EL PUEBLO DE MENDOZA SIGUE DICIENDO NO A LA MINA SAN JORGE

En días recientes se desarrolló una importante y multitudinaria marcha por las calles de la ciudad de Mendoza, convocada por las organizaciones autoconvocadas de Mendoza por la protección de los bienes comunes, que incluyó el ingreso a los Tribunales y la legislatura, exigiendo la NO APROBACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MINERA SAN JORGE.

La convocatoria resultó bastante más llamativa que las anteriores por el hecho de haber sido mucho más numerosa, por haber ingresado a la Legislatura y por las lamentables coberturas de los grandes medios locales que mostraron una vez más, aunque esta vez de manera mucho más evidente, su irrevocable funcionalidad a la asociación político-emresaria que está detrás de Minera San Jorge.

Falacias des-informativas

Las notas de los medios loclaes se centraron en evidenciar los supuestos desmanes y violencia provocados por los "activistas ambientalistas", en poner en duda la representatividad de los manifestantes y en resumir escuetamente el proceso, haciendo incapié en aclarar todo el tiempo que la DIA ya fue otorgada y que ésta contiene todos los condicionamientos que la CEIAM determinó en su informe pero, por supuesto, obviando que en la audiencia pública prevista en la ley, la postura de la mayoría fue de rechazo a la explotación.

En ninguna de las decenas de notas que publicaron se hace mención al problema central que involucra autorizar esa explotación, como lo es el potencia daño al ambiente y al patrimonio y el riesgo que representa para el recurso hídrico que permite la vida y el desarrollo económico de Mendoza, así como el reparto desigual de los supuestos beneficios.

El posicionamiento de los medios es más que obvia, porque basta con abrir algunos de esos pasquines (Los Andes, Uno, El Sol, Ciudadano, Jornada, MDZ, etc), tanto en sus versiones en papel, como en sus portales digitales, para observar que desde hace meses está la publicidad engañosa de Minera San Jorge, que en sus editoriales tienen una clara porsuta al respecto y que en absolutamente todas las noticias que sacan en relación al tema hay una marcada tendencia a favorecer las intenciones de la empresa por sobre los intereses de la sociedad a la que supuestamente pretenden "informar"

Los supuestos daños en la Legislatura

En varias notas se ha hecho alusión a supuestos daños y robos perpetrados por los "activistas antimineros" que "irrumpieron en la legislatura" proovocando "desmanes y destrozos" calificando incluso dicha actitud como "violenta y patoteril" Sin embargo en el momento los responsables no pudieron especificar ni mostrar esos supuestos daños.

Se inició una causa judicial y se hicieron pericias, aunque aún sin determinar quienes son los acusados, por lo que indudablemente dichas pruebas carecen de validez al no estar presente uno de los peritos de parte , el de la parte supuestamente acusada, porque: ¿cómo podríamos saber si las hubieran, de que no hayan sido plantadas? Sabran entonces comprender que ante esta acusación carente de sustento habrá que analizar interponer una acción judicial por "falsa denuncia" delito penado por la ley.

Los lamentables dichos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza

Alejandro Pérez Hualde criticó la movilización, diciendo que no fue un proceso democrático y puso en duda la representatividad de participantes. Evidentemente además de estar equivocado, le está esquivando el bulto a la cuestión principal del asunto y a las derivaciones del mismo que están bajo su tutela, porque en el seno de la CSJM están pendiente de resolución una serie de causas judiciales contra el Gobierno de Mendoza para voltear a la ley 7722, curiosamente varias de ellas presentadas por Minera San Jorge, la Consultora Vector (que armó el EIA de San Jorge) y otras empresas que están patrocinadas por los abogados de MSJ. Ese señor en todo caso debería informarle a la opinión pública (si es que conoce alguno de los postulados básicos del derecho) que por la "teoría de los actos impropios" el gobierno NO debe otorgar ningún tipo de autorización a una empresa que está accionando judicialmente en su contra y por lo tanto mientras se resuelvan esos juicios NO tiene que emitirse bajo ningún punto acto administrativo alguno en relación a la explotación minera de San Jorge. Evidentemente el accionar negligente de Pérez Hualde no responde a otra cosa que al mandato de los político-empresarios que administran MSJ.

Quien quiera oir que oiga: la verdadera cobertura

Para que no queden dudas a cerca de lo que aquí expresamos y para quien quiera contar con información veraz de primera fuente a continuación tiene la cobertura objetiva de los hechos

Noticiero Popular

Sinapsis TV

También pueden ver los numerosos videos que se han colgado en you tube y facebbok

La palabra de los protagonistas que los medios no quieren divulgar:

Coordinadora por el agua y los bienes comunes

Multisectorial de General Alvear

El contraataque no se hizo esperar...

La justicia ya busca culpables de los supuestos desmanes, antes de resolver las mencionadas causas iniciadas contra la sociedad toda y los amparos que fueron interpuestos contra Minera San Jorge con anterioridad y que como es de esperar, van camino a ser cvajoneados, mientras tanto esos mismos medios, que a esta altura ya constituyen una suerte de voceros oficiales de la empresa minera, no paran de amplificar las críticas infundadas contra el clamor popular, como si con eso pretendieran hacerle creer a la gente que  los ambientalistas son verdaderos demonios y la palabra de la minera (que ellos repiten como loros) es santa. Y mientras intentan bajo todas las formas posibles sembrar la confusión, ningún responsable político de ninguno de los ámbitos y poderes del Estado tiene la valentía sificiente como para plantear públicamente la custión central del debate, que es la apropiación compulsiva de los bienes comúnes; en definitiva, nadie cumple su mandato y por eso estamos como estamos.
Por lo pronto, el próximo paso de la protesta es la contramarcha en el carrusel vendimiel el sábado 5 de marzo y los mismos de siempre ya acusaron recibo y empezaron a difamar por anticipado.

Y ahora qué?

Procesos como estos ya los vivmos en más de una oportunidad y ellos lo saben perfectamente, porque han masticado permanentemente la vergüenza social y el sabor la derrota frente a la voluntad popular, por eso es que esta vez están dispuestos a hacer cualquier cosa...

En Mendoza la historia se repite, demostrando, como pasa con toda la historia nacional reciente, la tendencia cíclica en la recurrencia de hechos políticos y reclamos populares.

En Mendoza la historia se repite, porque:

• Como en el 2005, cuando el pueblo de San Carlos y luego el del resto de la provincia salió a las calles, a las plazas y a las rutas para exigir la ampliación de la Reserva Natural Laguna del Diamante, y así fue como merced al reclamo popular salió la ley provincial 7422.
• Como en el 2007, cuando el pueblo de General Alvear y luego el del resto de la provincia salió a las calles, a las plazas y a las rutas, para exigir la protección del agua ante el avance de la minería contaminant y así fue como merced al reclamo popular fue sancionada y promulgada la ley provincial 7722.

Ahora le ha tocado la hora al pueblo de Uspallata, porque ellos también están construyendo su futuro y necesitan que todos los ayudemos. En la Legislatura de Mendoza están pendientes de aprobación:

• La autorización para la explotación megaminera de la empresa San Jorge, que amenaza con destruir el ambiente y el patrimonio del Valle de Uspallata que dan sustento la vida y la economía de la población, proyecto que fuera rechazado por el 77% de la población en la audiencia pública efectuada de acuerdo a lo que estipula la legislación ambiental de Mendoza.
• La creación del Paruqe Provincial Polvaredas, que propone crear un área natural protegida para conservar los bienes comúnes y el patrimonio y asegurar de esta manera el desarrollo de la vida y la economía del Valle de Uspallata y en gran medida también de gran parte de la provincia. Este proyecto ya fue reconocido y avalado por el Gobierno de Mendoza en documentos oficiales como los Informes Ambientales, los Planes Ambientales de distintas gestiones, los cursos de Educación Ambiental que el gobierno imparte a todos los docentes y el recientemente implementado Plan Estratégico Mendoza, sin embargo y sin dar ninguna explicación ni justificación, pretende ser absolutamente ignorado dentro del marco de la autorización de la explotación de Minera San Jorge.

Ante esto, la moción de orden que lleva el pueblo de Mendoza al recinto legislativo es:

...el rechazo de la explotación Minera San Jorge y la urgente creación del Parque Provincial Polvaredas, para proteger los bienes comúnes, que ni esta ni ninguna otra minera jamás vuelva a tocar ni una sola piedra del Valle de Uspallata y sus magníficas montañas circundantes,  y  para garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades locales y su voluntad de autodeterminación frente a imposiciones cortoplacistas ajenas al interés del colectivo social.