NESTOR PARÉS: EL ETERNO DIPUTADO DE MENDOZA

El radicalismo de Mendoza viene manejando la legislatura provincial como si fuese una escribanía al servicio del gobernador Alfredo Cornejo, repitiendo una fórmula que es propia de todas las expresiones políticas que en algún momento detentan la suma del poder público, tal como viene ocurriendo desde hace años en diferentes niveles y estamentos del Estado. El diputado de ese partido, Nestor Parés (que además es el presidente de la Cámara de Diputados) es una pieza fundamental de ese entramado.

Nestor Parés en 2014, en la foto se lo ve muy distendido de viaje por Macedonia, acompañado del apoderado legal de Minera San Jorge en Mendoza, Fabián Gregorio, quien a su vez es uno de los integrantes del buffet de abogados lobbystas al cual perteneció también el ex-gobernador Franciso Pérez, encargados de patrocinar los juicios contra la Ley Provincial 7722, que finalmente perdieron...

En las últimas dos elecciones de Mendoza, los resultados de 2015 y 2017, arrojan que la Unión Cívica Radical ganó aproximadamente con el 45% de los votos positivos. Sin embargo, el resto (o sea, la mayoría de los sufragios) se repartió entre opciones opositoras (FPV ó PJ, FIT y PI en las últimas). No obstante ello, por la particular forma de asignación de bancas que tienen los cuerpos legislativos en la República Argentina, actualmente los radicales y sus aliados ocasionales tienen mayoría y quorum propios en ambas cámaras de la Legislatura de Mendoza, y los opositores en conjunto no llegan ni a la mitad de los escaños...
A ello se suman acuerdos que el gobernador ha venido haciendo con algunos sectores del Justicialismo para afianzar esta condición de escribanía de gobierno a cambio de algunos cargos y/o favores. Esta suerte de estructura monolítica se ha venido viendo resquebrajada en los últimos tiempos ante la insistencia de Cornejo de adoptar medidas fundamentales para la vida institucional de Mendoza sin los debidos consensos y descartando de plano la participación ciudadana: autorización del fracking en la provincia sin licencia social, Ítem Aula para que los docentes tengan que ir enfermos a dar clases, ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia para incorporar jueces adictos, código contravencional para legalizar la persecución ideológica e implementarla como política de estado, etc…

Recordemos además que, en la Provincia de Mendoza, la Unión Cívica Radical no gobierna sola, sino que conforma una alianza de partidos políticos denominada “Cambia Mendoza”, que curiosamente es bastante heterogénea en su composición, ya que de la misma forman parte también el PRO (macrismo puro), el Movimiento Libres del Sur, el Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Frente Renovador (massismo) y algunos sectores del Partido Justicialista. Dirigentes de todos estos partidos políticos ocupan cargos en diferentes estamentos de los poderes ejecutivos y legislativos, tanto a nivel provincial como en los municipios gobernados por esta coalición.

Nestor Parés ha sido la pieza fundamental de este andamiaje oficialista en la Legislatura de Mendoza. Este personaje es diputado provincial desde el 1 de mayo de 2010 y actualmente se encuentra iniciando su tercer período consecutivo, con lo cual sus funciones terminarían en la misma fecha del año 2022 (eso en caso de no volver a presentarse, como ya se le ha hecho costumbre cada 4 años).

Recientemente, se trató en la Cámara de Diputados de Mendoza el proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, para elevar el número de jueces miembros de 7 a 9, con el fin de incorporar magistrados a dedo adictos a dicho tribunal. Este proyecto el año pasado tuvo media sanción en senadores sin ningún tipo de sobresaltos, en trámite exprés,  ya que para una cuestión fundamental por su implicancia institucional (que debería haber sido debatida públicamente en diversos ámbitos), apenas transcurrió un mes desde su ingreso hasta su media sanción (pensar que hay proyectos que llevan 20 años sin tratamiento alguno, como el del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, expediente legislativo 65858/2014-D).
Sin embargo, el proyecto de ampliar la Corte Suprema de Justicia viene encontrando escollos en diputados y por ende no les está resultando fácil sacarlo, debido a la incapacidad de los dirigentes radicales de bajar un cambio para sentarse a dialogar con todos los sectores y arribar a consensos; así como tampoco respetar aquellos pocos acuerdos a los que arriban, incluso con sus propios aliados dentro de CambiaMendoza. Así es que primero quisieron acordar con sectores del Kirchnerismo (a costa de dividir el bloque justicialista) y luego con el nuevo partido Protectora, acuerdos que evidentemente fracasaron a la luz de los hechos concretos, ya que el día 26 de junio, la sesión de la Cámara de Diputados se cayó por falta de quorum. Incluso se tomaron el trabajo de planear un llamado a sesiones especial para ese día, de manera sorpresiva y apelando al oportunismo de elegir específicamente un momento particular de distracción social como es la disputa de los partidos de la selección argentina el mundial de fútbol.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza tiene resueltas o pendientes de resolución varias causas muy importantes vinculadas a la vida de Mendoza, las cuales fueron interpuestas como acciones colectivas contra medidas adoptadas por el gobierno de Mendoza de manera despótica, sin consultar a la sociedad; así como otras interpuestas por grandes grupos corporativos contra conquistas sociales obtenidas mediante lucha y movilización popular. Entre estas causas hay algunas, como la constitucionalidad de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera, causa que ya está resuelta con fallo pleno de todos sus miembros, pero que podría ser revista recurriendo de manera forzada a rebuscados artilugios legales para darla vuelta. Además de otras por resolverse, como los amparos contra las autorizaciones para implementar fumigaciones aéreas con agrotóxicos o para permitir el fracking, en ambos casos eludiendo las instancias obligatorias de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública, fijadas en la Ley Nacional 25.675 como presupuestos mínimos vigentes en todo el territorio de la República Argentina.

Los radicales de Mendoza asistieron a uno de sus fracasos más notables a su estrategia supuestamente infalible de pasarse a todo el mundo por encima con tal de acumular poder: las caras largas que se vieron en la Legislatura esa tarde lo dicen todo. Desde adentro del recinto quedó claro que fue fundamental la presencia del pueblo autoconvocado manifestándose en la calle para frenar esta avanzada del poder, algo que por cierto, conviene remarcar muy enfáticamente en estos tiempos de descontento y apatía social. El eterno diputado Nestor Parés quiso esbozar una suerte de defensa de la ética en política achacándole supuestas traiciones, pases de factura e inconducta a los opositores, pero desde ya, pasando por alto su propio prontuario en este sentido…

HACIENDO MEMORIA…

Vamos a recordar que en sus primeras andanzas en la Legislatura de Mendoza, el entonces nuevo diputado Nestor Parés se borró de la sesión extraordinaria donde se trató el rechazo al proyecto megaminero San Jorge, el 24 de agosto de 2011. La votación del rechazo fue unánime: 44 a 0, sin embargo, en el orden del día este señor figura ausente, a pesar de haber sido visto rondando los pasillos de la Legislatura en aquella jornada histórica para Mendoza...

La afinidad de Nestor Parés con la empresa Minera San Jorge quedó ratificada y expuesta en hechos públicos y notorios acaecidos años después, en 2014; cuando trasciende el escándalo del “corruptour” a Macedonia, en el que este legislador y su en aquel entonces compañero de bancada, Martín Kerchner (actual ministro de Cornejo que hoy también defiende este tipo de actitudes), viajaron a ese país junto a Marcos Zandomeni, funcionario del entonces gobernador Francisco Pérez (en esto evidentemente no hay “grieta”), pagados por la corporación minera, con la intención de exponer en Mendoza que ese país es ejemplo de convivencia entre megaminería y agro… No obstante, lejos puede ser Macedonia ejemplo de nada para las/os mendocinas/os: se trata de uno de los países más pobres de Europa, con guerras civiles, conflictos radicales de vieja data por segregación étnica, racial y religiosa, y la no menor particularidad de no contar con identidad cultural propia, la cual desde su independencia ha venido tomando “prestada” de países vecinos, actitud que le viene costando varios e interminables conflictos diplomáticos que han repercutido en todos los organismos internacionales (ONU, UNESCO, CEE, etc…).

También vamos a recordar que la empresa minera San Jorge, a la cual este señor es afín, ha sido rechazada en todas las instancias legales y administrativas a las que fue expuesta: Audiencia Pública del 26 de octubre de 2010, el ya mencionado rechazo legislativo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en 2015 y finalmente la resolución del Poder Ejecutivo en 2017, que ordena el archivo definitivo del proyecto. Aún así pretende seguir insistiendo en imponer su proyecto devastador, con la venia de políticos cómplices como éste…

El eterno diputado Nestor Parés, que pretende alzarse como paladín de la ética en política, es uno de los ejemplos más paradigmáticos del neopotismo vigente en Mendoza: un numeroso séquito de familiares tienen cargos en el Estado, ya sea en el Gobierno Provincial, la Legislatura, la Universidad Nacional de Cuyo, la Municipalidad de Las Heras (de donde proviene) o el Concejo Deliberante de dicho departamento; donde su hermano, Elio Parés, fue concejal también por muchos años y presidente del cuerpo legislativo municipal hasta hace poco.

El también eterno concejal Elio Parés es muy recordado (entre otras trapisondas), por su actuación determinante a la hora de ratificar el veto del Intendente de Las Heras, Daniel Orozco (otrora autoproclamado “militante del agua” y hoy directamente permitiendo que Minera San Jorge se involucre de manera directa en asuntos que son de exclusiva incumbencia municipal) a la Ordenanza 12/16, de Ordenamiento Ambiental Minero, presentada por los Vecinos Autoconvocados de Uspallata, precisamente para entre otras cosas, impedir definitivamente que Minera San Jorge pueda llevar adelante en el futuro su mega-explotación rechazada en todos los ámbitos sociales e institucionales. En ocasión de ratificar el veto del intendente a esta ordenanza que había sido aprobada por unanimidad, el edil hermano del diputado, definió la votación empatada como presidente del Concejo Deliberante, quedando demostrando que para tal determinación hubo una clara bajada de línea del lobbyng corporativo de la megainería en Mendoza.

Estos son los problemas del neopotismo: la connivencia con el modelo extractivista y los grandes capitales asociados (que necesariamente incluye el pisoteo de las instituciones democráticas y la voluntad popular, así como su defensa por parte de los medios hegemónicos) es ya no a nivel de personas, sino de familias enteras que han hecho del ejercicio de la función pública una cuestión corporativista y dinástica.

  

HACIA UNA LINEA DEL TIEMPO DEL FRACKING EN ARGENTINA

Continuando con las publicaciones respecto del fracking, en esta oportunidad detallaremos como se fue dando la trama de corrupción institucional, violación del estado de derecho e impunidad garantizada, con el aditamento de discursos políticos de ocasión y aprietes de las corporaciones, para llevar a cabo este plan en un período relativamente corto de tiempo.

Esta marcha de los acontecimientos arranca en 2010, ese año y el siguiente fueron los primeros anuncios oficiales respecto del “potencial” de la formación Vaca Muerta para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Argentina mediante fracking, modalidad extractiva que hasta ese momento no existía en el país ni estaba en los planes de gobierno llevar a cabo, al menos en lo concreto.

Por suerte, el archivo disponible permite reconstruir cómo fue esa historia y también cuáles fueron todas y cada una de las decisiones políticas de los diferentes gobiernos de turno para imponer la modalidad extractiva del fracking en la República Argentina.

La línea del tiempo del fracking en la argentina es como una gran fractura hidráulica horizontal, que a diferencia de los insumos específicos de la actividad, tiene inyectada agua podrida a alta presión... La línea arranca con los desastres del fracking en EEUU, conocidos en todo el mundo y diciéndonos a todas y todos que "el dinero no se bebe", continúa con la mano sucia de Chevron en Ecuador, el encuentro de Cristina Frernández con David Rockefeller, los anteriores dueños de YPF (Brufau y Esquenazi), la falsa estatización y designación de Miguel Galuccio avalado por los ministros De Vido y Kicillof, La visita de funcionarios norteamericanos a Vaca Muerta, Gils Carbó y Lorenzetti como piezas clave en el levantamiento del embargo a Chevron, la firma del acuerdo secreto YPF-Chevron, Las figuras de Neuquén (Gutiérrez, Sapag y Pereyra), la visita del Council Of Americas a Vaca Muerta, la represión en la Legislatura de Neuquén, el Congreso de la Nación sancionando la Ley Chevrón, Mauricio Macri y Juan José Aranguren avalando todo lo hecho, Daniel Vila y José Luis Manzano como artífices locales del fracking y finalmente, Alfredo Cornejo con la protesta social estallándole en la cara, cual fractura hidráulica expuesta. Arríba, como una suerte de gran nube, la plata de los los tarifazos y los subsidios al fracking que se va derechito a los paraísos fiscales donde tienen sus cuentas off-shore estas corporaciones. Es curioso que, a diferencia de la politiquería partidaria preparada para la tibuna, en esto del fracking no hay "grieta". Así estamos.

Junio de 2010: anuncio de las reservas de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta
 

Los primeros estudios respecto del contenido de hidrocarburos en las rocas de la formación Vaca Muerta fueron realizados por geólogos norteamericanos hace más de 80 años, enviados a nuestros pagos por la StandartOil (hoy Chevron), en lo que diríamos podría ser tomado como una suerte de visión de futuro…

Desde ya, en ese entonces no se disponía de la tecnología que permitiera su extracción a nivel comercial, cosa que reciénocurrió en el año 1998, en EEUU.

A mediados de 2010 empieza a tomar estado público laposibilidad de explotar los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muertamediante fracking.

A partir de ese entonces, las estrategias comunicacionales de las corporaciones comenzaron a diseñar lo que se conoce como lobbyng, para mediante anuncios y estrategias publicitarias tendientes a instalar el tema en la población, generar las necesidades y comenzar a barajarla posibilidad de realizar en Argentina la extracción de hidrocarburos noconvencionales.

Ya desde ese entonces, el fracking estaba siendo puesto en discusión, no sólo por los impactos ambientales, sociales y económicos que esa modalidad extractiva estaba provocando en aquellos lugares del mundo donde ya se había implementado, sino también porque se vislumbraba que particularmente en Argentina se iba a poder hacer fracking únicamente si elestado subsidiaba las ganancias de las corporaciones y les garantizaba el 100%del giro de sus dividendos al exterior, Tal como está ocurriendo en la actualidad.

Así las cosas, no sólo se trataba de hacer lobbyng para instalar una modalidad extractiva nueva, una vez convencido el gobierno de llevar adelante su imposición, primero el estado (como garante de las corporaciones extractivistas), debió llevar adelante una serie de medidas y decisiones políticas, para que finalmente el fracking pudiera implementarse en argentina.

El tiempo demostró que fue más que eso aún, la extracción de hidrocarburos no convencionales pasó a ser política de estado y única posibilidad de desarrollo energético en la República Argentina planteada desde el Estado, atando al país definitivamente a la dependencia de las energías sucias (quema de combustibles fósiles) y descartando de plano la necesaria reconversión de su matriz energética y eléctrica hacia el desarrollo de energías limpias, libres y gratuitas.

22 de diciembre de 2011: Se sanciona la Ley Antiterrorista
 

El contenido de la Ley Nacional 26.734 (sancionada por amplia mayoría en el congreso) y sus alcances fueron impuestos al Estado Argentino por EEUU a través del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo internacional creado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a instancias del Gobierno de EEUU, en 1989, para controlar el flujo internacional de divisas, al cual Argentina pertenece desde el año 2000.

El pretexto del GAFI (defendido por el gobierno nacional de ese entonces) fue reprimir actos de terrorismo en Argentina, sin embargo tales sanciones ya estaban previstas en otras normas del código penal argentino.

Con esto queda claro que la intencionalidad era otra y los organismos de derechos humanos (algunos afines al gobierno de ese entonces) criticaron la norma por apuntar directamente a la criminalización de la protesta social, que (como es de público conocimiento) directamente apunta a los intereses corporativos de las empresas privadas de EEUU y los países miembros del GAFI. La mayor parte de estas corporaciones, precisamente son extractivistas.

Desde su implementación, la Ley Antiterrorista fue aplicada con mayor rigor contra los pueblos originarios que protestan por el despojo de sus territorios ancestrales, su contaminación y su militarización, contra las corporaciones petroleras que realizan fracking, sobre todo en la provincia de Neuquén. Actualmente, el gobierno de Mauricio Macri tiene planeado la modificación de la Ley Antiterrorista, para hacerla más dura.

La Ley Antiterrorista era muy esperada por (entre otros) quienes querían implementar el fracking en Argentina, pues fue el marco legal que permitió la militarización de Vaca Muerta y otros yacimientos hidrocarburíferos, para reprimir la protesta social y a los Pueblos Originarios que eran despojados de sus territorios ancestrales.

3 de mayo de 2012: El estado nacionaliza la mayoría del paquete accionario de YPF, en manos de Repsol y del Grupo Petersen.
 

El Congreso sanciona la Ley Nacional 26.741 que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos.

La ley además establece la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Se hicieron innumerables especulaciones respecto del motivo que llevó al gobierno nacional respecto del por qué nacionalizar las acciones de esta empresa, la mayoría no exenta de la cuestión política, incluidos encendidos discursos de nacionalismo, recuperación de las empresas privadas y soberanía energética, políticamente correctos pero totalmente sacados de contexto y ajenos a la verdadera intencionalidad oculta que movilizaba esta decisión en las esferas más altas del poder político-empresarial, sobre todo porque apenas cuatro años antes, los Kirchner habían rechazado nacionalizar la YPF y en su lugar habían decidido hacer ingresar a la familia Esquenazi a laempresa sin poner un peso.

La Nacionalización del 51% de las acciones de YPF tenía el claro objetivo de iniciar el fracking a gran escala en la República Argentina disponiéndose para ello “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas” (art 3 inc c). Asi mismo, el propio título de la ley, así como  la consigna casi panfletaria de establecer como principio fundamental “La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones” (Art 3 inc a) asegurando de esta manera mediante una ley nacional el mantenimiento del modelo energético basado casi exclusivamente en la quema de combustibles fósiles.

Para conseguir esta finalidad era necesario expropiar YPF con el pretexto de que en ese entonces la empresa no estaba invirtiendo en producir más y consecuentemente se debía importar energía (cosa que aún sigue ocurriendo, incluso hoy a una escala mucho mayor). La excusa de la soberanía energética era parte ineludible del discurso oficialista, algo completamentefalso, puesto que jamás se puede alcanzar dicho status exclusivamente quemandocombustibles fósiles (bienes naturales no renovables, contaminantes, cada vez más escasos y por ende más caros).

Para implementar el fracking el Argentina era necesario deshacerse de los dos grupos que controlaban YPF, ya que:

Repsol no estaba dispuesto a invertir en la Argentina y menos aún, solventar la parte del gasto que le hubiera correspondido aportar en caso de emprender la aventura del fracking, así como tampoco estaba dispuesto a llevar adelante acuerdos comerciales con otras corporaciones para extraer hidrocarburos no convencionales por su cuenta y orden.

El Grupo Petersen, de la familia Esquenazi, había ingresado a YPF de la mano de Néstor Kirchner, en el marco de la campaña denominada “Argentinización” de las empresas privatizadas, en el año 2007. En ese contexto, no estaba en condiciones de afrontar ningún gasto extra fuera de su capitalización fruto de dividendos extraordinarios, exclusivamente destinada al pago de su ingreso a YPF; modalidad previamente acordada, a cuenta de garantías aportadas por ungrupo de bancos extranjeros y otros financistas no revelados hasta el día de hoy.

Desde ya, la expropiación de las acciones excluyó al 49% restante, conformado por un grupo de bancos internacionales acreedores del Grupo Petersen, las empresas de Carlos Slim, un grupo de fondos buitres conformados en su totalidad por empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, y las acciones que cotizan en la bolsa de Buenos Aires y en Wall Street. Estas empresas de capitales especulativos eran las principales interesadas en hacer fracking en Vaca Muerta, por eso sus acciones no fueron expropiadas por el gobierno de Cristina Fernandez. Todo este conglomerado de corporaciones especuladoras siguen conformando en la actualidad el 49% de las acciones de YPF que no pertenecen al Estado y obligan a la empresa a distribuir dividendos todos los años, por más que sus balances resulten negativo: desde ya, ese pasivo lo cubre el Estado…

Además de ello, conviene recordar que, más allá de los discursos panfletarios de ocasión, el gobierno rechazó de plano que YPF vuelva a ser una empresa estatal (tal como lo era antes de la privatización de Menem) y por el contrario, luego de la expropiación de las acciones a Repsol y el Grupo Petersen, YPF siguió siendo una sociedad anónima privada: el mismo status legal que llevó a la empresa a su situación desde su privatización hasta ese momento.

Los fondos buitres que integran el capital accionario de YPF no fueron alcanzados por la expropiación de las acciones de esta empresa. Estos capitales especulativos eran los principales interesados en hacer fracking en Vaca Muerta. Curiosamente, cuando estalló el conflicto político por el pago a los fondos buitres, nadie del gobierno anterior ni de la oposición mencionó que estos grupos financieros también forman parte de YPF, entre los que hay accionistas de Monsanto, Barrick Gold y las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas para la Corona Británica. Infografía: Ecos de Córdoba.

5 de Mayo de 2012: Miguel Galuccio es designado presidente y CEO de YPF

La traída de Galuccio a YPF tuvo sus antecedentes cuando en 2009 la petrolera, entonces en manos de Repsol y el grupo Petersen quiso traerlo y este puso como condición el pago de 2 millones de dólares para mudarse de Londres a Buenos Aires.

Finalmente, luego de breves conversaciones políticas, mediante decreto presidencial 676/2012, la presidenta Cristina Fernándezdesigna a Miguel Galuccio como Gerente General de YPF. Esta designación fue ratificada con posterioridad por la asamblea de accionistas de YPF.

El arribo de Galuccio a YPF significó poner en marcha el plan para desarrollar el fracking en Vaca Muerta (establecido en la ley de "estatización"), mediante la suscripción del acuerdo YPF-Chevrón, que en una de sus cláusulas también estaba especificada el pago de sobresueldos a estepersonaje.

Desde ya, para la consecución de este fin, el CEO de YPF resultó ser el funcionario mejor pago de todo el Estado Argentino (más allá de que YPF, repetimos, sigue siendo una empresa privada luego de la “estatización” de la mayoría de su paquete accionario). Vaya si el fracking no fue desde un principio, política de estado en la República Argentina para todos los gobiernos de turno.

Galuccio estuvo al frente de la compañía hasta el 29 de abril de 2016, en que fue acordada su salida con el ya presidente Mauricio Macri, mediante el pago de una indemnización por parte del estado argentino de72 millones de pesos.

14 de Octubre de 2012: Visita del Secretario adjunto de Energía de EEUU a Vaca Muerta.

Como para que no quede dudas que el interés principal en imponer el fracking en Argentina es de EEUU, el Secretario Adjunto deenergía de EEUU, Daniel Poneman, vino a la Argentina, visitó Vaca Muerta y mantuvo reuniones con la presidente Cristina Fernández, todas las autoridades de su gabinete vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta (De Vido, Kicilloff, Galuccio, etc.) así como también dirigentes opositores de la UCR, el PRO, sindicalistas y gobernadores de provincias petroleras.

La visita de Poneman a Vaca Muerta se volvió a repetirdos años más tarde, evidentemente verificando que la operatoria del saqueo estuviera funcionando de acuerdo a lo planificado en ese primer encuentro.

Las propias palabras de Poneman dejan bien en claro que susreiteradas visitas a la Argentina fueron algo más que meramente protocolar “existe un amplio consenso de que el extraordinario nivel que parece haber en la Argentina de hidrocarburos no convencionales presenta unaoportunidad única”
Según Poneman, el desarrollo de Vaca Muerta va a ser beneficioso para Argentina y Estados Unidos... como dicen los abogados: "a confesión de partes, relevo de pruebas". 
La misma visita también fue realizada por parte de los miembros del Council Of Americas, (AS/COA por sus siglas en inglés), una organización privada creada por Rockefeller en 1965 para defender los intereses corporativos privados de las empresas de EEUU en Latinoamerica, la cual está comandada por Chevrón y a la que rinden pleitesía todos los políticos argentinos antes de cada elección.

En el furor eldoradista previo al desarrollo de Vaca Muerta, todos querían visitar ese lugar, entre ellos, funcionarios norteamericanos y miembros del Council of Americas, la organización de lobbyng mas grande del mundo.

  
8 de noviembre de 2012 Embargo a Chevron

La justicia argentina falla aplicar un embargo aChevron en el país por 19 mil millones de dólares, por los daños ambientalesocasionados por la empresa Texaco entre 1960 y 1992 en Ecuador, la que Chevron compró en 2001. Dicho juicio en Argentina fue iniciado en 2001 por abogados ecuatorianos, aludiendo tratados internacionales. 
Chevron apeló el fallo de primera instancia, sin embargo la misma fue rechazada, confirmando la justicia la legalidad de la medida, encendiendo la alerta de la corporación que evidentemente no esperaba esta respuesta y salió a disparar acusaciones infundadas.

Chevrón condicionó la firma del acuerdo secreto con YPF, para hacer fracking en Vaca muerta, al levantamiento de dicho embargo, con lo cual, el andamiaje institucional de los poderes del estado en la República Argentina, dieron rápida respuesta a esta requisitoria, resolviendo en cuestión de días una causa judicial que llevaba años sustanciándose en la justicia.

En su momento, Chevrón podría haber pagado el embargo a través de una caución, que le hubiera permitido llevar adelante el acuerdo con YPF sin ver afectado su patrimonio ni ganancias, sin embargo eligió la opción de extorsionar a la institucionalidad de la República Argentina, demostrando que esta corporación sólo puede operar en el país al margen de la ley bajo un manto de impunidad.

En la causa judicial interponen Amicus Curiae para que se levante el embargo contra Chevron, el Gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, y el Secretario General del Sindicato de Petroleros de Neuquén, Guillermo Pereyra.

Los abogados de Chevron apelan los fallos adversos de primera y segunda instancia (en ambos casos rechazados por la justicia) y tras este último interponen un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.

22 de mayo de 2013: Dictamen de Alejandra Gils Carbó, en favor de Chevron:

A raíz del recurso de queja presentado por Chevron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, La Procuradora General, Alejandra Gils Carbó emitió un dictamen favorable al levantamiento del embargo. Básicamente dijo que las empresas subsidiarias de Chevron en Argentina no eran lo mismo que la empresa madre Chevron Corporation, de EEUU; algo completamente inédito que sienta un precedente nefasto en la justicia argentina respecto del deslinde de responsabilidad de las casas matrices de las corporaciones extranjeras por los daños o externalidades que sus filiales locales puedan llevar a cabo en Argentina.

Después, incorpora parte del discurso oficial, que en ese momento estaba propalando el gobierno nacional, respecto de la necesidad del acuerdo YPF-Cevron, invirtiendo la pirámide jurídica entre derechos privados individuales y derechos de incidencia colectiva: "El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional".

Una vez emitido el dictamen, el lobbyng corporativo deChevron salió a ejercer presión para que la Corte Suprema de Justicia fallara asu favor y lo hiciera rápido: "la opinión de la Procuración confirma que la orden de embargo ecuatoriana es contraria al orden público y está causando un daño irreparable a la economía argentina. La adopción de la recomendación por parte de la Corte Suprema apoyaría los continuos esfuerzos de Chevron Argentina de ayudar al país a lograr la autosuficiencia energética".

La mano sucia de Chevrón en Ecuador contaminó 500.000 hectáreas de selva amazónica durante casi medio siglo y provocó daños a la salud a más de 35.000 personas (la cifra de muertos se desconoce). La Justicia, el Congreso y el Gobierno Nacional (o sea, todos los poderes del Estado) garantizaron su impunidad en la República Argentina.

4 de junio de 2013: Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobando el levantamiento del embargo a Chevron

El fallo está sostenido totalmente en el dictamen de Gils Carbó y sin agregar fundamentación extra. El documento fue firmado en disidencia por el juez Carlos Fayt, quien, a diferencia de los otros jueces, elaboró un dictamen propio, poniendo de manifiesto que resulta una aberración deslindar la responsabilidad de las empresas subsidiarias al de las de sus casas matrices.

16 de julio de 2013: Se firma el acuerdo secreto entre YPF y Chevron

El acuerdo secreto entre YPF y Chevron representa la puerta de entrada del fracking a gran escala en la República Argentina.

Una vez levantado el embargo contra Chevrón, se produce la firma del acuerdo secreto entre las dos compañías para extraer los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. El acuerdo se anunció como de entendimiento e inversión conjunta para un desarrollo productivo, sin embargo años más tarde se pudo conocer que en realidad fue exclusivamente un acuerdo financiero.

Previo a esta firma hubo instancias previas, consistentes en una serie de actas de entendimiento, de contenidos también secreto, firmadas en EEUU. El acuerdo definitivo se firmó en las oficinas de YPF, por el CEO de YPF, Miguel Galuccio y el CEO de Chrvron para América Latina y África, Alí Moshiri. El mismo día fue presentado en la Casa Rosada,recibiendo el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández y de losministros De Vido, Kicillof.

El carácter de secreto del acuerdo firmado entre la petrolera nacional y la norteamericana despertó todo tipo de críticas y sospechas, sobre todo porque se estaba violando un derecho fundamental de la Constitución Nacional, que es el libre acceso a la información pública.

Recordemos que en la estatización de la mayoría del paquete accionario de YPF, se mantuvo su status de “empresa privada” y desde ya, esa decisión no fue deliberada y menos que menos, inocente, pues ya se sabía de antemano que el objetivo exclusivo y excluyente de tal medida era introducir el fracking en la Argentina, más allá de los desmanejos de Repsol y el Grupo Petersen (anteriores dueños). Esta decisión permitió que la empresa quedara fuera de las obligaciones legales que procuran la transparencia del Estado.

Con el tiempo comenzaron a trascender algunas de las cláusulas secretas, filtradas a través de publicaciones específicas del rubro hidrocarburífero y energético. No obstante ello, el entonces senador nacional Rubén Giustiniani inició tiempo después un juicio al Estado para que se revele este acuerdo. La corte suprema de justicia falló a su favor, sin embargo YPF y el gobierno nacional continuaron negándose a entregarlo, siendo recién bajo amenaza de allanar las oficinas de YPF que el mismo fue entregado.

Es muy curioso el hecho de que figuras políticas de la oposición al gobierno anterior hayan sido las voces más enfervorizadas en reclamar la divulgación de dicho documento, cuando luego, siendo oficialistas hayan cambiado diametralmente de postura diciendo que debía seguir siendo secreto. Las excusas esgrimidas para tal viraje fueron muy disparatadas: “escomo pedirle a la Coca Cola que divulgue su fórmula”.

Izq: John Watson (Presidente de Chevron), centro: Miguel Galuccio (Presidente y
CEO de YPF), der: Alí Moshiri (Gerente de Chevron para América Latina y África.
Pareciera hecho a propósito que (violando el protocolo), la bandera de EEUU
estuviera colocada en el medio de la mesa de ceremonias donde se firmó el acuerdo.

Las cláusulas secretas

Lo primero que trascendió (aún antes de ordenarse se hiciera público el documento) es que el acuerdo no se suscribió entre Chevron e YPF, sino entre dos subsidiarias de éstas, en ambos casos empresas off-shoreradicadas en paraísos fiscales.

No sólo eso, también se descubrió un complejoentramado de al menos 12 de estas empresas creadas por YPF luego de ser “estatizada”.

Resulta un hecho éticamente repudiable que un particular tenga registradas cuentas o empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, tal como viene dándose a conocer de parte de Mauricio Macri y sus funcionarios. Sin embargo, lo es más aún, al punto de lo paradójico, cuando esta operatoria es orquestada directamente desde el Estado, como ocurrió en la gestión anterior, con estas empresas subsidiarias de YPF creadas específicamente para evadir impuestos y blindar con un manto de impunidad a Chevron, ya que canalizando el flujo de dinero a través de paraísos fiscales, la corporación norteamericana evita los embargos judiciales de aquellos paísesa donde ha provocado desastres ambientales en el pasado.

La publicación de las cláusulas secretas, básicamente revelan que el acuerdo YPF-Chevron no fue para una inversión, sino que fue unpréstamo de la segunda a la primera, con un interés del 7% anual y cláusulas punitivas para el caso de no cumplir con los pagos a término. Con ese dinero, YPF está obligada a producir en los yacimientos Loma Campana y Loma de la Lata Norte, por cuenta y orden de Chevron, repartiéndose las ganancias entre ambas y permitiendo a la corporación norteamericana girar el 100% de sus divisas al exterior y exportar el 20% de la producción petrolera. Recordemos que estamos en un contexto de escasez y crisis energética, importando hidrocarburos, con lo cual, el contenido de dicho acuerdo deja en claro que el mismo es ajeno a los intereses de la Nación.

Chevron está eximida de responder por cualquier daño ambiental y/o externalidades que pueda generar la explotación de estos yacimientos, pues directamente su nombre no aparece en los documentos, sino el de sussubsidiarias fantasmas. Además de ello, se establece que las diferencias legales se dirimen en el extranjero.

El detalle no menor es que el acuerdo valida de manera ilegal el otorgamiento de dos concesiones petroleras en manos de YPF a una empresa extranjera, sin proceso de licitación previa.

Cuando el documento fue entregado al demandante, el mismo contenía partes tachadas, por lo cual debió iniciar una nueva demanda que también ganó. También se supo que el acuerdo no era uno sólo, sino 26 en total,sin embargo, YPF tan sólo dio a conocer uno. Por este motivo, el abogado Alejandro Olmos Gaona inició un juicio al Estado para que sean revelados la totalidad de los acuerdos suscriptos entre las subsidiarias de YPF-Chevron, así como acuerdos similares suscriptos con corporaciones extranjeras. (Dow, Petronas, Petrobras, Total, etc.).

Las empresas aducen que estos acuerdos son secretos por cuestiones comerciales, excusa por demás injustificada, cuando el contenido del mismo revela que se han llevado a cabo entramados legales y jurídicos para eludir la responsabilidad de las mismas en el cumplimiento de la legislación ambiental y tributaria de la República Argentina, siendo que además YPF es una empresa con mayoría accionaria del Estado, que más allá de ser una Sociedad Anónima de tipo privada, involucra al propio Estado Nacional y al de las Provincias, (que básicamente somos todas y todos); así como también los mal llamados “recursos naturales” que son de interés público de acuerdo a la ley.

La sola intención de las corporaciones extractivistas de asegurarse eludir responsabilidades en materia de legislación ambiental, dan por sentado el impacto negativo del fracking, que evidentemente contamina y mata, como ya ha ocurrido en diversas partes del mundo y como viene ocurriendo en el país tras la implementación de este acuerdo secreto.
Conviene recordar que el actual abogado de YPF encargado de obstaculizar la entrega de los acuerdos secretos es Luis Rodolfo Bullrich, pariente de la ministra y del el senador, aunque designado por Cristina Fernández. El apoderado actual de la firma es Luis Bartolomeu, también designado en la gestión anterior... Como dice el dicho: "entre bueyes no hay cornadas".

El acuerdo YPF-Chevron deslinda la la corporación norteamericana de cualquier
tipo de daño ambiental que sus operaciones están provocando en Vaca Muerta.
Tampoco incluye ningún aspecto vinculado a la consulta previa, libre e informada a
los pueblos originarios, consagrada en la legislación internacional y la Constitución.

28 de agosto de 2013: La Legislatura de Neuquén aprueba el acuerdo secreto YPF-Chevron

La aprobación se produjo en una sesión a puertas cerradas, desconociendo la totalidad de los legisladores el contenido del mismo. Lo que aprobó la legislatura no fue el acuerdo en sí, sino las condiciones locales para que el mismo pueda ser operativo, de acuerdo a losplazos fijados en el mismo.

Estas condiciones consisten en la aprobación de un convenio entre el Gobierno de Neuquén e YPF para prorrogar los plazos de vigencia de las concesiones petroleras Loma Campana y Loma de la Lata Norte por un plazo mayor al que fija la Ley Nacional de Hidrocarburos y su ley provincial de adhesión. De esta manera, se autoriza a que YPF explote dicha área hasta el año 2048, cuando la concesión vencía en 2026 (o sea, se prolongó la vigencia de la concesión de 35 a 57 años, algo inédito en la historia hidrocarburífera nacional).

La votación fue 25 a favor, dos en contra y 8 ausentes. Los ausentes se retiraron de la sesión al negarse que se interrumpiera por la represión que estaba ocurriendo afuera. Votaron a favor los legisladores del Movimiento Popular Neuquino, el Frente Para la Victoria, el Frente Grande y Nuevo Encuentro. Votaron en contra o se retiraron los legisladores del Radicalismo, Libres del Sur, Frente de Izquierda, ARI y los de extracción sindical.

Puertas afuera de la Legislatura de Neuquén hubo un acampe la noche previa y el mismo día una movilización de 10.000 personas que fue brutalmente reprimida por la policía provincial, dejando bien en claro que este tipo de leyes que avalan la entrega del territorio para el saqueo de las corporaciones únicamente se pueden escribir con plomo y sangre.

Los heridos fueron 28 en total, uno con balas de plomo: el docente Rodrigo Barreiro, cuya causa judicial al día de hoy continúasin resolverse, demostrándose que además de plomo y sangre, estas leyes sólo pueden ser aprobadas bajo un manto de impunidad institucional previamente garantizada.

Actualmente existe un proyecto de ley para derogar lanorma aprobada ese fatídico día, el cual fue presentado en 2016, cuando se dio a conocer el contenido del acuerdo secreto YPF-Chevrón y fundamentado en sus cláusulas entreguistas.

La Legislatura de Neuquén vivió uno de los hechos más bochornosos de su
historia: ninguno de los legisladores conocía el texto del acuerdo YPF-Chevron.

29 de octubre de 2014: Sanción de la Ley Chevron

La sanción en el congreso nacional de la Ley Nacional27.007 es el corolario que cierra el círculo respecto de la imposición del fracking en la Argentina.

El texto de la ley básicamente es modificatorio de la vieja Ley Nacional de Hidrocarburos, la Ley Nacional 17.319. El dato curioso es que una de las excusas políticas del gobierno era que la ley había sido sancionada en la dictadura, sin embargo no se redactó una norma nueva, sino que sólo se modificaron algunos artículos de esa norma vieja (que hoy sigue vigente).

Esos pocos artículos que se modificaron fueron los suficientes para incluir todas aquellas cuestiones involucradas en el acuerdo secreto YPF-Chevron que no estaban en la legislación nacional desde ya hacía más de un año. Por cierto, conviene recordar que en ese período estuvieron en un todo al margen de la ley y el estado de derecho.

Todo el texto de la ley fue redactado de acuerdo a lasexigencias impuestas por Chevron para hacer fracking en Vaca Muerta, ya que como trascendiera extraoficialmente, esa condición era parte del acuerdo secreto entre ambas compañías.

Además de ello, se agregaron exenciones impositivas para un puñado de grandes corporaciones petroleras que ya se encontraban haciendo fracking y para aquellas que vinieran en el futuro a hacerlo. Uno de los beneficios para las corporaciones es la libre disponibilidad de hasta el 20% de la producción (art 19), esto quiere decir que pueden exportar dicho cupo, aún bajo situaciones de crisis energética, como la actual. Los otros beneficios incluyen la ampliación de los plazos máximos de concesiones petroleras de 25 a 35 años (art 9), exención al pago de derechos aduaneros para importar maquinaria e insumos (art 25), reducción del del pago de regalías hasta el 5% (art 16), aporte del Estado Nacional de obras de infraestructura en la zona del proyecto (art 21). Estos beneficios son exclusivamente para las corporaciones que exploten HNC.

En aplicación de los artículos 5 y 24 de dicha ley, queda ratificado el decreto nacional 929/2013 sancionado meses antes, que establece la libre disponibilidad del 100% de sus dividendos; o sea, permitir que fuguen al exterior la totalidad de sus ganancias (privilegio que hasta ese momento sólo tenían las corporaciones megamineras).

Evidentemente, las leyes que escriben las corporaciones extractivistas con la venia de la casta política local y el aparato represivo del estado a modo de guaria privada, son “la ley del masfuerte”.

La Ley Chevrón fue rechazada en su momento con numerosas protestas.

Una linea del tiempo con final abierto...
 

Todas estas acciones que tuvieron como ejes centrales la falsa estatización de YPF para luego ser entregada a Chevron, fueron la parte esencial de un plan, cuyo principal objetivo fue la introducción del fracking en la Argentina.

El plan fue diseñado por los grandes intereses corporativos privados de EEUU e implementado por el gobierno nacional como política de estado en la República Argentina, durante la presidencia de Cristina Fernández, siendo continuado en todos sus postulados por su sucesor Mauricio Macri, quien ahora además ha dado el visto bueno para el emplazamiento de una base militar norteamericana en Vaca Muerta...
Con la misma trama de corrupción, aprietes e impunidad, llega el fracking a Mendoza, de la mano del gobernador radical Alfredo Cornejo y el Grupo Vila-Manzano.