)

https://www.malargueadiario.com/el-azufre-ya-tiene-la-habilitacion-para-operar/

Esto se suma a la "factibilidad ambiental" provisoria expedida por la Municipalidad de Malargüe "sujeta a la respuesta de organismos provinciales"

https://www.malargue.gov.ar/2022/05/08/la-direccion-de-ambiente-inspecciono-la-zona-de-el-azufre/

POR QUÉ EL AZUFRE ES ILEGAL Y SU HABILITACION ES TRUCHA?

1) Porque ha sido construido y está funcionando sin haber pasado por las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, según lo establecen la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961.
2) Porque está emplazado en ambiente glaciar y periglaciar, protegidos por la Ley Nacional 26639. Si tuviéramos ley de humedales, también estaría siendo transgredida.
3) Porque no se ha evaluado el impacto ambiental y el riesgo que significa el sobrevuelo permanente de helicópteros y el uso de maquinaria pesada en este tipo de ambientes naturales protegidos por ley.
4) Porque se está violando la Ley Provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y la Ley Provincial 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento, ya que la envergadura del proyecto no está permitida en la unidad territorial donde se ejecuta y por lo tanto requiere un Estudio de Impacto Territorial, para evaluar si es viable el cambio en el uso del suelo que significa convertir un ambiente natural de la cordillera en una ciudad, siendo que además está en medio de una zona con severo riesgo volcánico.
5) Por que dada la envergadura del proyecto y sus potenciales impactos ambientales (contaminación y uso excesivo de agua) en las nacientes de ríos y arroyos que forman parte de la cuenca del Rio Colorado, que es compartida con otras provincias, se debería dar intervención al COIRCO (Comité Interjurisdiccional del Rio Colorado).

POR TODO ESTO, ADEMÁS DE ILEGAL, EL AZUFRE NO ES SUSTENTABLE Y HUELE A PODRIDO...

A fines del año pasado el Gobierno de Mendoza, mediante decreto 2138/2021, le regaló (cesión gratuita sin ningún tipo de ingreso para las arcas fiscales) a la empresa El Azufre más de 12.000 hectáreas de la cordillera, conteniendo glaciares, humedales altoandinos y nacientes de numerosos ríos y arroyos, las que dejaron de formar parte del patrimonio público del estado y pasaron a ser propiedad privada.

http://federico-soria.blogspot.com/2022/02/el-gobierno-de-mendoza-privatizo-una.html?m=1

Desde hace un tiempo la empresa El Azufre viene haciendo intervenciones en un ambiente natural único y prístino, obstruyendo y desviando el cauce del Río Valenzuela, haciendo terraplenes sobre la extensa red de humedales altoandinos existente en la zona, modificando sus drenajes naturales y colocando tranqueras con candado que impiden la trashumancia de los puesteros originarios.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224956252226449&id=1020429754

La ocupación y posterior intervención de la empresa El Azufre de un amplio sector de la cordillera no solo afecta al ecosistema natural singular de la cuenca del Río Valenzuela (con serio riesgo de contaminación de sus fuentes de agua) e impide que el pueblo pueda acceder y recorrer libremente una extensa zona de la cordillera, sino que además afecta el uso tradicional ancestral de esa tierra por parte de los pueblos originarios que residen allí desde hace varias generaciones.

https://democraciaambientalactiva.revistacitrica.com.ar/mendoza-la-privatizacion-de-la-cordillera.html

La manera escandalosa en que fue entregado gratuitamente ese patrimonio público a una empresa foránea y la construcción y operación de un centro de ski sin estudio de impacto ambiental, además del menosprecio hacia los pueblos originarios, es una muestra más de la ausencia de estado de derecho en Mendoza.
Ese ambiente natural prístino y singular debería ser conservado y administrado por el estado como un área natural protegida, abierta y accesible a todo el público y preservando su uso tradicional, en lugar de regalarlo sin más al pillaje y la depredación de una elite corporativa privatista y destructora.

YO APOYO LA LUCHA DOCENTE Y DEFIENDO LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, PERO...

Yo apoyo y defiendo la lucha docente dentro de la universidad pública, y también en otros ámbitos, porque todo docente está ejerciendo una actividad digna desde cualquier punto de vista (tal vez la más de todas) que es educar, enseñar, preparar para la vida. Por ello, tode docente merece un salario digno, en sintonía con la dignidad de su tarea.

Yo apoyo y defiendo la universidad pública (y autónoma) y toda la educación pública, laica, libre, gratuita y sin ningún tipo de adoctrinamiento o injerencia privada y/o corporativa, que pregone y difunda los valores de la pluriculturalidad, el compromiso y la inclusión social, la participación, el involucramiento, la horizontalidad, la diversidad de género, el cuidado de la tierra y el cambio en la matriz del sistema.

La entrega del control de la universidad pública a las corporaciones o de la puesta a su servicio del acervo cognitivo y académico generado en sus claustros, es una práctica frecuente, avalada por el Estado en todos sus ámbitos y por amplios sectores de la sociedad. Ejemplo de esto sobreabunda: Monsanto en las U.N. de Córdoba y Buenos Aires, Barrick Gold en la U.N. de San Juan, Chevron y Pan Amercan Energy en la U.N. del Comahue, Yamana Gold en la UN del Tucumán y el reciente aval técnico y académico de la U.N. de Cuyo a la introducción del fracking en la Provincia de Mendoza, son apenas botones de muestra respecto de cómo la universidad pública privilegia los grandes intereses privados por sobre los generales de la población. La lucha docente y la defensa de la universidad pública de ninguna manera puede ni debe prescindir de este asunto.

CONSECUENTEMENTE:

Repudio  

►  Toda intromisión de las corporaciones extractivistas o financieras en las universidades públicas o centros de investigación y/o innovación tecnológica dependientes del Estado.
►  Todo acuerdo o convenio suscripto entre las universidades públicas  y estas corporaciones.
►  Todo funcionario o directivo de las universidades públicas y/o los ámbitos del Estado involucrados en su gestión, que ponga su firma en estos documentos.
►  Toda aquella persona del ámbito universitario (directivo, profesor, estudiante, empleado, etc.) que tenga conocimiento de estos hechos y no haya hecho absolutamente nada para denunciar o dar a conocer éstas u otras intromisiones de lo privado en lo público.

Denuncio  

►  A aquellas universidades públicas que apoyan, avalan o respaldan académica y/o técnicamente al modelo extractivista o la implementación de alguna de sus modalidades en nuestos territorios (megaminería, fracking, monocultivos transgénicos con agrotóxicos, etc...)
►  A aquellas universidades públicas que deliberadamente ocultan u omiten informar al pueblo respecto de las consecuencias nefastas del modelo extractivista en los territorios y sus comunidades, así como la enagenación de los bienes comunes que esta modalidad implica.
►  A aquellas universidades públicas que forman profesionales y generan herramientas tecnológicas para seguir alimentando la voracidad del capitalismo explotador, saqueador y depredador que nos encarece y nos compromete cada vez más la existencia; en lugar de brindar al pueblo capacidad humana y material para enfrentarlo y/o cambiarlo por un sistema más justo y equitativo.
►  A aquellas universidades públicas u otras instituciones del estado que conforman o se asocian o subordinan a entidades privadas que se dedican al lobbyng corporativo.
►  A aquellas universidades públicas que le cierran sus puertas y sus claustros a la lucha social por la defensa, beneficio y goce de un ambiente sano y de una vida digna.
►  A aquellas universidades públicas que ejercen dentro o fuera de ellas la cesantía, la censura, el hostigamiento laboral o la persecusión ideológica, en cualquier instancia pública, privada, administrativa o judicial, hacia aquelles que nos oponemos al modelo extractivista, la enagenación de los bienes comunes o la supremacía de lo privado sobre lo público

Exijo

►  Que las universidades públicas dejen de percibir dinero sucio y manchado de sangre y muerte, como lo es el proveniente de la megaminería, el fracking, la soja, etc. y sean financiadas exclusivamente con  presupuesto genuino del Estado, acorde a sus necesidades reales.
►  Que las universidades públicas elijan a sus autoridades, sus carreras, sus planes de estudio y definan sus presupuestos en asambleas populares y de manera libre e informada.
►  Que las universidades públicas informen a todo el pueblo respecto de la destrucción del planeta y al mismo tiempo nos brinde el conocimiento necesario para revertirlo y remediarlo.
►  Que la universidad pública eduque y fomente para todes respecto del derecho humano a acceder al territorio, a los bienes comunes y a las energías limpias, libres y gratuitas.
►  Que la universidad pública nos forme a todas y todos (y no a un sector pequeño de la población) para la vida comunitaria, en sintonía con el entorno natural, bajo la premisa de la autogestión y autodeterminación de los pueblos; proveyéndonos del saber necesario para eliminar o prescindir de la usura y la renta financiera del capitalismo corporativo globalizado, de su obsolescencia programada, de la esclavitud y la trata de personas, del machismo y el patriarcado, y de todos los mecanismos de control social y envenenamiento masivo de la población.
►  Que la universidad pública nos forme a todas y todos en la práctica y el ejercicio en la vida cotidiana de la empatía, el pensamiento crítico, el enfoque multidisciplinario y la integración armónica de todos los conocimientos o saberes (ancestrales, populares, técnicos, científicos, etc.

Fragmento del convenio suscripto entre la Universidad Nacional del Comahue (Neuquén) y las corporaciones pertoleras que hacen fracking en Vaca Muerta. El mecanismo empleado para suscribir estos acuerdos a puertas cerradas es muy sencillo, dentro de las estructuras burocráticas de estas instituciones, ya que depende exclusivamente de la voluntad de los niveles jerárquicos superiores, prescindiendo por completo del resto de la comunidad educativa y de la sociedad donde se hallan insertas las universidades públicas. Otro si digo: ¿por qué una universidad pública (que en teoría además es autónma) tiene que comunicar sus decisiones (cualquiera que sean) a una entidad privada y corporativa como lo es el IAPG (Instituto Argentino del Petroleo y el Gas), en lugar de darlas a conocer a la población a las que pertenece, dado su caracter público?

TODO TIENE QUE VER CON TODO: UNA COSA SIN LA OTRA, NO VA...

Yo apoyo la lucha docente y defiendo la universidad pública, pero al mismo tiempo exijo una universidad pública del pueblo y para el pueblo, no para las corporaciones ni al servicio del modelo extractivista.
    
   
  

HACIA UNA LINEA DEL TIEMPO DEL FRACKING EN ARGENTINA

Continuando con las publicaciones respecto del fracking, en esta oportunidad detallaremos como se fue dando la trama de corrupción institucional, violación del estado de derecho e impunidad garantizada, con el aditamento de discursos políticos de ocasión y aprietes de las corporaciones, para llevar a cabo este plan en un período relativamente corto de tiempo.

Esta marcha de los acontecimientos arranca en 2010, ese año y el siguiente fueron los primeros anuncios oficiales respecto del “potencial” de la formación Vaca Muerta para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Argentina mediante fracking, modalidad extractiva que hasta ese momento no existía en el país ni estaba en los planes de gobierno llevar a cabo, al menos en lo concreto.

Por suerte, el archivo disponible permite reconstruir cómo fue esa historia y también cuáles fueron todas y cada una de las decisiones políticas de los diferentes gobiernos de turno para imponer la modalidad extractiva del fracking en la República Argentina.

La línea del tiempo del fracking en la argentina es como una gran fractura hidráulica horizontal, que a diferencia de los insumos específicos de la actividad, tiene inyectada agua podrida a alta presión... La línea arranca con los desastres del fracking en EEUU, conocidos en todo el mundo y diciéndonos a todas y todos que "el dinero no se bebe", continúa con la mano sucia de Chevron en Ecuador, el encuentro de Cristina Frernández con David Rockefeller, los anteriores dueños de YPF (Brufau y Esquenazi), la falsa estatización y designación de Miguel Galuccio avalado por los ministros De Vido y Kicillof, La visita de funcionarios norteamericanos a Vaca Muerta, Gils Carbó y Lorenzetti como piezas clave en el levantamiento del embargo a Chevron, la firma del acuerdo secreto YPF-Chevron, Las figuras de Neuquén (Gutiérrez, Sapag y Pereyra), la visita del Council Of Americas a Vaca Muerta, la represión en la Legislatura de Neuquén, el Congreso de la Nación sancionando la Ley Chevrón, Mauricio Macri y Juan José Aranguren avalando todo lo hecho, Daniel Vila y José Luis Manzano como artífices locales del fracking y finalmente, Alfredo Cornejo con la protesta social estallándole en la cara, cual fractura hidráulica expuesta. Arríba, como una suerte de gran nube, la plata de los los tarifazos y los subsidios al fracking que se va derechito a los paraísos fiscales donde tienen sus cuentas off-shore estas corporaciones. Es curioso que, a diferencia de la politiquería partidaria preparada para la tibuna, en esto del fracking no hay "grieta". Así estamos.

Junio de 2010: anuncio de las reservas de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta
 

Los primeros estudios respecto del contenido de hidrocarburos en las rocas de la formación Vaca Muerta fueron realizados por geólogos norteamericanos hace más de 80 años, enviados a nuestros pagos por la StandartOil (hoy Chevron), en lo que diríamos podría ser tomado como una suerte de visión de futuro…

Desde ya, en ese entonces no se disponía de la tecnología que permitiera su extracción a nivel comercial, cosa que reciénocurrió en el año 1998, en EEUU.

A mediados de 2010 empieza a tomar estado público laposibilidad de explotar los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muertamediante fracking.

A partir de ese entonces, las estrategias comunicacionales de las corporaciones comenzaron a diseñar lo que se conoce como lobbyng, para mediante anuncios y estrategias publicitarias tendientes a instalar el tema en la población, generar las necesidades y comenzar a barajarla posibilidad de realizar en Argentina la extracción de hidrocarburos noconvencionales.

Ya desde ese entonces, el fracking estaba siendo puesto en discusión, no sólo por los impactos ambientales, sociales y económicos que esa modalidad extractiva estaba provocando en aquellos lugares del mundo donde ya se había implementado, sino también porque se vislumbraba que particularmente en Argentina se iba a poder hacer fracking únicamente si elestado subsidiaba las ganancias de las corporaciones y les garantizaba el 100%del giro de sus dividendos al exterior, Tal como está ocurriendo en la actualidad.

Así las cosas, no sólo se trataba de hacer lobbyng para instalar una modalidad extractiva nueva, una vez convencido el gobierno de llevar adelante su imposición, primero el estado (como garante de las corporaciones extractivistas), debió llevar adelante una serie de medidas y decisiones políticas, para que finalmente el fracking pudiera implementarse en argentina.

El tiempo demostró que fue más que eso aún, la extracción de hidrocarburos no convencionales pasó a ser política de estado y única posibilidad de desarrollo energético en la República Argentina planteada desde el Estado, atando al país definitivamente a la dependencia de las energías sucias (quema de combustibles fósiles) y descartando de plano la necesaria reconversión de su matriz energética y eléctrica hacia el desarrollo de energías limpias, libres y gratuitas.

22 de diciembre de 2011: Se sanciona la Ley Antiterrorista
 

El contenido de la Ley Nacional 26.734 (sancionada por amplia mayoría en el congreso) y sus alcances fueron impuestos al Estado Argentino por EEUU a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo internacional creado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a instancias del Gobierno de EEUU, en 1989, para controlar el flujo internacional de divisas, al cual Argentina pertenece desde el año 2000.

El pretexto del GAFI (defendido por el gobierno nacional de ese entonces) fue reprimir actos de terrorismo en Argentina, sin embargo tales sanciones ya estaban previstas en otras normas del código penal argentino.

Con esto queda claro que la intencionalidad era otra y los organismos de derechos humanos (algunos afines al gobierno de ese entonces) criticaron la norma por apuntar directamente a la criminalización de la protesta social, que (como es de público conocimiento) directamente apunta a los intereses corporativos de las empresas privadas de EEUU y los países miembros del GAFI. La mayor parte de estas corporaciones, precisamente son extractivistas.

Desde su implementación, la Ley Antiterrorista fue aplicada con mayor rigor contra los pueblos originarios que protestan por el despojo de sus territorios ancestrales, su contaminación y su militarización, contra las corporaciones petroleras que realizan fracking, sobre todo en la provincia de Neuquén. Actualmente, el gobierno de Mauricio Macri tiene planeado la modificación de la Ley Antiterrorista, para hacerla más dura.

La Ley Antiterrorista era muy esperada por (entre otros) quienes querían implementar el fracking en Argentina, pues fue el marco legal que permitió la militarización de Vaca Muerta y otros yacimientos hidrocarburíferos, para reprimir la protesta social y a los Pueblos Originarios que eran despojados de sus territorios ancestrales.

3 de mayo de 2012: El estado nacionaliza la mayoría del paquete accionario de YPF, en manos de Repsol y del Grupo Petersen.
 

El Congreso sanciona la Ley Nacional 26.741 que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.

La ley además establece la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Se hicieron innumerables especulaciones respecto del motivo que llevó al gobierno nacional respecto del por qué nacionalizar las acciones de esta empresa, la mayoría no exenta de la cuestión política, incluidos encendidos discursos de nacionalismo, recuperación de las empresas privadas y soberanía energética, políticamente correctos pero totalmente sacados de contexto y ajenos a la verdadera intencionalidad oculta que movilizaba esta decisión en las esferas más altas del poder político-empresarial, sobre todo porque apenas cuatro años antes, los Kirchner habían rechazado nacionalizar la YPF y en su lugar habían decidido hacer ingresar a la familia Esquenazi a laempresa sin poner un peso.

La Nacionalización del 51% de las acciones de YPF tenía el claro objetivo de iniciar el fracking a gran escala en la República Argentina disponiéndose para ello “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas” (art 3 inc c). Asi mismo, el propio título de la ley, así como  la consigna casi panfletaria de establecer como principio fundamental “La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones” (Art 3 inc a) asegurando de esta manera mediante una ley nacional el mantenimiento del modelo energético basado casi exclusivamente en la quema de combustibles fósiles.

Para conseguir esta finalidad era necesario expropiar YPF con el pretexto de que en ese entonces la empresa no estaba invirtiendo en producir más y consecuentemente se debía importar energía (cosa que aún sigue ocurriendo, incluso hoy a una escala mucho mayor). La excusa de la soberanía energética era parte ineludible del discurso oficialista, algo completamentefalso, puesto que jamás se puede alcanzar dicho status exclusivamente quemandocombustibles fósiles (bienes naturales no renovables, contaminantes, cada vez más escasos y por ende más caros).

Para implementar el fracking el Argentina era necesario deshacerse de los dos grupos que controlaban YPF, ya que:

Repsol no estaba dispuesto a invertir en la Argentina y menos aún, solventar la parte del gasto que le hubiera correspondido aportar en caso de emprender la aventura del fracking, así como tampoco estaba dispuesto a llevar adelante acuerdos comerciales con otras corporaciones para extraer hidrocarburos no convencionales por su cuenta y orden.

El Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, había ingresado a YPF de la mano de Néstor Kirchner, en el marco de la campaña denominada “Argentinización” de las empresas privatizadas, en el año 2007. En ese contexto, no estaba en condiciones de afrontar ningún gasto extra fuera de su capitalización fruto de dividendos extraordinarios, exclusivamente destinada al pago de su ingreso a YPF; modalidad previamente acordada, a cuenta de garantías aportadas por ungrupo de bancos extranjeros y otros financistas no revelados hasta el día de hoy.

Desde ya, la expropiación de las acciones excluyó al 49% restante, conformado por un grupo de bancos internacionales acreedores del Grupo Petersen, las empresas de Carlos Slim, un grupo de fondos buitres conformados en su totalidad por empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, y las acciones que cotizan en la bolsa de Buenos Aires y en Wall Street. Estas empresas de capitales especulativos eran las principales interesadas en hacer fracking en Vaca Muerta, por eso sus acciones no fueron expropiadas por el gobierno de Cristina Fernandez. Todo este conglomerado de corporaciones especuladoras siguen conformando en la actualidad el 49% de las acciones de YPF que no pertenecen al Estado y obligan a la empresa a distribuir dividendos todos los años, por más que sus balances resulten negativo: desde ya, ese pasivo lo cubre el Estado…

Además de ello, conviene recordar que, más allá de los discursos panfletarios de ocasión, el gobierno rechazó de plano que YPF vuelva a ser una empresa estatal (tal como lo era antes de la privatización de Menem) y por el contrario, luego de la expropiación de las acciones a Repsol y el Grupo Petersen, YPF siguió siendo una sociedad anónima privada: el mismo status legal que llevó a la empresa a su situación desde su privatización hasta ese momento.

Los fondos buitres que integran el capital accionario de YPF no fueron alcanzados por la expropiación de las acciones de esta empresa. Estos capitales especulativos eran los principales interesados en hacer fracking en Vaca Muerta. Curiosamente, cuando estalló el conflicto político por el pago a los fondos buitres, nadie del gobierno anterior ni de la oposición mencionó que estos grupos financieros también forman parte de YPF, entre los que hay accionistas de Monsanto, Barrick Gold y las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas para la Corona Británica. Infografía: Ecos de Córdoba.

5 de Mayo de 2012: Miguel Galuccio es designado presidente y CEO de YPF

La traída de Galuccio a YPF tuvo sus antecedentes cuando en 2009 la petrolera, entonces en manos de Repsol y el grupo Petersen quiso traerlo y este puso como condición el pago de 2 millones de dólares para mudarse de Londres a Buenos Aires.

Finalmente, luego de breves conversaciones políticas, mediante decreto presidencial 676/2012, la presidenta Cristina Fernándezdesigna a Miguel Galuccio como Gerente General de YPF. Esta designación fue ratificada con posterioridad por la asamblea de accionistas de YPF.

El arribo de Galuccio a YPF significó poner en marcha el plan para desarrollar el fracking en Vaca Muerta (establecido en la ley de "estatización"), mediante la suscripción del acuerdo YPF-Chevrón, que en una de sus cláusulas también estaba especificada el pago de sobresueldos a estepersonaje.

Desde ya, para la consecución de este fin, el CEO de YPF resultó ser el funcionario mejor pago de todo el Estado Argentino (más allá de que YPF, repetimos, sigue siendo una empresa privada luego de la “estatización” de la mayoría de su paquete accionario). Vaya si el fracking no fue desde un principio, política de estado en la República Argentina para todos los gobiernos de turno.

Galuccio estuvo al frente de la compañía hasta el 29 de abril de 2016, en que fue acordada su salida con el ya presidente Mauricio Macri, mediante el pago de una indemnización por parte del estado argentino de72 millones de pesos.

14 de Octubre de 2012: Visita del Secretario adjunto de Energía de EEUU a Vaca Muerta.

Como para que no quede dudas que el interés principal en imponer el fracking en Argentina es de EEUU, el Secretario Adjunto deenergía de EEUU, Daniel Poneman, vino a la Argentina, visitó Vaca Muerta y mantuvo reuniones con la presidente Cristina Fernández, todas las autoridades de su gabinete vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta (De Vido, Kicilloff, Galuccio, etc.) así como también dirigentes opositores de la UCR, el PRO, sindicalistas y gobernadores de provincias petroleras.

La visita de Poneman a Vaca Muerta se volvió a repetirdos años más tarde, evidentemente verificando que la operatoria del saqueo estuviera funcionando de acuerdo a lo planificado en ese primer encuentro.

Las propias palabras de Poneman dejan bien en claro que susreiteradas visitas a la Argentina fueron algo más que meramente protocolar “existe un amplio consenso de que el extraordinario nivel que parece haber en la Argentina de hidrocarburos no convencionales presenta unaoportunidad única”
Según Poneman, el desarrollo de Vaca Muerta va a ser beneficioso para Argentina y Estados Unidos... como dicen los abogados: "a confesión de partes, relevo de pruebas". 
La misma visita también fue realizada por parte de los miembros del Council Of Americas, (AS/COA por sus siglas en inglés), una organización privada creada por Rockefeller en 1965 para defender los intereses corporativos privados de las empresas de EEUU en Latinoamerica, la cual está comandada por Chevrón y a la que rinden pleitesía todos los políticos argentinos antes de cada elección.

En el furor eldoradista previo al desarrollo de Vaca Muerta, todos querían visitar ese lugar, entre ellos, funcionarios norteamericanos y miembros del Council of Americas, la organización de lobbyng mas grande del mundo.

  
8 de noviembre de 2012 Embargo a Chevron

La justicia argentina falla aplicar un embargo aChevron en el país por 19 mil millones de dólares, por los daños ambientalesocasionados por la empresa Texaco entre 1960 y 1992 en Ecuador, la que Chevron compró en 2001. Dicho juicio en Argentina fue iniciado en 2001 por abogados ecuatorianos, aludiendo tratados internacionales. 
Chevron apeló el fallo de primera instancia, sin embargo la misma fue rechazada, confirmando la justicia la legalidad de la medida, encendiendo la alerta de la corporación que evidentemente no esperaba esta respuesta y salió a disparar acusaciones infundadas.

Chevrón condicionó la firma del acuerdo secreto con YPF, para hacer fracking en Vaca muerta, al levantamiento de dicho embargo, con lo cual, el andamiaje institucional de los poderes del estado en la República Argentina, dieron rápida respuesta a esta requisitoria, resolviendo en cuestión de días una causa judicial que llevaba años sustanciándose en la justicia.

En su momento, Chevrón podría haber pagado el embargo a través de una caución, que le hubiera permitido llevar adelante el acuerdo con YPF sin ver afectado su patrimonio ni ganancias, sin embargo eligió la opción de extorsionar a la institucionalidad de la República Argentina, demostrando que esta corporación sólo puede operar en el país al margen de la ley bajo un manto de impunidad.

En la causa judicial interponen Amicus Curiae para que se levante el embargo contra Chevron, el Gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, y el Secretario General del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Guillermo Pereyra.

Los abogados de Chevron apelan los fallos adversos de primera y segunda instancia (en ambos casos rechazados por la justicia) y tras este último interponen un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

22 de mayo de 2013: Dictamen de Alejandra Gils Carbó, en favor de Chevron:

A raíz del recurso de queja presentado por Chevron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó emitió un dictamen favorable al levantamiento del embargo. Básicamente dijo que las empresas subsidiarias de Chevron en Argentina no eran lo mismo que la empresa madre Chevron Corporation, de EEUU; algo completamente inédito que sienta un precedente nefasto en la justicia argentina respecto del deslinde de responsabilidad de las casas matrices de las corporaciones extranjeras por los daños o externalidades que sus filiales locales puedan llevar a cabo en Argentina.

Después, incorpora parte del discurso oficial, que en ese momento estaba propalando el gobierno nacional, respecto de la necesidad del acuerdo YPF-Cevron, invirtiendo la pirámide jurídica entre derechos privados individuales y derechos de incidencia colectiva: "El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional".

Una vez emitido el dictamen, el lobbyng corporativo deChevron salió a ejercer presión para que la Corte Suprema de Justicia fallara asu favor y lo hiciera rápido: "la opinión de la Procuración confirma que la orden de embargo ecuatoriana es contraria al orden público y está causando un daño irreparable a la economía argentina. La adopción de la recomendación por parte de la Corte Suprema apoyaría los continuos esfuerzos de Chevron Argentina de ayudar al país a lograr la autosuficiencia energética".

La mano sucia de Chevrón en Ecuador contaminó 500.000 hectáreas de selva amazónica durante casi medio siglo y provocó daños a la salud a más de 35.000 personas (la cifra de muertos se desconoce). La Justicia, el Congreso y el Gobierno Nacional (o sea, todos los poderes del Estado) garantizaron su impunidad en la República Argentina.

4 de junio de 2013: Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobando el levantamiento del embargo a Chevron

El fallo está sostenido totalmente en el dictamen de Gils Carbó y sin agregar fundamentación extra. El documento fue firmado en disidencia por el juez Carlos Fayt, quien, a diferencia de los otros jueces, elaboró un dictamen propio, poniendo de manifiesto que resulta una aberración deslindar la responsabilidad de las empresas subsidiarias al de las de sus casas matrices.

16 de julio de 2013: Se firma el acuerdo secreto entre YPF y Chevron

El acuerdo secreto entre YPF y Chevron representa la puerta de entrada del fracking a gran escala en la República Argentina.

Una vez levantado el embargo contra Chevrón, se produce la firma del acuerdo secreto entre las dos compañías para extraer los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. El acuerdo se anunció como de entendimiento e inversión conjunta para un desarrollo productivo, sin embargo años más tarde se pudo conocer que en realidad fue exclusivamente un acuerdo financiero.

Previo a esta firma hubo instancias previas, consistentes en una serie de actas de entendimiento, de contenidos también secreto, firmadas en EEUU. El acuerdo definitivo se firmó en las oficinas de YPF, por el CEO de YPF, Miguel Galuccio y el CEO de Chrvron para América Latina y África, Alí Moshiri. El mismo día fue presentado en la Casa Rosada,recibiendo el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández y de losministros De Vido, Kicillof.

El carácter de secreto del acuerdo firmado entre la petrolera nacional y la norteamericana despertó todo tipo de críticas y sospechas, sobre todo porque se estaba violando un derecho fundamental de la Constitución Nacional, que es el libre acceso a la información pública.

Recordemos que en la estatización de la mayoría del paquete accionario de YPF, se mantuvo su status de “empresa privada” y desde ya, esa decisión no fue deliberada y menos que menos, inocente, pues ya se sabía de antemano que el objetivo exclusivo y excluyente de tal medida era introducir el fracking en la Argentina, más allá de los desmanejos de Repsol y el Grupo Petersen (anteriores dueños). Esta decisión permitió que la empresa quedara fuera de las obligaciones legales que procuran la transparencia del Estado.

Con el tiempo comenzaron a trascender algunas de las cláusulas secretas, filtradas a través de publicaciones específicas del rubro hidrocarburífero y energético. No obstante ello, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició tiempo después un juicio al Estado para que se revele este acuerdo. La corte suprema de justicia falló a su favor, sin embargo YPF y el gobierno nacional continuaron negándose a entregarlo, siendo recién bajo amenaza de allanar las oficinas de YPF que el mismo fue entregado.

Es muy curioso el hecho de que figuras políticas de la oposición al gobierno anterior hayan sido las voces más enfervorizadas en reclamar la divulgación de dicho documento, cuando luego, siendo oficialistas hayan cambiado diametralmente de postura diciendo que debía seguir siendo secreto. Las excusas esgrimidas para tal viraje fueron muy disparatadas: “escomo pedirle a la Coca Cola que divulgue su fórmula”.

Izq: John Watson (Presidente de Chevron), centro: Miguel Galuccio (Presidente y
CEO de YPF), der: Alí Moshiri (Gerente de Chevron para América Latina y África.
Pareciera hecho a propósito que (violando el protocolo), la bandera de EEUU
estuviera colocada en el medio de la mesa de ceremonias donde se firmó el acuerdo.

Las cláusulas secretas

Lo primero que trascendió (aún antes de ordenarse se hiciera público el documento) es que el acuerdo no se suscribió entre Chevron e YPF, sino entre dos subsidiarias de éstas, en ambos casos empresas off-shoreradicadas en paraísos fiscales.

No sólo eso, también se descubrió un complejoentramado de al menos 12 de estas empresas creadas por YPF luego de ser “estatizada”.

Resulta un hecho éticamente repudiable que un particular tenga registradas cuentas o empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, tal como viene dándose a conocer de parte de Mauricio Macri y sus funcionarios. Sin embargo, lo es más aún, al punto de lo paradójico, cuando esta operatoria es orquestada directamente desde el Estado, como ocurrió en la gestión anterior, con estas empresas subsidiarias de YPF creadas específicamente para evadir impuestos y blindar con un manto de impunidad a Chevron, ya que canalizando el flujo de dinero a través de paraísos fiscales, la corporación norteamericana evita los embargos judiciales de aquellos paísesa donde ha provocado desastres ambientales en el pasado.

La publicación de las cláusulas secretas, básicamente revelan que el acuerdo YPF-Chevron no fue para una inversión, sino que fue unpréstamo de la segunda a la primera, con un interés del 7% anual y cláusulas punitivas para el caso de no cumplir con los pagos a término. Con ese dinero, YPF está obligada a producir en los yacimientos Loma Campana y Loma de la Lata Norte, por cuenta y orden de Chevron, repartiéndose las ganancias entre ambas y permitiendo a la corporación norteamericana girar el 100% de sus divisas al exterior y exportar el 20% de la producción petrolera. Recordemos que estamos en un contexto de escasez y crisis energética, importando hidrocarburos, con lo cual, el contenido de dicho acuerdo deja en claro que el mismo es ajeno a los intereses de la Nación.

Chevron está eximida de responder por cualquier daño ambiental y/o externalidades que pueda generar la explotación de estos yacimientos, pues directamente su nombre no aparece en los documentos, sino el de sussubsidiarias fantasmas. Además de ello, se establece que las diferencias legales se dirimen en el extranjero.

El detalle no menor es que el acuerdo valida de manera ilegal el otorgamiento de dos concesiones petroleras en manos de YPF a una empresa extranjera, sin proceso de licitación previa.

Cuando el documento fue entregado al demandante, el mismo contenía partes tachadas, por lo cual debió iniciar una nueva demanda que también ganó. También se supo que el acuerdo no era uno sólo, sino 26 en total,sin embargo, YPF tan sólo dio a conocer uno. Por este motivo, el abogado Alejandro Olmos Gaona inició un juicio al Estado para que sean revelados la totalidad de los acuerdos suscriptos entre las subsidiarias de YPF-Chevron, así como acuerdos similares suscriptos con corporaciones extranjeras. (Dow, Petronas, Petrobras, Total, etc.).

Las empresas aducen que estos acuerdos son secretos por cuestiones comerciales, excusa por demás injustificada, cuando el contenido del mismo revela que se han llevado a cabo entramados legales y jurídicos para eludir la responsabilidad de las mismas en el cumplimiento de la legislación ambiental y tributaria de la República Argentina, siendo que además YPF es una empresa con mayoría accionaria del Estado, que más allá de ser una Sociedad Anónima de tipo privada, involucra al propio Estado Nacional y al de las Provincias, (que básicamente somos todas y todos); así como también los mal llamados “recursos naturales” que son de interés público de acuerdo a la ley.

La sola intención de las corporaciones extractivistas de asegurarse eludir responsabilidades en materia de legislación ambiental, dan por sentado el impacto negativo del fracking, que evidentemente contamina y mata, como ya ha ocurrido en diversas partes del mundo y como viene ocurriendo en el país tras la implementación de este acuerdo secreto.
Conviene recordar que el actual abogado de YPF encargado de obstaculizar la entrega de los acuerdos secretos es Luis Rodolfo Bullrich, pariente de la ministra y del el senador, aunque designado por Cristina Fernández. El apoderado actual de la firma es Luis Bartolomeu, también designado en la gestión anterior... Como dice el dicho: "entre bueyes no hay cornadas".

El acuerdo YPF-Chevron deslinda la la corporación norteamericana de cualquier
tipo de daño ambiental que sus operaciones están provocando en Vaca Muerta.
Tampoco incluye ningún aspecto vinculado a la consulta previa, libre e informada a
los pueblos originarios, consagrada en la legislación internacional y la Constitución.

28 de agosto de 2013: La Legislatura de Neuquén aprueba el acuerdo secreto YPF-Chevron

La aprobación se produjo en una sesión a puertas cerradas, desconociendo la totalidad de los legisladores el contenido del mismo. Lo que aprobó la legislatura no fue el acuerdo en sí, sino las condiciones locales para que el mismo pueda ser operativo, de acuerdo a losplazos fijados en el mismo.

Estas condiciones consisten en la aprobación de un convenio entre el Gobierno de Neuquén e YPF para prorrogar los plazos de vigencia de las concesiones petroleras Loma Campana y Loma de la Lata Norte por un plazo mayor al que fija la Ley Nacional de Hidrocarburos y su ley provincial de adhesión. De esta manera, se autoriza a que YPF explote dicha área hasta el año 2048, cuando la concesión vencía en 2026 (o sea, se prolongó la vigencia de la concesión de 35 a 57 años, algo inédito en la historia hidrocarburífera nacional).

La votación fue 25 a favor, dos en contra y 8 ausentes. Los ausentes se retiraron de la sesión al negarse que se interrumpiera por la represión que estaba ocurriendo afuera. Votaron a favor los legisladores del Movimiento Popular Neuquino, el Frente Para la Victoria, el Frente Grande y Nuevo Encuentro. Votaron en contra o se retiraron los legisladores del Radicalismo, Libres del Sur, Frente de Izquierda, ARI y los de extracción sindical.

Puertas afuera de la Legislatura de Neuquén hubo un acampe la noche previa y el mismo día una movilización de 10.000 personas que fue brutalmente reprimida por la policía provincial, dejando bien en claro que este tipo de leyes que avalan la entrega del territorio para el saqueo de las corporaciones únicamente se pueden escribir con plomo y sangre.

Los heridos fueron 28 en total, uno con balas de plomo: el docente Rodrigo Barreiro, cuya causa judicial al día de hoy continúasin resolverse, demostrándose que además de plomo y sangre, estas leyes sólo pueden ser aprobadas bajo un manto de impunidad institucional previamente garantizada.

Actualmente existe un proyecto de ley para derogar lanorma aprobada ese fatídico día, el cual fue presentado en 2016, cuando se dio a conocer el contenido del acuerdo secreto YPF-Chevrón y fundamentado en sus cláusulas entreguistas.

La Legislatura de Neuquén vivió uno de los hechos más bochornosos de su
historia: ninguno de los legisladores conocía el texto del acuerdo YPF-Chevron.

29 de octubre de 2014: Sanción de la Ley Chevron

La sanción en el congreso nacional de la Ley Nacional27.007 es el corolario que cierra el círculo respecto de la imposición del fracking en la Argentina.

El texto de la ley básicamente es modificatorio de la vieja Ley Nacional de Hidrocarburos, la Ley Nacional 17.319. El dato curioso es que una de las excusas políticas del gobierno era que la ley había sido sancionada en la dictadura, sin embargo no se redactó una norma nueva, sino que sólo se modificaron algunos artículos de esa norma vieja (que hoy sigue vigente).

Esos pocos artículos que se modificaron fueron los suficientes para incluir todas aquellas cuestiones involucradas en el acuerdo secreto YPF-Chevron que no estaban en la legislación nacional desde ya hacía más de un año. Por cierto, conviene recordar que en ese período estuvieron en un todo al margen de la ley y el estado de derecho.

Todo el texto de la ley fue redactado de acuerdo a lasexigencias impuestas por Chevron para hacer fracking en Vaca Muerta, ya que como trascendiera extraoficialmente, esa condición era parte del acuerdo secreto entre ambas compañías.

Además de ello, se agregaron exenciones impositivas para un puñado de grandes corporaciones petroleras que ya se encontraban haciendo fracking y para aquellas que vinieran en el futuro a hacerlo. Uno de los beneficios para las corporaciones es la libre disponibilidad de hasta el 20% de la producción (art 19), esto quiere decir que pueden exportar dicho cupo, aún bajo situaciones de crisis energética, como la actual. Los otros beneficios incluyen la ampliación de los plazos máximos de concesiones petroleras de 25 a 35 años (art 9), exención al pago de derechos aduaneros para importar maquinaria e insumos (art 25), reducción del del pago de regalías hasta el 5% (art 16), aporte del Estado Nacional de obras de infraestructura en la zona del proyecto (art 21). Estos beneficios son exclusivamente para las corporaciones que exploten HNC.

En aplicación de los artículos 5 y 24 de dicha ley, queda ratificado el decreto nacional 929/2013 sancionado meses antes, que establece la libre disponibilidad del 100% de sus dividendos; o sea, permitir que fuguen al exterior la totalidad de sus ganancias (privilegio que hasta ese momento sólo tenían las corporaciones megamineras).

Evidentemente, las leyes que escriben las corporaciones extractivistas con la venia de la casta política local y el aparato represivo del estado a modo de guaria privada, son “la ley del masfuerte”.

La Ley Chevrón fue rechazada en su momento con numerosas protestas.

Una linea del tiempo con final abierto...
 

Todas estas acciones que tuvieron como ejes centrales la falsa estatización de YPF para luego ser entregada a Chevron, fueron la parte esencial de un plan, cuyo principal objetivo fue la introducción del fracking en la Argentina.

El plan fue diseñado por los grandes intereses corporativos privados de EEUU e implementado por el gobierno nacional como política de estado en la República Argentina, durante la presidencia de Cristina Fernández, siendo continuado en todos sus postulados por su sucesor Mauricio Macri, quien ahora además ha dado el visto bueno para el emplazamiento de una base militar norteamericana en Vaca Muerta...
Con la misma trama de corrupción, aprietes e impunidad, llega el fracking a Mendoza, de la mano del gobernador radical Alfredo Cornejo y el Grupo Vila-Manzano.