24/5/18

FRACKING EN MENDOZA: DESNUDANDO LAS MENTIRAS DE GOBIERNO, MEDIOS Y EMPRESAS



La reciente aprobación a las apuradas del fracking por parte del Gobierno de Mendoza y la reacción social motivada por la revelación de documentos oficiales que eran mantenidos en secreto por el gobierno y dan cuenta de que ya en la primer experiencia se produjo contaminación con hidrocarburos en aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Atuel; ha generado un debate en diferentes ámbitos de la sociedad, que evidentemente, gobierno, empresas y medios hegemónicos asociados, quieren direccionar de manera engañosa y falaz, para evitar responder el punto central de la cuestión: las nefastas consecuencias ambientales, sociales y económicas del fracking en aquellos territorios y las comunidades que lo habitan, así como de sus economías regionales.

La infografía es una síntesis de lo que es el fracking y sus riesgos ambientales.
Los puntos negros representan los riesgos de contaminación del fracking.
  
  
EL FRACKING Y LA MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS:
   
Que los medios hegemónicos (también incorrectamente llamados medios masivos de comunicación) no informen de la pueblada que está ocurriendo en Mendoza en contra de la aprobación del fracking, o lo hagan de manera parcial y engañosa, o defiendan la actividad con rebuscados floreos retóricos relativizando o negando sus consecuencias nefastas, o critiquen al resto de la sociedad que no piensa como ellos, o utilicen el argumento ad hominem para descalificarnos o insultarnos infundadamente, sin responder al eje central del debate, o directamente inventen noticias; es algo MUY OBVIO que no debería despertar sorpresa alguna, más allá de la lógica indignación.
Estos medios son uno de los brazos ejecutores de las corporaciones extractivistas para ingresar en nuestros territorios, junto con el aparato comunicacional de los estados neocoloniales asociados, generando contaminación social en la previa al ingreso de cualquier mega-proyecto extractivo.
Además, conviene tener bien en claro que los medios hegemónicos no son organizaciones sociales ni tienen un fin benéfico para la sociedad, sino todo lo contrario: son empresas privadas cuyo objetivo exclusivo y excluyente es el lucro comercial. La finalidad de sus dueños es el recaudar dinero, por lo tanto, la información para ellos no es un fin en sí mismo, sino una mercancía para incrementar sus ganancias, por ende, harán todo lo que sea necesario para la prosecución de ese objetivo, sobre todo en el marco del sistema capitalista que legitima el usufructo y la acumulación indiscriminada en la sociedad contemporánea.
En Mendoza (como en todos lados) el juego es muy claro: los medios hegemónicos o están pautados de antemano por las corporaciones extractivistas o directamente sus dueños forman parte del negocio del fracking:

    • Grupo UNO: Radio Nihuil, Canal 7, Diario UNO, Diario El Ciudadano, Supercanal, FM Montecristo, Latinos, Ayer, etc. Sus dueños son Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes a su vez poseen el 14% de las acciones de Petrolera El Trébol, la empresa que está haciendo fracking en Malargüe y ya contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Atuel. También son dueños de Edemsa, con lo cual son directos beneficiarios de los tarifazos que subsidian al fracking.
    • Sitio Andino, FM andina, Andina TV, diario San Rafael y Canal 6 de San Rafael. Su dueño es Omar Álvarez, quien a su vez también participa de manera minoritaria en Petrolera El Trébol y Edemsa. Además de ello, es socio de Cristóbal López en la petrolera OIL (evasora de impuestos por 8 mil millones de pesos), dueña de concesiones petroleras en San Carlos, San Rafael y Malargüe, donde, recordemos, intentaron hacer fracking hace 4 años atrás y fueron frenados con un amparo en la justicia.
    • Diario Los Andes: pertenece al Grupo Clarín (say no more).
    • Diario MDZ y MDZ radio: pertenece a Osvaldo Terranova, dueño de Publicidad Sarmiento. O sea, sólo publica notas de quien le paga y solamente responde a los intereses de sus clientes, para quienes opera mediáticamente.
    • Diario Mendoza Post y FM La Red Mendoza: Pertenece a Plataforma Digital S.A., su CEO es Carlos Ponce y es un desprendimiento del Grupo Terranova con los mismos fines y propósitos comerciales.
    • Canal 9, Diario el Sol, Diario Jornada, Radio LV 10 y FM del Sol, entre otras: pertenecen al empresario Sigfredo Alonso, tiene un importante capital repartido en varios fondos comunes de inversión que aportan a empresas petroleras, mineras y sojeras. Tiene como socio a Raúl Olmos, dueño del multimedio Crónica y muy conocido por estar imputado en la mega-causa judicial conocida como la mafia de los medicamentos, cuando era gerente administrador de la obra social de la UOM de Antonio Caló.
    Además de estos grupos, hay una serie de medios locales menores (principalmente FM y portales web), tanto en el Gran Mendoza y San Rafael, como en el resto de las localidades de la provincia, que también están subordinados o ligados comercialmente a aquellos o que reciben pauta de empresas y gobierno con estos fines.

    Como verán, los medios hegemónicos no son sociedades de beneficencia y no están al servicio del bien común, así que no esperen de ellos información verídica o imparcial respecto del conflicto por el NO al fracking en Mendoza, o que no esté teñida de intencionalidad en favor de los intereses corporativos particulares a los cuales responden o son funcionales.
    Los que debemos informar a la sociedad sobre lo que es el fracking, sus consecuencias, lo que representa y lo que está pasando en Mendoza con el rechazo masivo de la población, somos nosotres (de manera independiente y colectiva), nadie más.

       
    LOS NEGOCIOS DEL GRUPO VILA-MANZANO CON EL FRACKING
     
    De todos los medios hegemónicos involucrados en el negocio del fracking en Mendoza, evidentemente el más interesado el Grupo Vila Manzano, propietario del Grupo Uno-América, actualmente el segundo grupo multimediático más grande de Argentina (después del Grupo Clarín) que aglutina alrededor de 50 medios radiales, televisivos, gráficos y digitales de todo el país. Los dueños de este grupo son Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes vienen incursionando en el rubro petrolero y energético desde hace unos años, adquiriendo empresas o creando nuevas.
    Daniel Vila es conocido por ser actualmente dueño de la ex-Estancia San Isidro, una propiedad que anteriormente era fiscal y debía haber sido declarada área natural protegida por una ley provincial hoy derogada, antiguamente de libre acceso y conocida por sus numerosos atractivos naturales, como la Cascada de San Isidro y la Pampa de los Ñangos, que lamentablemente terminó en manos de este señor para erigir allí su paraíso privado. Conocida es también una disputa judicial de este señor con la Universidad Nacional de Cuyo, por tierras públicas que pretende apropiarse para incorporar a su barrio privado Dalvian.
    José Luis Manzano fue Diputado Nacional por el Partido Justicialista, fue fundador de la corriente interna Renovación Peronista, que llevó a la presidencia a Caros Menem, de quien fue Ministro del Interior de la Nación. Durante su paso por la función pública su patrimonio personal creció exponencialmente, acumulando numerosas denuncias de corrupción por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva por un monto total de 400 millones de dólares, ninguna de las cuales prosperó en la justicia, como pasa siempre con los ladrones de guante blanco, siendo el de José Luis Manzano uno de los casos más paradigmáticos en este sentido, reflejado en el célebre libro "Robo Para la Corona" de Horacio Vervitsky. Actualmente este ex-político multimillonario tiene por fuera del holding Uno empresas en los rubros construcción, indumentaria, vitivinícola, consultoría financiera internacional y una gran cantidad de tierras en Tupungato, su lugar de origen. También fue socio comercial de Jorge Mas Canosa (empresario cubano disidente que aportaba dinero del lavado a sus empresas a través de fidelcomisos ciegos) y de Raúl Moneta (el empresario al cual el Gobierno de Mendoza le entregó los bancos provinciales y luego los fundió llevándose al exterior todo su dinero, hoy imputado en la causa Ciccone).

    Los negocios de Vila y Manzano en el rubro de los hidrocarburos arrancan en 2004, con la creación de la empresa Ketsal S.A. Esta empresa nueva, con un capital de 12.000 pesos y sin ningún tipo de experiencia en el rubro petrolero se quedó con 7 de las 11 áreas licitadas en la gestión de Celso Jaque, en sociedad con la corporación suiza Kilwer (que después terminó comprando), para lo cual fueron flexibilizadas las condiciones en medio del proceso licitatorio, a fin de que quedaran afuera consorcios nacionales e internacionales más grandes y experimentados. Ninguna de ellas fue puesta en producción y algunas de estas áreas fueron transferidas a YPF, en una maniobra fraudulenta que implicó 17 millones de dólares, en 2011, cuando YPF estaba controlada por el Grupo Petersen, de la familia Esquenazi. De todas ellas, la única que actualmente opera es Chachahuen, que hoy es el área de mayor producción convencional de toda la provincia de Mendoza y está siendo operada por YPF, con participación minoritaria en las ganancias del trío Vila-Manzano-Álvarez. El yacimiento Chachahuén presenta además posibilidad de extracción mediante fracking, una vez que el petróleo convencional se agote, ya que la Formación Vaca Muerta pasa por debajo de toda la zona donde actualmente está extrayendo.
    La sociedad comercial entre YPF y el Grupo Vila-Manzano fue ratificada con posterioridad, en 2013, a través de un acuerdo secreto entre ambas firmas, suscripto por las empresas "YPF USA Service Corp" e "YPF Exploration & Production" asentadas en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y que tienen domicilio asentado en las mismas oficinas que el fondo buitre Paul Singer y la filial del Grupo Clarín en EEUU.
    Mientras tanto, de la fusión de Ketsal y Kilwer surge en 2010 la corporación Andes Energía, con sede en Londres. La chapa de esta empresa pertenecía originalmente al empresario sanrafaelino Omar Álvarez, quien a su vez era dueño del 40% de Edemsa (la empresa distribuidora eléctrica de Mendoza). Álvarez a su vez es socio minoritario de Cristóbal López en Oil Combustibles en un área de exploración hidrocarburífera. Esta firma actualmente está en convocatoria de acreedores y en la mira de la justicia por una evasión multimillonaria. También es dueño de medios de los grupos San Rafael y Sitio Andino, este último ejerce un importante lobby corporativo en favor de la megamienría y el fracking a través de su línea editorial y sus notas tendenciosas.
    Vila y Manzano compraron Andes Energía y Edemsa, quedando Álvarez como socio minoritario con un porcentaje muy bajo. A su vez, Vila y Manzano empezaron a tejer un entramado de numerosas empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, a fin de conseguir inversores para Andes Energía y poder canalizar el flujo de divisas sin ser controlados ni alcanzados por los agentes impositivos estatales de los países involucrados en sus transacciones comerciales.
    Después de esta adquisición, Andes Energía ingresa al Council of Americas (Consejo de las Américas o AS-COA por sus siglas en inglés), una organización creada por David Rockefeller en 1965 para defender los intereses corporativos de las empresas privadas norteamericanas en todo el mundo, hoy dirigida por los CEOs de Barrick, Monsanto y Chevron. A esta organización adhieren también grandes grupos privados argentinos (Clarín, PAE, Techint, Panedile, Pampa Energía, IRSA, etc.), las empresas "nacionales" YPF y Banco Nación y casi todos los partidos políticos, que le rinden pleitesía antes de cada elección.
    Luego, en 2015 el grupo Vila-Manzano, a través de Andes Energía, se asocia al holding suizo Mercuria Energy (actualmente una de las corporaciones petroleras más grandes del mundo), quien se presenta en argentina bajo el nombre de Petrolera El Trébol, la cual a su vez va comprando activos de otras empresas. El ejemplo más notable de estas adquisiciones es la de Chañares Herrados, empresa fundida por una gran cantidad de juicios en su contra y multas por contaminar, que curiosamente luego de ser comprada por éstos consigue una recontratación del Gobierno de Mendoza de áreas a punto de ser revertidas, en una maniobra que ha despertado muchas sospechas. En Petrolera El Trébol, la participación accionaria de Vila y Manzano es del 14% aproximadamente.
    En setiembre de 2017, Petrolera El Trébol y Andes Energía se fusionan para crear una nueva corporación, denominada Phoenix Global Resources, también con sede el Londres, de la cual Mercuria es dueña del 75% y el grupo Vila-Manzano del 25% restante, manteniendo el ya mencionado entramado de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales. A esta altura, las concesiones petroleras de este grupo abarcan las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
    Al día de hoy, las concesiones petroleras siguen a nombre de El Trébol, siendo ésta la empresa a la que se le autorizó a hacer fracking por primera vez en Mendoza y en cuya primera prueba "experimental" ya contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca del Río Atuel.
    Actualmente, el Grupo Vila Manzano está interviniendo en otras empresas petroleras para presentarse en las nuevas licitaciones de áreas petrolíferas, llevadas a cabo por el Gobierno de Mendoza, estas son Greco y Guillén Oil Services y la UTE conformada por Selva María e Integra Oil.
    El grupo Vila-Manzano es a Mendoza lo que el Grupo Clarín a la República Argentina, con la diferencia que los locales amasaron una fortuna similar en 5 veces menos tiempo. Desde hace al menos 20 años gobiernan en las sombras la Provincia de Mendoza, bajando línea respecto de las grandes decisiones que han tomado las diferentes gestiones de gobierno, todas en sintonía con sus intereses privados particulares.

    El entramado de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales que conforman Petrolera el Trébol fue revelado en los informes Panamá Pappers y Paradise Pappers. Al mismo tiempo, como el empresario local Sigfredo Alonso (Multimedio Canal 9-El Sol y LV 10) está enfrentado al Grupo Vila-Manzano por asuntos comerciales, ha publicado en sus medios distintos informes reveladores en este sentido. A la derecha sus dueños: José Luis Manzano y Daniel Vila.
      
      
    ATENTI CON LOS QUE CHAPEAN PARA CHAMUYAR A FAVOR DEL FRACKING:
       
    Quienes hablan en favor del fracking o la megaminería y hacen lobbying para las corporaciones, usando sus pergaminos como argumento excluyente de sus conceptos deliberadamente falsos y como excusa para descalificar el saber popular u otros saberes diferentes al suyo o al del sentido común, lo hacen desde la deshonestidad intelectual. El hecho es más evidente cuando lo hacen en tono imperativo y subestimando la inteligencia del otro (falacia ad baculum). Ni hablar cuando apelan al comentario peyorativo, la descalificación o el insulto, como herramienta retórica para eludir por la tangente el meollo del asunto; que no es otra cosa que lo que en filosofía se conoce como "argumento ad hominem".
    La desconfianza popular en el modelo extractivista no es exclusivamente técnica ni científica (la construcción del conocimiento tampoco lo es), también es una cuestión social, cultural, política e ideológica, pues la imposición de los planes devastadores de las corporaciones son política de estado de todos los gobiernos de turno presentes y pasados, modalidades a las que nos oponemos primero desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos y luego por todo lo que sabemos de antemano respecto de las consecuencias ambientales, sociales y económicas de ese tipo de explotaciones para las comunidades locales y sus economías regionales. Además, es una cuestión legal: el Principio Precautorio está perfectamente establecido en la ley y es obligación del estado y la justicia respetar los derechos de incidencia colectiva, por encima de los intereses privados particulares.
    Conviene mencionar además, que las consecuencias negativas del fracking, más allá de la técnica de la modalidad extractiva, son de tipo ambientales, ecológicas, sociales, culturales, políticas, económicas y de planificación y ordenamiento territorial, así como también están involucradas cuestiones jurídicas, legales, antropológicas e ideológicas; con lo cual difícilmente un ingeniero en petróleo tenga la formación académica necesaria para abordar con profesionalismo una o más de estas temáticas, que por cierto, están todas fuera de sus incumbencias profesionales. La propia legislación ambiental plantea que el enfoque para el análisis del impacto ambiental de cualquier actividad o explotación debe ser multidisciplinario...


    A PROPÓSITO DE PERGAMINOS ¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?

    Vamos a recordar que los funcionarios de gobierno de las áreas a cargo del control ambiental de la actividad NO tienen ni títulos académicos ni experiencia en materia de gestión ambiental ni tampoco idoneidad para asumir estas responsabilidades. 
    Humberto Mingorance es Secretario de Ambiente de Mendoza, su título es licenciado en diseño gráfico, no tiene ningún tipo de formación académica en las ciencias ambientales, sus antecedentes como funcionario público hay que buscarlos en la Municipalidad de Godoy Cruz donde nunca ocupó un cargo vinculado al ambiente, ya que era el Secretario de Gobierno del entonces intendente Alfredo Cornejo (hoy gobernador). Tampoco tiene antecedentes vinculados a las cuestiones ambientales en la actividad privada. El único profesional idóneo en materia ambiental que tuvo dentro de su repartición ocupando un cargo importante fue Eduardo Sosa, de larga experiencia en la ONG Oikos, quien fue forzado a renunciar, precisamente por la modalidad que eligió Mingorance para dar vía libre al fracking en Mendoza, de cuya aprobación, Eduardo Sosa se enteró a través de los medios...
    Miriam Skalany es Directora de Protección ambiental, su título es Ingeniera en Petróleo, tampoco tiene formación académica en las ciencias ambientales, ni antecedentes en cargos importantes en reparticiones vinculadas a la protección ambiental, aunque se desempeñó como técnica profesional en otras reparticiones, vinculadas a la actividad petrolera. También tiene antecedentes en la actividad privada en empresas petroleras, pero nunca en cuestiones vinculadas al ambiente. Evidentemente su perfil da más para un cargo en alguna repartición de la Subsecretaría de Energía y Minería, por ejemplo, sin embargo la pusieron ahí, donde debería haber un idóneo o académico en cuestiones ambientales, no una ingeniera en petróleo.
    Evidentemente, el Gobierno de Mendoza no tiene la más mínima intención de priorizar la cuestión ambiental; y con estas designaciones de personas sin formación específica ni experiencia e idoneidad en esas disciplinas, a la cabeza de los ámbitos ambientales de la estructura verticalista del Estado Provincial, pone de manifiesto la intencionalidad de avanzar sin ningún tipo de miramientos.
    A propósito, también vamos a mencionar que el actual Director de Petróleo, dependiente de la Subsecretaría de Energía y Minería (cargo que debería estar ocupado por alguien con el perfil de Miriam Skalany), es Santiago Fernández, ingeniero industrial, que al momento de asumir no tenía ningún antecedente en la función pública y tampoco ningún antecedente en la actividad privada relacionada con la extracción de hidrocarburos o su procesamiento industrial. Con esto también queda claro que el colocar funcionarios sin la formación académica afín a su responsabilidad ni la idoneidad específica de sus funciones, en cargos clave de la Estructura del Estado, resulta ser una constante en todos los ámbitos y reparticiones, en todas las gestiones de gobierno y particularmente evidente en la de Alfredo Cornejo.
      
      
    UNA MÁQUINA DE EMITIR DOCUMENTOS PÚBLICOS SIN RESPALDO TÉCNICO-CIENTÍFICO

    Conviene recordar, además, que la Dirección de Protección ambiental (y el organismo que lo antecedió en sus atribuciones: la Dirección de Control y Saneamiento Ambiental) desde su creación a comienzos de los años '90s hasta el día de hoy (casi 30 años), aprueba todo tipo de emprendimientos y/o explotaciones, mencionando en todas las resoluciones que firma su titular, que "no se supera la capacidad de carga del ecosistema".
    Al respecto, resulta menester aclarar que el concepto de "capacidad de carga del ecosistema" es estrictamente técnico y científico, consecuentemente tiene una metodología específica para determinarlo, en el marco de las ciencias biológicas.

    Sin embargo, en ningún expediente de la Dirección de Protección ambiental existe estudio alguno respecto de la medición de la capacidad de carga de los ecosistemas donde se llevan a cabo los emprendimientos o explotaciones que la esta repartición aprueba por resolución.
    Las matrices de impacto ambiental que presentan los proponentes o que elaboran los propios organismos del estado se centran en los propios proyectos y no en el ambiente ni ninguno de sus componentes, los que son mencionados de manera genérica y sin el respaldo empírico correspondiente verificado en terreno, cuestión que se puede comprobar tomando cualquier expediente que aprueba la DPA. Menos aún se consideran en estas evaluaciones la supuesta capacidad de carga del ecosistema que dicen haber evaluado.
    Tampoco se evalúa en ningún caso el impacto sinérgico de todos los emprendimientos y/o explotaciones existentes en el entorno de un proyecto. No lo hacen ni los proponentes ni el Estado. Así por ejemplo se aprobaron miles de pozos petroleros en distintos puntos de la Provincia de Mendoza, como hechos individuales, siendo por este motivo pasibles de tramitarse por vía rápida, sin cumplir el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni Audiencia Pública, exigidas por la Ley Nacional 25675 y la Ley Provincial 5961. Un ejemplo de esto es el caso del Yacimiento El Corcobo (área de Concesión Chachahuén), donde hay miles de pozos petroleros uno al lado del otro, en un ambiente que años atrás se presentaba con sus características naturales con baja alteración y hoy es una de las zonas más depredadas de la Provincia, hecho que puede verificarse por ejemplo viendo esta zona en Google Earth. Con esta modalidad de trámite express también pretenden dar vía libre al fracking, avalada por el decreto 240/2018, creando un atajo administrativo para aprobar esta técnica extractiva de manera abiertamente ilegal, por contrariar la normativa mencionada.
    El Gobierno de Mendoza no tiene un inventario de biodiversidad y ni siquiera exige a los proponentes de los proyectos que elaboren una línea de base, con lo cual es imposible que se pueda determinar la supuesta capacidad de carga del ecosistema, que suscriben en los documentos públicos, así como sus alteraciones posteriores. Estamos aquí entonces ante una apreciación subjetiva y sin el más mínimo respaldo empírico, por parte del Gobierno de Mendoza, de un concepto que es eminentemente técnico, modalidad que los responsables de velar por el cuidado del ambiente han tomado como sistemática a lo largo de décadas. Después salen a decir que los fundamentalistas somos nosotres...


    CONFLICTO DE INTERESES Y SIMULACROS DE CONTROL

    En más de una oportunidad hemos denunciado en públicamente los conflictos éticos generados por la incompatibilidad de funcionarios o técnicos de organismos del estado o instituciones que al mismo tiempo tienen intereses particulares en la actividad privada.

    El caso de estos funcionarios resulta por cierto sospechoso, no porque puedan estar directamente vinculados a la actividad privada en algún rubro del extractivismo, pero sí por el ya mencionado hecho de ponerlos en funciones para las cuales no tienen ni formación académica específica ni idoneidad o experiencia en la temática.
    No obstante hay casos más concretos en las instituciones que se dedican a la formación e investigación. El caso del Vice-Decano de la UTN regional Mendoza, Ricardo Fuentes, es el más evidente, ya que al mismo tiempo este señor es consultor profesional de la Petrolera El Tébol (la empresa que hizo el "experimento" de fracking en el sur mendocino, donde al poco tiempo se descubrió la contaminación), así como representante de la misma ante organismos del estado e instituciones (Gobierno de Mendoza e Instituto Argentino del Petróleo y el Gas). Recordemos que la UTN regional Mendoza, actualmente tiene fusionado su laboratorio con el del Departamento General de Irrigación, organismo responsable de controlar la calidad del agua de Mendoza.
    En este, como en otros casos, está demostrado con estos hechos públicos y notorios, que el Estado no puede mantener independencia de las corporaciones extractivistas a las que debería estar controlando.
    Las estructuras superfluas y obsoletas de control del estado (que tanto se jactan los funcionarios de afirmar que serán estrictos) van en el mismo sentido: actualmente la Dirección de Protección sólo tiene 9 inspectores para controlar miles de pozos petroleros en toda la provincia. Ninguno de estos inspectores tiene asiento de funciones en las áreas petroleras, por lo tanto deben tramitar viáticos y movilidad para trasladarse cientos de kilómetros, dinero que el Estado retacea de manera sistemática como parte del ajunste fiscal vigente. Conocido es que en cualquier repartición pública tramitar viáticos es un engorro supremo. Por esta misma razón, las inspecciones son "express" y en la mayoría de los casos se recoge la información brindada por las propias empresas controladas, sin verificar in situ como corresponde.
    En una actividad tan intensiva e impactante como la hidrocarburífera que requiere de controles sistemáticos y permanentes, estaría bueno que el gobierno de Mendoza explique cómo es que hace con tan sólo 9 inspectores para controlar miles de pozos petroleros. La cuenta no da ni siquiera para que una vez por año inspeccionen in situ todos y cada uno de los pozos petroleros e instalaciones actualmente en actividad. Tampoco da para que al menos una vez al año le echen un vistazo a todos y cada uno de los expedientes vinculados a estos. Si ya es así con la actividad petrolera convencional, resulta imposible imaginarse qué puede ser diferente con el fracking.
    Desde el punto de vista de los hechos concretos, si tenemos funcionarios en los ámbitos de decisión del estado con intereses particulares directos en la actividad privada y estructuras de control ínfimas: ¿De qué controles nos están hablando?¿Con qué seriedad o sustento hablan de controlar el fracking o es (como pensamos) tan sólo un discurso de marketing político?

    En la imagen se observa una foto satelital extraída de del portal bing-maps que nuestra la zona del área de explotación petrolífera Chachahuén, en el sector correspondiente a El Corcobo, concesionada a Ketsal-Kilwer, del Grupo Vila-Manzano (hoy Andes Energía y en proceso de fusión con Petrolera El Tébol); y explotada por YPF, mediante un acuerdo comercial, en el cual la petrolera de bandera se queda con el 70% de la renta productiva y el resto se lo reparten entre Daniel Vila, José Luis Manzano y Omar Álvarez.
    En esta zona hasta el día de hoy toda la explotación es convencional, más allá de que al principio se efectuó estimulación hidráulica, pero siempre en rocas de formaciones con hidrocarburos convencionales y actualmente es el área más productiva de la provincia. No obstante, por debajo de toda esa zona productiva pasa la Formación Vaca Muerta, con lo cual es susceptible de ser aplicado el fracking cuando el petróleo convencional se agote.
    Desde el punto de vista ambiental, se trata de la mayor depredación del medio natural de la historia de Mendoza, puesto que esa extensa región se encontraba con sus condiciones naturales medianamente conservadas hasta hace 10 años atrás y hoy es el impacto humano de la provincia de Mendoza más visible desde el espacio.
    Tan sólo dentro de la imagen hay alrededor de 750 locaciones petroleras, no pudiéndose determinar con esta herramienta si hay uno o más pozos en cada una. En teoría cada una debería tener su expediente con su correspondiente estudio de impacto ambiental y audiencia pública (cosa que no puede corroborarse de ninguna manera en los hechos concretos), debiendo existir además una evaluación ambiental estratégica del conjunto de toda esa explotación y sus instalaciones (caminos, redes eléctricas, distribución de agua, ductos, tanques o depósitos, etc.), tal como lo exige el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Desde ya, nada de esto existe, más que una aprobación mediante el trámite abreviado de "Aviso de Proyecto" para lo que, reiteramos, es el impacto ambiental más grande en toda la historia de Mendoza.
    Si hablamos de controles y en el hipotético caso que éstos se hicieran de manera sistemática en el terreno, los tan sólo 9 inspectores de la Dirección de Protección Ambiental (si es que tuvieran la disponibilidad vehicular, de combustible y de viáticos) tardarían un año en viajar una vez por semana ida y vuelta los 800 km. que separan ese lugar de la capital de Mendoza (donde todos tienen lugar de asiento de funciones), visitar cada una de esas 750 locaciones, verificar in situ que en cada una todo esté funcionando correctamente y a su regreso confeccionar los informes correspondientes de cada una para que sean adjuntados a sus respectivos expedientes. Eso sí: descartando de antemano cualquier tipo de monitoreo de flora, la fauna, aire, agua y suelo, que llevaría mucho más tiempo y que desde ya, nunca se hizo ni se está haciendo específicamente en ese lugar.
    ¿Se dan cuenta por qué no creemos en la promesa de controles estrictos al fracking (que es una actividad de mayor impacto que la extracción convencional), teniendo en cuenta que además para aprobarlo están eligiendo la vía de la simplificación administrativa, obviando el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública?


    NO RESISTEN NI UN ARCHIVO...
      
    Los entonces diputados provinciales (hoy funcionarios) Tadeo García Zalazar,
    Martín Kerchner y Omar Sorroche, hace 3 años presentaron un proyecto de ley
    para prohibir el fracking. Hoy defienden esta modalidad extractiva.
    El gobierno de Mendoza en general y la Unión Cívica Radical provincial en particular, se muestran muy verticalistas en el hecho de obligar a que todos los dirigentes se encolumnen dentro de la postura oficial pro-fracking, sin dar lugar al disenso bajo ningún punto de vista. Hay un hecho concreto que avala esto y es que del lado del gobierno sólo han opinado los funcionarios de más alto rango y algunos dirigentes importantes, pero no lo han hecho los técnicos o profesionales de los organismos correspondientes, más allá de que en algún dictamen dentro de los expedientes haya varias firmas.
    El Gobierno de Mendoza ha apelado a la estructura del propio partido de la UCR para intentar un disciplinamiento monolítico, al punto que está promoviendo disertaciones de los funcionarios Humberto Mingorance y Emilio Guñazú publicitando la simbología partidaria, siendo que el segundo de los mencionados no es afiliado...
    El otro punto a destacar es que quienes hoy son funcionarios o legisladores oficialistas, hasta hace 2 años y medio, cuando eran oposición, tenían un pensamiento completamente diferente. Tal es el caso del actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, que cuando era diputado opositor presentó un proyecto de ley para prohibir el fracking en Mendoza (Expediente Legislativo 64605/2013-D), el cual además llevaba la firma de los también entonces diputados Omar Sorroche (hoy funcionario del área de ambiente) y Martín Kerchner (hoy ministro del área a cargo de la actividad petrolera de la provincia) en sus dictámenes de comisión. Este proyecto fue presentado públicamente por los mencionados en varios actos políticos proselitistas.
    Nobleza obliga que no obstante lo anterior, Martín Kerchner cuando era diputado opositor, fue parte del escándalo generado por el corruptour a Macedonia, pagado por Minera San Jorge.
    Desde ya, la hoy oposición no está exenta de tener el mismo tipo de virajes políticos, pero a la inversa. Este tema no es la excepción, ya que conviene no olvidar nunca que el acuerdo secreto YPF Chevron se suscribió durante el gobierno de Cristina Fernández y que la aprobación en el Congreso de las leyes que lo avalaban fue con la mayoría de que disponía en ese entonces la actual oposición, instancias que se llevaron a cabo echando mano a la censura, la persecución ideológica y sobre todo la represión y criminalización de la protesta social, tal como está ocurriendo actualmente.
    Nunca más apropiado para definir a estos políticos veletas la célebre frase de Grucho Marx que precisamente los parodiaba: "Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros".


    EL GOBIERNO MIENTE

    El Gobierno de Mendoza (devenido en vocero de las corporaciones a las que debería controlar) a través de su aparato comunicacional y por los medios hegemónicos se ha encargado de difundir conceptos erróneos. Hemos elegido algunos, los más difundidos e infundados, para analizarlos y refutarlos con argumentación empírica. Desde ya, este compendio no es completo ni presenta un orden de prioridad.

    MENTIRA 1: El fracking es una técnica segura 

    Existen numerosas publicaciones científicas, estudios técnicos, libros, investigaciones periodísticas y testimonios de gente afectada y de ex-empleados de empresas petroleras que dan cuenta de los efectos devastadores del fracking en aquellos territorios donde se implementa. Basta que el lector realice una búsqueda en internet y no se trata de información falsa ni desactualizada, sino de publicaciones especializadas y avaladas por instituciones científicas del propio sistema. En el caso de quienes nos movilizamos en contra del fracking, las pruebas que tienen más valor empírico son los testimonios de personas afectadas.
    En contraposición a ello, si el lector realiza una búsqueda respecto de que el fracking es una técnica segura, lo único que va a encontrar son publicaciones de las empresas que lo llevan a cabo y de los gobiernos que los autorizan, pero no encontrará publicaciones científicas o técnicas independientes a la actividad que puedan acreditar que se trata de una modalidad extractiva exenta de riesgos.
    Desde ya, tampoco encontrará ninguna publicación científica o técnica que acredite su eficiencia energética y económica, salvo los balances de las empresas que son subsidiadas para llevarlo a cabo y que no se hacen cargo de sus cuantiosas externalidades.
    Algo que tampoco el ciudadano de a pie puede constatar son los detalles que dan los funcionarios sobre la técnica del fracking y sus supuestas medidas de seguridad. Al respecto, resulta imposible verificar in situ
    • si se están adoptando las medidas de seguridad que dicen que van a aplicar.
    • el estado de las instalaciones y sobre todo las perforaciones en profundidad.
    • si  se producen o no derrames en superficie o en profundidad
    • para donde van las fracturas cuando se inyecta la mezcla de agua con químicos y arenas a alta presión
    • si las fracturas alcanzan o no niveles freáticos, fallas geológicas o cualquier otra cavidad interna que pueda dar lugar a la despresurización y/o migración del fracturante y los hidrocarburos
    • cuántos y cuáles químicos se usan, ya que sus fórmulas son mantenidas en secreto como estrategia comercial de las empresas petroleras
    • dónde son dispuestas las aguas de formación y la mezcla fracturante sobrante o que retorna a superficie, etc, etc...
    En síntesis, No se puede verificar en una explotación no convencional nada de lo que dicen los funcionarios, pues el ciudadano de a pie no tiene ninguna manera de comprobar si lo que dicen es verdad.
    Los funcionarios pretenden que la población confíe en informes que no están exentos de poder ser dibujados, en controles que materialmente serían imposibles de llevar a cabo (como vamos a demostrar más adelante) y sobre todo en procedimientos donde en todo momento se procura la simplificación administrativa y eludir cualquier instancia que implique la participación ciudadana (Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencia Pública, etc.)


    MENTIRA 2: El fracking se hace en Mendoza desde hace 50 o 60 años
       
    El gráfico muestra la evolución de producción de gas no convencional
    en EEUU, que arranca a gran escala en el año 2000. Antes de eso, no
    se hacía fracking en ningún lugar del mundo. Fuente citada en gráfico.
    Esta es una de las mentiras más difundidas por las publicidades falsas del Gobierno de Mendoza y se basa en una afirmación cargada de deshonestidad intelectual, ya que hay profesionales de la actividad que la avalan.
    La técnica extractiva del fracking (tal como actualmente se lleva a cabo en donde haya sido permitido y tal como se pretende implementar en Mendoza) se realizó por primera vez de manera comercial en 1998, por parte de la empresa Mitchell Energy, en el yacimiento Barnett Shale de EEUU. El dueño de esta firma (ya fallecido), George Mitchell, es considerado el inventor del fracking.
    El Gobierno de Mendoza pretende confundir de manera a la opinión pública, diciendo que el fracking se hace en Mendoza hace 50 o 60 años, queriendo hacerle creer que la recuperación secundaria de yacimientos convencionales o su estimulación hidráulica es lo mismo que el fracking, que se lleva a cabo únicamente en yacimientos no convencionales.
    Conviene recordar que en los yacimientos convencionales el petróleo se encuentran alojados en reservorios constituidos por rocas porosas de alta permeabilidad, donde ha quedado entrampado y puede ser extraído simplemente llegando hasta el centro de la formación que lo contiene. Cuando el reservorio se está agotando, se aplica la recuperación secundaria, que consiste en fracturar con agua de purga inyectada a presión, la roca de la formación para extraer lo que queda.
    Las rocas de las formaciones convencionales son permeables y no consolidadas, por lo tanto la escala de la fractura no tiene relación en proporción con las que se realizan para hacer fracking en formaciones no convencionales. Tampoco se emplea agua pura con químicos y arenas silíceas, como en esta modalidad extractiva, sino que se realiza exclusivamente con agua de purga, que es la misma que sale con el petróleo convencional cuando es extraído, la que mediante esta operación es vuelta a reinyectar a las formaciones de donde fue extraída. Por eso, no son lo mismo ni las técnicas "per sé", ni los insumos que emplean en ambos casos, ni la escala de las explotaciones bajo cada una de estas modalidades.


    MENTIRA 3: El fracking está prohibido en lugares que no tienen reservorios no convencionales

    Esta es una de las mentiras más inconsistentes del Gobierno de Mendoza: basta con superponer los mapas de los países donde el fracking está prohibido y el de las reservas de HCN, para desmentir esta afirmación.
    El caso más evidente es el continente europeo, donde de los 17 países que han prohibido el esta modalidad extractiva tan sólo uno no tiene reservas de HNC.
    Las prohibiciones o restricciones en Europa, están vigentes en Bulgaria, Rumania, República Checa, Polonia, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Escocia, Gales, Irlanda, Irlanda del Norte, Suecia y Noruega.
    En el caso de las restricciones, se trata de moratorias (suspensiones transitorias o por tiempo indefinido) o declaraciones de inviabilidad económica, esto quiere decir que esos países tienen claro que el fracking tiene una tasa de retorno energético menor a 1 y por lo tanto no es rentable y no están dispuestos a subsidiar las ganancias de las corporaciones petroleras, como ocurre en Argentina.
    También se ha prohibido esta técnica en varias jurisdicciones de EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica: en la totalidad los casos hay reservorios de HNC.
    En las provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe hay leyes provinciales que prohíben el fracking. Según los mapas de HNC de YPF también hay reservorios no convencionales en esas provincias, de hecho en Entre Ríos ya se había empezado a hacer exploraciones.
    No existe ningún impedimento legal para que Mendoza sea declarada libre de fracking, con una ley que lo expresamente prohíba en todo el territorio provincial. El listado total de lugares en el mundo donde está prohibido el fracking puede verse acá.


    Con tan solo superponer los mapas de los países que prohibieron el fracking con el de las reservas de HNC se desmiente esta falacia. La mayoría de los países que lo prohibieron están en Europa occidental. El primer país en prohibirlo en el mundo fue Bulgaria que tiene una cuenca shale que lo abarca por completo; y así con todos los otros que luego lo prohibieron, declararon moratoria o lo declararon inviable por no estar dispuestos a subsidiar las ganancias de las corporaciones. De los 17 países que prohibieron el fracking en Europa, el único que no tiene reservas de HNC es Suiza.


    MENTIRA 4: El fracking sólo consume agua de formación, es muy poca el agua que se toma del sistema.

    En este mapa se observa el consumo de agua por pozo por año
    en las diferentes áreas en producción de ese país. Las cuencas
    con mayor producción (asimilables en sus características a
    Vaca Muerta) tiene un consumo que puede llegar a superar
    los 30 millones de litros por pozo por año.
    Fuente: Water Resources Reserach Journal - EEUU
    Como se sabe, el fracking emplea una mezcla de agua con químicos y arenas silíceas, que se prepara antes de inyectar a los pozos. Estas mezclas deben tener una composición exacta en las proporciones de cada químico, las cuales pueden variar de acuerdo a la formación que se va a fracturar, la composición de sus rocas, a los hidrocarburos que se van a extraer e incluso a las bacterias que puedan estar presentes en profundidad. Con esto queda claro que el agua a emplear debe tener una composición conocida, preferentemente con escasa presencia de sales, para que las fórmulas sean lo más exactas posibles.
    El agua de formación o de purga no sirve para esta técnica extractiva, solo se emplea al momento de hacer las perforaciones para enfriar trépanos.
    También aclaramos que el fracking no consume poca agua, sino que lo hace en grandes cantidades: en las zonas de mayor producción (como por ejemplo Vaca Muerta) cada pozo puede llegar a requerir más de 30 millones de litros por año, con lo cual un yacimiento entero podría consumir lo mismo que una ciudad pequeña de 50.000 habitantes.
    Los datos del consumo de agua en EEUU para hacer fracking están disponibles en la web y se resumen en las siguientes cifras: Según datos del USGS (Servicio Geológico de Estados Unidos), los 35.000 pozos por año perforados en ese país entre 2000 y 2015, han consumido en promedio 529 mil millones (529.000.000.000) de litros de agua por año. Esta cifra es equivalente al consumo anual de agua de toda la población de la República Argentina, tomando como referencia el dato del consumo de agua por habitante medido en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud.
    Desde ya, hay que tener en claro que los ríos de Mendoza vienen padeciendo crisis hídricas desde hace varios años, como consecuencia de los efectos del Cambio Climático Global. Además de ello, la totalidad del caudal de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel están concesionados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Provincial de Aguas, debiendo autorizarse usos adicionales únicamente si sobra caudal. Bajo estas condiciones, el uso del agua para fracking implica indefectiblemente restarle a los ya establecidos previamente: consumos humanos, agrícolas, industriales y ecosistémicos.
    Debe recordarse también que en el caso específico del Río Atuel, existe un conflicto institucional y jurídico aún sin resolverse, ya que es un río interprovincial, pero Mendoza que está aguas arriba, no deja caudal a La Pampa que está más abajo. Resulta contradictorio que en el marco de esta disputa el Gobierno de Mendoza salga a decir que no sobra ni una gota de agua del Río Atuel mientras al mismo tiempo le otorga cupos por encima de lo ya concesionado, a las corporaciones que quieren hacer fracking en sus cabeceras.


    MENTIRA 5: El fracking no produce terremotos 

    Para reafirmar esta frase contraria a lo expresamente explicitado en infinidad de trabajos científicos publicados al respecto y a los hechos públicos y notorios reflejados en distintas fuentes de información, los funcionarios del gobierno no pudieron haber tenido mejor idea que recurrir una vez más al insulto y la descalificación, en vez de aportar una explicación racional al debate, como la dan las fuentes citadas.
    Evidencia de sismicidad inducida por fracking hay en todo el mundo, vamos a algunos casos argentinos:
    Caso 1: El año pasado hubo un temblor bastante fuerte cerca de Añelo, Neuquén (el corazón de Vaca Muerta). Por las características del sismo descriptas por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), en teoría no se lo podría atribuir al fracking. Sin embargo en los medios de esa provincia hubo una funcionaria que dijo "Se sintió con más intensidad en la zona de Añelo, El Chañar y toda la zona referida a la actividad petrolera. Nosotros pensamos primero que se trataba de un temblor asociado a esa actividad". Parece que a veces, la silenciadora deja de funcionar...
    Caso 2: Este sí fue provocado por el fracking, en la misma provincia pero en otra zona donde se realiza esta técnica extractiva: Cutral-Co. Pero hete aquí que el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) dice que esos temblores "no se pueden registrar" debido a que sus hipocentros son muy cercanos a la superficie.
    Caso 3: En el año 2013 se produjo el primer temblor provocado por el fracking en Argentina, fue en Las Heras, provincia de Santa Cruz, un lugar donde jamás había sido registrado un sismo. Dicho movimiento inmediatamente fue atribuido al fracking.

    La sismicidad inducida producto del fracking está ampliamente explicada en numerosos trabajos de investigación de instituciones académicas de diferentes partes del mundo, independientes a las corporaciones petroleras.
    Al contrario de toda la evidencia existente, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo insiste con afirmar que "decir que el fracking produce temblores es mentir". Cabe recordar que en el propio expediente de las fracturas hidráulicas autorizadas por el Gobierno de Mendoza en pozos del yacimiento Puesto Rojas, el dictamen técnico de la Fundación Cricyt alerta respecto del riesgo de sismicidad inducida por esta modalidad extractiva.
    Corte esquemático de los procesos que pueden dar lugar a la sismidad inducida (extraído de la publicación "Injection-Induced Earthquakes" de Ellswort, Revista Sciense, Nº 341). El proceso de fracking puede generar condiciones para que se conformen reservorios permeables a partir de las fracturas que permanecen abiertas por los apuntalantes y luego son rellenadas con grandes cantidades de agua residual reinyectada a alta presión. En algunos casos incluso no es necesario que la falla esté en contacto con el reservocio de agua residual inyectada.
    El proceso de fracturación hidráulica produce microsismos de manera rutinaria que pueden alcanzar magnitud 3.6 (ver: Ellsworth, William L. 2013. “Injection-Induced Earthquakes” en revista Science 341. EEUU.), intensidad que puede considerarse de bajo riesgo. Si bien pareciera no ser destructiva, su recurrencia cotidiana puede dar lugar al debilitamiento paulatino de construcciones y obras de infraestructura con estructuras rígidas. Sin embargo, la inyección de las aguas residuales al subsuelo en pozos de inyección (resultantes del proceso de exploración y extracción mediante fracking) representa un alto riesgo sísmico de tipo severo, pues puede producir sismos de mayor magnitud. Tan solo en el 2011 se produjeron en EEUU cinco sismos de magnitud ≥5 por esta causa, el mayor de ellos en Oklahoma de 5.7, que dañó viviendas y lastimó a algunas personas (ver: Keranen, Savage, Abers, Cochran. 2013. “Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA”, en revista Geology G34045.1. EEUU.). Estas condiciones además, son propicias para la amplificación de terremotos tectónicos.


    MENTIRA 6: El fracking nos va a salvar económicamente 

    Está demostrado que por ser una forma de obtención de energía con tasa de retorno energético menor a 1, el fracking es antieconómico y por eso es que tiene que ser subsidiado para que las empresas que lo realizan reporten ganancias. Este subsidio a la actividad resulta muy oneroso para las arcas del Estado (imposición de precios sostén a la actividad) y los bolsillos de la población en general (en el caso de los tarifazos, que también van destinados a subsidiar el fracking), sin contar que además la actividad tiene innumerables externalidades, que no son afrontadas por las empresas ni los gobiernos que les abren las puertas, por el contrario, son costos absorbidos por la comunidad en su conjunto, que padece sus devastadores impactos ambientales, sociales y económicos.
    Más allá de eso, conviene también mencionar que la producción de pozos no convencionales es muy corta en el tiempo y muchas veces no amortiza el monto invertido, situación que ha despertado polémica en el ámbito político. Cada pozo no convencional vertical cuesta en Argentina en promedio 7,6 millones de dólares; asimismo, cada pozo no convencional horizontal cuesta en promedio 12 millones de dólares. Estamos hablando sólo del costo de la perforación exclusivamente, dejando de lado los demás ítems, como movimientos de suelo, traslados de insumos, sueldos del personal, etc.
    Los pozos de fracking tienen la particularidad de producir mucho, pero por poco tiempo, y eso se pone de manifiesto en las estadísticas que se vienen llevando respecto de estamodalidad extractiva, que viene siendo monitoreada constantemente en cuanto a su producción, que en definitiva es lo que más le interesa a las corporaciones.
    Esto echa por tierra el discurso de que el fracking va a generar trabajo y que va a producir regalías. Por el contrario, los cortos plazos de producción evidenciados en las estadísticas dan cuenta de que en ambos casos se trata de promesas políticas que de ser ciertas (en el marco del alto grado de incertidumbre en el que son formuladas), pueden ser cuando mucho efímeras...

    Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación, año 2015.


    De acuerdo a estadísticas de la ex-Secretaría de Energía de la Nación (Hoy Ministerio de Energía y Minería), entre 2011 y 2015 la empresa YPF perforó 287 pozos en el yacimiento Loma Campana (Añelo). Estos números están mostrando que:

    • 55 (19%) tuvieron una vida útil promedio de un mes.
    • 169 (59%) tuvieron una vida útil de 6 meses.
    • 55 (19%) tuvieron una vida útil promedio de 2 años.
    • 8 (3%) superaron los 3 años de vida útil.

    De acuerdo al valor en precio sostén (U$S 78 BB de petróleo y U$S 7,50 MBTU de gas) de la producción mostrados en el cuadro precedente y a lo expresado en relación a las inversiones por pozo declarada por las empresas, se puede calcular a grandes rasgos que:

    • Los 55 pozos que duraron un mes significaron recuperar sólo el 13% de la inversión.
    • Los 169 pozos que duraron 6 meses significaron recuperar el 58% de la inversión.
    • Los 55 pozos que duraron 2 años significaron recuperar la inversión y tener además un superávit del 18%.
    • Los 8 pozos que duraron más de tres años significaron recuperar la inversión y tener además un superavit del 110% .

    Desde ya, la ganacia extraordinaria de los 8 pozos que duraron más tiempo no alcanza a cubrir el balance negativo de los 224 que dieron pérdida (y además tengamos en cuenta que estamos hablando de valores a precios sostén, o sea subsidiados por el Estado). Recordemos además que la inversión en Loma Campana es básicamente un préstamo que Chevron le otorga a YPF para que perfore y extraiga por su cuenta, con lo cual no hay inversión de riesgo, ya que está claramente definido en el acuerdo secreto YPF-Chevron, que quien responde ante las posibles pérdidas económicas es el Estado Argentino, garante de este acuerdo. La misma modalidad está fijada para los acuerdos secretos que YPF suscribió con otras corporaciones de la misma envergadura, como Dow-Dupont, Petronas, Petrobras, Total, Shell, etc.
    Con estos números queda claro que Vaca Muerta es "Eldoradismo" en estado puro: una burbuja especulativa financiera de enormes proporciones, que además nos está llevando puestos en lo ambiental y en lo social y pretende ser impuesta sin licencia social y mediante prácticas ajenas a la institucionalidad democrática, como lo son la persecución ideológica, la intimidación pública y amenazas a quienes se oponen, y fundamentalmente la represión y criminalización de la protesta social.


    EL USO DEL INSULTO Y EL COMENTARIO PEYORATIVO COMO ÚNICA SALIDA DEL GOBIERNO PARA ELUDIR EL DEBATE FUNDAMENTADO POR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL FRACKING

    Ante la falta de argumentos y atento a verse sorporendido por la protesta social, el Gobierno de Mendoza tuvo una reacción muy de manual: recurrir al insulto o al comentario peyorativo hacia quienes nos oponemos al fracking, recurriendo a su propio aparato comunicacional y al de los medios hegemónicos para propalar este mensaje falaz; amparados en la creencia anacrónica de que propalar una mentira insistentemente por todos los medios disponibles y sin dar lugar al derecho a réplica, puede mover el amperímetro de la opinión pública en pleno siglo 21. Sin embargo, la masa crítica conformada (tras la revelación de documentos oficiales mantenidos en secreto por el Gobierno de Mendoza que constatan la contaminación en las primeras fracturas autorizadas) ha sido lo suficientemente consistente y se ha informado por sus propios medios, como para no dejarse correr por esta estrategia comunicacional poco feliz elegida por los funcionarios.
    En este sentido conviene hacer mención que en pos de desviar la cuestión del asunto, el Gobierno de Mendoza y los medios hegemónicos pretendieron instalar en la opinión pública que las movilizaciones populares contra el fracking responden a "audios cargados de imprecisiones que se viralizaron por las redes sociales". La existencia de estos audios y de su contenido en parte cuestionable (no todo) es real; sin embargo, su difusión fue posterior a la revelación de los datos ocultados por el gobierno respecto de la contaminación del agua superficial y subterránea de la cuenca del Río Atuel y también posterior a las primeras movilizaciones masivas ocurridas en General Alvear.
    La maniobra engañosa del Gobierno de Mendoza no sólo queda al desnudo con un simple cotejo de fechas, sino también por el hecho de que la sociedad mendocina en general no es fácil de manipular con discursos superficiales o simplificadores con respecto a un tema tan delicado y sentido para el pueblo, como lo es el cuidado del agua. En síntesis, cuando los funcionarios pretenden mentir públicamente o tergiversar la información con respecto al cuidado del agua, como la gente no come vidrio, rápidamente quedan en evidencia.
    Esta mentira oficial queda más al descubierto con el hecho de que absolutamente todos los dichos de los funcionarios de gobierno difundidos hasta ahora por los medios no pueden ser contrastados con ningún hecho concreto o en alguna fuente información disponible (fuera de las específicas generadas por las propias corporaciones interesadas en el negocio), no existiendo ningún tipo de publicación científica avalada por alguna institución académica que corrobore el mensaje del gobierno, así como tampoco es posible que el ciudadano de a pie pueda comprobar (de alguna manera empírica o in situ) que lo que dicen los funcionarios es verdad.
    Evidentemente, la defensa del gobierno del fracking con insultos a quienes se oponen y sin argumentación concreta, no es una explicación técnica de la cosa (como pretenden hacerle creer a la gente los funcionarios), sino un discurso político-partidario que recuerda mucho a las promesas vacuas que se vociferan por doquier en tiempos de proselitismo electoral.
      

    La totalidad de los funcionarios de alto rango del Gobierno de Mendoza salieron a proferir insultos y comentarios peyorativos hacia quienes nos oponemos al fracking, en vez de responder al asunto central del debate, que básicamente es la gran cantidad de información técnica, científica, legal y testimonial respecto de los impactos negativos ambientales, sociales y económicos del fracking. Esta andanada de epítetos es replicada en forma textual y amplificada por la totalidad de los medios hegemónicos de Mendoza. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
    • Gobernador Algredo Cornejo "Los metemiedo son unos pocos vivos que estafan a los vecinos en su buena fe" (Diarios Mdzol, El Sol, Ciudadano, San Rafael y Sitio Andino, 9-10/5/2018, el video además está subido a la cuenta de You Tube del Gobierno de Mendoza).
    • Vicegobernadora Laura Montero, es quien más ha apelado a la verborragia: en una sola entrevista de pocos párrafos empleó las palabras: fundamentalistas, fundamentalismo, enfervorizados, violencia, irracionales, aterrorizar, apocalípticos, locura, psicosis, pánico, complot, inverosímiles, ilógico, extremismo, etc... (Diarios Mdzol, Sitio Andino, Unidiversidad, Ser y Hacer de Malargüe, etc. 27-28/4/2018).
    • Ministro de Economía Martín Kerchner "la campaña anti-fracking es terrorismo" (Diario Sitio Andino, El Ciudadano, etc 26/4/2018) después de estas declaraciones tan improcedentes como inapropiadas se llamó al silencio.
    • Subsecretario de Energía y Minería Emilio Guiñazú "muy poca gente sabe lo que está diciendo" "se han dicho tantas barbaridades" (Diario Mdzol, Mendoza Post, Jornada on line, Enernews, etc; más un video en You Tube. 14 al 18/5/2018), este funcionario además en un programa televisivo insultó al contrincante, calificándolo de "pavo". Recordemos que este funcionario está imputado por la justicia de brasil en la causa Oderbrecht que sustancia la justicia federal de ese país.
    • Secretario de Ambiente Humberto Mingorance, también apela a la verborragia y al insulto, acusando de terroristas, fundamentalistas, antidemocráticos y grupos radicalizados a quienes se expresan contra el fracking (Diario Mdzol, Los Andes, Uno, etc. 24 al 28/5/2018).
    • Directora de Protección Ambiental Miriam Skalany "Hablar desde la ignorancia es meter miedo" "es absurdo hablar de pueblos sacrificados" (Diarios Mdzol, Mendoza Post, Libre, Vox, etc 24-25/4/2018), esta fincionaria además recurre permanentemente al chapeo, como si supuestamente tener un título reúne privilegios dentro de un debate que es eminentemente ideológico, más allá de lo técnico.

    Nunca más apropiada la ocasión para volver a recordar los dichos del ex-diputado Alejandro Molero (otrora compañero de lucha y hoy devenido en uno de los tantos casos de  funcionarios ex-opositores reconvertidos a defensores acérrimos del modelo extractivista), cuando en la sesión legislativa que aprobó el mega-proyecto Potasio Río Colorado (hoy fracasado dejando un tendal de deudas y desocupados por ser también una burbuja financiera), cuando con mucha vehemencia gritó la memorable frase "Acá billetera mata a galán, quedó evidenciado que son muy frágiles las convicciones de algunos". Frase ésta que también vale recordar no cayó muy bien al interés corporativo que maneja el estado y por lo que a manera de correctivo, fue obligado a retractarse públicamente, cosa que el entonces legislador hizo sin chistar para seguir perteneciendo al sistema... ¿Se imaginan ustedes a un funcionario emitiendo su opinión en contra del fracking bajo este contexto?


    EL MARCO FILOSÓFICO DEL DEBATE POR EL FRACKING EN MENDOZA 

    Que los funcionarios nos etiqueten de fundamentalistas o terroristas resulta chabacano a esta altura de la historia, con tanto reconocimiento institucional y popular encima y tantas conquistas sociales ganadas (seguramente eso debe ser lo que más les irrita). Pasan los años y siguen reaccionando de la misma manera: en vez de responder el nudo central del asunto (en este caso los daños ambientales, sociales y económicos que provoca el fracking), siguen recurriendo a la falacia ad hominem, la opción más baja de calidad argumentativa en la que se puede caer dentro de un debate.
    Estaría bueno hacerles saber que con esas descalificaciones infundadas, no cierran la discusión como creen, por el contrario, lo abren aún más: las respuestas irrisorias y con falta de sustento empírico de parte de los funcionarios les vuelve como una suerte de efecto búmeran, demostrando una vez más con hechos concretos, la desidia y desinterés de estas personas respecto de la cosa pública y su falta de idoneidad para prestar funciones en el Estado.
    Como dijimos en otro punto del presente escrito, la desconfianza popular en el modelo extractivista en general y en el fracking en particular, está basada en hechos concretos, que además son públicos y notorios. Esto, más allá que los lobbystas de las corporaciones y los funcionarios del estado que los avalan, relativicen los mismos apelando a rebuscados floreos retóricos (o a las ya mencionadas falacias argumentativas: ad hominem, ad báculum, etc...), o directamente los nieguen o mientan.
    En el marco de la ciencia filosófica, está estudiado desde hace siglos cómo debe desarrollarse un debate con calidad argumentativa y cuáles son las falacias (engaños pseudo-científicos) a las que recurre quien no tiene argumentos concretos para responder el punto central.

    Como ya dijimos, los funcionarios (repito, en rol de voceros de las corporaciones) pretenden desacreditar la validez de nuestra información porque supuestamente "no tiene fundamento técnico o científico" y con ese argumento endeble, sostener que nuestros conceptos son errados. Sin embargo eso no es así, ya que en general (y como ocurre en todo este escrito concretamente), están respaldados con su correspondiente vínculo a múltiples y diversas fuentes de información técnica, científica y también testimonial. Cualquier profesional de cualquier rama de la ciencia puede no estar de acuerdo con estos conceptos, y es entendible, pero de ninguna manera puede decir que "son errados", ya que en todos los ámbitos existen diversidad de opiniones y criterios. Ni siquiera las ciencias duras son rígidas y quien suscribe prefiere buscar sus fuentes de información en aquellos sectores de la ciencia y el saber que no están vinculados comercial e ideológicamente con las corporaciones extractivistas.
    Tampoco es que los conceptos técnicos tienen que ser "per se" lo medular de un debate (como más de un interesado ha salido a proferir, diciendo que sin ellos el debate perdería validez), ya que en esencia, las definiciones técnicas son apenas una parte del debate, y por ende, en absoluto determinantes de su validez. El enfoque multidisciplinario y el marco filosófico del pensamiento crítico (materias del pensamiento sobre las cuales existe abundante bibliografía para consultar) precisamente apuntan a que ningún saber de ningún tipo debe ser impuesto coercitivamente sobre otros en la construcción del conocimiento. 

    De todos modos, conviene volver a insistir en que el debate pierde validez cuando: 
    1) Los que exhiben pergaminos apelan a la deshonestidad intelectual para tratar de imponer afirmaciones deliberadamente falsas.
    2) Los organismos de protección ambiental del gobierno defienden el fracking cuando debieran estar haciéndolo las empresas que aquellos supuestamente deben controlar (inversión de roles).
    3) Los funcionarios deciden apelar al insulto y al comentario peyorativo, las amenazas y la intimidación pública para defender el fracking, en lugar de responder con fundamento empírico a las diversas y múltiples evidencias de los desastres que ha provocado el esta modalidad extractiva.
    4) El estado actúa como vocero de las corporaciones, defendiendo intereses particulares privados, por encima de los del colectivo social y el derecho a la autogestión y autodeterminación de los pueblos.
    Y fundamentalmente porque:
    5) El Estado apela a la persecución ideológica, censura, represión y criminalización de la protesta social, prácticas todas estas incompatibles con la institucionalidad democrática y reñidas con el estado de derecho supuestamente vigente, para intentar (infructuosamente, claro está) callar las voces disidentes.

    El gráfico nos muestra de qué manera la gente que forma parte de la lucha social contra el fracking (vulgarmente denominados ambientalistas) basan su rechazo en base a cuestiones empíricas y comprobables de fuentes concretas, múltiples y diversas que apuntan al asunto central del debate que son los impactos negativos ambientales, sociales y económicos del fracking, o en el peor de los casos contradicen el planteo corporativo con razonamientos o evidencia de apoyo. Por el contrario, el Gobierno de Mendoza (que hace las veces de vocero de las corporaciones), como mucho presenta un lado contrario con escasa o nula evidencia, pero sobre todo ataca al mensajero sin considerar sus argumentos o directamente echa mano al insulto. Lo curioso de todo eso es que el Gobierno de Mendoza emplea su aparato comunicacional, amplificado por los medios hegemónicos afines, para intentar (a mi entender infructuosamente) hacerle creer a la opinión pública que este esquema de la pirámide de la argumentación es invertido...

    Desde ya, cuando un debate está condicionado por relaciones de poder desiguales, es importante siempre mantener la cordura, evitando las respuestas rápidas "en caliente", pues difícilmente quien intente adoptar una posición dominante dentro el mismo logre credibilidad, sobre todo si se apuesta a imponer una superioridad de poder mediante cualquier otro medio diferente al de la razonabilidad de los argumentos, tal como está ocurriendo ahora: el gobierno no tiene como contrarrestar de manera racional las múltiples y diversas evidencias de los desastres que provoca el fracking en aquellos lugares del país y del extranjero donde esta modalidad extractiva fue impuesta, sumado a que ha decidido implementarlo echando mano a todos los vericuetos administrativos y legales que le permitan simplificar los trámites de aprobación y evitar una legítima y genuina participación popular en el marco de todos los ámbitos institucionales vigentes propios de la democracia, y prescindiendo de la licencia social. Desde ya, este mecanismo (también conocido como decretazo) está siendo cuestionado por la opinión pública y en la justicia, tanto como la propia técnica del fracking.
    Por ello es que toda la estrategia comunicacional del gobierno se ha basado en bombardear repetitivamente con mensajes simples y poco fundamentados, así como también presentaciones con expositores que no se salen del libreto armado, contradiciendo los cuestionamientos de una manera más bien confrontativa y con retórica de tipo mesiánica (que recuerda el proselitismo pre-electoral), como si se pretendiera hacerle creer a la gente que la técnica del fracking es segura "per se"; o sea, por mero convencimiento discursivo (sin la reafirmación en ningún hecho comprobable, sólo la palabra del funcionario), como si el rechazo o aprobación de esta modalidad extractiva fuera una cuestión de mera feligresía o fanatismo partidario y no por razones concretas y de público conocimiento como en realidad lo es. Esta cuestión se reafirma en el hecho ya explicitado de que los interlocutores elegidos para transmitir dicho mensaje son funcionarios que no reúnen idoneidad para manejar la cosa pública en los ámbitos que le corresponde a cada uno.
    La contradicción entre los dichos de los funcionarios y la multiplicidad y diversidad de fuentes que ponen en evidencia los impactos negativos ambientales, sociales y económicos del fracking (que en definitiva conforma la argumentación empírica para rechazarlo) pone de manifiesto la inconsistencia de la estrategia comunicacional del gobierno, que más bien apuesta a imponer su opinión no porque sea correcta, sino por mera insistencia, apelando a poner en tela de juicio cuestiones básicas del razonamiento, como el sentido común o la inteligencia de las personas.
    Más allá de que las masas puedan ser manipuladas mediante conocidas técnicas comunicacionales de lavado de cerebro que ya han sido aplicadas exitosamente en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia (a mayor ilustración en este tema léase el libro "El instituto Tavistock" de Daniel Estulin); en el escenario de las luchas sociales existe lo que se conoce como umbral de masa crítica, que es cuando se ha superado el número de personas que han tomado conciencia de un problema y de los engaños orquestados desde los sectores dominantes (estado y corporaciones) para intentar taparlo, en una cantidad suficiente como para provocar desde un cambio en la opinión pública hasta torcer las decisiones de gobierno que van contra los intereses colectivos de la sociedad. Esta situación es la que se está dando dentro del debate por el rechazo al fracking en Mendoza: la gente se está dando cuenta que el gobierno está tomándole el pelo al ciudadano, aprovechándose de un supuesto crédito político devenido de los últimos resultados electorales (que en esencia no es así, pues de acuerdo a los resultados electorales en Mendoza la mayor parte del electorado votó por algún tipo de oposición al gobierno de Alfredo Cornejo). Por eso es muy importante que toda esa masa crítica que se está conformando no se deje engañar ni atemorizar en ningún momento y bajo ningún punto de vista, por las estrategias de manipulación orquestadas desde los sectores con intereses privados particulares interesados, que pretenden controlar, no sólo el debate en sí, sino también la información que se da al respecto y los vehículos mediante los cuales se difunde.

    Es fundamental tener en cuenta que, para evitar cualquier tipo de chicana técnica tendiente a direccionar o compartimentar el conocimiento dentro del debate, así como también para echar por tierra cualquier tipo de discurso político del lobbyng corporativo y de los estamentos del estado que responden por su cuenta y orden; el análisis del modelo extractivista en general y del fracking en particular, así como el de todos los actores involucrados en su imposición (empresarios, lobbystas, periodistas de medios hegemónicos y sus dueños, funcionarios, masa obsecuente, etc.), debe indefectiblemente abordarse desde el enfoque del conocimiento multidisciplinario y el pensamiento crítico.

    2 comentarios:

    1. Salado trabajo de investigación te mandaste! Felicitaciones!!! Y ojalá q aún puedan parar a esos monstruos... Abrazo!

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    2. Existe un error El dueño de Mendoza por es PORETTA no Carlos Ponce

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