LEGISLATURA DE CHUBUT, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014, CRÓNICA DE UN DÍA NEFASTO

Ayer fue bastantre tremendo lo que viví en la Legislatura del Chubut, cuando los diputados de esa provincia, en cuestión de horas y con letra sopleteada mediante mensajitos de texto enviados por los grentes de las corporaciones megamineras transnacionales, convirtieron en un verdadero fraude, la Iniciativa Popular, la primera en toda la historia de esa provincia, elaborada y trabajada durante meses por los vecinos autoconvocados de todas las localidades.

El Diputado Gustavo Muñiz recibe por mensaje de texto "sugerencias" respecto de cómo debería estar redactada la ley, por parte del gerente local de Yamana Gold Group, Gastón Berardi. Aquel le da a entender que en la reglamentación se van a enmendar todos aquello que pretendan adicionar. (foto: Eve Sureña)

Todo sucedió en esa legislatura, localizada en la capital provincial (que, a propósito, todavía hay millones de argentinos que no saben que se llama Rawson), un edificio de arquitectura futurista, pero tan lleno de retracción por parte de los personajes que lo habitan y tejen conciliábulos tras sus inexpugnables muros.

Rawson, la capital de Chubut, es como una suerte de fortificación inexpugnable, todos los edificios públicos parecen fortificaciones y no se distinguen demasiado de la cárcel, una de las más grandes de la Patagonia y que se situa en el propio centro cívico, además está llena de policías y su población de gente que reside en el lugar es relativamente escasa. Llama la atención que en las provincias patagónicas, las capitales no sean las ciudades más pobladas, como sucede en el resto del país. Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel (en ese orden) son más grandes, o sea que la capital es la 5ª ciudad de esa provincia. También llama la atención que esas capitales estén en un extremo del mapa y no en el medio como pasa en el resto, lo cual deja a las claras el modelo de enclave colonial con que fueron concebidas. Esto nos revela que si bien la matriz del saqueo extractivista es una impronta de todo el país y Latinoamérica, yo creo que no hay entidades políticas que hayan sido específicamente diseñadas con mayor perfección para estos fines como las provincias de la Patagonia Argentina, cuyos mapas con límites rectos por centenares de kilómetros nos da la idea de un un gran pastel cortado en rebanadas para que el que la tiene más grande se quede con la mejor porción.

Todavía estoy aturdido por las bombas de estruendo que nos arrojaban los grupos de tareas de la uocra, que estaban del otro lado del vallado colocado en la explanada de esa legislatura, donde estuvimos durante más de 10 horas haciendo ruido y mostrando nustro arte y creatividad a modo de resistencia, la murga nunca dejó de tocar en ese lapso, a pesar de las burlas de los pro-megamineros, que no sabían cómo hacer para llamar la atención. Tenían carteles tan inverosimiles y contradictorios, como uno del PJ que decía "no al impuesto a las ganacias", u otro que decía "los mineros somos los mejores ambientalistas" mientras donde ellos estaban era todo un enchastre de basura. A pesar de las provocaciones, los amedrentamientos y las burlas, no pudieron frenar nuestra voz nunca, todo el tiempo le dimos la espalda. Los compas locales estuvieron desde el día anterior, armaron un campamento, aún tras el trajín que significó el desarrollo de la 23 UAC que se había llevado a cabo en Puerto Madryn, durante los tres días anteriores.

El manejo de la situación por parte de los legisladores y en especial, el jefe de la Legislatura, el vicegobernador, Gustavo Mc Carty (vaya apellido!), fue muy irresponsable y negligente: Recién trataron el proyecto de ley un día antes de que se venciera el plazo que tenían para hacerlo, en ese lapso no hicieron nada, fuera de denostarlo. Evidentemente durante 179 días se rascaron: teniendo en cuenta que un legislador de Chubut cobra más de $ 60 mil de sueldo y que son 27 legisladores en total, durante 179 días el pueblo de chubut invirtió de su bolsillo casi 10 millones de pesos para que estos tipos en ese lapso se rasquen y en dos horas destrocen un trabajo de meses encarado por los vecinos de todo Chubut, que no cobraron nunca un peso por trabajar incansablemente para defender el agua y la vida. Ese día (el 25/11/2014), redactaron los despachos de comisión entre las 9 y las 12 (o sea que durante 179 días anteriores, la Iniciativa Popular no tuvo ningún tipo de avance administrativo: el proyecto de ley Nº 75/2014 durmió). Así las cosas, desde las 12 que terminaron las reuniones de comisiones, recién empezaron a sesionar a las 7 de la tarde (a pesar de que se encontraban en el edificio desde las 9 de la mañana), y como era de preveer, modificaron el proyecto de iniciativa popular, dejando sólo el artículo 1, que es sólo de forma y quitando los damás, para agregar otros que lo desvirtúa y lo vuelve una norma inconstitucional y que facilita el avance de las corporaciones megamineras.

La zonificación que pretenden imponer es incosntitucional, ya que según la Ley Provincial 5001, esta se plantea como "excepción", cuando la zonificación proyectada abarca la mayor parte de la provincia, o sea, la excepción pasaría a ser regla, por más que la ley diga lo contrario, una verdadera aberración desde lo conceptual, lo legal, lo jurídico y lo técnico. Y aún así la zonificación es inaceptable, ya que implicaría avalar que en el territorio hay zonas de sacrificio.

La consulta por zonas sobre la actividad minera también es inconstitucional, ya que según la propia Constitución Nacional, los minerales son bienes comunes que pertenecen a la provincia y por lo tanto son todos los chubutenses los que deberían decidir sobre el destino de los mismos. Además, la megaminería metalífera hidrotóxica es una actividad que puede producir un impacto ambiental de envergadura y con alcance provincial e incluso transfornterizo, tal como está demostrado en la causa judicial que iniciaron los pueblos originarios de esa provincia por este tema.

Poco a poco y avanzada la tarde de ese nefasto día, los vecinos movilizados iban tomando conocimiento que "su" proyecto "su" ley, en definitiva "su" iniciativa (la primera de ese tipo en toda la historia del Chubut), tan trabajosamente elaborada y presentada con todos los requisitos del sistema, era ultrajada, mutilada y transmutada, para convertirla en una herramienta al servicio del capital saqueador.

La ley aprobada dice que se suspende la minería por 120 días, eso quiere decir que a partir de su promulgación (supongo que en unos días) deberían paralizar todas las canteras, explotaciones y plantas de industrialización comprendidas dentro de los alcances del Código Minero, más allá de lo inverosímil que suena paralizar todo eso en todo el territorio del Chubut, indudablemente sería una buena manera de verificar si son capaces de implementar el tan mentado "riguroso control" a la actividad....

La contradicción para empujar a este fraude, fue manifiesta en todo momento, quizás el más evidente (para mí), fue la silbatina propinada por las patotas sindicales, cuando uno de los legisladores que apoyaba la iniciativa, leyó el Manifiesto Ambientalista de Perón de 1972, el cual fue rechiflado por los propios "militantes" que sostenían el cartel del PJ contra el "impuesto a las ganacias"

Al anoticiarse de que la Iniciativa Popular iba a ser modificada al punto de transformarla en una ley que sólo beneficia a las corporaciones megamineras, los compas de las asambleas quisieron entrar al recinto legislativos, ahí hubieron intentos de represión, la sesión fue interrumpida, hobieron algunos golpes por parte de la policía, luego los compas se sentaron y la entrada permaneció sitiada, así se continuó. En estas instancias es muy loco ver que los compas te pueden mirar a los ojos, la policía no.... (foto: Elena Rubilar)

Finalmente lograron aprobar el fraude, no sin antes reprimir, porque tal como sucede siempre en estos casos (recordemos que el acurdo con Chevrón necesitó 8 horas corridas de represión con balas de plomo para ser aprobado por la Legislatura del Nauquén), el fraude al pueblo no se puede consumar si no hay represión, corrupción e impunidad, previamente pautada. Esa misma impunidad que deben sentir en este momento el diputado provincial Gustavo Muñiz y su escriba de ocasión, el gerente local de Yamana Gold Group, Gastón Berardi, cuando el segundo de ellos instruía al primero, mediante mensajes de celular, respecto de cómo tenía que quedar redactado ese engendro, ante la mirada de todos. La vergüenza no la sienten ellos, la sentimos nosotros, por ser argentinos y supuestamente vivir en "democracia".

MEGAMINERÍA Y TABÚ: LA SÓRDIDA SED

(por Eugenia Segura)

“No quiero megaminería en mi pueblo, y si no me entendés, te lo explico con dibujitos”, decía desafiante una nena de once años, Florencia Bressán, mientras les sacudía en la cara a los ejecutivos de Minera San Jorge, subsidiaria de la Barrick Gold, unos collages que fueron a darle una nota de color a los 30 tomos de grises expedientes del proyecto de oro y cobre (declarados), plata y molibdeno (no declarados). Tal vez en ese momento se cerró toda posibilidad de que la mina-monstruo se instalara en mi valle: era en la Audiencia Pública,histórica y récord en la Argentina, donde más de tres mil personas expresaron miles argumentos, que podrían sintetizarse perfectamente en la frase y los dibujos de una nena. El golpe de gracia fue con crayones y papel glacé: un monigote tratando de agarrar un dólar gigantesco; un cementerio de cruces doradas junto a un cráter; una apacible aldea de montaña partida al medio, con amigos de toda la vida y familias enemistadas. O puede que fuera cuando la toma de la legislatura, donde el pueblo mendocino se animó a cruzar la línea invisible que nos separa de la toma de decisiones trascendentes, al votar, con sus propias manos, el rechazo al proyecto minero en Uspallata. Lo cierto es que el entonces candidato, actual gobernador de Mendoza, Paco Pérez -ex abogado asesor de la Barrick cuando la ley de glaciares- tuvo que mandarlo a enterrar a pesarsuyo, ante la contundencia de manifestaciones de más de diez mil personas en la Fiesta Nacional de la Vendimia, cortes de ruta, marchas, y muchas otras señales claras de que, por el camino de la contaminación, no iba a llegar nunca al sillón de San Martín. Nos dio su palabra: está muerto y enterrado.

Un proyecto que podría resumirse también en una rara coincidencia de números capicúas: 141 fallas, omisiones y errores técnicos detectados en su Informe de Impacto Ambiental; 141 litros de agua por segundo, de altísima pureza –la misma que, montañas abajo, resurge en Villavicencio y de ahí, quienes leen esto seguramente han bebido de nuestras fuentes, viaja por todo el país.

La Audiencia Pública de Uspallata del 26 de octubre de 2010 y la toma de la Legislatura de mendoza del 22 de febrero de 2011, constituyen dos hitos fundamentales en el freno a la explotación megaminera metlífera hidrotóxica de la Mina San Jorge en partivular, y de la lucha social en Mendoza en general.

Después de 3 años en los que la palabra “megaminería” fuera un tabú para el gobierno de Paco Pérez, dos empresas de capitales rusos, Solway Investment Group (responsables de violaciones a los DDHH en Guatemala, en julio de este año) y Aterra Capital (sic), decidieron comprarles a los canadienses el proyecto de lo que parece una película de terror de clase b: desenterrar los expedientes zombies, con sus 141 errores intactos, y hacerlos pasar como un proyecto nuevo, dizque una “cantera”. Con la añadidura de componentes bizarros: sería la primer mina biprovincial, con un trencito de la alegría megaminera para mudar un cerro mendocino completo unos 22 kilómetros hasta cruzar el límite con San Juan, donde sí se permite la lixiviación con cianuro y ácido sulfúrico. Eso mientras esperan que nuestra Ley Provincial 7722, que protege el agua con la prohibición del uso de éstas y otras sustancias tóxicas, caiga por vía judicial (tiene 12 causas en la Corte Suprema de Justicia, varias de ellas llevadas por el estudio  de abogados de Paco Pérez) y les ahorre todos esos costos. O por vía legislativa, mediante una modificación que subordina una ley de protección ambiental, como es la ley 7722, al Código de Minería, redactado en el siglo XIX para una minería de pico y pala, según la cual se arrogarían, por ejemplo, el derecho de echar cianuro a 51 metros de un río, a 15 metros de una casa, o “…a diez kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial que esté constituida como distrito urbano municipal”, prohibiéndose educadamente, eso sí, explotar dentro del recinto de edificios públicos, calles y cementerios. Menos mal.

Porque esta lucha por el agua pura, contra las trasnacionales megamineras, no empieza por supuesto en Uspallata ni con Minera San Jorge, viene de mucho antes, y tiene uno de sus capítulos fundamentales en las puebladas de General Alvear y San Carlos en 2007, gracias a las que se sancionó la 7722. Una ley de cuya fortaleza y plena vigencia depende no sólo el agua de Mendoza, sino también las leyes anticianuro de provincias como Tucumán, Córdoba, San Luis, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, y media Santa Cruz (ya que una prohibición similar rige al oeste de la ruta 40): si la 7722 fuera derogada, sentaría un precedente jurídico nefasto para todas ellas. Y el efecto dominó echaría por tierra las esperanzas de La Rioja y Río Negro de recuperar sus propias leyes anticianuro, sancionadas por movilizaciones populares, y derogadas por traiciones políticas célebres como las de Beder Herrera y Alberto Weretilnek. En algún punto, simbólicamente y jurídicamente, todas ellas dependen de lo que suceda con nuestra ley en Mendoza.

Toda el agua del mundo

A lo largo de todo el país, los conflictos socioambientales generados por el modelo extractivista (sea por la megaminería, por el fracking, por los agrotóxicos y los transgénicos, por la deforestación, las represas, etc) y las consiguientes resistencias de los pueblos, tienen mucho en común, es una experiencia compartida porque las estrategias desplegadas por las trasnacionales son casi calcadas; y también tienen sus particularidades, su forma única e irrepetible de reaccionar de acuerdo a sus identidades culturales, históricas, territoriales, en fin, a todo lo que subyace en nosotros, y que nos hace ser lo que somos.

En el caso de Mendoza, la reacción primera, profundamente visceral, esa fuerza que al mismo tiempo pone en juego todas nuestras dimensiones racionales, espirituales, corporales, materiales, las que quieran, es un inmediato “eh, nos tocaron el agua”. Imagínense, en un lugar donde es frecuente que pasen 8, 9 o 10 meses sin llover ni una gota, donde cada árbol, cada cultivo, cada pedacito de verde, depende de que le hagamos llegar su dosis de agua desde el río, a través de una compleja red de canales, acequias, zanjones, surcos y compuertas. Sí, detrás de cada botella de vino mendocino que te tomás, o de cada fruto o aceite de oliva que provenga de estos lares, está esa red de acequias que nuestros ancestros han ido perfeccionando, dibujando y redibujandoen la tierra a través de los siglos –todavía se conserva el trazado de acequias huarpes de hace 600 años. Básicamente, somos tres grandes oasis en el desierto, alimentados por seis ríos finitos que bajan a toda velocidad desde la cordillera: todos los años la miramos, a ver cuánto ha nevado allá arriba, para ver cómo viene la mano. Hijos del desierto, en definitiva, llevamos hasta en la médula ese saber que nos viene desde los huarpes: el agua acá es sagrada, sencillamente porque es lo único que vale la vida.

Contra ese saber han rebotado una y otra vez los espejitos de colores de las megamineras, las cifras grandes en dólares, el espejismo del progreso rápido: el agua de Mendoza no se negocia, es el estribo que más les cantamos. De ahí también la fuerza que sostuvo, en el frío invierno del 2007, a la gente de Alvear durante más de 15 días en la ruta, con temperaturas bajo cero, hasta que la voluntad del pueblo se hiciera ley.

Los cabildos abiertos, puebladas, movilizaciones, cortes de ruta y tractorazos de General Alvear y replicados en otros puntos de la Provincia de Mendoza, durante la primera mitas del año 2007, dieron como resultado a la sanción de la Ley 7722

¿Uno sólo, o varios dragones?

Hace unos dos meses, el dique de silencio impuesto por los políticos se quebró abruptamente, con una campaña mediática feroz en la que estalló la codicia, reprimida por tres años, de los tenedores de derechos mineros, con un informe de la Cámara de Empresarios Mineros para promocionar un combo de 20 cráteres a implementarse en diez años, trece a nombre de los mismos geólogos locales: Concina, Carotti, Bengochea, y sus respectivas esposas, dos del empresario porteño Franco Macri, el resto varios, Barrick, y uranio para la energía atómica (N. de la R.: el informe de la CAMEM fue refutado técnica y empíricamente en este mismo espacio de expresión). Sumado al escándalo del Corrup-tour a Macedonia, para políticos y periodistas, todo pago por los rusos. Sumado al ingreso en la legislatura de dos proyectos en el sur mendocino, por trámite express: Hierro Indio y Cerro Amarillo (en plena área glaciar y periglaciar), todos ellos cargados de irregularidades, flagrantes violaciones a leyes nacionales, provinciales, y hasta al mismo Código Minero. Además del polémico San Jorge, otro, el proyecto Alpaca, también es toda una provocación: está ubicado justo dentro del Área Protegida de la Laguna del Diamante, por laque el pueblo de San Carlos luchó denodadamente, para mantener a salvo susnacientes de agua pura, en un paraje de excepcional belleza.

Este último proyecto pertenece a la trasnacional brasilera Vale, y toca un punto álgido en nuestro imaginario colectivo, que explica mejor que nada el “de eso no se habla”, el tabú que ahora políticos y medios de comunicación han desplazado hacia la palabra “agua”. Un trauma. Porque los mendocinos, de alguna manera, hemos comprobado ya, en carne propia, las tres posibilidades ante el saqueo minero: los daños irremediables que dejan, con las colas de uranio en Sierra Pintada; los conflictos sociales de los que no se hacen cargo, con el portazo de Vale en Potasio Río Colorado, quedejó de repente a 6800 desocupados para que se hiciera cargo un Estado comandado por un gobernador al que la empresa ni siquiera le atendía el teléfono. No hay plata para indemnizarlos, decía Vale, aunque sí tenían, paradistribuir entre sus accionistas, dividendos por 6 billones de dólares en esepreciso momento.

Y la tercera posibilidad, la mejor de todas: los mendocinos ya sabemos que sí, que se puede echar al monstruo, al dragón que envenena las fuentes de agua, como cuenta el antiquísimo mito de San Jorge y el dragón, y nuestra propia historia reciente.

¿Cómo lo vive mi pueblo? Como una pesadilla repetida: otra vez esta película de terror bizarra, ahora con mafia rusa incluida. Entretanto, seguimos trabajando pacientemente, para suturar las heridas en el tejido de la comunidad que nos dejó la contaminación social canadiense. Y paraproteger toda la cuenca del Río Mendoza, con el Parque Uspallata, simplementeporque hemos elegido vivir y crecer a nuestro propio ritmo, en armonía con losritmos de la naturaleza.  Dispuestos a dar todas las batallas que sean necesarias, a dejarle bien claro a quien sea que el agua es sagrada en todas sus formas: envenenarla es una estupidez y una aberración que jamás permitiremos. Que nuestros cerros se quedan ahí quietitos, donde están desde hace millones de años, como es la costumbre de los cerros, porque la cordillera de Los Andes no es, nunca va a ser una montaña rusa. 

Entonces, como ahora, en Uspallata y toda Mendoza, decimos NO a minera San Jorge, SÍ a Uspallata Área Natural Protegida.