LEY ANTITERRORISTA APLICADA A EMPRESAS ¿POR QUÉ NO?

En el día de ayer, la presidente CFK, en un encendido discurso tiró la consigna de aplicar la Ley Antiterrorista a la empresa norteamericana RR Donnelley, cuya filial argentina cerró sus puertas de un día para el otro, sin previo aviso, solicitando la quiebra y despidiendo a 400 trabajadores.

Recordemos que la Ley Antiterrorista (Ley Nacional 26268, modificada por la Ley Nacional 26734)  fue sancionada en medio de una gran polémica, generada por su aplicación para contrarrestar la creciente protesta social en Argentina, y porque fue expresamente pedida por el Gobierno de Estados Unidos a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), en el marco de la tan mentada "sintonía fina" pregonada por aquel entonces desde las esferas oficiales.

A partir del anuncio oficial de aplicar la ley antiterrorista a los responsables de corporación norteamericana Donnelley, otros empresarios argentinos y extranjeros que han llevado a cabo las mismas acciones delictivas, pueden ser susceptibles de las mismas sanciones: Barrick Gold, Vale, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros...

Más allá de que las declaraciones de CFK sólo constituyen un anuncio para la tribuna obsecuente, ávida de humo y aire, ante el descalabro generado por la recurrente sucesión de desaciertos en su gestión (que incluso provoca continuas bajas dentro de sus propias filas); desde este espacio de expresión, si bien estuvimos y estamos en contra de la Ley Antiterrorista, creemos que la idea no es para nada descabellada: consideramos no sólo debería ser puesta en práctica (tal vez generando una norma específica para corporaciones y quitando su ámbioto de aplicación de la lucha social), sino que debería ser extensible todas aquellas empresas que han procedido de la misma manera, que las mismas sean estatizadas y puestas bajo control obrero y que sean desprocesados todos aquellos luchadores sociales, comunicadores y trabajadores que actualmente están imputados por la justicia, bajo imperio de esta norma, que en escencia, debería ser aplicada exclusivamente a aquellos que atentan contra la vida y la economía del país y sus habitantes y no contra quienes defienden tales puntos (como viene ocurriendo hasta ahora).

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE APLICA LA LEY ANTITERRORISTA...

Debemos recalcar, que en medio de este anuncio, hay un dato inecaxto que están propalando todos los medios corporativos, tanto los que se muestran oficialistas como opositores: Dicen que se estaría aplicando la Ley Antiterrorista "por primera vez". Sin embargo (como hemos denunciado en reiteradas oportunidades), en Argentina, la ley antiterrorista en Argentina ya se viene aplicando asiduamente contra luchadores sociales, comunicadores, trabajadores y defensores de los derechos humanos.

El caso de la nieta recuperada que fue detenida en un violento procedimiento ejecutado por fuerzas represoras del Estado Nacional, bajo imperio de la Ley Antierrorista

Hace unos días, mientras todo el país estaba enfervorizado por la recuperación del nieto 114 (cuestión que desde este espacio de expresión también celebramos), al mismo tiempo, otra nieta recuperada, Victoria Moyano, era detenida en un violento procedimiento ejecutado por fuerzas represoras del Estado Nacional, bajo imperio de la Ley Antierrorista.

Además del mensaje dado por el Gobierno Nacional en la aplicación de la Ley Antiterrorista contra luchadores sociales y defensores de los Derechos Humanos, este episodio en particular dejó en claro que  las fuerzas represoras del Estado Argentino continúan desarrollando los mismos métodos que empleaban los grupos de tareas para secuestrar luchadores sociales durante los ultimos años del peronismo en el poder en los 70 o la dictadura; y eso que pasaron 40 años y decenas de miles de muertos.... Recordemos que estas fuerzas represivas están pagadas, equipadas y entrenadas (incluso con capacidad de matar personas), con millonarios recursos económicos provenientes de los impuestos que pagamos todxs lxs argentinxs; dinero que, sin dudas, podría tener un destino más noble y socialmente reparador o reivindicador que el que tiene actualmente, como ser: pagarle un sueldo digno a los jubilados o docentes, construir y/o equipar escuelas, hospitales, bibliotecas populares, etc... o para que estas fuerzas se dediquen a combatir el narcotráfico, la trata y el contrabando, en vez de repimir cuidadanos que luchan por una vida digna que a veces el propio Estado nos niega...

El otro dato revelador es que la manifestación donde fue detenida Victoria Moyano por fuerzas represivas del Gobierno Nacional, era contra otra empresa norteamericana, Lear, que había despedido masivamente a trabajadores, de la misma manera que lo hizo días después RR Donnelley. Queda clara la contradicción del Gobierno Nacional y la falsedad ideológica de su retórica y proceder, con el criterio dispar empleado para aplicar la ley antiterrorista: en el caso Donnelley lo aplica contra la empresa que cierra y despide trabajadores, en el caso Lear lo aplica contra los manifestantes que defienden a los trabajadores despedidos...

SI SE LA APLICAN A DONNELLEY, POR QUÉ NO A CASOS SIMILARES

Una de las consignas más difundidas del derecho en los países con regímenes republicanos y democráticos es el de "Igualdad ente la Ley". Por esta razón es que la ley antiterrorista debería ser aplicada a otros casos similares, por ejemplo:

Minera Vale: por irse del país abandonando su proyecto megaminero Potasio Río Colorado (en Mendoza), despediendo a 6800 empleados y dejando un tendal de deudas a proveedores y tercerizadas de unos 300 millones de pesos, al momento de que la totalidad de las oficinas existentes en distintas ciudades (Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén , Mendoza, etc) eran cerradas y todos y cada uno de los ejecutivos de esta empresa brasilera, hicieron sus valijas y se fueron del país sin más. Cuando ello se produjo, los anuncios rimbombantes del gobierno también apuntaron de entrada a criminalizar el accionar de la empresa (a nuestro entender nétamente delictivo) y a quitarle la concesión y sus activos, cosa que, por supuesto, nunca ocurrió. Recordemos también que Vale fue denunciada por simular la continuidad de su proyecto gigantezco, cuando ya tenía determinado que lo paraba y se iba del país.

Barrick Gold: por despedir a 3500 empleados, debido a que el proyecto megaminero transfronterizo Pascua Lama (en San Juan) fuera clausurado por la justicia de Chile, en razón de incumplimiento de la legislación ambiental de ese país, a raiz de un amparo presentado por comunidades de pueblos originarios afectados. Obviamente, la actitud de la empresa fue aducir el cierre a cuestiones de la economía global, desconociendo el impacto ambiental y las resoluciones de la justicia del vecino país. Los despidos se realizaron sin previo aviso y el descalabro en la economía impactó también en las provincias vecinas.

Cristóbal López: por el vaciamiento y los despidos masivos de trabajadores en sus empresas: La Salamandra, C5N y Paraná Metal. En este caso, es evidente que el empresario K tiene coronita, ya que el propio gobierno nacional justifica los despidos y busca otros culpables a su accionar... Es obvio que Cristobal López no está teniendo un mal pasar económico, por lo tanto su accionar, es a todas luces tan delictivo como el de las corporaciones norteamericanas que prodceden de la misma manera.

Lázaro Báez: sueldos impagos y despido masivo de 1500 trabajadores de su empresa Austral Construcciones. Recordemos que este hombre es sistemáticamente apañado, defendido y vitoreado en las propias esferas oficiales y que se se halla involucrado en numerosos hechos delictivos económico-financieros, tramitados en cientos de denunicias radicadas en la justicia que involucran a las más altas esferas del poder en Argentina. El despido masivo llevado adelante por Lázaro Báez intenta ser justificado con la mala exposición mediática de su controvertida figura, que aparentemente lo perjudicó económicamente, sin embargo el imperio corporativo de este señor permanece intacto y por ende, su accionar está tipificado en el mismo delito endilgado a Donnelley. recordemos además, que Lázaro Báez está por recibir una millonada por la construcción de las mega-rrepresas en Santa Cruz, ya que cuando se anunció este proyecto faraónico, el señor compró casi todos los campos que van a quedar inundados y deben ser indemnizados por el Estado con plata de todos los contribuyentes del territorio argentino.

Otras empresas similares a Donnelley que cerraron, se achicaron, suspendieron y/o despidieron trabajadores: Gestamp, Lear, Calsa, Emfer, Tatsa, Donnelley, Paty, Shell, Kraft Foods, etc.

UNA LEY ANTITERRORISTA SÓLO PARA CORPORACIONES...

Recordemos también que, a pesar de este anuncio rimbombante, ningún activo o bien de estas empresas saqueadoras o de sus dueños o representantes, va a ser tocado por el Estado Argentino, de acuerdo a lo que han dicho los propios funcionarios de gobierno. Teniendo en cuenta que se trata de delincuentes (de acuerdo al criterio que estaría empleando el Gobierno Nacional para sancionar a Donnelley), todos los bienes y activos deberían ser inmediatamente decomisados o expropiados con una mínima indemnización (que podría ser nula, si se compensan la suma de daños provocadas por estas corporaciones al propio estado y a la sociedad argentina) y puestos en manos y al servicio de los intereses del pueblo: fábricas con control obrero, establecimientos autogestivos, bancos populares, etc.

Además no hay que olvidarse que anteriormente, existía la Ley de Subversión Economica (Ley Nacional 20840), una norma relativamente análoga a la ley antiterrorista, pero sólo aplicable a titulares, gerentes y miembros de sociedades de empresas y grupos financieros, que curiosamente fue derogada en los albores de la "década ganada", a pedido de, ni más ni menos que, el Fondo Monetario Internacional. Recordemos también la activa participación, en aquel entonces, del matrimonio K, para que esa derogación se lleve a cabo, sin la cual obviamente no hubiera sido posible.

O sea, si tuviéramos Ley de Subversión Económica, en lugar de Ley Antiterrorista, todas estas empresas y grupos financieros buitres y fantasmas podrían ser procesados, juzgados y encarcelados sin más; no así quienes se manifiestan contra ellos o su accionar, que en concrEto, muchas veces está amparado por las mismas facilidades administrativas, legales y jurídicas que les otorga el propio Gobierno Nacional u otros estamentos y/o poderes del Estado.