20/4/18

FRACKING EN MENDOZA: EL GOBIERNO AUTORIZÓ UNA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA



El Gobierno de Mendoza autorizó una prospección o exploración inicial de hidrocarburos no convencionales (disfrazada de "investigación científica"), en la Reserva Natural Divisadero Largo, ubicada a 8 km. de la ciudad capital de Mendoza, usando un artilugio legal para eludir las prohibiciones establecidas en la Ley Provincial de Áreas Protegidas.
 
Portal de ingreso a la Reserva Natural Divisadero Largo

El día 20 de febrero de 2018, la Sub-directora de Recursos Naturales Renovables, Mariana Raviolo (organismo dependiente de la Secretaría de Ambiente de Mendoza) firmó la Resolución 11-E/2018, mediante la cual se autoriza un proyecto de investigación titulado “Evaluación de la Formación Cacheuta como reservorio no convencional” con levantamiento de perfiles y toma de muestras (tareas de campo asimilables en los hechos concretos a lo que técnica y legalmente se conoce como una prospección o exploración inicial minera y/o petrolera).
La “investigación” está a cargo de Evanna Fuenmayor, ingeniera venezolana radicada en Argentina, especializada en hidrocarburos no convencionales, que actualmente se desempeña como docente de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y realiza consultorías en forma particular para empresas petroleras privadas.
El resto de los autorizados que figuran en la resolución (Lourdes Guiñazú, Jorge Albeiro, Juan Pablo Castillo, Silvia Barredo y Agustín Sosa) también son docentes y egresados Facultad de Ingeniería de la UNC, que además también trabajan como consultores privados. Además, el nombre de estas personas figura en eventos realizados por el IAPG (Instituto Argentino del Gasy el Petróleo), un ente mixto público y privado, integrado por las corporaciones petroleras y las universidades estatales, en el que básicamente las empresas fijan, de acuerdo a sus propios intereses corporativos particulares, cuáles deben ser las líneas de investigación y formación técnica que las universidades públicas deben seguir en materia de energía e hidrocarburos y los lineamientos que debe implementar la educación pública en todos los niveles en relación a estos puntos.
  



UN PROCEDIMIENTO POCO CLARO: ¿POR QUÉ DECIMOS QUE ESTO ES UNA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES DISFRAZADA DE INVESTIGACIÓN...?

El primer considerando de la mencionada resolución (cuya copia ponemos adisposición arriba) es bastante claro, en cuanto al trasfondo que tienen estas tareas de prospección dentro del área protegida: “el proyecto es de gran importancia porque con los resultados se podrá resaltar el potencial de la Formación Cacheuta como reservorio no convencional”. Evidentemente estamos ante una suerte de prospección o exploración inicial hidrocarburífera dentro de un área natural protegida legalmente constituida, lo cual está prohibido por la ley.
Recordemos que hace unas semanas, el Gobierno de Mendoza había anunciado la publicación del Decreto 248/2018 que autoriza la realización del fracking en Mendoza (extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica), procedimiento que recordemos, estuvo precedido de una trama de corrupción, aprietes y violación al estado de derecho orquestado por algunos funcionarios del propio gobierno. En la conferencia de presentación del mismo, el Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, dijo con respecto a la Formación Cacheuta que “estamos analizando la posibilidad de hacer estudios para saber qué calidadde recursos hay ahí”. Con esto, queda claro que esta exploración inicial disfrazada de investigación científica está en perfecta sintonía con los anuncios realizados por este funcionario, teniendo en cuenta que además, la investigadora y su equipo de ayudantes están iniciando las tareas de campo en el área protegida a pocos días de realizado este anuncio.
La Reserva Natural Divisadero Largo se encuentra en el Piedemonte de la Precordillera de Mendoza, en los departamentos Capital y Las Heras, a escasos 8 kilómetros de la ciudad capital provincial de Mendoza. Recordemos que es un lugar muy sentido para las y los habitantes de Mendoza, con un montón de historia y con una dura batalla legal por la consolidación de su condición de bien público, contra los terratenientes vecinos. De todos estos, especial mención merece Daniel Vila, el apropiador de la Cascada de San Isidro, cuyo actual latifundio (ex tierras fiscales que deberían haber sido también Área Protegida, de acuerdo a una vieja ley de ordenamiento territorial del Piedemonte, hoy derogada) limita con la reserva y por la que el Gobierno de Mendoza pagó 30 millones de dólares para terminar con un conflicto de límites con este señor, a fines de los '90s.
Divisadero Largo integra el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, cuyo manejo y regulación está normado por la Ley Provincial 6045. Dicha ley prohíbe expresamente la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en los territorios bajo su jurisdicción, con lo cual este trabajo y su intencionalidad y trasfondo es a todas luces ilegal y los funcionarios que lo autorizaron y lo avalaron en el expediente respectivo son penalmente responsables de incumplimiento en los deberes de funcionario público y de las leyes ambientales que deberían estar aplicando en las funciones que les competen.
La Formación Cacheuta aflora en la Reserva Divisadero Largo y en otros sectores de la Precordillera de Mendoza, comprendidos entre la ciudad capital y el Valle de Uspallata, continuándose por debajo en el resto de la Cuenca Cuyana, que cruza de sur-este a nor-oeste todo el territorio de la Provincia de Mendoza. Está compuesta de esquistos bituminosos (también llamados lutitas), que son rocas que contienen hidrocarburos como parte de su composición, cuestión que se puede comprobar simplemente arrojando una de estas piedras al fuego, las que arden al calentarse.
Las lutitas fueron explotadas en el pasado en la zona y prueba de ello son las ruinas de la Mina la Atala, que funcionó entre fines del S 19 y comienzos del S 20. La roca extraída para la obtención de gas de roca mediante destilación por calor. Curiosamente, quienes llevaron adelante esta exploración era la Corporación Fader, empresa familiar dirigida por los antepasados del actual Secretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú...

La antigua Mina La Atala, localizada donde hoy está la
Reserva Natural Divisadero Largo. Foto: elchallao.com.


UNA ILEGALIDAD TRAS OTRA...

Según YPF, la Formación Cacheuta constituye (junto a la vecina Formación Poterirllos) uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del país, cuyo mapa puede verse en el post anterior de este espacio de expresión. En el caso de la porción de la Formación Cacheuta que atraviesa la Reserva Divisadero Largo, presenta especiales características, ya que contiene fósiles de animales y plantas que vivieron en el Período Triásico de la Era Mesozoica, hace entre 250 y 200 millones de años, cuando se depositaron los sedimentos que después dieron origen a esas rocas, constituyendo un bien intangible, no sólo por imperio de la ley provincial de áreas protegida, sino por la legislación que protege el patrimonio paleontológico de Mendoza, con lo cual no sólo resulta un despropósito explorar la posibilidad de hacer fracking allí, sino que además es doblemente ilegal.
La intencionalidad de realizar una exploración inicial disfrazada de investigación (y encima hacerlo dentro de un área natural protegida) no es casual ni inocente, ya que además de eludir el cumplimiento de la Ley Provincial 6045, se están eludiendo los presupuestos mínimos establecidos en la legislación ambiental vigente, en especial la Ley Nacional 25675, que exige para cualquier acción susceptible de producir impacto ambiental, las instancias obligatorias de Estudio de Impacto Ambiental, Consulta Pública de los expedientes y Audiencia Pública.
Un dato que pone más en evidencia la irregularidad de este procedimiento, es que los guardaparques de la Reserva Divisadero Largo se enteraron de la resolución firmada por su superioridad varias semanas después y encima a través de los “investigadores” el día que concurrieron a comenzar los trabajos de campo con una copia de dicha actuación; y no a través de la vía administrativa interna, tal como lo determina el propio Código de Procedimiento Administrativo vigente, que debiera ser aplicado por el Gobierno de Mendoza en todas sus dependencias.
El otro dato no menor, es que actualmente no existen concesiones petroleras otorgadas para exploración y/o explotación, en la zona de la Reserva Natural Divisadero Largo, con lo cual también se está eludiendo el procedimiento administrativo específico para la actividad, siendo que además, esta prospección está siendo autorizada exclusivamente por la Dirección de Recursos Naturales Renovables, una autoridad que no es competente en materia de hidrocarburos, más allá de ser la autoridad de aplicación de las áreas protegidas provinciales.
Para finalizar, y como una suerte de anécdota bizarra, resulta paradógico que el actual eslogan de la Secretaría de Ambiente de Mendoza para la Reserva Divisadero Largo sea “Mirá que cerca está tu paz”, mientras al mismo tiempo esté suscribiendo la posibilidad de que en el futuro se realice fracking en ese lugar que es patrimonio natural de todas y todos.


MUCHOS INTERROGANTES, NINGUNA RESPUESTA...

Inevitablemente surgen preguntas que deberían responder los funcionarios de turno: ¿Cuál es la intención de “investigar” o más bien prospectar el potencial de hidrocarburos no convencionales en un lugar donde la ley prohíbe expresamente su explotación? ¿Por qué de todos los lugares donde aflora la Formación Cacheuta se eligió éste para explorar hidrocarburos no convencionales, que es el único que está en un área protegida y en tierra pública?


16/3/18

LA MEGAMINERÍA CONTAMINA, ARRUINA LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y DESPLAZA A LA POBLACIÓN. COMPARACIÓN DE INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE USPALLATA Y JÁCHAL. EL PLANTEO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO



La comparación de la situación sociodemográfica y económica entre las localidades de Jáchal (San Juan) y Uspallata (Mendoza) y el análisis de la evolución histórica de estos indicadores, revelan que el modelo megaminero es perjudicial para la población, para su modo de vida y su economía local.


Se puede afirmar que, a la luz de los hechos concretos, SAN JUAN TIENE SUS FUENTES DE AGUA CONTAMINADAS Y SU PRODUCCIÓN ARRUINADA POR LA MEGAMINERÍA, MENDOZA TODAVÍA NO.
Por otra parte, ante el avance del modelo megaminero, más allá de la necesaria oposición social al mismo, se hace imperiosa la elaboración de proyectos alternativos de desarrollo económico que sean amigables con el medio natural y tiendan a la preservación de las pautas culturales o modos de vida de la población.
Quien suscribe tuvo la oportunidad de vivir en Jáchal entre 1976 y 1980; tiempo después residió y trabajó en la Alta Montaña Mendocina en distintos períodos, de 1981 en adelante, con lo cual, además de las fuentes consultadas, hay un conocimiento in situ de las situaciones relatadas.


LA PENOSA SITUACIÓN ACTUAL DE JÁCHAL Y LAS POBLACIONES CORDILLERANAS DE SAN JUAN

Buena parte de la producción agrícolo-ganadera y el turismo de Jáchal e Iglesia ya es historia, tal como lo predecían algunos funcionarios sanjuaninos antes de que comenzaran las explotaciones megaminera en esa provincia.
La megaminería es la responsable, concretamente Barrick Gold, que lleva adelante la explotación de Veladero y proyecta Pascua Lama, especialmente después del derrame de 5 millones de litros de agua con cianuro y metales pesados que contaminó 5 ríos en esa provincia, en complicidad con el estado que pone toda su maquinaria comunicacional, represiva, logística y financiera para imponer este modelo en desmedro de las economías regionales tradicionales
A principios del siglo XX cerca del 20% de la población de la Provincia de San Juan vivía en los departamentos de Jáchal e Iglesia, la mayor parte vivía de la producción de fincas autosustentables, la desocupación era muy baja, la producción de hortalizas era famosa, ya que el clima permitía una cosecha entre temporadas que la posicionaba en el mercado, ya que ofrecía una producción intermedia entre la estival de las provincias centrales y la invernal de las norteñas. Las condiciones naturales del agua brindaba una producción de calidad que, entre otras cosas, permitía conservar los productos de la tierra para venderlos de manera espaciada durante algunos meses.
Actualmente, en ambos departamentos sólo vive el 4% de la población provincial, la mayor parte de la población trabaja en los dos municipios o es empleado de las mineras y la desocupación ronda el 25%; la producción de hortalizas, otrora famosa, se vino abajo, ya que la baja calidad y cantidad del agua para riego ha provocado que la escasa producción que aún se realiza deba ser vendida de inmediato, a muy bajo consto, debido principalmente a la mala reputación que tiene los productos agrícolas provenientes de zonas irrigadas con aguas procedentes de lugares donde se desarrolla megaminería. Los propios habitantes de Jáchal, describen la situación de la Ciudad, (luego del derrame de Veladero) como de "devastación".
Si bien no hay estadísticas oficiales, de acuerdo a la información que manejan los intendentes, en los primeros meses de 2016, los niveles altos de desempleo son una constante en TODOS los departamentos de la Provincia de San Juan que cuentan con proyecto mineros:

Niveles de desempleo en los departamentos de San Juan con proyectos mineros ejecutados o en vías de ejecución:


Departamentos mayormente mineros de San Juan
Iglesia 60 % Aproximadamente 3.000 desocupados sobre una población económicamente activa de 5.000 personas. En este departamento se localiza la explotación de Veladero y los proyectos Pascua Lama, Constelación y Chita, entre otros.
Calingasta 35 % Aproximadamente 1.800 desocupados sobre una población económicamente activa de 5.000 personas. En este departamento se localizan los proyectos Casposo, Pachón y Los Azules en fase de exploración avanzada.
Jáchal 20% Aproximadamente 2.800 desocupados sobre una población económicamente activa de 14.000 personas. En este departamento se localiza la explotación de Gualcamayo y además está dentro del área de influencia directa de Veladero y Pascua Lama.
Sarmiento 15 % Aproximadamente 1.800 desocupados sobre una población económicamente activa de 12.000 personas. En este departamento hay explotaciones varias de minerales industriales, pero no hay proyectos megamineros. Además, como abarca parte del oasis agrícola, el desempleo está influido temporalmente por la actividad agropecuaria, el guarismo está tomado en época de mayor empleo de este rubro (cosecha, poda y siembra).
Los otros dos departamentos montañosos que tienen proyectos megamineros (aún sin desarrollar) son Ullum (proyecto Hualilán en exploración) y Zonda (proyectos El Tapado y El Salto en fase exploratoria inicial), están influenciados por su cercanía al Gran San Juan, donde según el INDEC (que excluye de la medición a desocupados con planes sociales), a fines del 2015 el índice de desocupación rondaba el 6 %.
Esto quiere decir que en los 4 departamentos mencionados, donde la actividad predominante es la minería, cuya superficie en total abarca los dos tercios del total del territorio de la Provincia de San Juan, hay aproximadamente 26% de desempleo, siendo los niveles más altos donde se localizan las explotaciones más grandes. La síntesis de estos datos se resumen en el cuadro siguiente:


Datos de los departamentos de la Provincia de San Juan con explotaciones y proyectos mineros
Departamento
Superfic.
(km2)
% sup. provinc.
Poblac. total
Pobl. ec. activa
Desocu-
pacion
Nivel de desempl.
Explotaciones y proyectos
Jáchal
14.749
16,45
21.730
14.000
2.800
20 %
Gualcamayo, area de influencia directa de Veladero y Pascua Lama
Iglesia
22.589
25,20
9.099
5.000
3.000
60 %
Veladero, Pascual Lama, Constelación, Chita, etc.
Calingasta
19.801
22,09
8.176
5.000
1.800
35 %
Pachón, Casposo, Los Azules, Amos Andrés, etc…
Sarmiento
2.782
3,10
22.131
12.000
1.800
15%
Explotaciones varias de minerales industriales. No megaminería.
TOTAL
59.921
66,84
61.136
36.000
9.400
26 %

Elaboración propia a partir de datos tomados de estadísticas provinciales de San Juan y de información aportada por los intendentes de los departamentos a medios periodísticos.
Referencia de abreviaturas: Superfic.= superficie; % sup. provinc.= porcentaje de la superficie provincial; Poblac. total= población total; Pobl. ec. activa= Población económicamente activa; Nivel de desempl.= nivel de desempleo.



Además de que no hay trabajo, en los departamentos mineros tampoco hay agua... 

La mina Veladero tiene autorizado el uso de 110 litros por segundo (algo así como 285 millones de litros por mes, por las que paga 140.000 pesos, o sea, 50 centavos cada mil litros), de agua pura, ya que es captada en su lugar de origen, la provisión es de manera permanente, sin cortes ni restricciones.
Los productores de Jáchal e Iglesia tienen 100 días al año de cortes y el agua que reciben es de mala calidad, tiene una alta concentración de sales, debido a la merma del caudal provocada por la captación de las mineras aguas arriba, sumado a la contaminación que estas generan, por los derrames o vuelcos.
Como su producción es de mala calidad, no pueden venderla, tienen que bajar los precios o directamente tirarla, algunos incluso la etiquetan como proveniente de Mendoza, para evitar el desprestigio de proceder de una zona contaminada.
El turismo también padece las consecuencias de la megamienría. Las empresas de turismo aventura que operaban en la ata cordillera sanjuanina debieron cesar sus prestaciones y retirarse, con el avance de la megaminería, a mediados de los ´90s; ya sea por haber sido expulsados de las zonas de las explotaciones por las propias corporaciones dueñas de las explotaciones o por verse arruinados los escenarios naturales que constituían la base del producto turístico que comercializaban. Curiosamente algunas se instalaron en Mendoza...
Los otros sectores del turismo local, bastante diezmado desde que comenzaron las explotaciones megamineras, deben lidiar con el hecho formar parte de una región destinada al extractivismo, lo cual, desde ya, atenta contra la valoración de los sitios naturales como destino turístico. El turismo en la cordillera de San Juan es apenas un suspiro al lado del que se desarrolla en la Alta Montaña Mendocina.
Al haber tanta escasés de agua y la disponible es de mala calidad, se generan enfrentamientos entre distintos sectores de la población, algo que también es intrínseco del modelo megaminero, que además de destruir las economías regionales, genera la destrucción del tejido social y la confrontación de sus partes desperdigadas.


EL FALSO CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL MODELO MEGAMINERO EN JÁCHAL Y SAN JUAN

De acuerdo con los informes de la propia Barrick Gold, la explotación de Veladero prevé unas reservas de 11,4 millones de onzas de oro a ser extraídas durante 14 años. La explotación comenzó en 2005, con lo cual, se prevé su finalización en 2020. Además de ello, se calculan que hay 169 millones de onzas de plata a ser extraídas en el mismo período, más una cantidad no determinada de otros metales.
A valores actuales, el oro cotiza a U$S 1.300.- aproximadamente (ver cotización actual). El costo de extracción ronda los U$S 300.- por onza (esto sería un promedio teniendo en cuenta todos los vaivenes que han registrado las diferentes variables involucradas desde que la mina fue construida). Con estos datos, la mina en toda su vida útil debería redituar aproximadamente U$S 11.400 millones de dólares, sólo en extracción de oro. Si tan sólo la mitad de dicho rédito quedara en la región, al día de hoy, Jáchal debería ser una suerte de Dubai argentina, pues si la renta hubiese sido equitativa entre la empresa y el conjunto de toda la población local, cada habitante de los departamentos Jáchal e Iglesia en los últimos 10 años debería haberse capitalizado con al menos medio millón de dólares; sin embargo, la realidad dista enormemente de ser eso...
Así mismo, los datos económicos, comparados entre provincias con alto desarrollo de megaminería comparados con otras cordilleranas que no lo tienen, indican por ejemplo que los niveles de ingreso son mucho mayores en Mendoza que en San Juan, en cambio los niveles de pobreza y desempleo, así como de asistencialismo, indica que San Juan y otras provincias mineras están muy por encima de Mendoza, que es una provincia donde la megamienría aun no ha podido entrar e implementarse.
Teniendo en cuenta que la minería representa el 75% del Producto Bruto Geográfico total de San Juan en los últimos 10 años, y que en los datos del PBG de Mendoza no hay una actividad preponderante (repartiéndose entre Agro, industria, comercio, petróleo y turismo); los cuadros siguientes, elaborados por el profesor de geografía Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo en base a las estadísticas oficiales de estos índices, revelan bastante respecto de esto y evidencian que la supuesta mejora económica que genera la megamienría es ante todo, un verdadero mito, ya que TODOS los indicadores sociales revelan que la calidad de vida es mejor en Mendoza que en San Juan.


En los últimos tiempos, el nivel de pobreza ha sido en promedio el doble en San Juan que en Mendoza
Al igual que el caso anterior, en los últimos años, los niveles de indigencia en San juan prácticamente han duplicado a los de Mendoza
El nivel de desempleo ha sido en promedio un 40% mayor en San Juan que en Mendoza


Los niveles de ingreso por persona han sido un 25% mayor en Mendoza que en San Juan


El porcentaje de la población que vive en viviendas de tipo deficiente es un 33% mayor en San Juan que en Mendoza
El porcentaje de la población que vive hacinada es 31% más alta en San Juan que en Mendoza
En este cuadro se muestra que San Juan tiene un 25% más de recursos fiscales por habitantes que Mendoza, con lo cual, a la luz de los guarismos anteriores, la eficiencia del gasto fiscal en cada habitante es de la mitad en la primera que en la segunda, revelando la ineficiencia del estado sanjuanino hacia la población, lo cual, indefectiblemente termina generando las condiciones para que las corporaciones megamienras realicen a manera de asistencialismo, acciones de "responsabilidad social empresaria", ante el abandono por parte del estado. El hecho de que los recursos fiscales por habitantes sean mucho mayores en San Juan que en Mendoza contrastados con los niveles de los cuadros anteriores, revelan también que las acciones de abandono del estado en ciertas regiones es una acción deliberadamente planificada.
Al mismo tiempo, los datos de este cuadro revelan que a pesar de la megaminería (y su supuesto efecto derrame), la asistencia de la Nación en esa provincia es del doble en San Juan que en Mendoza. Otro dato que surje es que a pesar de los altísimos índices de exportación y los dividendos que generan las explotaciones megamineras, los niveles de recaudación fiscal son la mitad en San Juan que en Mendoza, e inversamente proporcional, el cobro de regalías es la mitad en San Juan que en Mendoza

LA COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS ENTRE JÁCHAL Y USPALLATA   

Contrario a lo que pasa en la cordillera de San Juan, en Uspallata la población registra un aumento exponencial: en el último cuarto de siglo la población tuvo un crecimiento del 251%, con lo cual estamos hablando de una gran ola inmigratoria en un lugar que se ha posicionado por sus cualidades ambientales y su modo de vida tranquilo.
Si comparamos estos datos con la población de Jáchal, en el mismo período creció sólo el 14%, con lo cual estamos hablando de una importante emigración durante todo el último cuarto de siglo, en un lugar donde el hito económico más importante ha sido la implementación de la megaminería.
Además de ello, otro dato importante es la variación que hay del porcentaje que estas localidades tienen sobre el total de población provincial, siempre hablando del período 1990-2016, mientras en Jáchal es cada vez más bajo, con una disminución del 17,4%, en Uspallata este índice aumentó un 165 %, con lo cual queda demostrado que no sólo hay una estrategia de despoblar esos sitios para destinarlos al extractivismo, sino que además hay una elección de la población a instalarse en aquellos sitios ambientalmente amigables, descartando de su elección de vida aquellos que no lo son.


Población (habitantes) por censo
Censo
Departamento Jáchal
Uspallata y Alta Montaña
1990
19.995
3.704
2001
21.010
5.495
2010
21.730
9.936
Estimación al 2016
22.500
13.000
Crecimiento1990-2016
14 %
251 %

Porcentaje de la población sobre el total provincial
Censo
Departamento Jáchal
Uspallata y Alta Montaña
1990
3,78
0,26
2001
3,38
0,35
2010
3,19
0,57
Estimación al 2016
3,04
0,69
Variación 1991-2016
- 19,6 %
+165 %
Elaboración propia en base a datos de censos de población y vivienda (INDEC)


Estos guarismos dejan a las claras que (además de todo lo expuesto con anterioridad y evidentemente como consecuencia de ello) el modelo megaminero genera emigración, o sea, despoblamiento o vaciamiento del territorio; y claro está que es consecuencia de lo anterior. Un territorio deliberadamente vacío es signo inequívoco que se trata de una zona de sacrificio.
Por el contrario, en aquellos territorios donde aún no se ha instalado la megaminería y que todavía medianamente preservan sus características naturales, la población ha aumentado, principalmente por la demanda actual que hay de lugares con estas características; cuestión que también pone en la lupa la necesidad de proteger y planificar de manera adecuada estos territorios para que se conserven tales características naturales que los hacen atractivos.
Con respecto a los niveles de desempleo, si bien no hay estadísticas oficiales, algunos estudios privados arrojan algunas cifras, que si bien no son del todo fiables, arrojan algo de información al respecto. Como ya se dijo, en Jáchal y la zona cordillerana de San Juan es de aproximadamente el 25% y la mayoría de la fuerza laboral trabaja para el estado o para las mneras. En cambio, en Uspallata no hay datos oficiales, sin embargo la propia Minera San Jorge en su Informe de Impacto Ambiental la estimaba en un 15%. En esta localidad la mayoría trabaja en pequeños establecimientos turísticos y comercios que dependen de esta actividad, además de las instituciones del estado, con la diferencia de que en Jáchal la mayoría de los empleados estatales son municipales con contratos precarios y en Uspallata son empleados del estado nacional y provincial de planta permanente y con sueldos elevados (policía, gendarmería, ejército, AFIP, Vialidad, etc).

El dato interesante a tener en cuenta es que la mayor parte de la fuerza laboral en Jáchal trabaja para la municipalidad o las mineras, dos empleadores que en Uspallata no existen. Por otro lado, en Uspallata la diversidad de empleadores (instituciones varias del estado nacional, provincial y municipal, PYMES de turismo, establecimientos agropecuarios, comercios, servicios, etc) contrasta notablemente con la hegemonía concentrada en tan sólo los dos grandes empleadores ya mencionados.
De estos guarismos se deduce que la megaminería destruye empleos, destruye a las PYMES, especialmente a las de índole familiar dedicadas a la producción artesanal de materias primas, comercio o manufacturas; así mismo, también achica la diversificación de la matriz productiva, volviendo a toda la economía exclusivamente dependiente de las corporaciones que la llevan a cabo, contrario a lo que alegan desde los sectores que defienden el modelo extractivista.
Con respecto a la producción agropecuaria, las condiciones naturales de aire, suelo y agua del Valle de Uspallata, han permitido posicionar su pequeña producción, al punto de que el propio estado la reconoció en una ley, que es la Ley Provincial 6146.


En los mapas están representados los oasis agrícolas de Jáchal (San Juan, izq.) y Uspallata (Mendoza, der.). Se hace muy difícil para un emprendedor agrícola, ganadero, industrial, turístico o de servicios, vender sus productos si su lugar está rodeado de 20 proyectos megamineros. Muy diferente es cuando su lugar está rodeado de Áreas Naturales Protegidas, ya que de esta manera el emprendedor se asegurará de poder posicionar su producción con estándares de calidad ambiental verificables in situ y certificar Denominación de Origen Protegido. Las posibilidades de desarrollo económico en una región u otra es diferente: en Jáchal, evidentemente una sola actividad pasará a dominar la economía y terminará desplazando al resto, achicando la matriz productiva. Por el contrario, en Uspallata, se mantiene una economía regional incipiente diversificada, que podrá ser potenciada con la creación del Área Natural Protegida y su posterior gestión participativa.
 

LOS INTENTOS DE AVANCE MEGAMINERO EN USPALLATA
   
Desde que el modelo de la megaminería fue implementado en Argentina, a mediados de los años ´90s con las reformas implementadas por el gobierno nacional, que desregularon el procedimiento minero (modificaciones estructurales al código minero) y la sanción de leyes que beneficiaron a la actividad con fomento del Estado y toda clase de exenciones impositivas (leyes nacionales 24.196, 22.421 y otras leyes, decretos y resoluciones complementarias a éstas), comenzó a ponerse la mira en los yacimientos metalíferos existentes en el Valle de Uspallata.
Desde la época de los planes mineros, elaborados por Fabricaciones Militares en los '70s; y luego, con la implementación del Plan PASMA (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), se otorgaron más de 300 concesiones mineras en el Valle de Uspallata, más todas aquellas antiguas que aún continuaban vigentes. El Catastro Minero de Mendoza actualmente registra un total de 317 de estas concesiones, en diferente grado de avance, dentro del procedimiento administrativo minero.


En Uspallata hay 317 concesiones mineras en total. Los proyectos en los que más están puestos los intereses del lobbyng megamienro es San Jorge y Paramillos, cuyos detalles se observan ampliados a la derecha.


LAS MINAS DE PARAMILLOS

Con el avance de la megaminería, a partir de su fomento y beneficios impositivos en Argentina, el primer gran proyecto que comenzó a hacer ruido en Uspallata, fue Paramillos, un grupo de antiguas explotaciones que se llevaron a cabo en diferentes períodos, comenzando incluso en la época de ocupación incaica (que en Uspallata se calcula que fue entre los años 1470 y 1530), siguiendo durante la colonización española y de manera intermitente, después de la independencia nacional hasta la década del `70, quedando posteriormente las minas abandonadas sin ningún tipo de remediación.
Se calcula que Paramillos estuvo en explotación al menos durante 400 años, sin embargo, esta actividad minera en el pasado no dejó ningún tipo beneficio a Uspallata y al día de hoy, no se sabe a dónde fue a parar el metal extraído de allí. Por el contrario: en la zona quedó una gran cantidad de pasivos ambientales sin remediar (escombreras, restos de gangas, cientos de galerías y perforaciones, algunas inundadas de aguas contaminadas, etc.), que hoy constituyen una gran amenaza para el entorno natural de Uspallata.
A mediados del año 2005 se comenzó a observar en Uspallata un importante movimiento de maquinaria pesada y equipos de perforación, fundamentalmente procedente de la Mina Veladero. Se levantó un gran campamento en un predio baldío de la localidad. Evidentemente estaban destinados a la exploración de Paramillos, la cual finalmente aprobó el Gobierno de Mendoza en ese entonces, sin realizar Evaluación de Impacto Ambiental y sin Audiencia Pública, tal como ordena la Ley Nacional 25675.
Las concesiones mineras de Paramillos tienen una larga historia.... hacia fines de los ´80 pertenecían a una empresa minera estatal provincial denominada "Nuclear Mendoza", sin embargo, con la modificación de la legislación minera, fueron privatizadas, pasando a manos de la firma MIDO (Minera del Oeste), propiedad de la familia Capredone, no sin antes librar un juicio contra el estado para quedarse con todo Paramillos, siendo al día de hoy sus propietarios. En 2005 MIDO celebró un convenio de exploración con Tenke Mining Corp, empresa canadiense, actualmente absorbida por Lundin Group, quien posee una subsidiaria en Argentina, que es Deprominsa. Lundin Group a su vez, es una corporación cuya composición accionaria en su mayoría, pertenece a Barrick Gold.
Deprominsa, a su vez, subcontrató a una empresa local para realizar estos trabajos. El primer sector a explorar fue el denominado Paramillos Sur, que curiosamente está localizado dentro de la
Reserva Natural Villavicencio, violando la Ley Provincial 6045 de Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nacional 25675, de presupuestos mínimos ambientales; pues además de otorgar la Declaración de Impacto Ambiental sin Audiencia Pública, se autorizó faenas mineras en un Área Natural Protegida, donde está terminantemente prohibido, según dicha ley provincial. Obviamente, se tuvo que recurrir a la justicia para frenar esta ilegalidad.

En el desastroso informe ambiental que había presentado la empresa, decían que las perforaciones se realizarían en seco (método aire-reverso) y que no iban a afectar acuíferos. Sin embargo, cuando fueron inspeccionados por los inspectores provinciales y los guardaparques de la Reserva Villavicencio, se descubrió que no sólo estaban usando agua, inyectándola a presión en los pozos, sino que en dichas perforaciones habían pinchado acuíferos. Como el gobierno no actuó ante estas las denuncias por estas irregularidades, se recurrió a la justicia mediante un amparo y ésta determinó el cese inmediato de las actividades. El campamento montado en Uspallata fue desmantelado y las maquinarias y equipos se los llevaron de vuelta a Veladero.
La justicia le ordenó a la empresa demostrar que no iban a contaminar los acuíferos en la etapa de exploración para levantar la medida cautelar fijada para hacer lugar al amparo, en una ejemplificadora aplicación de los principios Preventivo y Precautorio, fijados en el art 4º de la Ley Nacional 25675... Pasaron 10 años, todavía no han podido demostrar que no van a contaminar; mientras tanto, obviamente, Paramillos NO se toca.
El otro tema que queda pendiente de Paramillos, es la remediación de los pasivos ambientales dejados por las diferentes explotaciones que se realizaron en el lugar, en el pasado, consistentes en numerosas escombreras, túneles, pozos y demás receptáculos con aguas contaminadas, que se cuentan por cientos. Actualmente hay un proyecto de la Secretaría de Minería de la Nación para llevar adelante la remediación de Paramillos con financiamiento internacional (el Estado haciéndose cargo de los desastres provocados por los privados en el pasado, encima con plata prestada que deberán devolver nuestros hijos). Lamentablemente, este plan no se puede llevar a cabo, debido a que los dueños de las concesiones mineras quieren sacar rédito particular de la remediación solventada por el estado para poner en marcha la producción de metales, algo que legalmente no está permitido, ya que para ello se tienen que emplear sustancias tóxicas prohibidas por la Ley Provincial 7722 (prohibidas para exploraración o explotación minera, no para remediación, de acuerdo a dicha ley). Recordemos que MIDO es uno de los que accionaron judicialmente contra dicha ley, en una causa que finalmente 8 años después perdieron, ya que fue declarada constitucional por voto unánime en pleno de toda la Corte Suprema de Justicia de Mendoza (7 a 0)
Los actuales propietarios de dichas concesiones además han usurpado los terrenos (pertenecen al Estado Nacional Argentino) y realizan allí una actividad denominada "turismo minero" bajo el nombre de "Minas de Paramillos", la cual es ilegal, ya que las concesiones mineras sólo otorgan a sus titulares propiedad transitoria del subsuelo, pero no del suelo, que es propiedad del Estado.
Cabe resaltar, que según lo dispuesto en el Código Civil de la República Argentina, las ruinas históricas de las minas de Paramillos de Uspallata son bienes del dominio público de la Provincia de Mendoza y, en consecuencia, todas las personas tienen derecho a su uso y goce libremente, sin restricción alguna. Además, son de naturaleza jurídica inalienable (o sea, están fuera del comercio por disposición legal, por lo que no pueden enajenarse, ni darse en concesión); e imprescriptible, es decir, nadie puede adquirir legalmente su propiedad particular por prescripción o usucapión.
Paramillos hoy representa una muestra cabal y concreta de lo que fue en el pasado el saqueo y la contaminación minera en Uspallata, que pueden ser vistos in situ; además de un patrimonio histórico que debería ser recuperado y puesto en valor por el Estado, para muestra cabal y concreta de que en Uspallata nunca más debe haber megaminería.


Imagen satelital correspondiente a la zona del yacimiento Paramillos más cercana a Uspallata, que es donde se explotó históricamente el mineral durante al menos 400 años y consecuentemente han quedado los pasivos ambientales de tal explotación sistemática. En Uspallata no ha quedado nada tras esta explotación, más allá de esta depredación y contaminación que lleva siglos.


EL PROYECTO MEGAMINERO SAN JORGE

Otro de los yacimientos que concitó el interés de las corporaciones megamineras fue la Mina San Jorge, ubicada en Yalguaraz, a 40 kilómetros al norte de Uspallata, sobre el mismo valle.
Este yacimiento fue estudiado por primera vez como parte del Plan Cordillerano, de Fabricaciones Militares, en la década del '70.
Hacia mediados de los '90s, la mina volvió a ser relevada y completada su exploración, estando ya en condiciones de ser explotada en el año 1997. Sin embargo las pujas internas en el sector minero mendocino impidieron el inicio de la explotación, ya que la mina fue completamente rodeada de otras concesiones mineras que se registraron en el Catastro Minero de Mendoza, precisamente para impedir tal explotación sin autorización de los tenedores de estas nuevas concesiones.
El acuerdo entre todos los propietarios de las minas se cerró finalmente después de 10 años y en 2006 San Jorge volvió a estar en condiciones de ser explotada de nuevo, el proyecto fue adquirido por la corporación canadiense Coro Minning Corp y gerenciado localmente por el buffet de abogados BRGPG. La sanción de la Ley Provincial 7722, obligó a la empresa a reformular el proyecto.
Tres años después se presentó el informe de impacto ambiental, donde se reemplazaba la lixiviación con ácido sulfúrico y cianuro por la flotación con xantato y otros químicos, que en los hechos concretos presentan los mismos parámetros de toxicidad que los empleados en lixiviación, pero que para la minera, quedaban excluidos de la prohibición de la Ley Provincial 7722.
En aquel entonces ya estaba conformada la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que fue quien aglutinó a todo el sector de la población local que se oponía a dicha explotación. La asamblea logró poner en funcionamiento una radio comunitaria (La Paquita 88.9 FM), medio por el cual se logró romper el cerco de la hegemonía comunicacional que Minera San Jorge había impuesto en Uspallata, a través de la pauta en la única radio existente hasta ese entonces en esa localidad. Este hecho fue fundamental para contrarrestar el gigantesco y costoso aparato comunicacional de la minera y echar luz sobre los devastadores efectos de la megaminería allí donde ha sido implementada, orientando la percepción local de la población con respecto a su avance en la zona y sus posibles consecuencias.
En esos agitados meses, la población local se organizó y el conficto por la inminente explotación de Minera San Jorge se provincializó, sumando a las asambleas de todo Mendoza, que ya cargaban con la experiencia de haber frenado la megaminería en el Valle de Uco y General Alvear.
Además de determinar las falencias técnicas y ambientales del proyecto, los vecinos revelaron los vínculos del poder político de ese entonces con Minera San Jorge. Mientras en Uspallata se sucedían episodios que mellaron la imagen de la empresa, como ser la compra de voluntades, censuras, amenazas, el envenenamiento de perros y el episodio local que tal vez despertó más polémica fue el regenteo de los "mini-policías" que terminó en un plantón de la minera hacia un sector de la población.
También se dio a conocer el impacto ambiental de la minera insitu ya en la etapa de exploración, o sea, el daño ambiental perpetrado aún sin haber comenzado la explotación; con lo cual se podía inferir que la actitud de desidia por parte de la corporación cuando la explotación se llevara a cabo no iba a diferir demasiado, por ende la posible contaminación y afectación al medio natural y el patrimonio de Uspallata, evidentemente no era un mito.
En ese entonces, además de las asambleas, se realizaron marchas y cortes de ruta en diferentes lugares de la provincia, algunas de las cuales fueron bastante masivas, determinando que el rechazo al proyecto desoído por los funcionarios del gobierno de Mendoza (que aún así le otorgó Declaración de Impacto Ambiental), se convirtiera en malestar social en plena campaña preelectoral, algo que (a pesar del menosprecio por la voluntad popular) no cerraba en las altas esferas del poder político en Mendoza...
Con todo este acervo, el 25 de octubre de 2010, se realizó la Audiencia Pública en Uspallata, donde el proyecto megamienro San Jorge fue rechazado.
Casi 10 meses después, el 24 de agosto de 2011, también fue rechazado por Resolución de la Legislatura de Mendoza, votada unánimemente por todos los miembros presentes (44 a 0).
Aún con estos resultados adversos y la caída estrepitosa de sus acciones, la corporación canadiense no dio señales de abandonar el proyecto, por el contrario, insistió en su realización a pesar de haber sido rechazado y no contar con Licencia Social. Para ello planteó distintas reformulaciones, una de ellas bastante delirante, que propone extraer el mineral, haciendo pasar la explotación como "cantera", y llevárselo a territorio de la Provincia de San Juan (cuyo límite está a 20 kilómetros de la mina) y procesarlo allí para obtener metales mediante lixiviación.
En el medio, la canadiense Coro Mining Corp le vendió el proyecto a dos corporaciones rusas con sede en paraísos fiscales: Solway Investment y Aterra Capital. El gerenciamiento local siguió en manos de BRGPG, que ahora se denomina BRDG.
A pesar de que la Manifestación General de Impacto Ambiental de Minera San Jorge fue rechazada en todas las instancias a las que fue sometida, la empresa siempre insistió en actualizar su Declaración de Impacto Ambiental para intentar llevar a delante su proyecto extractivo. Aún así, a fines de 2015, el gobierno aceptó que Minera San Jorge reformulara su proyecto a partir de la MGIA rechazada, cuando de acuerdo a la ley, debería presentar una MGIA nueva, a que se trata de un proyecto distinto llevado a delante por empresas distintas.
Finnalmente, en Setiembre de 2017, y después de tantas idas y vueltas, cajoneos y toda clase de resistencia por parte del lobbyng corporativo de la megaminería en Mendoza, el Gobierno de Mendoza firmó la Resolución Conjunta 1027, de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental mque ordena el archivo definitivo del expediente del proyecto megaminero San Jorge, aunque le deja la posibilidad a la empresa de volver a presentar el trámite a partir de la información contenida en el mismo.
Así las cosas, los dueños del proyecto siguen insistiendo en llevarlo adelante, a pesar de no contar con licencia social. En Uspallata, el tema de Minera San Jorge nunca dejó de estar en discusión y la resistencia a esa explotación ya tiene más de 10 años.


Este es el entramado de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales que controlan Minera San Jorge. Para más detalles, ingresar acá

A pesar del ya mencionado rechazo a esta corporación y sus planes devastadores para Uspallata, el gobierno nacional sigue ofreciendo en el exterior la Mina San Jorge para atraer inversores foráneos para su explotación, lo cual resulta paradógico, ya que las corporaciones dueñas tienen en conjunto un capital superior a los U$S 2.000 millones, diez veces más que el monto de la inversión que aducen es necesario para llevar adelante la explotación… El hecho de que el gobierno nacional insista con Minera San Jorge a pesar de su rechazo va en sintonía con el interés en estos grandes negocios corporativos particulares ajenos al interés del colectivo social, y no resulta gratis, ya que recordemos que Minera San Jorge fue uno de los grandes aportantes activos a lacampaña presidencial de Mauricio Macri.
Recordemos también que el ex-gobernador Francisco Pérez (FPV) integraba elbuffet BRGPG de abogados lobbystas corporativos que desde entonces y hasta hoyrepresenta a los intereses de esta corporación en Mendoza, habiendo sido ademásapoderado legal de Barrick Gold en la época del veto presidencial a la Ley de Glaciares. Con esto queda claro que Minera San Jorge, como toda corporación, siempre ha estado y está en sintonía con el gobierno de turno, más allá de los matices de la política partidaria.

El proyecto megaminero San Jorge aún sin ser explotado, ya ha producido daños irreparables en el ambiente y el paisaje del Valle de Uspallata, que no han sido remediados por la empresa. El impacto ambiental producido durante la etapa de exploración de este proyecto ya fue denunciado oportunamente en este espacio de expresión: ver acá.


¿PODRÍAN HACER FRACKING EN USPALLATA?

Recientemente se anunció la firma de un decreto para autorizar el fracking en la Provincia de Mendoza, obviando el cumplimiento de la Ley Nacional 25675, que exige Evaluación de Impacto Ambiental, Consulta Pública de los expedientes y Audiencia Pública, como instancias obligatorias vigentes en todo el territorio de la República Argentina, para todo emprendimiento, obra o explotación capaz de producir impacto ambiental. 
Este es el corolario de un procedimiento nefasto que echó por tierra cualquier esboso de institucionalidad que alguna vez se le endilgó a los poderes del estado en la Provincia de Mendoza, proceso que también fue denunciado en este espacio de expresión: ver acá.
A pocos días de efectuado el anuncio ya se presentaron las primeras solicitudes, por parte de las corporaciones del clan Vila-Manzano, que gobierna en las sombras la Provincia de Mendoza desde el menemismo para acá y que son quienes en definitiva redactaron esa reglamentación permisiva. Si bien el interés principal es la formación Vaca Muerta, que ingresa por Mendoza desde el suroeste, el otro dato no menor quefue parte del anuncio es la intención de iniciar trabajos de exploración en lasformaciones Cacheuta y Potrerillos
    
Según YPF, estas formaciones geológicas contienen "recursos no convencionales". La formación Cacheuta contiene hidrocarburos de tipo shale-oil y la formación Potrerillos de tipo tight-oil.
  
El dato no menor es que ambas formaciones afloran en diferentes partes de la Precordillera y el Piedemonte, en sitios como ser: Reserva Divisadero Largo, sector sur del Cordón Cacheuta, Cerro Cocodrilo de Potrerillos y alrededor del Embalse Potrerillos, Pampa de Canota, Cordón de Bonilla, Quebrada de la Invernada y Sierra de Salagasta, entre otros lugares. Si bien la Precordillera es un lugar muy fallado y con las formaciones muy entrecruzadas y cortadas (dada su condición de relieve antiguo peniplanizado y vuelto a reestructurar en la orogenia andina), se puede inferir que, en base a la bibliografía existente, estas formaciones se extienden en gran parte del subsuelo de la Precordillera, entre Mendoza y Uspallata.
Conviene recordar que los esquistos bituminosos que afloran en la Reserva Divisadero Largo fueron explotados en el pasado (fines siglo 19 y principios siglo 20) en el yacimiento Mina la Atala para obtener "gas de roca", el cual se extraía de la piedra mediante la destilación de los esquistos. Curiosamente, quien tenía la concesión de esta explotación era la familia Fader, antepasados directos del actual secretario de energía y minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, quien actualemente es el principal lobbysta de la megaminería y el fracking en Mendoza. La historia de los Fader, la primer corporación extractivista multirrubro de Mendoza, será contada en otro post...
    
   
En esta imagen se observa un mapa geológico de la precordilera de Mendoza (extraído de la publicación "Estructuras y cinemática de las deformaciones preandinas del sector sur de la Precordillera, Mendoza" de Gambiagi y otros), donde he destacado en amarillo y rojo los afloramientos de rocas sedimentarias del triásico tardío, que son las que corresponden a las formciones Potrerillos y Cacheuta. Las partes rojas son afloramientos que personalmente he recorrido, verificando la presencia de esquistos bituminosos (la roca que contiene hidrocarburos no convencionales). 
   
Lo que puede sonar descabellado, en verdad no lo es: la posibilidad de que a alguien se le ocurra hacer fracking en Uspallata es muy cierta. Por eso de antemano aclaramos que en Uspallata tampoco queremos fracking, queremos Área NaturalProtegida y la queremos ya!
   
EL RECHAZO A LA MEGAMINERÍA EN USPALLATA NO FUE GRATIS...
   
El rechazo de la población a la megaminería determinó que en Uspallata aún estas empresas no pudieran concretar sus proyectos de grandes explotaciones en la zona, a pesar, claro está, que en el caso de Minera San Jorge, aún mantiene una dotación mínima en el lugar.
Una concatenación de hechos nefastos constituyen hoy una suerte de represalia por parte del establishment corporativo y el Estado asociado, hacia la comunidad de Uspallata, que actualmente se encuentra sumida en una serie de postergaciones ancestrales y estructurales, al punto de volverlo un caso único en el país:
Uspallata, a pesar de tener 13.000 habitantes, no cuenta con municipio propio, la cabecera departamental es la Muinicipalidad de Las Heras, que está a 150 kilómetros de la localidad. No existe en todo el Territorio de la República Argentina ninguna ciudad de más de 10.000 habitantes que padezca esta situación. Además, Mendoza es la única provincia limítrofe con Chile que no posee cabeceras departamentales o ejidos municipales en zona de montaña.
Además conviene recordar que actualmente Uspallata y la Alta Montaña tienen más habitantes que el Departamento de La Paz, el cual detenta esta condición desde el año 1850 (curiosamente, época en que ya empieza a plantearse la municipalización de Uspallata). A esto se agrega que la localidad de Uspallata tiene más habitantes que las cabeceras departamentales de Junín, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y San Carlos.
La ausencia de autoridades municipales y un concejo deliberante propio, obliga a sus habitantes a viajar 300 kilómetros ida y vuelta para realizar cualquier tipo de trámite administrativo o denuncia, tanto municipal, como policial, ya que además, al no ser municipio, no cuenta con fiscalías y la comisaría local sólo atiende casos puntuales de delitos menores.
Esta situación genera además, por parte del Estado, una suerte de "patronato de estancia", ya que la Municipalidad de Las Heras gobierna a distancia, colocando representantes a dedo en la localidad (delegados municipales), en vez de permitir que sus habitantes elijan sus propias autoridades locales mediante el ejercicio democrático del voto.
En la faz económica, también hay un estrecho vínculo entre el NO a la megaminería y la autonomía municipal. Veamos: actualmente el departamento de Las Heras tiene 210.000 habitantes y Uspallata 13.000, con lo cual representa el 7% de la población total del departamento. En base a estos números y teniendo en cuenta que el presupuesto total de la Municipalidad de Las Heras al año 2016 es de 900 millones de pesos, a Uspallata le corresponderían 65 millones de pesos; sin embargo este dinero no llega a Uspallata ni se materializa en las obras públicas que necesita. Esta situación de postergación estructural se hace muy evidente en la falta de planificación urbana, el mal estado de las calles y rutas, el desorden del tránsito en el nudo vial de la localidad, la carencia y/o deficiencia de servicios, etc.
Un hecho concreto que hace más evidente el planificado abandono de parte de la municipaludad de Las Heras hacia Uspallata es la intervención de actores privados en prestaciones que debería estar prestando el estado, especialmente el estamento municipal. Esto fue muy evidente entre 2007 y 2011, que fueron los años de más fuerte presencia de Minera San Jorge en la localidad. No obstante haber sido rechazada cinco años atrás, los vecinos de Uspallata recientemente han detectado que Minera San Jorge paga con cheques propios las compras que realiza la Municipalidad de Las Heras en comercios locales.
Ante esta situación, los habitantes de Uspallata reclaman también, junto al rechazo a la megaminería, su autonomía municipal, para terminar con tanta postergación por parte del Estado.


El mayor problema que presentan los proyectos megamineros es el riesgo de afectación a las fuentes de agua. En este caso se observa la cercanía de la Mina San Jorge al Glaciar Tambillos, principal fuente de agua de Uspallata.

 
Cómo mantener y/o mejorar la economía local en Uspallata, beneficiando además al resto de Mendoza?

Lo fundamental es que Uspallata necesita preservar su modo de vida y su economía de base agrícola, ganadera, forestal, turística y de servicios, protegiéndola del avance del extractivismo, en este caso, la megaminería.
El Estado, tan presente para impulsar la megaminería, está completamente ausente a la hora de brindar a la población mecanismos de autogesión y autodeterminación, especialmente aquellos planteados por la propia comunidad local. Uspallata no es la excepción.
Desde hace 20 años, los Vecinos de Uspallata vienen tramitando un proyecto de ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Este proyecto de ley tiene estado parlamentario en la Legislatura de Mendoza desde 2004, sin embargo nunca fue tratado ni tan siquiera en ninguna comisión legislativa y debió ser actualizado en 2009 y en 2014, para mantener su estatus de proyecto de ley y que la iniciativa no se caiga. Esto, a pesar de que el propio Gobierno reconoce al proyecto al menos desde el año 2006, en que empezó a ser mencionado en documentos oficiales como los Informes y Planes Ambientales que el Ejecutivo envía a la Legislatura, en cumplimiento de la Ley Provincial 5961, así como en los borradores del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, en cumplimiento de la Ley Provincial 8051.


Mapa del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza por los Vecinos de Uspallata.

La creación, implementación y gestión del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas permitiría proteger las fuentes de agua que abastecen al Valle de Uspallata, pero no sólo eso: también permitiría proteger la totalidad de la cuenca activa del Río Mendoza, que con un módulo de 50 metros cúbicos abastece de agua al Oasis Norte de la provincia, en el cual hay 1,5 millones de habitantes, 200.000 hectáreas bajo riego, 8.700 establecimientos agrícolas y el 4º polo industrial del país.
Además de ello, brindaría una herramienta insustituible para preservar el entorno natural que constituye el principal atractivo turístico de la región y el patrimonio cultural ligado a toda la historia del continente: el Qhapaq Ñan, la Ruta Sanmartiniana, el Ferrocarril Transandino, etc. Recordemos que hace pocos años, el Qhapaq Ñan fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y el Gobierno de Mendoza se había comprometido a protegerlo, algo que hasta ahora no se ha cumplido, por el contrario, el propio Ejército Argentino construyó un polígono de tiro sobre este patromonio de la humanidad.
La necesidad de proteger el patrimonio de Uspallata es impostergable, muestra de ello es el reciente atentado al sitio arqueológico del Cerro Tunduqueral, el cual, actualmente no cuenta con ningún tipo de protección, a pesar de formar parte del Patrimonio Cultural de Mendoza.
En este espacio ya hemos tratado la importancia fundamental que tiene la implementación de áreas naturales protegidas como estrategia en la defensa del territorio y los bienes comunes. El marco regulatorio de la Ley Provincial 6045, ha permitido que esta figura legal, al menos en la Provincia de Mendoza, se convierta en una herramienta válida para proteger las fuentes de agua de la cordillera y dotar a las comunidades de la posibilidad de llevar adelante un desarrollo económico armónico con el entorno natural, completamente opuesto al modelo depredador de la megaminería.

La posibilidad de un Parque Nacional

Recientemente se tomó conocimiento de que existe la posibilidad de que el proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas podría derivar en la creación de un Parque Nacional, de jurisdicción federal. Debido a esta última condición, la concresión del proyecto podría demorarse, ya que un Parque Nacional requiere primero de una cesión de jurisdicción y dominio por parte de la provincia, en favor de la Nación, la cual debe ser concretada mediante un acuerdo político entre ambas jurisdicciones estaduales, el cual debe ser ratificado primero por la Legislatura de Mendoza y luego por el Congreso Nacional, por sendas leyes.
El proyecto del parque nacional sería viable para Uspallata únicamente si se respeta el espíritu del proyecto local, especialmente en lo que hace a su delimitación y la intervención de la comunidad local en su administración, gestión, control y beneficios económicos. Además de ello, la urgencia de proteger este ambiente del avance de la megaminería, requiere que el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas presentado por los Vecinos de Uspallata, sea inmediatamente sancionado, más allá de que después se concrete o no la creación del Parque Nacional.

¿Por qué un área natural protegida en Uspallata? 

Los motivos son diversos: legales, jurídicos, técnidos, sociales y económicos:
Desde el punto de vista legal, las áreas naturales protegidas se inscriben dentro de la pirámide jurídica del Derecho Ambiental, establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25675), que dice que ambiente es un bien jurídicamente protegido y que la Nación fija los presupuestos mínimos y las provincias las normas complementarias.
De esta manera, se han ido sancionando diferentes leyes de presupuestos mínimos para dar protección a los diferentes componentes de ese "bien jurídico protegido" que es el ambiente, como por ejemplo, las leyes nacionales 25688 (Aguas) 26331 (Bosques Nativos), 26639 (Glaciares y Ambiente Periglaciar). En este marco se insertan también como normas complementarias provinciales, que en el caso de Mendoza serían las leyes 5961 (Protección del ambiente), 6045 (Áreas Naturales Protegidas), 6245 (Flora nativa), 6599 (Monumentos Naturales Provinciales), 7722 (protección del agua en la actividad minera) y 8051 (Ordenamiento Territorial).
De esta manera, las diversas leyes han ido protegiendo los diferentes componentes de eso que denominamos ambiente. Así, la Ley de Glaciares protege los cuerpos de hielo, la Ley de Bosques Nativos los árboles que crecen en el medio natural, la Ley 7722 protege las fuentes de agua, etc... y finalmente, las leyes de áreas naturales protegidas protegen los ecosistemas.
De todos modos, a diferencia de los demás bienes comunes, no basta con una ley marco de áreas naturales protegidas para proteger los ecosistemas (o porciones representativas de estos). Es necesario determinar y delimitar las áreas naturales protegidas, establecer sus objetivos y aspectos relacionados a su manejo, a través de otras leyes, que deben ser formuladas, justificadas y tramitadas para que se sancionen. De esta manera se establecen legalmente estas figuras de protección.
La Ley Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza (Ley 6045) establece diferentes categorías de conservación, de acuerdo a los bienes a proteger, y una serie de prohibiciones para mantener la integridad de los ecosistemas que se van a proteger. Una de estas prohibiciones, que incluyen a todas las categorías de conservación fijadas en la ley, es la de realizar exploración o exploración minera y petrolera. No hace falta demasiado análisis que para mantener las características naturales de un área natural protegida, lo primero que hay que prohibir es el extractivismo. Existe abundante bibliografía técnica y declaraciones mundiales que respaldan esta postura, que es intrínseca a la existencia misma de las áreas naturales protegidas como tales.
En sintonía con lo anterior, en la Provincia de Mendoza existe una prioridad, acorde a los servicios ambientales que brindan los ecosistemas a la vida y la economía de la población, que es la protección de las fuentes de agua. En el caso del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, uno de sus objetivos es proteger la cuenca activa del Río Mendoza, o más bien la porción de ella que queda sin este grado de protección legal, ya que una porción está comprendida dentro de los parques provinciales Aconcagua, Tupungato y Cordón del Plata.
De las fundamentaciones del proyecto de ley, su presentación y la documentación asociada, además del hecho de haber sido un proyecto formulado por los pobladores del lugar, se desprende y justifica que la implementación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas tiene sobrados motivos para su urgente creación, puesta en marcha y gestión. No existe ningún motivo para continuar dilatando esta decisión histórica, más allá del lobby corporativo de la megaminería que se opone al proyecto y lo mantiene pisado desde que fue formulado y presentado en la Legislatura de Mendoza.

¿Cuáles son los beneficios económicos de la implementación de un Área Natural Protegida en las economías regionales?

Las Áreas Naturales Protegidas son espacios destinados específicamente a la conservación de la naturaleza, sin embargo eso no quiere decir que sean espacios o porciones del territorio improductivas, por el contrario, con un manejo adecuado y participativo, pueden generar muchos más beneficios que cualquier actividad extractiva, encima, sin producir impacto o daño ambiental. En definitiva, estamos hablando en sentido literal de un "Desarrollo Sustentable" o "Sostenible", concepto muy bastardeado en nuestros días por los defensores del modelo extractivista.
El turismo no es sólo una actividad económica, también es un fenómeno de carácter social que involucra a una ciencia que lo estudia como tal, en diversas universidades y centros de investigación del mundo. Dentro de la abundante bibliografía que trata sobre la planificación y la administración de esta actividad y de los espacios donde se desarrolla, hay un amplio consenso que las áreas naturales protegidas efectivamente implementadas y gestionadas constituyen no sólo un recurso turístico que puesta en valor mediante puede constituir un atractivo, sino que también (y esto es lo más importante) constituye un factor que posiciona al resto de los atractivos turísticos que se localizan en sus territorios, especialmente en aquellos destinos (como los nuestros) donde el factor motivador de la visitación es el contacto con la naturaleza.



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