Foto: Urgente 24
Creo que en el Día del Medio Ambiente no tenemos absolutamente nada que festejar. Hasta ahora los únicos logros concretos en materia de protección y cuidado del ambiente son las acciones aisladas llevadas a cabo por diversas ONG, grupos de ciudadanos autoconvocados y algunos profesionales que se desempeñan en estamentos del Estado afines a la temática, sin ningún tipo de apoyo oficial.
En Argentina no hay avances concretos en la protección del medio ambiente, por el contrario, los actos de gobierno están orientados a seguir avanzando en el deterioro del medio natural que constituye el hábitat o soporte donde vivimos, incumpliendo con un derecho humano básico y fundamental, consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho al goce de un ambiente sano.
El veto de la presidente a la Ley de Protección de Glaciares, que fuera sancionada por unanimidad en las dos cámaras del Congreso, sigue vigente y es un acto emblemático que representa la continuidad del modelo del saqueo y la contaminación impuesto por los grandes grupos extranjeros dueños de nuestros recursos naturales, del cual los gobernantes actuales también forman parte, porque ya no son cipayos entregadores, como hace 400 o 40 años atrás, ahora son socios de las empresas que llevan a cabo la expoliación de la tierra, participando de sus dividendos, en detrimento de colectivo social, quien tiene denegado esos beneficios y debe cargar con los costos del pasivo ambiental, asumiendo el estigma de una existencia cada vez más cara y comprometida.
El Riachuelo sigue contaminado y toda la cuenca de los ríos Matanza-Reconquista; los cursos de agua de rodean el Gran Buenos aires siguen siendo verdaderas cloacas, a pesar de las medidas judiciales que ordena al Estado, en todos sus ámbitos, solucionar de manera efectiva el problema. Algo similar sucede con otras cuencas, como la del Salí-Dulce, en Tucumás y Santiago del Estero, por poner sólo un ejemplo. No hay compromiso ni de los Kirchner ni de los dirigentes políticos y empresarios con la erradicación de la contaminación, no sólo en el Gran Buenos Aires, sino en los demás focos de contaminación distribuidos en todo el país.
Los vehículos en funcionamiento en la Argentina y el combustible que consumen superan los parámetros vigentes en Europa y USA, algo inexplicable, teniendo en cuenta que en Argentina el costo de los combustibles es tres veces mayor que en esos países, a pesar de ser nosotros productores y ellos importadores. Los mayores consumidores de energía y combustibles son los que menos pagan por ellos, principales responsables del marcado déficit energético que hoy existe en el país y del encarecimiento del costo de vida.
La Ley de bosques pudo ser sancionada recién después de una fuerte presión social, ante la bochornosa complicidad del gobierno nacional con los principales instigadores de la deforestación en todo el país, íntimamente vinculados con el imperio de la soja, del cual el gobierno también es partícipe necesario, a pesar de que se la pase despotricando contra el sector sojero. Aún así la Ley de Bosques no pudo ser aplicada y el gobierno demoró lo que más pudo su reglamentación. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tuvo que imponer una restricción cautelar a la tala indiscriminada de bosques nativos en Salta, pero en varias provincias continúa como si nada hubiera pasado. Luego de eso, sólo Santiago del Estero ha efectuado el ordenamiento territorial necesario para efectivizar la aplicación de la Ley de Bosques.
Argentina sigue siendo uno de los países latinoameriacnos con menor superficie bajo alguna figura legal de áreas naturales protegidas, sólo llega al 7%; la mayoría de ellas deficientemente implementadas y mal gestionadas. Algunas provincias, como Mendoza, Santa Fe, La Pampa Entre Ríos o Buenos Aires ni siquiera llegan al 5 %, cuando los organismos científicos internacionales y la misma Secretaría de Ambiente de la Nación , recomiendan al menos contar con un 15 % del territorio con áreas naturales protegidas, cifra que al menos debiera estar contemplada dentro de los planes de ordenamiento territorial, en concordancia con el Convenio Internacional de Biodiversidad, al que Argentina Adhiere mediante la Ley Nacional 24375.
Es evidente que el ambiente poco les importa a las autoridades de todos los ámbitos y poderes del Estado, a pesar de que después tienen que lidiar con las consecuencias de su negligente descuido (epidemias, inundaciones, incendios, etc.).
En todos los casos, la lucha por el derecho (intrínseco y legal) a gozar de un ambiente sano, es enormemente desproporcionada, sin embargo no nos rendimos y esperamos que la suerte nos acompañe.
A pesar del oscuro panorama, las pocas perspectivas y la cada vez mayor falta de oportunidades, a pesar del escaso radio de acción que puede vislumbrarse en nuestras iniciativas individuales, hay una suerte de utopía que va más allá de cualquier parámetro empírico, que todavía sigue moviéndonos a continuar insistiendo en que de alguna manera se puede mejorar nuestro estilo de vida, al menos un ápice, sólo eso basta.
Federico Soria
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