VERGONZOSO: EL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA USPALLATA-POLVAREDAS SIGUE PISADO

Parece increíble: a más de 20 años de ser formulado por primera vez, dentro del seno de la Administración Pública Provincial; el proyecto de Ley de Creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, sigue siendo pisado, trabado, postergado, cajoneado y/o ninguneado por absolutamente todos los actores públicos y privados con poder de desición y/o influencia en la toma de decisiones: el Gobierno de Mendoza, la Legislatura Provincial, la Municipalidad de Las Heras, el Concejo Deliberante y el lobbyng corporativo de la megaminería, que evidentemente ejerce una gran influencia en todos los estamentos estaduales mencionados.

Según un croquis a mano alzada que anda circulando por Uspallata, el Gobierno de Mendoza, tan sólo estaría dispuesto a proteger un 10% (40.000 hectáreas) de la superficie total del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas (400.000 hectáreas), al cual los propios radicales le pusieron la firma cuando eran oposición. El área sombreada con rojo claro sería la propuesta del gobierno. Su delimitación contraría lo postulado por la Ley Provincial 6045, ya que no respeta el principio de cuencas para delimitar reservas con valores hídricos de conervación. Habría que ver cuál es el argumento para que el otro 90% no sea protegido. Sería deseable conocerlo, si es que lo tiene, y que tal argumento tenga el mismo rigor legal, jurídico, técnico, biológico, hidrológico y ambiental, que tiene el proyecto de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Cabe agregar que esta delimitación reduccionista del croquis no es casual: de las 317 concesiones mineras que existen actualmente en el área involucrada en el proyecto de los vecinos, tan sólo hay 2 dentro del sector delimitado en el croquis, que al día de la fecha tienen potencial de caducidad.

Todo indicaría que la palabra del Gobernador Cornejo no tiene ningún tipo de valor.

En una reciente visita a Uspallata, el 12 de diciembre de 2016, para realizar anuncios políticos, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, había dicho públicamente, ante una pregunta en conferencia de prensa, que su gobierno "apoya e impulsa" (sic.) la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, y que el proyecto de ley de su creación, presentado por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata "tendrá tratamiento legislativo"

 

Sin embargo, cuando los propios vecinos empezaron a averiguar e indagar al respecto, descubrieron que en realidad el Gobierno de Mendoza no sólo no tiene interés en impulsar el proyecto de los vecinos, sino que tampoco quiere hacerlo, buscando todo tipo de excusas infundadas para evitar por todos los medios tomar la desición histórica de proteger TODA la cuenca del Río Mendoza.

Una verdadera vergüenza: Acorde a los tiempos sociopolíticos que corren, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, está más preocupada por las relaciones institucionales del gobierno con militares que por proteger el ambiente y el agua de todxs lxs mendocinxs...

Una de las excusas que permanentemente ponen los funcionarios y legisladores para no sancionar la ley del Área Protegida en Uspallata es que las tierras pertenecen al Ejército Argentino y que esta institución no quiere el área protegida en su territorio.
En diversas oportunidades a lo largo del 2016, funcionarios y técnicos de la Secretaría de Ambiente han ido a Uspallata a exponer sobre diversas temátyicas y cuando los vecinos le consultaron por su proyecto del área protegida, han recibido la misma respuesta: que no se puede porque las tierras son del Ejército.

Al respecto, conviene recordar que el Ejército Argentino NO ES EL DUEÑO de las tierras fiscales que rodean a Uspallata, sino que el propietario (según la escritura de dominio obrante en el Registro Nacional de la Propiedad, ver copia) es el Estado Nacional Argentino y su administrador (según la legislación vigente en la materia) es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), siendo el Ejército Argentino tan sólo su "custodio", no su dueño ni su administrador y menos que menos, quien tenga la facultad unívoca de decidir qué se haga en relación a los intereses generales de la población. Con esto se queire dejar en claro que la desición de crear un área protegida en las tierras fiscales que rodean a Uspallata (pertenecientes a todxs lxs argentinxs) no debería quedar en manos del Ejército, bajo ningún punto de vista, ya que esta institución no tiene ningún tipo de injerencia, conocimiento o atribución en materia de protección ambiental y tampoco es el peopietario del lugar. Si las autoridades provinciales tuvieran la voluntad política de llevar adelante este proyecto, deberían canalizar el diálogo político directamente con la Presidencia de la Nación o en su defecto con la AABE, con la única salvedad de que las relaciones institucionales del Gobierno de Mendoza no competen a la Secretaría de Ambiente, sino al Ministerio de Gobierno. Lo mismo cabe para el caso de crear un Parque Nacional.

De todos modos, conviene recordar que, en base a la legislación y la jurisprudencia vigente, no hay que pedirle permiso a ningún estamento del Estado Nacional para crear un Área Natural Protegida de jurisdicción provincial, dentro del territorio de la Provincia de Mendoza. En ninguna de las tramitaciones que dieron origen a las leyes que crearon y/o ampliaron las 19 áreas protegidas provinciales actualmente existentes en Mendoza se procedió de tal manera y no existe ningún fundamento técnico, legal o jurídico para proceder así en este caso.

Es más, cuando el propio Ejército Argetino pretendió anular por vía judicial las áreas naturales protegidas creadas por leyes de la Legislatura de Mendoza, en tierras del Estado Nacional Argentino bajo su custodia (Parques Provinciales Aconcagua, Tupungato y Cordón del Plata, Reservas Provnciales Laguna del Diamante y Portillo-Piuquenes), por supuesta vulneración de "derechos adquiridos" y superposición de injerencias; los abogados de Asesoría de Gobierno de Mendoza dictainaron que en todos los casos se debe aplicar el principo legal de "facultades concurrentes" (amplios antecedentes jurídicos a nivel mundial). Queda claro entonces que no existie ningún supuesto "derecho adquirido" de carácter absoluto, ya que la jurisprudencia (por ejemplo: causa Oikos contra Gobierno de Mendoza e YPF por la concesión petrolera en la Lagna Llancanelo) determina que los mencionados "derechos adquiridos" no pueden ser puestos por encima del interés general, de índole superior, que representa la protección del ambiente; y que la supuesta superposición de injerencias es falsa (por aplicación de la "Doctrina de los Actos Propios" del derecho), ya que en varias oportunidades el propio Ejército Argentino y los organismos superiores del Estado Nacional, han podido acordar con el Gobierno de Mendoza y/o sus dependencias administrativas, mediante diversas maneras y procedimientos, el manejo de tales áreas.

Conviene recordar, además, que el Ejército Argentino no ha resultado ser un buen custodio del patrimonio natural y cultural existente en las tierras que precisamente están bajo su custodia:

• Sitios arqueológicos emblemáticos localizados en estas tierras, como el Cerro Tunduqueral y el Qhapaq Ñan, han sido depredados, no sólo por terceros, sino por acciones relizadas en la zona por el propio Ejército Argentino, como ser construcción de polígonos de tiro, detonaciones y tiro al blanco con proyectiles de alto poder destructivo.
• Las maniobras militares realizadas por el Ejército Argentino en las tierras fiscales que rodean a Uspallata, que incluyen el tranporte e ingreso de sustancias contaminantes y peligrosas para la salud humana y la seguridad de las personas, así como su deposición y detonación en el medio natural, no cuentan con ningún tipo de control y/o autorización de parte de las autoridades provinciales de aplicación en materia de protección ambiental, al menos en el marco de lo que establece la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25675), así como su normativa complementaria local (Ley Provincal 5961, Decreto Provincial 2109/94 y nornativa posterior), que incluyen la obligación por parte del Gobierno Provincial, de exigir al Ejército Argentino, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo las obligatorias instacias de Consulta Pública de los expediente involucrados por parte de la ciudadanía y la Audiencia Pública (presupuestos mínimos ambientales vigentes y de cumplimiento obligatorio en todo el territorio de la Nación Argentina, según la mencionada legislación), instancias éstas que que hasta el momento ni el Ejército Argentino ha iniciado por motus propio, ni el Gobierno Provincial lo ha emplazado a hacerlo.
• Al respecto, la excusa pública formulada por funcionarios del Gobierno de Mendoza, de que "las tierras del Estado Nacional Argentino en territorio provincial son de jurisdicción y dominio del Estado Nacional", es FALSA, ya que tanto la propia Dirección Provincial de Catastro, así como el Instituto Geográfico Nacional, reconocen que dichas tierras son parte integrante del territorio de la Provincia de Mendoza; con lo cual (más allá de la titularidad del Estado Nacional Argentino), dicha porción del territorio es entéramente de jurisdicción provincial, por ende, el Gobierno de Mendoza debería estar velando, no sólo por su protección ambiental bajo todas las formas posibles (incluyendo la creación del Área Protegida), sino por la aplicación de toda la normativa ambiental vigente en dichas extensiones ante cualquier acción (por ejemplo, simulacro de guerra con uso de artiller{ia y armas de fuego) que pueda afectar el patrimonio natural y cultural existente en ellas.
• El propio Ejército Argentino se jacta de que las tierras de Uspallata sean una suerte de "zona de sacrificio", de acuerdo a las declaraciones públicas realizadas en diversas oportunidades (en reuniones con actores locales o en medios de esa localidad), por el Jefe del Grupo de Artillería de Montaña 8, Teniente Coronel Martín Re.
• Las instancias locales del Ejército Argentino con asiento en Uspallata, no permiten en las tierras fiscales (pertenecientes a todxs lxs argentinxs) el desarrollo de actividades amigables con el ambiente, como por ejemplo turismo en contacto con la naturaleza. Sin embargo, el propio Ejército, no ha formulado ningún tipo de reserva ni objeción con respecto a la usurpación sobre el territorio bajo su custodia, ejercida de hecho por la empresa Minera del Oeste y sus titulares (familia Capredone) en la zona de las Minas de Paramillos, con el agravante de que ese sitio también está protegido por ser Patrimonio Histórico. Recordemos que Capredone y su empresa son titulares de numerosas concesiones mineras, pero no son de ninguna manera dueños de la tierra. En varias publicaciones del Boletín Oficial de Mendoza que alude a tales concesiones mineras, se puede leer el siguiente párrafo: "Dirección Provincial de Catastro informa que el predio donde se ubican los pedimientos solicitados forma parte de la propiedad del Estado Nacional Argentino". Con esta cita específicamente extractada de un documento público oficial, queda claro que no debería haber ningún tipo de dudas que los Capredone son usurpadores de dichas tierras fiscales, excediéndose de las atribuciones que les cabe por ser titulares de las concesiones mineras; y el Ejército Argentino no ha realizado ningún tipo de acción para expulsar a dichos intrusos de las tierras bajo su "custodia".

Hay que agregar, en este último caso, que la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza no ha entablado ningún tipo de diálogo institucional con el Ejército Argentino para iniciar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por las tareas que pretende realizar Minera del Oeste en las Minas de Paramillos, ubicadas en las tierras bajo su "custodia", mientras al mismo tiempo pone como excusa las supuestas malas relaciones con los militares para no llevar adelante la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que entre otras cosas, impediría ésta y otras explotaciones megaminerasen dichas tierras.

No es casual tampoco que el anuncio rimbombante de la reactivación de la Mina Paramillos se haga un día después de que los Vecinos Autoconvocados fueran peloteados en la Legislatura...

Más allá de todo lo anterior, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo a las incumbencias de los diferentes organismos del gobierno provincial, no es la Secretaría de Ambiente la que debería estar preocupada por la relación institucional con los militares, sino el Ministerio de Gobierno. Al respecto, quien suscribe estuvo buscando algún documento oficial o al menos alguna declaración pública de algún funcionario de la actual gestión del Ministerio de Gobierno que haga referencia explícita a un supuesto diálogo entre el Gobierno de Mendoza y el Ejército Argentino; y no lo encontró. Con esto queremos demostrar, una vez más, que la excusa de las supuestas malas relaciones entre el Gobierno de Mendoza y el Ejército Argentino esgrimidas por los funcionarios de la Secretaría de Ambiente son falsas y no están respaldadas en absolutamente ningún documento oficial.

En síntesis, el Gobierno de Mendoza quiere pedirle permiso a los militares para crear un área natural protegida, pero no lo piensa hacer para autorizar a una megaminera que opera en las tierras bajo su custodia. Y por su parte, el Ejército Argentino no quiere que se proteja el ambiente ni que la población o los turistas gocen del mismo, pero aparentemente sí quiere que avance la megaminería. O sea, todas las intituciones del estado (tanto nacionales como provinciales) facilitando el extractivismo a las corporaciones transnacionales y bloqueando la posibilidad de proteger los bienes comunes para beneficio de la población local. En el medio de todo esto, hay todo tipo de excusas falsas e infundadas para no tomar la desición histórica de proteger TODA la cuenca del Río Mendoza.

La verdad de la milanesa: Más allá del discurso del Gobnernador, se constata que el proyecto del área protegida en Uspallata sigue cajoneado en la Legislatura y no hay una bajada de línea política para que se trate.

Cuando los Vecinos Autoconvocados de Uspallata y otras localidades de la provincia situadas dentro de la Cuenca del Río Mendoza, se movlilizaron a la Legislatura de Mendoza para exigir el tratamiento del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida, anunciado públicamente por el Gobernador Alfredo Cornejo, días atrás, en conferencia de prensa; se encontraron con otra realidad.

En la Legislatura de Mendoza, el expediente del proyecto de ley se encuentra cajoneado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desde hace 2 años. Además de esto, está acumulado a otros expedientes de proyectos que no tienen nada que ver en cuanto a extensión de los territorios a proteger y objetivos de conservación. Esto obliga a especificar en cada reclamo que el área que quieren proteger los Vecinos Autoconvocados de Uspallata corresponde al texto original del expediente 65858/2014-D, que lleva la firma de los entonces diputados Tadeo García Zalazar y Héctor Quevedo. De no ser así, se corre el riesgo que cualquiera de los otros proyectos acumulados sean sancionados y en Uspallata, después de más de 20 años de trámitres y reclamos, tengamos que volver a empezar otra vez de cero.

Desde ya, en el medio está Minera San Jorge, que ya sabemos qué opina al respecto, pues el proyecto de los vecinos autoconvocados terminaría definitivamente con su plan devastador en Uspallata. La insistencia de quien suscribe con este tema, ha sido motivo de persecusión ideológica hacia mi persona, por parte de los representantes de esta corporación transnacional conformada por capitales rusos radicados en paraísos fiscales.

Recordemos un poco el largo derrotero del proyecto de ley:

• En 1995 se formula en la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en años posteriores este organismo efectúa estudios técnicos y recopilación de información para fundamentarlo.
• En 2004 toma estado parlamentario, mediante Expediente 47787/2004-S, con la firma del entonces senador Enrique Vaquié (actualmente el "superministro" de Alfredo Cornejo).
• En 2006 el proyecto pasa a formar parte de los Informes Ambientales que el Poder Ejecutivo Provincial envía a la legislatura (conforme a lo establecido en la Ley Provincial 6961), y del Plan Provincial de Educación Ambiental, con lo cual, a partir de ese momento pasa a tener formalmente aval del Gobierno de Mendoza.
• En 2009 (y a pesar de lo anterior), ante la indefinición de la legislatura y el gobierno en ponerle firma a la creación del Área Natural Protegida en Uspallata, y ante el avance del proyecto megaminero San Jorge, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentan de nuevo el proyecto de ley, mediante el ingreso de una nota con el texto del mismo, intentando avanzar mediante Iniciativa Popular, formalizada en el Expediente 57586/2009-S. Ese mismo año, los vecinos Autoconvocados de Uspallata, presentan el proyecto de ley ante el Consejo de Estado engargado de coordinar el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, segun la Ley Provincial 8051, sancionada en ese entonces.
• En 2011 y ante las dificultades de que el proyecto camine como Iniciativa Popular, a pesar de las firmas y avales de apoyo conseguidos, se decide nuevamente buscar la firma de un legislador, en este caso se vuelve a presentar un nuevo proyecto de ley, mediante Expediente 61450/2011-S, con la firma del entonces senador Guillermo Amstutz. Tiempo después se descubre que el texto firmado por ese legislador no definía concretamente los límites del área protegida.
• En 2014 se constata que todos los expedientes legislativos del proyecto del área protegida se encuentran "extraviados" desde hace al menos 3 años. Posteriormente se descubre que, en realidad esos expedientes fueron enviados a la Dirección de Recursos Naturales Renovables, sin registrar formalmente su salida de la Legislatura y que estaban cajoneados en el despacho del Director de ese organismo en ese entonces, Daniel Gómez.
• Ante ello, los vecinos deciden presentar un nuevo proyecto de ley, en este caso consiguen la firma de los entonces diputados Tadeo García Zalazar (actualmente Intendente de Godoy Cruz) y Héctor Quevedo (actualmente quien comanda el raicalismo en Las Heras), mediante expediente 65858/2014-D.
• Ese año y al año siguiente (2015) se realizaron dos audiencias públicas en la Legislatura de Mendoza, recibiendo el apoyo verbal de algunos legisladores radicales (además de los firmantes, Omar Sorroche, Edgar Rodríguez, etc.) y de concejales de las Heras (Gustavo Gil, Karina Ferraris).
• Finalmente en 2016, como ya se dijo, el Gobernador de Mendoza anunció su impulso y tratamiento legislativo. No obstante ello, los legisladores radicales, que siendo oposición y ninoría en años anteriores prestaron la firma para el proyecto de ley, ahora, siendo oficialistas y mayoría, le dan la espalda con excusas de índole burocráticas.

Las últimas novedades del proyecto han sido las siguientes:

• El 2 de diciembre de 2016, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata presentaron el proyecto del área protegida en el marco del Taller de Legislación, Uso y Gobierno del Agua, organizado por la Vicegobernación de Mendoza.

• En ese mismo momento, el legislador Guillermo Pereyra se comprometió de palabra a llevarlo al recinto legislativo, para que sea tratado sobre tablas en las últimas sesiones de diciembre de la Cámara de Diputados, cosa que finalmente no sucedió.
• En días posteriores, ante consulta a algunos legisladores que eludieron cualquier tipo de respuestas, el Diputado Ricardo Mansur manifestó que ningún proyecto legislativo se trata en el recinto legislativo sin la explícita orden del Poder Ejecutivo y de su cabeza, el Gobernador Alfredo Cornejo.
• El 12 de diciembre de 2016, fue a Uspallata el Gobernador Alfredo Cornejo, manifestando que el Gobierno de Mendoza "apoya e impulsa" el proyecto y que el mismo iba a tener tratamiento legislativo.
• El 14 de diciembre de 2016 (y en conocimiento de las novedades anteriores), los Vecinos Autoconvocados de Uspallata y otros lugares de la provincia, se movilizaron a la Legislatura de Mendoza, para exigir el tratamiento del proyecto, tal como lo había anunciado el gobernador. Sin embargo, el diputado Albarracín, Presidente de la Comisión d Legislación y Asuntos Constitucionales, donde el proyecto está cajoneado, dijo desconocer el proyecto, que no había ninguna bajada de línea política del Poder Ejecutivo, que no podían tratarlos, pues tenían la agenta legislativa de temas prioritarios e importergables (más importantes? más urgentes? o qué) y que para tratar el proyecto era necesario pedir informes sectoriales.

Conviene recordar que tales informes sectoriales ya fueron pedidos en 2005 en base a las siguientes acutaciones, las cuales nunca fueron respondidas:

Expediente 50225/2005-S: Solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre diferentes puntos en relación al proyecto de ley formulado en el expediente 47787/2004-S (primer proyecto de ley del Área Protegida en Uspallata)

Expediente 50226/2005-S: Solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre datos catastrales de las tierras involucradas en el mismo proyecto de ley.

Expediente 50227/2005-S: Solicitando al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Técnicas dictamen técnico del mencionado proyecto de ley

En los dos primeros casos las contestaciones fueron parciales, en el tercer caso no la hubo y el trámite fue archivado.

Al respecto, en relación a este tema, hay que dejar bien en claro que el proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es una iniciativa ciudadana, formulada dentro de los términos de los artículos 2 y 3 de la Ley Provincial 5961. Además, en cumplimiento al artículo 26 de la Ley 6045, la autoridad de aplicación de esta norma, oportunamente avaló este proyecto de ley, tal como se puede constatar en los antecedentes expuestos precedentemente. Con esto queremos decir que se está cumpliendo con el requisito legal y jurídico fundamental para exigir que el proyecto sea sancionado tal como fue formulado por los vecinos, que es la defensa del ambiente, expresamente especificada en esa norma, además de todo el cúmulo de fundamentos legales, jurídicos, técnicos, ambientales y socio-económicos esgrimidos en la propia fundamentación del texto original del proyecto de ley.

Dicho esto, conviene recordar que la Ley Provincial 6045 (de Áreas Naturales Protegidas) es bastante clara al respecto: los únicos informes técnicos necesarios para proponer la creación de nuevas áreas protegidas son los del IADIZA y los de la DRNR. En este caso los informes fueron pedidos, hace ya más de 10 años y nunca fueron respondidos. Además también conviene recordar que en casos anteriores, cuando se trataron proyectos de creación o ampliación de Áreas Naturales Prtegidas en la Legislatura de Mendoza, ya ocurrió que se pidieron estos informes y los organismos pertinentes no los contestaron; aún así, la Legislatura de Mendoza avanzó con los proyectos y terminó sancionando las leyes, ante el reclamo de la sociedad, con lo cual, a la luz del abundamiento de antecedentes al respecto, no hay absolutamente ningún motivo para se que en este caso se proceda de la misma manera (salvo, desde ya, algún interés corporativo contrapuesto, que no dudamos, esté haciendo lobbyng en todos los ámbitos gubernamentales y legislativos involucrados).

Existe además un dictamen jurídico de Asesoría de Gobierno de Mendoza en relación a este tema, aclarando que el dictamen técnico del IADIZA requerido según inciso "c", artículo 59 de la Ley Provincial 6045, son necesarios; no obstante, su ausencia en el expediente del proyecto de ley (pasado un lapso prudencial de haber sido solicitados, en este caso 11 años) no puede ser un motivo esgrimible para que no se lleve adelante una decisión de interés general y superior, como es tomar una medida impostergable de proteger el ambiente (Principios Preventivo y Precautorio, artículo 4°, Ley Nacional 25675).

En síntesis: la Ley Provincial 6045 obliga a su autoridad de aplicación (la DRNR) a pedir el dictamen técnico del IADIZA para la creación de nuevas áreas naturales protegidas, sin embargo, tal disposición puede ser obligatoria, pero no vinculante, según la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo, y su ausencia "no imposibilita a los legisladores a adoptar decisiones en las que esté en juego el interés general" (Asesoría de Gobierno de Mendoza, contestacontestación de la Causa N° 85.327, caratulada "Minera Angloamerican contra Gobierno de Mendoza s/acción de inconstitucionalidad").

Los continuos palos en la rueda y actos de censura que interpone la Municipalidad de Las Heras para impedir que se proteja el agua de todxs lxs mendocinxs:

La Municipalidad de Las Heras estuvo dirigida durante 28 años por el Partido Justicialista. Durante todo ese período hubo una oposición manifiesta al proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, ya que en esas gestiones (especialmente en la del Intendente Miranda) el municipio apoyó e impulsó la megaminería metalífera hidrotóxica. Esta postura política quedó claramente de manifiesto y plasmada mediante documento público, cuando se formuló el proyecto de la explotación de la mina San Jorge, en cuyo expediente de informe de impacto ambiental, hay un dictamen de la Municipalidad de Las Heras contundentemente favorable, que lleva la firma del propio intendente.

El 10 de diciembre de 2015 cambiaron de signo políticos las autoridades, manifestándose públicamente los dirigentes radicales como "militantes del agua", discurso que tempo después se comprobó su total falsedad, en base a una sucesión ininterrumpida de hechos concretos, abosolutamente contrarios a tal proclama.

En la previa a las elecciones e incluso una vez electos y días antes de asumir, algunos dirigentes radicales de Las Heras se manifestaron en contra de la megaminería y a favor del proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, formulado por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. En esta larga lista de quienes emitieron declaraciones públicas en este sentido, están incluidos el actual intendente, Daniel Orozco, los actuales concejales Gustavo Gil, Elio Parés y Karina Ferraris (quien con anterioridad ya había presentado un proyecto de aval municipal), el senador provincial por Las Heras, Héctor Quevedo (quien es además uno de los que prestaron la firma para que el proyecto mantuviera estado parlamentario), etc.

El 30 de diciembre de 2015, los Vecinos Autoconvocados de Uspallata mantuvieron un encuentro con Daniel Orozco, Intendente de Las Heras recientemente asumido en ese entonces, en la sede de la Delegación Municipal en Uspallata. A él se le entregó en mano un proyecto de Ordenanza Ambiental-Minera, para complementar en el territorio del Departamento de Las Heras, lo normado por la Ley Provincial 7722. El artículo 2 de esta ordenanza fue copiado textualmente del artículo 1 de la Ley Provincial 9526 de Córdoba (hermana de la Ley 7722 mendocina y que al igual que ésta, fue declarada constitucional en fallo unánime de la máxima instancia judicial de esa provincia). El artículo 3 del proyecto de ordenanza era el aval municipal al proyecto del área natural protegida. En ese momento el intendente Orozco se mostró favorable a la iniciativa y se comprometió a impulsarla ante los vecinos que fueron a verlo.

En esa misma fecha (30 de diciembre de 2015), se le presentó el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas al recientemente designado Director de Turismo del municipio, Gustavo Barleta, en un encuentro mantenido por miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallara con este funcionario y algunos prestadores turísticos locales, en el Hotel de Turismo de Uspallata. En este encuentro no sólo se le expuso a Gustavo Barletta los principales fundamentos y beneficios del proyecto, sino que además se le entregó en mano una síntesis escrita del mismo y los vínculos para acceder a todo el material técnico relacionado con el proyecto, que se encuentra subido a la web.

A los tres meses del encuentro con el intendente Orozco, y sin tener novedades del tratamiento del proyecto, los vecinos se contactaron con la concejala oficialista Karina Ferraris (quien con anterioridad en varias oportunidades se había mostrado públicamente afín a las propuestas de la Asamblea de Uspallata e incluso había propuesto un aval institucional al proyecto del área protegida en la gestión anterior). Esta concejala tomó como propio el proyecto de los vecinos, le puso la firma, tomando estado parlamentario el 16 de marzo de 2016. Posteriormente, esta misma concejala impulsó su tratamiento en el Concejo Deliberante de Las Heras, lográndose que sea sancionado por unanimidad, con el voto de los 12 concejales, la Ordenanza 12/2016, el día 14 de abril de 2016.

Sin haber transcurrido ni medio día de sancionada dicha ordenanza (e incluso con el propio aparato comunicacional del municipio haciéndo polítiquería barata con la sación, cuando queda claro que es un logro de la lucha popular), el intendente Daniel Orozco, en una suerte de "veto encubierto", bajó de un plumazo la Ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Sin embargo, este acto administrativo se mantuvo oculto y sólo fue dado a conocer 10 días después.

El 12 de mayo de 2016, se trató en el Concejo Deliberante el "veto encuberto" del Intendente Daniel Orozco a la Ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata, resultando la votación empatada en dos oportunidades, quedando ratificada la baja del intendente, por el voto doble del Presidente del Concejo Deliberante, el concejal radical Elio Parés. En declaraciones a la prensa posteriores a esta trapisonda política, quedó expuesta la incoherencia de este concejal, quien se manifiesta públicamente en contra de la megaminería, pero en los hechos concretos, opera en su favor, dictando actos administrativos en este sentido. Recordemos que el texto cuestionado de la ordenanza está tal cual la Ley Provincial 9526 de Córdoba, que está ratificada su constitucionalidad por parte del máximo órgano judicial de esa provincia, con lo cual, las argumentaciones de Elio Parés son completamente infundadas.

Hay dos datos curiosos en esta votación del Concejo Deliberante de La Heras: primero, que los 6 concejales oficialistas (5 radicales y 1 de Libres del Sur) votaron en contra de lo que habían suscripto dos semanas atrás, esgrimiendo excusas de las más disparatadas, como que "anteriormente no sabían lo que estaban votando". El otro dato curioso es que la concejala oficialista Karina Ferraris, no sólo votó en contra de lo que había votado a favor con anterioridad, tal como lo hicieron sus otros 5 pares de bancada; sino que además lo hizo en contra del proyecto al cual ella había puesto la firma, lo cual constituye no sólo un acto de incoherencia política y de borrar con el codo lo que se escribe con la mano, sino un verdadero acto de fraude y traición hacia los vecinos que habían confiado en su supuesta postura de apoyo a la inciativa de la Asamblea de Uspallata.

De boca de la propia concejala Karina Ferraris, se pudo saber que quienes ejercieron lobbyng para bajar la Ordenanza Ambiental-Minera de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata fueron el dirigente radical uspallatino Raúl Villafañe (en ese entonces Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras) y el dirigente del PRO a nivel provincial, Julio Totero (Presidente de la Cámara de la Industria Metalmecánica). Recordemos que éste último es actualmente el más activo lobbysta de la megaminería en Mendoza, siendo quiensugirió y fnalmente logró que colocaran al funcionario Emilio Guiñazú en el cargo que está desempeñando en el gabinete provincial.

El "observeto" del Intendente Daniel Orozco a la ordenanza de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata no fue un hecho casual ni aislado, no sólo por los antecedentes ya expuestos, sino por la ininterrumpida sucesión de numerosos hechos nefastos protegonizados con posterioridad por el propio municipio de Las Heras o sus funcionarios, en la localidad de Uspallata, que corroboran la complicidad, la connivencia y el acuerdo implícito y oculto que existe entre la propia Municipalidad de Las Heras y el lobbyng corporativo de la megaminería en Mendoza, especialmente con los representantes de Minera San Jorge.

A los pocos días de ratificado por el Concejo Deliberante de Las Heras el veto encubierto del Intendente Orozco a la Ordenanza Ambiental-Minera de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata, se pudo constatar que Minera San Jorge paga con cheques propios algunas compras que realiza la Municipalidad de Las Heras en los comercios de Uspallata. Ante la denuncia de los vecinos de este hecho, inaceptable desde calquier punto e vista, el Intendente Daniel Orozco defendió públicamente en los medios de Uspallata este accionar de la corporación megaminera, sosteniendo textualmente que "cualquiera puede realizar donaciones al municipio".

En fecha posterior, los concejales de Las Heras sesionaron por única vez en Uspallata. Los Vecinos Autoconvocados, haciendo uso de la "banca del vecino", volvieron a reclamar por la ordenanza bajada por el intendente y además le solicitaron al cuerpo deliberativo aval institucional al proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. La respuesta de los concejales fue de indiferencia total y desde ese entonces, ningún concejal de Las Heras volvió en visita oficial a Uspallata...

Por su parte, el Intendente Orozco pretendió justificar su "veto encubierto" esgrimiendo sus supuestos conocimientos como médico para relativizar la toxicidad de las sustancias cuestionadas, además de pasar por alto toda la argumentación legal y jurídica expuesta en los propios considerandos del proyecto que él bajó por pedido expreso del lobbyng corporativo de la megamienría. Mientras tanto, en sus discursos para la tribuna siguió diciendo que él se considera "un militante del agua".

Consultado por su apoyo al proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, el intendente Orozco siempre dio respuestas ambiguas, para eludir su verdadero posicionamiento político contraria a todo lo que provenga del campo popular, o cual, evidentemente no le conviene hacer público. La principal excusa que puso es que el municipio tiene en carpeta un proyecto de energías alternativas. En conocimiento de esto y aún tratando de mantener un canal de concenso y diálogo (más allá de los plantones y las traiciones de los funcionarios y concejales municipales), los Vecinos Autoconvocados le entregaron en mano al Intendente Orozco una propuesta alternativa de Área Potegida que incluye a los proyectos energéticos del municipio. Tampoco en este caso se obtuvo una respuesta, quedando esta propuesta alternativa exclusivamente en manos del municipio; por ende, los vecinos seguirán proponiendo la versión original del proyecto del área protegida, hasta tanto el municipio se expida al respecto y manifieste mediante acto administrativo oficial, su apoyo explícito al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.

El aparato comunicacional de la Municipalidad de Las Heras va en el mismo sentido: colonizar el conocimiento y despatrimonializar, para que la población pierda apego a su tierra y a su historia. La insistencia en la mentira infundada de que el 30 de Octubre es el día de Uspallata va en el mismo sentido, en este espacio de expresión demostramos (con citas bibliográficas y datos extraídos de documentos oficiales) que eso es una farsa total.

Ya en fecha más reciente, no sólo se siguió constatando que los funcionarios de la Municipalidad de Las Heras (y de la delegación en Uspallata) mantienen contacto fluido con los representantes de Minera San Jorge y los lobbystas locales de la megaminería, sino que además comenzaron a registrarse en Uspallata episodios de persecusión y censura por parte de funcionarios del municipio, hacia quienes se expresan públicamente en contra de Minera San Jorge y la meganería y a favor del proyecto del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Esta presecución es especialmente explícita y encarnizada hacia aquellas personas que mantienen de una u otra manera, un vínculo de dependencia con el municipio, especialmente contratados, planes sociales y proveedores, que tienen expresamente prohibido participar de cualquier reunión, evento o manifestación que realice la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Ámpliamente conocidos fueron los hechos públicos y notorios de censura a la libertad de expresión que pretendieron llevar a cabo los funcionarios municipales, cuando los vecinos de Uspallata quisieron expresarse en diversos actos públicos organizados por el mucipio. De todos estos hechos repudiables, detacamos las dos oportunidades en que funcionarios municipales pretendieron hacer retirar las pancartas en favor del proyecto de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, primero del Encuentro Nacional de Artesanos, los días 10 y 11 de diciembre de 20016; y luego, en la Fiesta Distrital de la Vendimia, el día 22 de diciembre de 2016. En este último episodio fue tan inverosímil el argumento expuesto por los funcionarios municipales y tal el grado de prepotencia manifestado (especialmente por el funcionario Tello) que la policía debió frenar a estos tipos verbalmente violentos, diciéndoles que simplemente los vecinos estaban haciendo uso del derecho a la libre expresión en un espacio público, algo que evidentemente y a la luz de los hechos concretos, los funcionarios municipales no están dispuestos a permitir.

En estos mismos días, se tomó conocimiento de que la Municipalidad de Las Heras tiene previsto llevar a cabo el festejo del Bicentenario de la Campaña Sanmartiniana en conjunto con Minera San Jorge, planificando de manera conjunta los actos conmemorativos y el diseño de cartelería alusiva, así como un proyecto declarativo patrimonial, con la clara intención de contrarrestar y volver obsoleto el reclamo de los vecinos por el área protegida, cuestiones que se estaban acordando en la más absoluta reserva... Al respecto, el Director de Turismo, Gustavo Barletta, tuvo que salir a reconocer públicamente el contacto con Minera San Jorge para los festejos del bicentenario, mientras al mismo tiempo dijo desconocer el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, a pesar de que, como ya se dijo con anterioridad, este señor mantuvo un encuentro con miembros de la asamblea, donde fue puesto en conocimiento del proyecto, sus fundamentos, beneficios para el turismo local, y le fue entregado material escrito y vínculos para ampliar dicha información con documentos técnicos subidos a la web. Evidentemente, con esta suerte de "olvido exprofeso" Gustavo Barletta es otro más de esos "funcionarios que no funcionan"

Cuando el Gobernador Alfredo Cornejo vino a Uspallata en visita oficial, los Vecinos Autoconvocados mantuvieron un breve encuentro con funcionarios municipales. Lo funcionarios inisitieron que son "militantes del agua", no obstante, se les recordó que del dicho al hecho hay un largo trecho, ya que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata considera un acto de traición al pueblo haber bajado la Ordenanza Ambiental-Minera sancionada por unanimidad, además de su falta de postura pública con respecto al proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la persistencia en seguir manteniendo contactos con el lobbyng corporativo de la megaminería, los continuos actos de persecisión y censura; y que, habiendo transcurrido un año de la gestión del Intendente Orozco, la Municipalidad de Las Heras no haya cambiado su dictamen abiertamente favorable al proyecto megaminero San Jorge, obrante en el correspondiente expediente de impacto ambiental.

En síntesis, en los hechos concretos y más allá de los meros discursos declamativos para la tribuna, la nueva gestión de la municipalidad de Las Heras, sigue estando en sinton{ia con el lobbyng corporativo de la megaminer{ia y en contra de quienes defienden el agua de todxs lxs mendocinos. El veto de Orozco a la Ordenanza Ambiental-Minera, la falta de pronunicamiento del municipio con respecto al proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, la no modificación del deictamen técnico del municipio en el expediente de la mina San Jorge, y los reiterativos actos de censura y persecución a la libertad de expresión hacia miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, son apenas botones de muestra de tal posicionamiento político, por parte del Inendente Orozco, todos sus funcionarios y los concejales oficialistas.

De último momento: un croquis bastante sospechoso de autoría desconocida...

Por estos días está circulando en Uspallata el borrador de un croquis a mano alzada de lo que son las verdaderas intenciones del Gobierno de Mendoza, con respecto al proyecto del área protegida, completamente opuestas al interés general de la población.

De la lectura e interpretación de este croquis se puede inferir lo siguiente: que la Secretaría de Ambiente de Mendoza pretende que el área protegida esté conformada por un polígono de reducidas dimensiones, delimitado por los ríos Mendoza, Vacas y Picheuta. Esta área no sería provincial, sino de jurisdicción federal, o sea, un Parque Nacional. A su vez, esta área estaría rodeada en su límite norte por una zona de similares dimensiones, designada como "reserva militar de la defensa" (figura carente de fuerza legal para cumplir con los objetivos de conservación planteados en el proyecto del área protegida de los Vecinos de Uspallata). En el mismo croquis se infiere que el resto de las tierras fiscales que rodean a Uspallata continuarían siendo campo militar sujeto al mismo régimen que el actual y las tierras privadas (Incluida la totalidad de la Estancia Yalguaraz, donde se pretende llevar adelante la explotación megaminera de San Jorge), quedaría afuera de cualquier tipo de categoría de conservación fijado en la Ley Provincial 6045.

Esto quiere decir que, (siempre haciendo una interpretación del croquis a mano alzada que anda circulando por Uspallata), el Gobierno de Mendoza tiene la intención de reducir el proyecto del Área Natural Protegida de los Vecinos de Uspallata, que hace más de 20 años vienen tramitando en la Legislatura, a un Parque Nacional que abarcaría tan sólo el 10% de la superficie del proyecto original, y que consecuentemente dejaría afuera casi la totalidad de los valores de conservación enumerados en los fundamentos del proyecto de ley, quedando librados al pillaje la depredación megamineras.

Se recuerda que la Ley Provincial 6045 (de Áreas Naturales Protegidas), establece los límites de cuenca como creiterio rector para delimitar áreas naturales protegidas que cuenten entre sus objetivos de conservación el bien común agua. Por ello, no se entiende cómo es que se está avalando la delimitación con el propio cauce del Río Picheuta. Ni siquiera han mantenido un criterio ecológico reduccionista para descartartar el proyecto de los Vecinos de Uspallata y reemplazarlo con otro que, ya desde su formulación, no tiene ningún tipo de sustento empírico, ni en la ciencia ni en la normativa vigente, y sólo apunta a una suerte de arreglo político para salvar las serias deficiencias de funcionamiento de la autoridad de aplicación en materia ambiental del Gobierno de Mendoza, así como las impericias de sus funcionarios.

En el área delimitada por el croquis quedaría afuera la mayoría de los valores de conservación que se intentan proteger en el proyecto de los Vecinos de Uspallata: Los glaciares Tambillos, Barauca, San Alberto, y la mayor´´ia de los glaciares del cordón del tigre, la totalidad de las nacientes de cusros de agua que riegan el oasis agrícola de Uspallata, la gran mayoría de poblaciones y habitats de especies consideradas monumentos naturales por la Ley Provincial 6599, la representatividad ecosistémica bajaría de tres ecorregioes con sus respectivos ecotonos a una sola, la diversidad biológica se reduciría a un 20%, sitios patrimoniales de valor universal quedarían excluidos: el Qhapac Ñan, el Cerro Tunduqueral, etc...

Tratando de buscar por qué, más allá de los discursos, el gobierno no quiere área protegida en Uspallata, uno se encuentra con una pata pol{itica fundamental: conocido es (al menos en Uspallata, donde se sigue con detenida atención todas las peripecias del proyecto del área protegida) que existe una suerte de guerra de egos, exteriorizada en una manifiesta enemistad política, entre Humberto Mingorance (actual secretario de Ambiente del Gobierno de Mendoza) y Tadeo García Zalazar (actual Intendente de Godoy Cruz, que le puso la firma al proyecto de los vecinos cuando era legislador). ¿Qué tiene que ver esta rencilla política de conventillo y cacicazgo, con el bloqueo a la sanción del proyecto de ley del área protegida en Uspallata? Pues es muy sencillo: La puja interna del radicalismo por la sucesión de Cornejo en la intendencia de Godoy Cruz, que era entre Mingorance y García Zalazar fue dirimida por el propio actual gobernador en favor del último mencionado, quedando para Mingorance tan sólo el puesto de Secreario de Ambiente, un cargo de gran exposición pública, pero de escaso poder político, ya que la Secretaría de Ambiente de Mendoza maneja apenas la infima suma del 0,3% del presupuesto provincial. En esas circunstancias, ha trascendido en los pasillos de la Casa de Gobierno, que Mingorance ha intentado pisar todos los proyectos de índole ambiental que llevan la firma de García Zalazar, cuando era legislador provincial. Quisiéramos creer que este no es el motivo que lleva al Gobierno de Mendoza a no dar respuesta al reclamo de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Recordemos que el día 2 de enero de 2016, el recién asumido Secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance, mantuvo un encuentro con los vecinos Autoconvocados de Uspallata, en donde se le plantearon explícitamente 3 demandas principales:

1. 1) El proyecto de ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas
2. 2) La baja definitiva de proyecto megamienro San Jorge
3. 3) La apertura de una delegación de la Dirección de Recursos Naturales Renovables en Uspallata

Tales demandas fueron ratifiadas en una reunnión del Consejo Provincial del Ambiente que la propia Secretaría de Ambiente del Gobierno de Mendoza, convocó unos días después y a la cual, los vecinos Autoconvocados de Uspallata asistieron invitados por los funcionarios de dicho organismo.

Al día de hoy ninguna de estas demandas ha sido atendida. Sólo hay un anuncio de que a Minera San Jorge la estarían obligando a presentar todo de nuevo en caso de que pretenda continuar con su explotación, luego del rechazo legislativo de 2011.

El otro hecho a considerar en este análisis, es la visita de técnicos de la Administración de Parques Nacionales a Uspallata, en consonancia con la intención de que una parte del área natural protegida proyectada por los Vecinos Autoconvocados hace ya más de 20 años, sea un parque nacional. Desde ya, los vecinos están completamente de acuerdo con la implementación de un parque nacional, siempre que se respete el espíritu original de su proyecto, el cual tiene un basamento legal técnico y jurídico que lo fundamenta, principalmente en su extensión. Es por ello que los vecinos han planteado que se apoyará la creación de un parque nacional de menores dimensiones, con la expresa condición de que éste se encuentre reodeado de un área natural protegida provincial que abarque la totalidad de la superficie faltante, siempre en el marco de la Ley Provincial 6045. Además también pidieron expresamente que la totalidad de las dependencias administrativas del futuro Parque Nacional se ubiquen en Uspallata.

Desde ya, la circulación del croquis mencionado anteriormente no estaría cumpliendo con las demandas de los vecinos, desconociéndose si el mismo es de autoría de algún funcionario provincial, nacional, de ambas jurisdicciones o si sólo es una versión anónima que se echó a rodar para meter ruido en el reclamo de los vecinos

Más allá de la veracidad o no de este croquis, está clar que, de acuerdo al enojo manifieto del gobernador en su visita a Uspallata y a las ya mencionadas reacciones polítticamente incorrectas de los funcionarios de la Municipalidad de Las Heras, es evidente que el sostenido reclamo popular por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas es inocultable para el gobierno y está incomodando a muchos funcionarios de diversos ámbitos del estado.

Queda completamente aclarado, ante el detallado análisis expuesto, que tanto el gobierno provincial y municipal, así como de legisladores provinciales y concejales, que no tienen la más mínima intención de aprobar el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva más de 20 años de tramitación, período en el cual ha logrado reunir ámpliamente la totalidad de las fundamentaciones administrativas, legales, jurídicas y técnicas para que el mismo sea aprobado. Entendemos perfectamente que esta negativa por parte de quienes cuando eran oposición nos prestaron su firma, obedece exclusivamente a los intereses megamineros a los que por acción u omisión, es público y notorio que responden o hacen el juego. Queda para el pueblo entonces, únicamente la vía de la movilización para que el proyecto de ley sea de una buena vez aprobado, no queda otra. El 2017 será un año electoral, seguramente esa será una buena oportunidad, teniendo en cuenta que reivindicaciones similares (como la ley 7722, la ampliación de la Reserva Laguna del Diamante o el no legislativo a Minera San Jorge) fueron conseguida merced a la movilización popular bajo estas circunstancias