Este personaje, que aparece en el reciéntemente estrenado film "Desiertos de Piedra" realizado por la productora independiente Agalon, es uno de los lobbystas más reaccionario y activista que
hay en el negocio de la megaminería metalífera hidrotóxica (minería metalífera de gran escala que emplea cantidades importantes de agua y sustancias tóxicas en el proceso de separación de metales, llevada a cabo por corporaciones transnacionales para atender demandas ajenas a las de satisfacer necesidades de las poblaciones locales).
Si uno fundara su apreciación exclusivamente en la forma que emplea para decir lo que dice, sin analizar demasiado el contenido y el trasfondo; y fuera de coincidir o no con sus apreciaciones y modos, podríamos decir que dentro de su rubro es un verdadero militante aguerrido; sin embargo basta con echar un vistazo a la maraña de contratos corporaticos, actuaciones notariales, procedimientos administrativos y documentos públicos donde este señor aparece sindicado y rubricando, para saber concretamente y con datos empíricos, cuáles son los intereses particulares que motivan su comportamiento, el que no surge de manera espontánea, sino que más bien es algo muy bien planificado y estudiado por él mismo.
El primer encuentro
A Martín Carotti lo conocí a comienzos de los '90s, cuando era guardaparque
del Parque Provincial Tupungato, provincia de Mendoza. En aquella oportunidad empleados de una empresa minera vinculada a él, aparecieron con topadoras abriendo una picada vehicular en el prístino valle de los ríos Santa Clara y
Las Tunas. En este accionar, a su paso, las máquinas iban rompiendo, entre otros tesoros naturales del lugar, los "cuye" o "yaretas" (Oxalys erithrorrhyza), unas plantas milenarias de la
alta montaña que en ese lugar en particular, pueden alcanzar una edad de hasta 3000 años: Para graficar la magnitud del destrozo que se estaba llevando a cabo en se momento, el episodio podríamos asemejarlo a nivel ecológico, a como si alguien fuera
con una motosierra y empezara a talar el alerzal milenario del Parque Nacional Los Alerces.
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Las yaretas del Río Santa Clara pueden vivir hasta 3000 años |
Obviamente, se hizo la correspondiente denuncia y al parecer, en ese momento el señor
tomó conocimiento que el lugar no estaba disponible para el pillaje y la
depredación que pretendía llevar a cabo, sino que había un área natural
protegida, una de las primeras de la provincia de Mendoza: el Parque Provincial Tupungato, especialmente creada por las leyes provinciales 5026 y 6114, para proteger el ambiente natural de la Cordillera
de los Andes, sus aspectos ecosistémicos particularmente singulares y los bienes comunes y servicios ambientales que sustentan la vida y la economía de la población, así como brindar a la misma una herramienta para desarrollar
sus actividades productivas en armonía con la naturaleza, poniéndolo
precisamente a resguardo de acciones como las que Martín Carotti pretendía
llevar a cabo.
Es evidente que a este señor no le interesa para la nada la protección del ambiente, si ello fuera así, oportunamente hubiera dejado de lado su negocio particular en la zona, para permitir que se lleven adelante los objetivos de interés general que motivaron la creación del Parque Provincial Tupungato. Pero los hechos concretos demuestran que su comportamiento está en las antípodas de eso: habiendo tomado conocimiento de su existencia, por aquel entonces se dedicó a hacer lobby en la Legislatura de Mendoza para anular o cercenar el área protegida, cometido que logró tras la sanción de la ley 6459, que de hecho fragmentó en dos el Parque Provincial Tupungato, quedando en el medio sus derechos mineros como una suerte de agujero negro, interfiriendo en los objetivos de conservación del parque y volviéndolo, desde ya, un área inviable, tanto desde el punto de vista ambietal, así como social y económico.
Por suerte, como dice el dicho "quien las hace las paga" y finalmente en 2010 se logró la sanción de la Ley Provincial 8308, de creación del Parque Provincial Cordón del Plata que restituye para beneficio y goce de la población, las áreas arrebatadas por este señor a todos los mendocinos.
Los primeros pasos como lobbysta y agente inmobiliario de la propiedad minera
A partir de aquella
primera denuncia y no contentos con la actitud de este señor y de las autoridades provinciales que le llevaban el apunte en cada barbaridad que decía (y de esa manera eran convencidas para borrar con el codo lo que escribían con la mano), decidimos informarnos por nuestra cuenta y así descubrimos que de acuerdo a lo asentado en documentos públicos, Martín Carotti es dueño de una gran cantidad de derechos mineros,
entre cateos, manifestaciones y minas, repartidos en todo el territorio de la
provincia de Mendoza; los cuales fueron adquiridos durante la época del PASMA (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), un plan diseñado e implementado por el gobierno de Menem, para incentivar el negocio de la compra-venta de derechos mineros, llegando incluso a otorgarse concesiones mineras a particulares de manera irrestricta y gratuita. Sin lugar a dudas este plan formó parte de la nefasta política de entrega de los bienes de todos los argentinos llevada a cabo en los '90s.
Para realizar estas adquisiciones, el señor
contaba con información estratégica que había "obtenido" de Fabricaciones Militares, donde se había desepeñado como empleado cuando joven, entre 1985 y 1991, según reza su CV; período este curiosamente coincidente con aquel en que la empresa estatal había empezado a ser rapiñada y desguasada (tal como ocurrió con todas las empresas del estado en la previa a las privatizaciones). Esta suerte de
"obtención" de información estratégica también queda evidenciada en el hecho de que al volcar en el mapa la mayoría de
los derechos mineros que adquirió por aquel entonces, su ubicación y superficie coinciden en su totalidad con algunos de los planes mineros elaborados
por esa institución en la década del '70. Evidentemente el señor sabe mucho del tema minero, pero no precisamente por erudito o por ser un explorador de la montaña...
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Las concesiones mineras de MC en Mendoza |
En base a lo anterior, se entiende entonces el motivo de que varios de los derechos mineros de Martín Carotti que en su gran mayoría fueron
adquiridos gratis o con una mínima erogación de su parte, hoy están bajo la mira de las corporaciones transnacionales que están dispuestas a pagarle millones para que se los transfiera o arriende para ser explotados.
Entre su "cartera de proyectos" figuran los siguientes: Los Petisos, Santa Clara, Don Sixto (también denominado "La Cabeza), y Anchoris. Como co-titular en varios de los derechos mineros también figura su esposa, Claudia Rubinstein, más allá de que por su naturaleza legal de bienes inmuebles, estos derechos también integran la sociedad conyugal. Mas adelante veremos que el papel de su mujer en sus negocios vestá por encima de lo meramente circunstancial que conforma una sociedad conyugal. En algunos derechos mineros también figura el nombre de Carlos Osvaldo Giustozzi.
Como evidentemente el negocio de este señor es especulativo y no productivo, no tiene ni la estructura ni las ganas de trabajar por cuenta propia para desarrollar dichos proyectos; por ello, ha ido diseñando un complejo entramado de acuerdos comerciales con otros lobbystas, intermediarios, franquiciantes y empresas junior subsidiarias de los popes mundiales en la materia.
El rol de la abogada Patricia Inzirillo en sus negocios
La apoderada legal de Martín Carotti es la abogada Patricia Inzirillo, muy conocida en el medio local por ser también apoderada, patrocinante y franquiciante de numerosas empresas extranjeras del rubro: Angloamerican, Portal del Oro Resources, Minera Chapleau, Argentina Development Minerals, Exeter Resource, Cognito Limited, etc; así mismo, se la reconoce formando parte de innumerables sociedades fantasmas que aparecen y desaparecen en froma permanente (algunas con denominaciones que despiertan cierta curiosidad): Minera Kinross, Bahía Altántica S.A., Minera Peregrine, Minera Far West S.A., Minera Mariana, Minera Victoria, Minera del Sol, etc, etc, etc...
También conocidos son los traspiés legales que tuvo esta señora: podemos poner como ejemplo que en 2005, patrocinó un juicio de Angloamérican contra el Gobierno de Mendoza por la ampliación de la Reserva Natural Laguna del Diamante, determinada por la ley provincial 7422, donde quedaron dentro derechos mineros de esta empresa. La causa tuvo una fenomenal defensa de parte de los abogados de Asesoría de Gobierno de Mendoza, en cuyo escrito rebatieron todos y cada uno de los argumentos suscriptos por Inzirillo. Tan contundente fue esa defensa que finalmente, tres años más tarde, ante la falta de sustento legal y técnico para seguir llevándola adelante, la abogada decidió hacer que la firma abandone la causa judicial.
Otro de los fracasos de Inzirillo fue pretender llevar adelante la exploración avanzada de los derechos mineros de Angloamerican que no habían sido alcanzados por la ampliación de la Reserva Natural Laguna del Diamante: durante el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental recibió una contundente negativa al ser rechazado por la Municipalidad de San Carlos, el dictamen técnico del municipio fue realmente demoledor y terminó enterrando el proyecto, situación que se vio reforzada años después con la sanción de la ley de creación del área natural protegida Portillo Piuquenes, en la cordillera de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
Una trapisonda bastante resonante que protagonizó esta mujer tiene mucho que ver con eso, cuando tiempo antes, esos mismos derechos mineros antes de estar en manos de Angloamerican, pertenecían al geólogo mendocino Carlos Monjo, que en aquel entonces asumió como director de minería de la provincia. Al tomar estado público la tenencia de estos derechos mineros, situación incompatible con la de ejercer un cargo público, y encima ubicados en una zona conflictiva, Inzirillo (que también era apoderada legal de Carlos Monjo), intentó armar una operación tipo montaje para hacer figurar una transferencia de tales derechos mineros, mediante una triangulación bastante rebuscada: Monjo se los tranfiere a ella y luego ella se los transfiere a Angloamerican, empresa de la que ella es franquiciante local. En los protocolos notariales, además de figurar los números fraguados para que la fecha de transferencia asentada fuera anterior a la asunción de Monjo como Director de Minería, se daba el curioso dato de que ella firmaba sola, tres veces en la misma actuación notarial: como transfirente, certificante y apoderada de AA. Finalmente esta inocultable trapisonda urdida por la abogada Patricia Inzirillo, hizo que a los pocos meses, el malogrado Carlos Monjo (que en realidad la había contratado para salvarlo y no para hundirlo), renunciara a su cargo sin pena ni gloria y se borrara de Mendoza. La documentación de esta actuación notarial está contenida en su totalidad en los expedientes 401-I-04-03873 y 1961-I-05-03873 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.
El
Proyecto Minero Santa Clara (en rojo) quedó totalmente comprenido
dentro de áreas naturales protegidas (amarillo), creadas por ley de la
legislatura provincial, en el marco de los planes ambientales y de
ordenamiento territorial diseñados por los equipos técnicos del gobierno
de Mendoza y validados socialmente como parte del Plan Estratégico
Mendoza. En estos espacios está prohibida la actividad minera, ya que su
objetivo prinipal es proteger los bienes comunes indispensables para la
vida del hombre: glaciares, vertientes, humedales altoandinos y demás
fuentes de agua que brindan un servicio ambiental insustituible para la
economía de la población.
No es casual que pretenda llevar a cabo megaminería en áreas naturales protegidas...
Si bien las cifras de dinero son astronómicas e inimaginables para la mayoría de los mortales que pisa esta tierra y por sí solas son reveladoras de los intereses puestos en juego; cabe mencionar que la empresa Minera Andes es una de las tantas subsidiarias de la corporación McEwen Mining, de Canadá, propiedad del magnate norteamericano Rob McEwen.
El proyecto Santa Clara finalmente no pudo desarrollarse, sobre todo porque alguien como McEwen (que incluso se autoarroga el llevar a cabo ciertas acciones filantrópicas), ni loco arruinaría su imágen pública embarcandose en una explotación minera en un parque natural reconocido incluso a nivel mundial, como es el Parque Tupungato. Aún así Martín Carotti pretendió llevar adelante dicho negocio, y así le fue...
Pero tampoco todo es loas para el socio magnate de Martín Carotti que no pudo ser: Minera Andes sigue manteniendo intereses en Argentina: es dueña del 49% de la explotación San José Huevos Verdes, en la provincia de Santa Cruz, explotación varias veces denunciada públicamente por contaminación e inseguridad laboral. El otro proyecto avanzado del cual es dueño el 100% es Los Azules, en San Juan, que actualmente está en fase de exploración avanzada, dando los últimos pasos previos para comenzar la explotación. Además Minera Andes tiene registradas concesiones al menos en los catastros mineros de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan. En el caso de Chubut, no menor es el dato de que algunas de las minas y manifestaciones de descubrimiento del Cordón de Esquel le pertenecen.
Una curiosidad más bien simbólica, es el hecho de que las empresas del magnate McEwen (con las cuales Martín Carotti ha llevado adelante negocios comerciales plasmados en la suscripción de contratos y documentos públicos) tiene como logo corporativo un látigo como los que se usaba en la antigüedad para castigar a esclavos...
¿Cianuro en el Río de las Tunas?
Durante la etapa de
exlporación avanzada en una concesión minera de minerales metalíferos (como oro, cobre u otros), normalmente se efectúan ensayos de
cianuración para determinar los parámetros bajo los cuales son factibles
los procesos de lixiviación para separar los metales que se encuentran en la naturaleza diseminados en un
yacimiento. Esta es una condición irreductible para deternimar la
factibilidad económica de una explotación minera, sin la cual,
obviamente, el inversor extranjero no pone la plata.
Un episodio que apuntó directamente a Martín Carotti fue la detección de niveles altos de cianuro en el Río de las Tunas en el año 2007, el cual es afluente directo del Río Santa Clara, en cuyas cabeceras se localizan las concesiones mineras del proyecto homónimo, donde con anterioridad se estuvieron realizando faenas mineras de prospección y exploración.
A pesar de que semejante circunstancia no es un hecho menor, en su momento no se le dio demasiada trascendencia, más allá de algún título amarillista de ocasión en los diarios mendocinos. No obstante ello, los legisladores de aquella provincia, dos años más tarde elevaron un pedido de informes, desconociendo si finalmente se investigó algo al respecto.
Obviamente, cuando la noticia trascendió y los comentarios apuntaron a Martín Carotti, él salió a defenderse como lo hace siempre, pero lo concreto es que no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron las faenas mineras desarrolladas durante la exploración del área involucrada en el Proyecto Santa Clara y si la detección de niveles altos de cianuro tienen relación con tales faenas. Hasta el momento nos cabe el derecho de la duda, el cual representa la base del Principio Precautorio del derecho ambiental, establecido en la Ley Nacional 25675.
La exploración del proyecto megaminero Santa Clara efectuada en los años '90s, se realizó casi completamente sobre áreas periglaciares (actualmente protegidas por la Ley Nacional 26639) localizadas entre los 3.000 y 4.000 metros de altitud, o sea por encima de la isoterma de 0° C y por encima de la altitud mínima de la presencia de permafrost y otras formas y procesos criogénicos. Su aprobación y ejecución, además de motivar la desafectación de un sector del Parque Provincial Tupungato (mediante el ejercicio del lobbyng corporativo), no tuvo evaluación de impacto ambiental ni audiencia pública. Las imágenes satelitales demuestran que dichas faenas fueron muy depredadoras del medio natural y que además con posterioridad no se realizó ningún tipo de remediación del medio natural afectado, en este caso la alta cuenca del Río Las Tunas, en Tupungato. Como se trató de una exploración avanzada para determinar la factibilidad económica de explotar el yacimiento ya estudiado con anterioridad, es muy probable que se hayan realizado in situ ensayos de cianuración, de ahí que el Río Las Tunas aguas abajo puede presentar por momentos niveles altos de presencia de esta sustancia.
La Cabeza de Don Sixto fue cortada y rodó...
Para entender la actitud de Martín Carotti de permanente y profundo desprecio hacia quienes protestamos contra la megaminería metalífera hidrotóxica y sus nefastas consecuencias para el ambiente y la sociedad, basta con mencionar un episodio puntual que tal vez haya marcado para siempre esta condición irreductible en él.
Apenas despuntado el milenio, la empresa canadiense Exeter Resource Corporation puso la mira en el proyecto La Cabeza (también denominado Don Sixto), cuyas pertenencias mineras son de MC y su Sra esposa. Así fue que entre la empresa, los dueños de los derechos mineros y otros intermediarios, franquiciantes y subsidiarias, se definió un acuerdo de usufructo mediante el cual el duo Carotti-Rubinstein iba a recibir de parte de Exeter Resoruce Corporation el 3,5% de utilidades que generara dicha explotación. Esto quiere decir que de haberse llevado a cabo el proyecto, la sociedad conyugal de marras, como agente inmobiliario de la propiedad minera, iba a recibir más
dinero por regalías que el propio estado provincial dueño del recurso (hasta 3% según la ley nacional de fomento a la actividad minera). El negocio era redondo para él: los últimos informes indicaban que las reservas de oro y plata de la mina Don Sixto eran de aproximadamente de 334 mil y 925 mil onzas aprovechables, respectivamente, que a valores y cotizaciones actuales y deducidos los costos de inversión y operatividad, representa un negocio superior a los 600 millones de dólares. De este total, más de 20 millones de dólares iban derecho al patrimonio personal de Martín Carotti y Claudia Rubinstein, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el acuerdo de usufructo.
El
proyecto La Cabeza estaba a punto de ser aprobado para comenzar la explotación de oro a cielo abierto con uso de cianuro, sumado al hecho de que para hacerlo funcionar requería una gran cantidad de agua que precisamente no está disponible en esa que es una de las regiones más áridas de Argentina: La Payunia. Para obtenerla había que proveerse de acuíferos fósiles y confinados, localizados a gran profundidad. Por eso es que además del riesgo de contaminación y destrucción del hábitat, había otro riesgo no menos importante, que era hacer uso de un bien común único de gran valor para un proyecto particular de corta duración (16 años). No menor es el detalle de que el proyecto La Cabeza se encuentra muy próximo a La Payunia, una de las reservas naturales más importantes de la Provincia de Mendoza, con características ambientales de singularidad mundial, que han dado lugar a proponerla como Patrimonio de la Humanidad.
Pero la historia cambió gracias al reclamo popular: si bien la megaminería metalífera hidrotóxica siempre tuvo una carga implícita de rechazo masivo a nivel popular, a partir de los sucesos de Esquel en el año 2003 se desencadenaron en todo el país movimientos similares, que en el caso de Mendoza alcanzaron gran repercusión e involucraron en un momento a casi todos los sectores de la sociedad local, produciéndose sucesivos debates, movilizaciones y puebladas que terminaron con la sanción de diversas leyes en resguardo de los bienes comunes. Así fue que, cuando se sancionó la ley 7722, el proyecto la Cabeza (o Don Sixto) quedó definitivamente trunco y la corporación extranjera se desentendió del problema y lo abandonó. Por eso MC es uno de los accionantes en la justicia para intentar
bajar esa ley, y desde ya, su abogada patrocinante es Patricia Inzirillo.
De todos modos, y a pesar de las prohibiciones establecidas en la ley 7722, en el año 2012, el proyecto La Cabeza (o Don Sixto) fue adquirido por Yamana Gold, una de las corporaciones megamienras más grandes del mundo. No obstante ello, las concesiones mineras siguen perteneciendo a Martín Carotti y Sra. con lo cual entendemos que el contrato que tenía con la anterior firma, ha de seguir vigente con ésta.
El
proyecto minero Don Sixto (La Cabeza), cuyas pertenecias mineras son propiedad de Martín Carotti, se localiza aproximadamente 180 km. al
sureste de Malargüe, entre La Payunia y el límite con la provincia de La
Pampa. Durante la exploración avanzada se abrió una intrincada red de
caminos y picadas, se efectuaron cuantiosos movimientos de suelo y se
modificó el terreno para emplazar cientos de locaciones: pasados ya
varios años de concluidos estos trabajos, no se ha efectuado ningún tipo
de remediación: el impacto ambiental de las faenas realizadas por los socios de Martín Carotti, sigue siendo visible desde el
espacio. A pesar de que este señor habla mucho de protección
ambiental y responsabilidad social empresaria en minería, su acitud en
los hechos es muy diferente: los resultados están a la vista.
Nadie es profeta en su tierra...
Como Martín Carotti ha tenido demasiadas dificultades para llevar adelante sus negocios en Mendoza, donde reside, más allá de despotricar permanentemente contra toda la sociedad local, que evidentemente no lo quiere; se dedicó a buscar nuevos horizontes, propalando su arenga por diversos lugares. Así fue como luego de pregrinar por diferentes provincias y países, recaló nada más ni nada menos que en la empresa Osisko Minig, que es una de las que la que pretendió (infructuosamente, claro está) desarrollar la megaminería metalífera hidrotóxica en el Cordón del Famatina, La Rioja.
A pesar de que al principio negó su pertenecia a dicha firma y después lo admitió como un vínculo esporádico y superficial ya concluido; lo concreto y verídico es que oportunamente se presentó públicamente ante la prensa como "gerente de relaciones con la comunidad" o "gerente de comunicaiones" de la misma. Sus declaraciones a los medios riojanos se hicieron particularmente frecuentes al momento de conocerse el incidente de las listas negras, así como los actos de espionaje y represión a los vecinos autoconvocados de Famatina y Chilecito. Desde ya y como hace siempre, en tales declaraciones se la pasó descalificando la protesta social y sin aportar ningún tipo de dato empírico que otorgue consistencia y credibilidad a sus dichos respecto del negocio particular del cual participa y pretende imponer mediante el uso de una palabra que si bien resulta agresiva y descalificadora, por suerte para nosotros y para su desgracia, peca de inconsistente e infundada. Obviamente, habiendo quedado expuesto públicamente como el principal instigador de las listas negras, salió publicamente a desentenderse del tema, acusando de la trapisonda al Intendente de Famatina.
Recientemente y de manera drástica, la figura de Martín Carotti volvió a tomar estado público, a partir de los hechos ocurridos en la ciudad de Rawson, donde el pasado 27/11 un grupo de vecinos autoconvocados que protestaban en la legislatura provincia contra la aprobación del proyecto de ley del marco regulatorio minero, que permitiría levantar las restricciones legales contra esa actividad (logradas mediante años de debates y militancia por la vida), fueron salvajemente reprimidos por patotas de la UOCRA armadas con objetos contundentes y puestas así en el lugar mediante un operativo específicamente montado para la ocasión por parte del poder político-empresarial que está detrás de ese negocio. En ese contexto es que algunos vecinos que participaban de la protesta, reconocieron a Martín Carotti como uno de los que participes de tal operativo, a la vez de que artículos suyos aparecieron publicados por esos días en los medios locales, así como entrevistas radiales que todos escucharon. Obviamente, a pesar de que fue visto por un montón de gente, el señor trató de desentenderse de la peor manera que podría haberlo hecho: pretendiendo pasar por astuto y chistoso: "a Chubut únicamente fui una vez a ver las ballenas"
Una paranoia exacerbadamente visceral que roza lo escatológico...
Una de las carácterísticas de Martín Carotti es que está permanentemente pendiente de lo que el resto de la sociedad opina de él o de los intereses que defiende o dice defender. Para eso no sólo utiliza su blog personal (donde se dedica a proferir epítetos y elucubrar todo tipo de conjeturas infundadas respecto de quienes criticamos su nefasto accionar), sino que nunca deja de escatimar en pagar medios audiovisuales, radiales, escritos y electrónicos para llevar adelante su arenga.
El señor es muy adicto a comprar aire. Como vimos, motivos no le faltan, en el fondo eso para él es una inversión. Pero no conforme con eso, también se dedica a postear de manera casi instantánea, en todos los medios que publican notas que lo involucran directa o indirectamente; a veces con su nombre pero a veces con seudónimos tan risueños como inverosímiles (por ejemplo el seudónimo "protopopescu" que emplea muy seguido en el diario digital MDZ de Mendoza y así una larga lista). En el caso de los nik, la revelación de su identidad es muy sencilla, debido al estilo particular que tiene de estrellar la pluma contra el papel, o en el caso de los medios digitales, hacer sacar chispas a las teclas de su PC (supongo que debe gastar varias por año).
Lo que llama la atención del accionar de MC en este caso es la celeridad que emplea en responder en cualquier medio de cualquier lugar del país y/o el mundo y su rebuscado laburo para que las malas referencias a su persona desaparezcan de los buscadores; seguramente los rss los debe tener a full, pero sin duda, debe pasar mucho tiempo en su casa sentado en la PC, lo cual en sí no es malo, pero sí lo es hacerlo todo el tiempo para intentar tapar todas y cada una de las trapisondas que se manda, que lo vuelven una suerte de falso iluminado.
Para este caso, basta con mencionar que entre otras cosas, se autoproclama "defensor del ambiente y del agua" (el único que califica así tal condición es él mismo), pero más allá que defiende un negocio que es público y notorio que atenta precisamente contra el ambiente y el agua, hay que ver a dónde vive el señor...
Martín Carotti reside en el Barrio Dalvian, de Mendoza, una urbanización privada cerrada, propiedad del conocido magnate local Daniel Vila (del grupo corporativo multipropósito Vila-Manzano), donde residen amigos, socios, empresarios y otros ricos y acaudalados personajes de la ciudad. El Barrio Dalvian está emplazado en el piedemonte de Mendoza, un área sísmica e hidrológicamente crítica y por ende no recomendable para construir una ciudad sobre ella: percisamente el saber de su propia ciencia, la geología, es quien ha revelado que el lugar a donde vive no es apto para ser urbanizado...
Además, el Barrio Dalvian se provee de agua de una vertiente "particular", haciendo un uso discrecional de un bien natural escaso en una región árida como la cuyana, principalmente para llenar piscinas y regar plazoletas y boulevares implantados con palmeras y demás vegetación exótica que nada tiene que ver con el entorno natural donde está ubicado el country. Esta forma de aprovicionarse de agua es independiente de la red que surte de este vital elemento al resto de la población del Gran Mendoza, que cada tanto vive crisis generadas por la escasés del líquido vital, mientras esta gente se la apropia y emplea de manera displicente. De tales cuestiones, el erudito especialista no dice ni mu...
Martín Carotti tiene un blog personal, en él hace una especie de elogio de la desmesura, autoadulándose al extremo y despotricando contra el resto de la sociedad, que evidentemente no lo quiere. Si bien se autotitula "comunicando minería", poco es lo que comunica respecto de los negocios megamineros en los que él mismo interviene. Evidentemente ya no sabe cómo hacer para convencer, ya no a los que no piensan como él, si no a los de su propio rubro...
Martín Carotti y la ley de glaciares
El 28/02/2011 se sancionó definitivamente la ley nacional 26639, conocida como Ley de Protección de Glaciares, luego del episodio conocido como "Veto Barrick Gold" cuando una ley similar que había sido sancionada en el año 2008 fue vetada por la presidente CFK, mediante un decreto cuyo texto parecía extraído del dicurso corporativo empresarial megaminero, colisionando con todo el amdamiaje legal consagrado en la Constitución Nacional y el resto de la legislación ambiental vigente en todo el territorio de la Nación Argentina.
La ley de glaciares prohibe taxativamente la actividad minera en las áreas glaciares y periglaciares, eso es así precisamente porque el objetivo de la ley es de interés general: preservar el bien común agua contenido en los glaciares y el suelo congelado, objetivo que evidentemente colisiona con aquellos intereses de índole particular que están detrás del negocio de la megaminería hidrotóxica. Si la ley hoy se aplicara de manera correcta y efectiva, como debería ser en un país bajo estado de derecho, varias de las explotaciones megamineras operando a lo largo de la Cordillera de los Andes, deberían dejar de existir.
Según el texto de la ley, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente de la Nación y competente aquellas provinciales, deviniendo tal designación del carácter de "presupuesto mínimo" que presenta la norma. Sin embargo, hay otra jurisdicción estadual involucrada: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que es un instituto específico del CONICET con asiento en Mendoza, que se dedica a la investigación científica en estas disciplinas. El INAIGLA está designado como encargado de hacer el inventario nacional de glaciares, para determinar de manera fehaciente dónde debe aplicarse la ley; eso es así en razón de que es la institución que cuenta con los medios y el personal especializado para llevar a cabo tal tarea, además de que su director, el Dr. Ricardo Villaba, se ha mostrado como defensor de la protección de los glaciares y de la sanción de la ley, además de ser uno de los integrantes del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático), que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2007; hasta ahí todo bien, pero hay un detalle no menor...
Claudia Viviana Rubinstein (esposa de Martín Carotti), es vicedirectora del IANIGLA, méritos de índole científica por encima de su titulación universitaria y posgrados de ocación, no le faltan: su nombre aparece en una gran cantidad de publicaciones científicas, por lo que seguramente el cargo se lo debe tener bien ganado. Sin enbargo, como ya dijimos antes, su nombre también aparece en documentos públicos, como titular de derechos mineros y suscribiendo junto con su esposo acuerdos comerciales con empresas transnacionales del rubro, más allá del vínculo matrimonial entre ambos.
Siendo que Claudia Rubinstein posee derechos mineros en áreas glaciares y periglaciares, en calidad de qué participaría del inventario de glaciares? ¿como vicedirectora del IANIGLA, o como empresaria minera que pueda verse afectada? Sería por demás ético que por motus propio (y no por el reclamo social) se inhiba públicamente de intervenir o tener algún tipo de ingerencia en el inventario de glaciares, que sin lugar a dudas ha de invalidar la vigencia de sus derechos mineros y los de su marido; por más, claro está, que en el caso del Proyecto Santa Clara, ya está inhibido por estar dentro de dos áreas naturales protegidas creadas por leyes de la Legislatura y sancionada por el Gobernador. Por cierto: ¡Teléfono para el Gobierno de Mendoza! Sres funcionarios: ¿qué estamos esperando para dar de baja estos derechos mineros que en la práctica y a la sazón de la legislación vigente en el territorio de la Nación Argentina y la Provincia de Mendoza, no tienen ninguna posibilidad de ser ejercitados?
En el mapa precedente, que corresponde a la Provincia de Mendoza, donde se han superpuesto diferentes capas SIG, se puede observar que las concesiones mineras de Martín Carotti, Claudia Rubinstein y Osvaldo Giustozzi (polígonos grises) coinciden en su mayoría con las áreas definidas en los planes mineros (polígonos más grandes de otro color). En el caso de los expedientes archivados y minas vacantes que aluden a concesiones mineras de los susodichos que volvieron a manos del estado concedente, también ocurre lo mismo. El agregado de este mapa posterior a la publicación del presente artículo, es al sólo efecto de demostrar, con información pública generada en organismos oficiales, que Martín Carotti miente.
Desenmascarando la propaladora de la violencia y el miedo
Martín Carotti practica como si fuera un deporte, tanto en su blog personasl como en diversos medios (cada vez que puede comprar un espacio en éstos), un intento discursivo que por los resultados, no sólo termina siendo poco efectivo, sino que se vuelve en contra, no sólo de su persona y supuesto prestigio, sino también del negocio que él dice defender.
Si lo analizamos desde el punto de vista práctico, el discurso de Martín Carotti poca ayuda brinda al sector minero, fundamentalmente porque el objeto de su arenga en el fondo no es el desarrollo de la minería como actividad productiva, sino específicamente su negocio personal de especulación inmobiliaria devenida de la compra-venta de concesiones mineras, que por supuesto, lejos está de ser una actividad productiva, como lo es en escencia la minería como proveedora de insumos para satisfacer necesidades del hombre. Esto último, desde ya, expresado más allá de los problemas ambientales sociales y territoriales que la megaminería metalífera hidrotóxica genera y que son públicos y notorios; a pesar de que políticos, empresarios y lobbystas como él intentan infructuosamente hacerle creer a la sociedad que tales problemas son un mito y que minería y megaminería son lo mismo.
Precisamente, la falta de sustento empírico, reforzada con el empleo irrestricto de datos falseados en cada una de las alocuciones, artículos o posteos de Martín Carotti, actúan como un efecto boomerang, terminando por hacer poco creíble, incluso hasta para él mismo, todo lo que dice o escribe. Por ello es que con exacerbada frecuencia trata de reforzar sus endebles conceptos, apelando a descalificaciones y juicios de valor subjetivos, como si buscara matar al mensajero en lugar de refutar argumentos técnicos y saberes ancestrales. Esta actitud, sin lugar a dudas, vuelve a sus dichos algo más parecido a una arenga fundamentalista que a una disertación técnico-científica. Es llamativamente curioso que este señor, siendo geólogo y experto como dice ser, no haga uso del saber que su ciencia ha acumulado y en lugar de ello apele a meros sofismas para tratar de redondear su oratoria.
Como es sabido, la credibilidad no se autoproclama de un momento para el otro y sin esperar de los demás un mínimo de revisión, sino que se obtiene de a poco mediante el reconocimiento social del accionar continuo en pos del bien común; sólo así se entenderá que no es de manera forzada que ésta llegará, sino espontaneamente, cuando sea condicion verificable en hechos concretos.
Por esto último es que sinceramente estamos tranquilos respecto de los dichos de Martín Carotti, porque sabemos que miente de manera sistemática y malintencionada sólo para tratar de llevar adelante un negocio particular en franca contradicción con los intereses difusos del colectivo social; pero no estamos tranquilos cuando lo descubrimos operando por lo bajo para los aparatos del miedo y la violencia, y desde ya, no vamos a dejar de denunciar tales situaciones.