OTRA CORTINA DE HUMO Y VAN...

 

Recientemente se anunció por cadena oficial, con bombos y platillos y una inusitada estridencia (como se viene haciendo en este tipo de anuncios rimbombantes de contenido empírico vacuo), tan notoria como efímera, el envío al Congreso de un proyecto de ley para supuestamente "limitar la venta de tierras a extranjeros"

A primera vista, la propuesta presidencial no pude dejar de provocar un tibio esbozo de mueca de satisfacción a quienes venimos sosteniendo este tipo de luchas, sin embargo, (como viene sucediendo desde hace años con este tipo de anuncios que apuntan a neutralizar las demandas sociales apropiándose discursívamente de ellas y dada la naturaleza efusiva que siempre se elige para darlos a conocer), de la lectura del texto completo del proyecto de ley se desprende que no es otra cosa que una nueva mascarada del gobierno para distraer la atención sobre la problemática de fondo que es la concentración de la tierra y la privación a la ciudadanía en general, no sólo de su tenencia concentrada (independientemente de su propiedad nacional o extranjera), sino también de su acceso, disfrute y goce de sus beneficios, tanto productivos como ambientales. Las voces en disidencia al respecto salen incluso de sectores ultra oficialistas; por ello, en definitiva, con la fijación limitaciones tan laxas como ambiguas que ratifican lo hecho hasta ahora por el Estado en este tema (que fue siempre permeable a permitir este tipo de atropellos y/o despojos), se termina en la tan remanida retórica hipócrita que va del "mucho ruido y pocas nueces" al "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago" Una construcción de cartón con forma de discurso político trucho que no es más que palabras infundadas salidas de la boca de apropiadores y saqueadores del patrimonio nacional que también formaron parte del armado de la entrega.

La burla a la ciudadanía termina siendo confirmada con el ninguneo de los proyectos de ley en la materia que ya fueron presentados con anterioridad por la oposición e incluso, aunque los menos, por el propio oficialismo (¿cómo es que sustentan empíricamente el permanente jingle descalificador a la oposición falta de ideas?), descartando, como no podía ser de otra manera, aquellas disposiciones que pudieran afectar los intereses propios (en especial los del propio bolsillo). Y bue... ni hablemos tampoco de tocar los supuestos "derechos adquiridos" que, por supuesto, no existen para los intereses difusos del colectivo social. Destaco en este sentido el proyecto de ley que en 2009, presentado por Verónica Benas y otros legisladores, con un espíritu completamente diferente al proyecto presidencial, con restricciones claras y que incluye los territorios ya vendidos que se pretenden no tocar, o sea que lo mal hecho, hecho está y pechito argentino (como con el rollo K de honrar la deuda externa ilegítima contraída por gobiernos ilegítimos para que nuestros hijos y nietos la tengan que seguir pagando con la plata de todos los argentinos).

De acuerdo a las dudosas estadísticas oficiales, actualmente los grandes terratenientes extranjeros serían dueños de alrededor del 7% del territorio nacional, por lo que el límite de 20% del proyecto oficial no resulta una amenaza concreta para la actual expansión de la propiedad extranjera en el país, más bien para ser un tema para que resuelvan más adelante (en cada descisión está siempre lo de tirar la pelota para el que venga después).

Así estamos:

• Los hermanos Bennetton (Italia): más de 900.000 hectáreas en Chubut y Río Negro.
• Grupo inglés Walbrook (autodenominados "los malayos"): 600.000 hectáreas en Malargüe, Mendoza.
• Grupo Italiano Netis Impinati: 400.000 hectáreas en La Rioja.
• La empresa Minera San Jorge (Canadá): 180.000 hectáreas de la Estancia Yalguaraz, Mendoza (además de sus propiedades mineras que pretende comenzar a explotar en breve, claro está).
• El norteamericano Peter Lee Mc Bready (fondos buitres): 120000 hectáreas en Catamnarca.
• El norteamericano Ward Lay (dueño de Peipsi-co Snacks): 80.000 hectáreas de la Estancia Alicura, Neuquén.
• El norteamericano Ted Turner (dueño de la cadena CNN): 40.000 hectáreas de bosques y lagos patagónicos, en Traful, Neuquén.
• El magnate inglés Joe Lewis: 14.000 hectáreas (en proceso de expansión) encerrando el Lago Escondido, en El Bolsón, Río Negro.
• y la lista sigue...

Resultaría demasiado ingenuo creer sólo de buena fe que alguno de los grandes terratenientes multimillonarios mencionados tiene toda la tierra a su nombre o a nombre de testaferros declarados o cualquier otra figura contemplada en ese proyecto de ley, es lo que pretenden los artífices del sistema, pero no quienes de una manera u otra pretendemos cambierlo para mejor; por lo tanto es desmesuradamente apresurado pensar en que si ese proyecto de ley es sancionado, pudieran volver a comprar la misma cantidad de tierras. En los conciliábulos del poder está todo tan predeterminadamente arreglado que es imposible pensar que de un día para el otro se van a largar a pretender frenarlos. Las "interpósitas personas" que la legalidad determina no abarca a los testaferros que todos conocemos, porque precisamente los testaferros están puestos para evadir las leyes y esta no va a ser precisamente la excepción.

Cris: y por casa, cómo andamos?

En este como en otros temas tampoco está de más remitirnos a los antecedentes sobre lo actuado al respecto por quienes ahora hacen alarde de una arenga apócrifa: más que disparar tanta pirotecnia (que envuelta en tanto papel mojado es obvio calcular sus escasísimos efectos), tendrían que explicarle a la ciudadanía porqué no están cumpliendo con las leyes que en la materia están vigentes (o sea, la macabra proposición de hacer anuncios pretendidamente explosivos para disimular la negligencia del no accionar). Ratifica estos dichos el hecho de que en el propio feudo presidencial, transcurridas más de dos décadas de kirchnerismo, resulta ser que es donde menos se cumplen las leyes vigentes actualmente en la República Argentina que limitan la venta de tierras a capitales extranjeros, de acuerdo a lo que informa la propia Auditoría General de la Nación (AGN) tras inspecciones periódicas que ésta efectúa en la Secretartía de Seguridad Interior (SSI), organismo de la Presidencia de la Nación responsable de aplicar las leyes que de hecho no se aplican. Como se ve, la corrupción estructural en este tema y sus consecuencias para la ciudadanía, tampoco ha sufrido alteraciones en los últimos 20 años...

Sin novedad en el frente...

Nada parece indicar que si actualmente habiendo legislación vigente que limita la venta de tierras a extranjeros, la extrajerización de la tierra constituya un hecho público y notorio en Argentinas; la situación no se revierta con la hipotética sanción del referido proyecto legislativo. Evidentemente no se pretende solucionar la inequidad existente en la distribución de la tierra, ya que no sólo se reconocerán los "derechos adquiridos" (los de los grandes propietarios extranjeros, no los del colectivo social), sino que no habrán frenos a los graneds terratenientes locales. Ni hablemos siquiera de avanzar en la función social de la tierra, la disposición de este bien para los agricultores familiares o los pueblos originarios ni los derechos ciudadanos expresados en la constitución respecto de su uso y goce, desde el punto de vista ambiental.
Ya son harto conocidas por todos las innumerables maniobras efectuadas por el propio gobierno nacional (algunas de tipo espúreas) para postergar indefinidamente en el tiempo la aplicación de legislación que regula el uso de recursos naturales, como la Ley de Bosques o la Ley de Glaciares, las consecuencias están a la vista y no hace falta explayarse demasiado ni esgrimir más argumentos de los ya expuestos para sostener que indudablemente estamos ante otra cortina de humo y por ende, con anuncios como estos, nada va a cambiar.