SOBRE MINEROS CHINOS INTRUSOS DESCUBIERTOS INFRAGANTI EN SAN CARLOS (MENDOZA) Y EL INTENDENTE QUE SE LANZA COMO EL CANDIDATO A GOBERNADOR "ANTIMINERO"

La semana pasada (27/04) fueron descubiertos por pobladores locales, un grupo de personas de origen chino, empleados de una empresda minera, intrusando en un campo privado en el departamento de San Carlos, Mendoza. Luego de ser interceptados estos individuos se supo que eran empleados de una minera que efectuaban trabajos sin autorización, relacionados con la prospección en terreno de minerales metalíferos (aparentemente hierro). Consecuentemente fueron denunciados por violar la propiedad privada y las leyes ambientales y mineras, por no contar con autorización ni declaración de impacto ambiental para efectuar estas tareas. Algunos medios locales se hicieron eco de la denuncia, más como un suceso más bien anecdótico que como un hecho delictivo grave.

El hecho por demás indignante para quienes venimos reclamando por la implementación de alternativas de desarrollo económico en armonía con la naturaleza (y de sobremanera para quienes tuvieron que vivrlo en carne propia), no deja de llamar la atención por varias razones. Primeramente, porque está demostrado que los señores mineros están dispuestos a hacer lo que sea y de cualquier modo para llevar a cabo sus propósitos, independientemente de la voluntad popular; y segundo, por la indefensión ciudadana ante la inacción del estado, absolutamente en todos sus poderes y ámbitos, para prevenir y/o evitar este tipo de tropelías, verdaderos ataques a la dignidad del pueblo.

Situaciones como estas se vienen dando en un contexto signado por la voluntad del gobierno provincial y nacional a favor de la megaminería metalífera con uso de sustancias contaminantes y grandes cantidades de agua, silenciando (en el mejor de los casos, cuando no reprimiendo o criminalizando), la protesta social. Tal es así que el candidato a gobernador provincial por el FPV puesto por la casa rosada, Francisco Pérez, es un funcionario público que al mismo tiempo es inversor de la principal empresa del rubro que pretende inciar una explotación allí. Incluso la flamante máxima autoridad ambiental del gobierno local, Pablo Gudiño, (puesto en el cargo por Alejandro Abraham, intendente de Guaymallén y férreo defensor de la megaminería) ya aprobó con "sobresaliente" el examen pro-minero con primeras y lamentables declaraciones, donde si no nos aclaran que precisamente es el Secretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo que expresa, claramente podemos inferir que se trata de un empresario del rubro de la extracción de los metales.

Y por casa, cómo andamos?

Ante la gravedad de la situación vuelve a llamar la atención el silencio de las autoridades municipales, que en varias oportunidades manifestaron estar en contra de este tipo de emprendimientos y de hecho el tema es usado continuamente como caballito de batalla pero lamentablemente los dichos no se condicen con los hechos. El intendente local, Jorge Difonso, ha tenido en estos casi 4 años las mejores herramientas y recursos humanos a su disposición para obrar en consecuencia, pero en la práctica no hizo nada productivo para impedir el avance minero en su departamento y hechos como estos claramente lo demuestran.

Cuando asumió formó un equipo técnico ambiental que lamentablemente desarmó al poco tiempo, cuando descubrieron un chanchullo de un empleado suyo con un expediente relacionado con una futura megaexplotación de la empresa Minetti, a pesar de haber despedido a los técnicos, la situación irregular no pudo ser ocultada por mucho tiempo y finalmente el proyecto de Minetti tuvo que ser rechazado por el propio municipio. Fijense que a pesar de haber sido despedidos, logramos imponer nuestra postura en ese conflicto, ya que la gente se dio cuenta de las irregularidades que se estaban cometiendo.

En ese corto período se logró desactivar en forma momentánea el proyecto para la exploración de los cateos Ninu de la empresa Angloamerican, ese es el único logro concreto en contra del avance megaminero que tiene para mostrar en su gestión como intendente de San Carlos. Con posterioridad abandonó el plan diseñado, que incluía la reglamentación e implementación de la ordenanza 1123/06  de ordenamiento ambiental minero (que es de la gestión anterior), incluyendo la determinación georreferenciada de los límites fijados en el mapa ambiental minero que acompaña dicha norma, el relevamiento e inventario de recursos naturales presentes en el secano (glaciares, vegas y demás fuentes de agua), el seguimiento de los edictos mineros publicados en el Boletín Oficial (para llevar un control y presentar oposicion en aquellos derechos que se pressenten infringiendo las normas municipales) y la instrumentación de una presentación para declarar la nulidad del catastro minero provincial dentro del territorio de San Carlos (para que después no caiga ningún emisario sorpresa de las mineras, como pasa ahora con los chinos x ej), no sólo no hizo nada de eso, sino que tampoco se involucró en la causa judicial que anuló la Reserva Laguna del Diamante, donde el municipio podría haber efectuado una presentación como tercero afectado en ese juicio (amicus curiae), más allá de algunas pobres declaraciones periodísticas donde sólo despotrica contra la provincia (que por cierto no defendió la causa en tiempo y forma), pretendiendo de manera solapada que un gobierno al cual se opone política e ideológicamente, le resuelva sus problemas de gestión en materia ambiental.

Con relación al Proyecto Minero San Jorge, si bien su posición pública en los medios ha sido la de oponerse al mismo, su "desliz" consistió en presentar en el expediente del estudio de impacto ambiental del mismo, un dictamen firmado por él que es textualmente idéntico al que había presentado días antes el conocido militante local Daniel Núñez.

A 5 años de ser sancionadas, las ordenanzas municipales de Ordenamiento Ambiental Minero del Valle de Uco no están reglamentadas, tampoco han habido acciones concretas de los municipios para impedir el avance de los proyectos mineros, como ser la anulación del catastro minero provincial en las áreas de protección determinadas por las ordenanzas o impulsar a través de sus legisladores los proyectos de ley para ampliar las áreas protegidas provinciales (reserva Manzano Histórico, Parque Tupungato, proyecto Cordón del Plata).

Reconocemos y valoramos las acciones efectuadas en pos de la defensa del patrimonio natural y las fuentes de vida de los mendocinos y seguramente celebraremos y pondremos las fichas cuando existan nuevas acciones concretas en tal sentido, pero lamentablemente no basta con un discurso vacuo en contra de la minería contaminante sólo para captar votos o urdir acciones como el ahora renovado impulso de catapultarse a la gobernación como el "candidato antiminero", porque en concreto, sea por acción de otros u omisión propia, la gestión ambiental del municipio de San Carlos ha fracasado en el sentido que ahora que no hay reserva natural ni aplicación concreta de la ordenanza 1123/06, el departamento está más desprotegido y a merced del capital megaminero que cuando asumieron.